Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
En el fútbol existen diversos métodos disciplinarios que dependen del técnico de turno y las directrices de la propia institución, que, en algunos casos, suelen ser más exigente que en otros. Como lo ha sido Hansi Flick desde su llegada al FC Barcelona y que ha impuesto reglas rigurosas para tener un equipo de alta calidad.Así lo ha hecho saber en una reciente entrevista con el programa ‘El Hormiguero’ Pedri, mediocampista del FC Barcelona, en donde contó que es casi imposible llegar tarde a reunirse con el equipo, en especial por la millonaria cifra que se ha impuesto de multa y si no se da el tiempo es mucho mejor no llegar.“No juegas y se ha cambiado un poco. Después de años ha hecho de capitán (Pedri), pero ahora que hay que soltar pasta. Es el día de partido, si llegas 20 minutos tarde mejor no llegar o di que estuviste malo, de verdad, sale mucho mejor. Si llegas 10, lo mismo (…) Mucho más que 3.000, más de 20.000. Por ahí va la cosa, unos 40.000, no diremos la cifra exacta. ¿Prefieres no llegar o pagarlos?”, contó el futbolista del FC Barcelona.Una cifra que sorprendió a más de uno, pues con 40.000 euros (más de 170 millones de pesos) muchas personas podrían adquirir bienes de alto valor que, en este caso, son entregados al club por el mal comportamiento y puntualmente por llegar tarde el día del partido, según los parámetros del técnico Flick.Por poner un ejemplo, en la marca Audi se consiguen vehículo Q2/21 en 126 millones de pesos, o referencias A3/A4 en $156 millones, es decir, que con lo que paga un futbolista del FC Barcelona, una persona podría tener un carro de alta gama o poner la cuota inicial de un apartamento en un buen sector en Bogotá.
El próximo 8 de marzo se llevará a cabo la primera jornada laboral de este 2026 en Colombia. Ese día millones de colombianos, específicamente 41.287.084, participarán en las consultas interpartidistas y elegirán el nuevo Congreso de la República en todos los puestos de votación que pondrá a disposición la Registraduría en todo el país.Asimismo, cientos de colombianos son elegidos por la Registraduría para hacer el rol de jurado de votación, que, de incumplirse, traerá fuertes sanciones y por eso es importante verificar si usted es o no parte de eso.“Ser jurado es una responsabilidad clave para garantizar elecciones transparentes en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya designó más de 862.000 ciudadanos como jurados para los comicios al Congreso y consultas populares del próximo 8 de marzo de 2026”, indicó el Senado de la República en un comunicado.Link para consultar si es jurado de votaciónSaber si usted fue designado para la jornada electoral no es difícil, de hecho, puede hacerlo a través de su celular en cuestión de minutos con los siguientes pasos:Ingrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.¿Cuál es la multa por no cumplir?De acuerdo con la Registraduría, el que incumpla con esta norma deberá pagar una multa de hasta 10 salario mínimo legales vigentes y pueden perder su trabajo en caso de ser servidores públicos.“En caso de las elecciones de Consejos de Juventud, el joven menor de edad que sin justa causa no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante 40 horas”, explicaron.
Tras la reunión sostenida con el Gobierno nacional para analizar la posibilidad de decretar inversiones forzosas con el fin de atender la emergencia causada por el frente frío, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), como vocero, aseguró que el diálogo fue “constructivo” y que se están explorando alternativas distintas a la medida principalmente anunciada por el gobierno.Por parte de los banqueros, señalaron que, el objetivo común es brindar soluciones concretas e inmediatas a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de las fuertes lluvias atípicas en diferentes zonas del país. Por lo que la prioridad, es diseñar un mecanismo que pueda implementarse rápidamente, que respete los principios de mercado y que permita no solo aliviar las deudas existentes, sino también otorgar nuevos créditos para reactivar las actividades productivas en las zonas afectadas.Aunque no se descartó de manera definitiva la figura de inversiones forzosas, Asobancaria reiteró que continúan las conversaciones con el Gobierno y que el objetivo es presentar al país un anuncio “optimista” a finales de esta semana o comienzos de la próxima.La propuesta de la banca contempla un paquete de alivios para las regiones que se encuentran involucrados en la emergencia, acompañado de nuevos desembolsos productivos que impulsen la recuperación económica. Aunque el alcance final aún se encuentra en discusión.“Es todavía una propuesta, seguimos en conversaciones con el Gobierno, hoy nos dimos la mano para trabajar durante toda esta semana y esperamos que llegue a buen puerto esta negociación, esta conversación, de suerte que podamos entregarles a los colombianos un plan concreto a finales de esta semana o a comienzos de la próxima”, señaló Jonathan Malagón, presidente Asobancaria.El gremio explicó que durante esta semana se instalarán mesas técnicas con la Superintendencia Financiera y el viceministerio de Hacienda para afinar la propuesta y consolidar un plan conjunto.De concretarse el acuerdo, el país conocería en los próximos días un plan específico para enfrentar la emergencia, en medio del debate sobre si es necesario o no recurrir a medidas extraordinarias como las inversiones forzosas.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
