Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Las autoridades reportaron la incautación de una aeronave en un operativo conjunto desarrollado en el departamento de Cundinamarca, tras varias diligencias de allanamiento adelantadas en la Sabana de Bogotá.La acción fue ejecutada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama, adscrito a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.El procedimiento se llevó a cabo mediante tres diligencias de registro y allanamiento realizadas en inmediaciones de los municipios de Funza y Cota, así como en el aeródromo de Aeródromo de Guaymaral, en el norte de Bogotá.Helicóptero con antecedentes judicialesDurante el operativo fue incautado un helicóptero tipo Huey 500, junto con un motor, cuya procedencia y situación legal son materia de investigación. De acuerdo con las primeras indagaciones, la aeronave habría sido utilizada por estructuras vinculadas al narcotráfico.Además, registros preliminares indican que este mismo helicóptero ya había sido objeto de incautación por parte de la Policía Nacional en 1992. En la actualidad, figuraría con dos denuncias vigentes relacionadas con los delitos de hurto y falsedad marcaria.Irregularidades en la identificaciónPeritos especializados realizaron una inspección técnica detallada a la aeronave. En ese proceso detectaron posibles anomalías en la plaqueta de identificación, específicamente en los remaches utilizados, los cuales no corresponderían a los originales de fábrica. Este hallazgo podría configurar conductas asociadas a la adulteración de identificación aeronáutica y falsedad marcaria, delitos que ahora son objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.Investigación en cursoLa incautación se fundamentó principalmente en las presuntas inconsistencias encontradas en la identificación del helicóptero. Por esta razón, la aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía, que adelantará un estudio técnico exhaustivo para establecer su trazabilidad, autenticidad estructural y la legalidad de sus registros.
Desde las 8:00 de la mañana de este 19 de febrero se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional, en la que se definió la posesión de José Ismael Peña como rector de la institución, en cumplimiento de una orden judicial.El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, luego de escuchar a los integrantes del Consejo determinó acatar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó posesionar a Peña en un plazo de 48 horas.La decisión se produjo después de que, el pasado 17 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá emitiera un fallo de 27 páginas en el que instruyó al Consejo Superior adoptar las medidas necesarias para garantizar la posesión del rector dentro del término establecido.Durante la sesión intervino Andrés Mora, quien se desempeñaba como rector encargado. En su declaración señaló que la administración acata y respeta los fallos proferidos por el Consejo de Estado y por el Tribunal Superior de Bogotá. Indicó que asumió la conducción de la universidad en medio de un paro de varios meses y que durante su gestión se instalaron mesas de diálogo con distintos estamentos. También mencionó situaciones relacionadas con planeación, presupuesto e infraestructura en sedes como Tumaco, Caribe y la Facultad de Ciencias de la Vida.“Queremos informarles a ustedes y a la comunidad universitaria que acatamos y respetamos. Los fallos proferidos por el Consejo de Estado y por el tribunal superior de Bogotá", señaló Mora.Tras conocerse la decisión, estudiantes de distintas facultades declararon paro indefinido y se concentraron en las afueras de la Hemeroteca de la Universidad Nacional, donde realizan una manifestación en rechazo al regreso de José Ismael Peña a la rectoría.
Tras casi un año y medio de seguimiento, las autoridades en Bolívar confirmaron la captura de dos integrantes de la banda 'Los Promax', señalados de cometer múltiples hurtos a pasajeros y conductores en el corredor vial que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en la vía La Cordialidad.De acuerdo con la Policía de Bolívar, los capturados intimidaban con armas de fuego a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias y, posteriormente, descendían de los vehículos en zonas rurales y huían hacia barrios periféricos de Cartagena para evadir a las autoridades.Durante el proceso investigativo se identificaron 15 víctimas, con pérdidas económicas cercanas a los 17 millones de pesos.“De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2024 los señalados venían afectando la seguridad en el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla, especialmente en jurisdicción de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa, donde abordaban buses intermunicipales”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de Policía de Bolívar.El oficial, a su vez, explicó que los dos capturados suman 30 registros judiciales, entre ellos por hurto y acceso carnal violento.“Los detenidos fueron identificados como Yeison Andrés Palacio Córdoba, quien registra 15 anotaciones judiciales por delitos como hurto, hurto calificado, porte ilegal de armas y acceso carnal violento, y Luis José Pérez Villareal, notificado en centro carcelario, con 15 anotaciones por tráfico de estupefacientes, hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas”, detalló.Ambos fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.
