El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Medellín realizará una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos. La estrategia busca fortalecer la prevención de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos. La aplicación del biológico será gratuita y estará disponible para toda la población que no tenga la dosis.La Administración Distrital reiteró que la fiebre amarilla puede generar complicaciones graves si no se detecta y atiende a tiempo. Aunque en la ciudad no se registran casos históricos de la enfermedad, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica activa. La vacunación sigue siendo la principal medida para evitar riesgos, especialmente ante viajes a zonas endémicas.De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis en Medellín, principalmente en personas entre los 15 y 39 años. Este balance evidencia la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios de salud. Sin embargo, el llamado es a verificar el carné de vacunación y completar el esquema si es necesario.¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?La vacuna contra la fiebre amarilla es de dosis única y ofrece protección de por vida. No tiene costo y está incluida dentro del esquema nacional de inmunización. Las autoridades insisten en que la protección individual es clave para evitar la propagación del virus en el territorio.“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país”, señaló Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Agregó que desde 2024 se han confirmado 169 casos y más de 70 fallecimientos en Colombia, aunque en Antioquia no se reportan contagios.La funcionaria precisó que muchos casos se concentran en departamentos como Tolima, lo que incrementa el riesgo para viajeros. Por ello, recomendó acudir a los puntos habilitados antes de desplazarse a zonas donde circula el virus. La programación y ubicación de los puestos puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Medellín.Síntomas de fiebre amarillaAdemás de la vacunación, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, náuseas o vómito. La atención temprana permite identificar posibles complicaciones y evitar desenlaces graves. También se insiste en no automedicarse.
La caída del cabello dejó de ser un tema menor. En Colombia, la alopecia afecta al 27 % de la población, es decir, a más de dos millones de personas, según cifras del DANE. El impacto no es solo estético: también toca la autoestima y la calidad de vida. En ese escenario, el país se ha convertido en un actor fuerte del turismo médico en América Latina, especialmente en tratamientos capilares.El mercado global de implantes proyecta mover 6.300 millones de dólares hacia 2032, y Colombia quiere una tajada importante. De hecho, ProColombia estima que el país podría atraer hasta 2,8 millones de turistas de salud en los próximos años. Con esa demanda en aumento, cuatro clínicas marcan la pauta en innovación y resultados.Las cuatro clínicas de implante capilar que más buscan los colombianosEl crecimiento del sector no es improvisado. Estas instituciones combinan tecnología, experiencia médica y modelos de atención diferenciados:Medicapilar: irrumpió en Bogotá en 2025 con una propuesta enfocada en accesibilidad. Implementa la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un método mínimamente invasivo que ofrece resultados naturales y permanentes. Ha atendido más de 500 pacientes con una tasa de éxito reportada del 100 %.Mediarte: con 12 años de trayectoria y 22 sedes en el país, es la única certificada en Colombia para implantes con fibras biocompatibles desarrolladas por Medicap. Ha realizado más de 20.000 procedimientos y ofrece garantía escrita sobre el crecimiento del cabello implantado.Hero Institute: apuesta por tecnología robótica de precisión quirúrgica. Sus sistemas automatizados permiten implantes milimétricos, reduciendo el margen de error y optimizando resultados estéticos.Dermaster Hair Medical: en Barranquilla, combina trasplante FUE y ARTAS con medicina regenerativa. Su enfoque integra terapias que fortalecen el folículo y mejoran la calidad del cabello existente.Implante capilar en Colombia: innovación, turismo médico y crecimiento del sectorEl sector de belleza y cuidado personal emplea a 2,3 millones de personas en el país y crece a un ritmo del 12,8 % interanual. Bogotá y Medellín lideran el turismo de salud, consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos en restauración capilar.Hoy el implante ya no es un lujo inalcanzable. La combinación de tecnología avanzada, personal médico especializado y modelos de financiación más flexibles está democratizando el acceso. Para quienes enfrentan la pérdida de cabello, el país ofrece cada vez más alternativas con estándares internacionales y resultados respaldados por ciencia.
De nuevo se registraron en las últimas horas enfrentamientos armados en la vereda Tamar Bajo, jurisdicción del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, situación que mantiene en alerta a las comunidades campesinas del territorio desde hace por lo menos una semana.De acuerdo con las denuncias de ONG en territorio, los fuertes combates estarían siendo protagonizados por el ELN y el Clan del Golfo.Además, según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) un numeroso grupo de hombres fuertemente armados habría salido desde la vereda La Cruz Bajitales con dirección hacia Caño Tigre, lo que incrementa la tensión y el riesgo en otros sectores rurales del municipio.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que el ente departamental ya adelanta gestiones con la Secretaría de Gobierno de la vecina localidad de Yondó, para la asistencia humanitaria a las familias que se han tenido que desplazar por la situación, mientras que también convocaron un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía."Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta", dijo el funcionario.La Primera División del Ejército, que tiene bajo su jurisdicción esta zona afectada, confirmó que se realizó una solicitud a la Alcaldía de Remedios para que se desarrolle un consejo de seguridad extraordinario y por ahora están a la espera de que la autoridad civil del municipio convoque el encuentro, para que se establezcan medidas ante esta alteración de orden público.Por lo pronto, las comunidades campesinas reiteraron la petición urgente a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la vida, la integridad y la permanencia de la población civil en el territorio.
Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, la manera en que los ciudadanos manejan su dinero ha dado un giro importante; por ello, una caída o suspensión del servicio golpea con fuerza.De hecho, Nequi, que tiene servicios independientes, trabaja de la mano con Bancolombia, por lo que existe una relación sólida y un trabajo conjunto; por lo tanto, una afectación en el servicio tiene alto impacto en el bolsillo de los colombianos.Vale recordar que en julio de 2025 Bancolombia cerró su plataforma de "Ahorro a la Mano", lo que llevó a que todos sus usuarios fueran trasladados a Nequi, afianzando la relación entre ambas entidades.Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechasRecientemente, los usuarios de Nequi han recibido una advertencia sobre la suspensión de algunos de sus servicios. En la plataforma se notificó que entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará mantenimientos, por lo que las transferencias entre cuentas de ambas entidades no podrán realizarse durante esa jornada.De hecho, tampoco se podrá pagar por medio de QR entre cuentas de Bancolombia ni recibir remesas. Sin embargo, pese a las molestias entre las dos entidades, Nequi señala que el resto de servicios funcionará con normalidad.Por su parte, Bancolombia reveló que en la Sucursal Virtual Personas se realizarán mantenimientos de rutina; PSE y Botón Bancolombia no funcionarán el martes 17 de febrero desde las 11:59 de la noche hasta el miércoles 18 de febrero a las 02:00 de la mañana, por lo que se recomienda hacer pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, o retirar dinero directamente de cajeros; si debe realizar pagos por PSE y Botón Bancolombia, lo mejor es hacerlo antes o después de dicho horario.Bancolombia aclara qué pasará el sábado 21 de febreroTras la notificación de Nequi, Bancolombia también informó a sus usuarios por medio de sus plataformas digitales y señaló que tanto en la App Mi Bancolombia como en la Sucursal Virtual Personas se realizarán trabajos de mantenimiento entre el sábado 21 de febrero a las 10:30 p.m. y el domingo 22 de febrero a las 03:30 a.m.En esas cinco horas se podrán enviar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones y a cuentas no inscritas hasta por $3 millones; asimismo, podrá pagar con tarjetas físicas o retirar dinero en cajeros.
El reciente caso de un incidente de desacato que terminó en el ‘carcelazo’ por dos días para el agente interventor y el gerente regional de Nueva EPS, por incumplimientos en procedimientos a una paciente cardíaca en un hospital de Envigado, no se trata de un hecho aislado.La crisis del sistema de salud, traducida en realidades como las demoras en la práctica de procedimientos, la atención de enfermedades y la entrega de medicamentos, ha trasladado el escenario de los consultorios médicos a los juzgados.Buscando el cumplimiento de un derecho fundamental como la salud, las tutelas se han convertido casi en el único y último mecanismo que encuentran los usuarios para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades o las EPS, en medio de largas filas o extensas llamadas sin ninguna solución.Datos de Medellín Cómo Vamos indican que en la capital antioqueña, durante 2025, se interpusieron 24.541 tutelas relacionadas con temas de salud. Si bien fueron unas 400 menos que en 2024, tener un promedio de 67 por día resulta preocupante, no solo para el sistema de justicia por la carga que debe tramitar, sino por la misma vida de los pacientes.Aun con un incidente de desacato a favor, Mónica Isabel Uribe, hija de una mujer de 92 años que requiere el cambio de su marcapasos, indicó en Blu Radio que Nueva EPS sigue sin cumplir."No han llegado ni llamadas telefónicas ni respuestas al Manuel Uribe, que ahí es donde debe llegar la remisión. Para mi mamá no ha llegado nada; no se han pronunciado en ningún momento. No hemos tenido ninguna llamada de ellos", añadió.Con las cifras registradas el año anterior en tutelas interpuestas, Medellín se convierte en la ciudad del país con la mayor tasa de este tipo de mecanismos legales, llegando casi a las 10 por cada mil habitantes, mientras que en otras ciudades como Cali, Cartagena o Barranquilla son 5, 4 y 3 acciones, respectivamente, por la misma proporción de habitantes.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
En una sala del Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga Paola Cantillo Acosta libra una batalla silenciosa pero implacable por la vida de su hija de 15 años. Ambas llegaron desde Barrancabermeja sin más equipaje que la urgencia médica y la esperanza de encontrar aquí la atención que su municipio no puede brindarles.La adolescente nació con una malformación anorrectal que la obligó a enfrentar su primera cirugía apenas llegada al mundo. Desde entonces, seis intervenciones quirúrgicas han marcado su historia. A esa condición se sumó, hace un tiempo, un diagnóstico devastador: insuficiencia renal; el 11 de noviembre fue sometida a un procedimiento para instalar un catéter peritoneal y así iniciar diálisis diaria debido a una vejiga neurógena que impide el funcionamiento normal de sus órganos.Desde entonces, madre e hija permanecen en Bucaramanga, sin familia y sin recursos, tratando de sostener la rutina médica que les impone la enfermedad. “A veces nos regalan el almuerzo en la EPS, otras veces tengo que bajar y pedirle a la gente que me ayude”, relató Paola.Mientras su hija permanece internada recibiendo antibióticos para controlar una infección, Paola intenta aprender el proceso de diálisis peritoneal que deberá realizarse en casa. Un aprendizaje que exige quedarse en el hospital por semanas y que las obliga a enfrentar un nuevo reto: ¿dónde vivirán cuando les den salida médica?