La periodista Gigliola Valero reveló en Mañanas Blu 10:30 cómo estuvo a punto de ser víctima de una estafa bancaria que suplantaba al banco Davivienda a través de una llamada telefónica, en una modalidad de fraude financiero que, según su testimonio, está cuidadosamente estructurada para engañar incluso a personas informadas sobre estas prácticas delictivas.“Me entró una llamada a mi celular de un número que se me pareció conocido”, relató Valero. Aunque asegura que no suele contestar números desconocidos, decidió atender. De inmediato, los interlocutores la llamaron por su nombre y le mencionaron que tenía una tarjeta de crédito de Davivienda, incluso con los dos últimos dígitos correctos. “Todo lo que me decían era cierto”, afirmó.La llamada provenía, aparentemente, del “teléfono rojo” del banco y el perfil de WhatsApp mostraba el nombre de la entidad con “chulo de verificación”. “Yo miraba el WhatsApp y decía: sí es Davivienda, tiene el chulo de verificación”, explicó.El montaje del fraude y la presión psicológicaDurante casi tres horas, los supuestos funcionarios le indicaron que se estaban realizando compras en Falabella con su tarjeta y que su caso estaba “en alerta máxima”. “Me dijeron que había que proteger mi saldo”, contó. La estrategia consistía en hacerle abrir una cuenta de ahorros desde la aplicación del banco y trasladar allí el dinero.“Me hicieron abrir una cuenta de ahorros a cero costo ahí mismo en la aplicación”, señaló. Posteriormente, le pidieron enviar pantallazos al chat verificado, lo que implicó compartir información sensible: “Al mandar los pantallazos les estaba dando la información de cuáles eran mis saldos”.Según su relato, los delincuentes replicaban mensajes de texto similares a los del banco y utilizaban “los mismos tipos de letras”, reforzando la credibilidad del engaño. El momento de alerta llegó cuando le pidieron transferir el dinero a una supuesta cuenta de “tesorería” como “bolsillo de seguridad”. “Yo veía en la pantalla que decía cuenta de ahorros de Jorge Lozano. Yo decía: no señor, aquí no hay ningún bolsillo”, enfatizó.Llamado a reforzar la protección al ciudadanoTras colgar, Valero se comunicó con el canal oficial del banco. “Ahí mismo colgué, llamé al teléfono rojo, al verdadero”, explicó. Aunque reconoce que “los bancos no son policías”, considera que “sí deberían ponerse un poquito más a la altura” frente a modalidades que, según dijo, están “muy bien diseñadas”.“Casi caigo”, concluyó la periodista, quien decidió hacer pública su experiencia para alertar sobre esta modalidad de estafa telefónica y suplantación bancaria, un fenómeno que continúa afectando a usuarios del sistema financiero en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.
Tres personas con discapacidad visual del área metropolitana de Bucaramanga denunciaron haber sido designadas como jurados de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil, situación que generó reacciones en redes sociales.Uno de los casos más visibles fue el de Juan David Pérez Quintero, integrante de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos, quien dio a conocer la situación a través de un video publicado en sus redes sociales. Con un tono jocoso, pero cuestionando la asignación, expresó:“Oiga imagínense que a Walter lo llamaron de jurado de votación, ¿cómo la ven? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?; pues imagínense que nos llegó la notificación de que debemos ser jurados de votación (…)”.La publicación rápidamente generó comentarios de apoyo y cuestionamientos sobre los filtros utilizados para la designación de los jurados.Tras conocerse el caso, la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que explicó que, al momento del sorteo y designación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la condición del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación.“Una vez el ciudadano informa su situación, se procedió a exonerarlo de su función como jurado de votación y se le comunicó de forma inmediata”, señala el documento firmado por Ricardo Yezid Montoya Infante y Daniel David Barrios Mogollón, delegados departamentales del Registrador Nacional en Santander.Las otras dos personas ciegas que también denunciaron la designación como jurados de votación para la jornada electoral del 8 de marzo también fueron desvinculados por la Registraduría.