“Cuando nos den salida debemos quedarnos en Bucaramanga para continuar con las diálisis, pero eso significa pagar hospedaje, alimentación, transporte y las cosas de aseo que ella necesita. Yo no tengo trabajo aquí ni a nadie que nos ayude”, explicó.La joven será ingresada pronto a la lista nacional de trasplantes. El trasplante renal es su única posibilidad de recuperar estabilidad y dejar atrás el desgaste físico de las diálisis diarias. Pero la espera puede ser larga, y los gastos inmediatos no dan tregua.Por eso Paola hace un llamado urgente a la solidaridad “Si nos pueden ayudar con pañales, pañitos húmedos, sábanas, ropita o un almuerzo, de corazón lo agradecería. No tengo dónde lavar la ropa y ya no tenemos casi nada”.Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre de esta menor al número celular 312-497-5958.En medio de la incertidumbre, Paola continúa aferrada a la esperanza. La misma esperanza que la trajo a Bucaramanga y que hoy sostiene a una madre que solo pide una oportunidad para que su hija pueda seguir viviendo.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza. De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reactivó el subsidio de $500.000 para 1.871 damnificados en Santander afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023, luego de declarar la excepción de inconstitucionalidad para corregir inconsistencias en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).Según explicó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la medida busca garantizar que los hogares del departamento que no pudieron acceder al beneficio por errores en el registro tengan una nueva oportunidad para recibir la transferencia económica por única vez.“Hubo personas que no fueron reconocidas como damnificadas debido a esos errores en el registro y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho. Hoy tienen una nueva oportunidad”, indicó Maldonado.Con la Resolución 1088 de 2025, la UNGRD abrió un plazo de cuatro meses, hasta el 25 de marzo de 2026, para que los damnificados de Santander subsanen la información que quedó con inconsistencias.La actualización de datos se podrá hacer a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co, opción RUNDA escribiendo al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.coLa entidad aclaró que esta corrección aplica únicamente para quienes ya estaban inscritos al 2 de noviembre de 2024. No se permitirán nuevos registros, pues el RUNDA cerró el 1 de mayo de 2023.Santander aparece entre los departamentos con mayor número de inconsistencias en la información de los damnificados, lo que dejó a cientos de familias sin poder acceder al auxilio económico. Con la excepción de inconstitucionalidad, la UNGRD busca garantizar el derecho al mínimo vital de las 1.871 personas del departamento que continúan a la espera del subsidio.La medida, aplicada por primera vez para una población damnificada, permitirá que los afectados reclamen la transferencia monetaria una vez validen y corrijan sus datos.
El servicio de agua fue restablecido en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, luego de dos días en los que más de mil uniformados permanecieron sin acceso a este recurso esencial. Así lo confirmó el Comando de la Trigésima Brigada, que señaló que la situación ya fue superada y que la unidad opera con normalidad.La suspensión había generado preocupación entre el personal y las autoridades militares por el impacto en las condiciones de salubridad de la tropa en una zona especialmente compleja del país, donde la presencia de grupos armados ilegales exige plena capacidad operativa.En su comunicado, la Trigésima Brigada reiteró que el bienestar integral de los hombres y mujeres que integran la unidad es “esencial para mantener la capacidad operacional y responder con eficiencia a los desafíos de seguridad en la región”. Añadieron que continuarán haciendo seguimiento para evitar que se repitan afectaciones en el suministro de servicios básicos dentro del cantón.Aunque no se entregaron detalles adicionales sobre la causa de la interrupción, fuentes consultadas señalaron que el corte estaría relacionado con obligaciones pendientes con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO). Por ahora, la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para el personal que permanece en esta base militar, estratégica para el control del Catatumbo.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.