La Universidad Industrial de Santander celebra un hito histórico al ser reconocida con el premio Edificio del Año 2026 otorgado por ArchDaily en la categoría Educación, uno de los galardones más importantes de la arquitectura a nivel mundial.El reconocimiento destaca la calidad, innovación y proyección internacional de la infraestructura universitaria, consolidando a la UIS como referente en diseño arquitectónico al servicio de la formación académica y la transformación social.Desde la institución resaltaron que este logro es el resultado del trabajo colectivo. "Respira este momento. Siéntelo. Este triunfo también es tuyo. Cada voto, cada mensaje y cada gesto de apoyo construyó esta victoria”, señalaron directivas universitarias al agradecer a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general.El premio no solo exalta una obra física, sino una visión de futuro donde la infraestructura se convierte en motor de conocimiento, inclusión y desarrollo regional. "Con este reconocimiento internacional, la Universidad Industrial de Santander demuestra que la arquitectura colombiana puede inspirar al mundo cuando se construye con identidad, propósito y participación", manifestó el rector Hernán Porras.
Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander, sacudió al oriente del país en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico ocurrió a las 3:27 a.m., a una profundidad de 150 kilómetros, y aunque su origen fue intermedio, generó un amplio alcance y despertó a miles de ciudadanos en Bucaramanga, el área metropolitana y otras regiones del país, incluida Bogotá.El temblor se sintió con fuerza en zonas residenciales, donde muchos habitantes relataron momentos de angustia.“Eran las 3 y 28 de la mañana cuando se sintió un sismo muy terrible, muy fuerte y se temblaban mucho las ventanas. Siempre se siente un pánico muy terrible, eso se siente que uno quiere salir corriendo”, contó Cecilia Pilonieta, habitante de Bucaramanga en diálogo con este medio.Otro ciudadano aseguró que el movimiento telúrico lo tomó completamente desprevenido mientras dormía.“Creo que ha sido uno de los temblores más fuertes que he sentido en mi vida. Acá en el edificio incluso se produjo el sonido de los sismos, cosa que obviamente asusta mucho más en medio de ese momento de pánico”, relató Arley Sánchez, habitante de Bucaramanga.En edificios de gran altura el susto fue aún mayor. Un residente de un conjunto en un piso 19 describió la sensación como una escena de intensa inestabilidad.“Mi santo, que tengo detrás del apartamento, y la puerta empezaron a sonar muy duro. Sentí que la cama daba vueltas y todo se movió, y no paraba. Ahí comencé a pensar en que tenía que evacuar. Fue muy duro, me asustó mucho y preocupante que este tipo de temblor se haya sentido en lugares como Bogotá”, dijo.Las autoridades locales reportaron que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones graves ni emergencias mayores, pero recomendaron mantener la calma ante posibles réplicas y revisar el estado de viviendas y edificaciones.El área de influencia de Los Santos continúa siendo uno de los puntos de mayor actividad sísmica en Colombia, por lo que expertos reiteran la importancia de fortalecer los planes de evacuación y las medidas de autoprotección en hogares y lugares de trabajo.
Belisario Peñaranda de 82 años de edad recobró la libertad en las últimas horas. Su caso de secuestro se presentó cuando hombres armados lo interceptaron en zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.El caso ocurrió el pasado 5 de octubre y desde entonces nada se sabía de su paradero. Tan solo, hace algunos días, quienes lo tenían en su poder enviaron un vídeo como prueba de supervivencia y apareció cabizbajo, triste y afligido pidiendo a sus hijos que no lo dejaran morir en cautiverio.Belisario, tras su llegada a la libertad, fue recibido por familiares y actualmente está recibiendo atención medica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Las autoridades acompañan este proceso.En la zona en donde fue secuestrado, operan grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y un reducto de Los Pelusos. Son ellos quienes continúan en la práctica de este flagelo que azota a comerciantes, educadores, ganaderos y transportadores en una región como el Catatumbo, históricamente marcada por el conflicto armado.Es claro mencionar que en esta región de Norte de Santander, los hechos de secuestro han aumentado desde el pasado 16 de enero cuando comenzó una disputa territorial entre las Disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN.
El Juzgado 3 Penal Municipal de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cinco capturados por el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, ocurrido el pasado 29 de diciembre. Los procesados dos mujeres de 27 años y tres hombres son señalados de integrar la estructura criminal que ejecutó el robo y que dejó como saldo la muerte de Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', presunto líder del grupo delincuencial.Durante la audiencia, la Fiscalía presentó la identificación de los implicadosEsta es la identidad de los ladrones de joyería en BucaramangaAdrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla. Tiene antecedente por porte ilegal de armas; es madre de tres hijos, entre ellos una bebé de dos meses. Su abogado sostiene que ella no era campanera y que solo vino a Bucaramanga a comprar zapatos para su mamá.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en un hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Esto determinó la FiscalíaEn declaración leída en la audiencia, contó que viajó con alias 'El Viejo', que se alojaron en una bodega y que visitaron la joyería días antes del robo para observar su distribución.El fallecido Víctor Manuel Martínez Suárez, alias 'El Viejo', de 73 años, fue señalado como uno de los coordinadores del ingreso armado al centro comercial.En la diligencia, el juez leyó la declaración de Cabrera Méndez, quien aseguró que todos los capturados hacen parte de la misma banda. Relató que llegaron juntos desde el 19 y 20 de noviembre, se reunieron con alias 'El Viejo' y realizaron rondas en inmediaciones del centro comercial antes de cometer el hurto.El fiscal Óscar Julián Moreno señaló que la defensa intenta desligar a algunos capturados argumentando que no estaban dentro de la joyería. Sin embargo, afirmó que hay trazabilidad en video, donde se observa al grupo llegando junto desde una discoteca y caminando cerca de la joyería días antes del robo.Añadió que la Policía realizó seguimientos desde horas de la mañana del día del asalto y que todos los implicados tuvieron roles dentro de la estructura algunos ingresaron armados, mientras que otros se ubicaron afuera como campaneros.Los delitos a los que se enfrentan son Hurto calificado y agravado, homicidio agravado, Coautoría, Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.El juez concluyó que se trató de una acción organizada con participación plural, constituyendo peligro para la comunidad. Aunque las defensas de algunos detenidos pedían casa por cárcel o medidas menos severas, el despacho determinó que la gravedad de los hechos exigía medida de aseguramiento intramural para los cinco capturados.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga anunció la puesta en marcha del Escuadrón Antipólvora, una estrategia creada ante el preocupante aumento de lesionados con pólvora durante el fin de semana. Según el más reciente balance, ya son 10 los casos reportados en Santander en lo que va de la temporada decembrina.El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que esta medida hace parte del plan institucional “Una Navidad con Propósito”, que busca proteger la vida, la integridad y la seguridad de las familias durante las celebraciones de fin de año.“La Policía Metropolitana, fundamentada en la seguridad, la dignidad y la democracia, generó ocho acciones preventivas dentro de las cuales está ‘Cero pólvora, más vida’. En este marco se crea el Escuadrón Antipólvora, con funciones específicas de control, disuasión y prevención, para contrarrestar este flagelo que ha afectado a menores y adultos que han resultado lesionados. Enfatizamos a la comunidad en no manipular pólvora; la seguridad de las familias es la prioridad”, afirmó el coronel Pinzón.El Escuadrón Antipólvora está conformado por personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, apoyado por unidades de Infancia y Adolescencia, Turismo, Protección a Personas e Instalaciones, y Unidad Básica de Investigación Criminal (DIPRO).Estas capacidades trabajan articuladamente con los cuadrantes de Policía, además de equipos de inteligencia y policía judicial, lo que permite reforzar los controles sobre el uso, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos pirotécnicos.Las acciones se desarrollan bajo el cumplimiento de la normativa nacional y los decretos municipales vigentes que prohiben el uso de la Pólvora así como lo emitieron Bucaramanga Decreto 0853 del 26/11/2025, Girón Decreto 0094 del 12/06/2025, Lebrija Decreto 100-02 del 01/11/2025, Los Santos Decreto 101 del 03/12/2025.Además, se aplica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), artículo 30, numeral 1, que sanciona comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la fabricación, porte, almacenamiento, transporte o uso de pólvora sin cumplir los requisitos legales.La Policía recalcó que el objetivo principal del Escuadrón Antipólvora es evitar la manipulación indebida de pirotecnia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo la población más afectada por quemaduras graves durante esta temporada.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.