Roy Barreras, candidato a la Presidencia 2026-2030, habló sin titubeos sobre lo que sería su gobierno de ser elegido presidente de Colombia y, aunque todavía espera tener un encuentro con Iván Cepeda en las urnas, también señaló que espera cumplir las promesas que ha sostenido el progresismo durante el gobierno de Gustavo Petro y que no se han concretado por la oposición.Ante esto, Roy Barreras afirmó que el actual gobierno ha dado el primer paso hacia una inclusión social adecuada, dándoles voz a los más vulnerables y, según el candidato, “Colombia es de todos, también del vendedor ambulante, de la madre jefe de hogar, de la madre comunitaria, del desempleado, del campesino, del indígena”; además, sostuvo que Colombia por décadas ha sido un país que ha mantenido en el olvido y en la negación a los más pobres.Y es que, según Barreras, Colombia es el tercer país más injusto del mundo, por lo que el avance que ha tenido el gobierno ha sido clave para establecer cambios en favor de las personas más pobres. Pese a ello, aseguró que su tarea será cumplir lo que no se ha logrado en cuatro años del gobierno de Petro.Roy Barreras cumplirá con lo que Petro no pudoRoy Barreras señaló que, en el primer año en que presidió el Congreso, bajo ese criterio hubo una coalición estable, donde se aprobaron las reformas. Pero tras su salida se han presentado varias confrontaciones entre el Congreso, los gobernadores, los alcaldes e incluso con las cortes, por lo que considera que “un país desunido no funciona. No le aprobaron las reformas al presidente por la polarización”.Ante ello, señaló: “Yo voy a hacer aprobar esas reformas y voy a avanzar en esas reformas sociales, pero también en la reactivación de la economía”.Así mismo, afirmó que respalda el subsidio a los adultos mayores y considera necesario formalizar a las madres comunitarias, y que incluso dará un subsidio de vivienda.Y finalmente indicó que, bajo su presidencia, el campesinado estará protegido, pues va a “reconstruir el Idema como centro de acopio para los campesinos”, con el objetivo de poner a Colombia a producir, dejando claro que, si hay dinero en el país, se podrá pagar la deuda social y poner fin a la desigualdad.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
El Ejército Nacional asumió el control de la zona donde se registró una grave emergencia en una mina de carbón en la vereda Vizcaínos, en Landázuri, Santander, luego de una explosión que dejó tres personas muertas y una más gravemente herida.Tropas del Batallón de Infantería Reyes y organismos de socorro permanecen en el sitio, un área de difícil acceso, para garantizar las condiciones de seguridad mientras avanzan las labores de verificación y atención de la emergencia. El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, explicó que la prioridad es mantener la zona asegurada para permitir el ingreso de los equipos de rescate: “Ya estamos verificando la situación. Lamentamos profundamente lo ocurrido con nuestros mineros. Esta es una mina que colapsa en estos momentos. Las autoridades de socorro están en el lugar y el Batallón de Infantería Reyes está generando medidas de seguridad para atender la situación”, dijo.Desde Bucaramanga, una comisión especial del Ejército y organismos técnicos se desplaza hacia el lugar para investigar las causas de la explosión y apoyar la identificación de las víctimas.Debido a la complejidad del terreno, los organismos de socorro aún no han logrado confirmar si hay más personas atrapadas en el interior del socavón colapsado. El equipo especializado trabaja en estabilizar el área antes de avanzar con las labores de búsqueda.Las autoridades también adelantan las primeras indagaciones para determinar si la mina operaba con todos los permisos y documentos en regla.
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja entregó una victoria jurídica histórica para las comunidades afectadas y los ecosistemas estratégicos del Distrito, y le impuso a la empresa Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. la obligación inmediata de recuperar las áreas impactadas por los derrames de gasolina registrados el 22 y 25 de octubre en el sector de Kikelandia, contiguo a la Ciénaga San Silvestre.Cabe recordar que la contaminación con gasolina se registró en la quebrada El Zarzal, fuente hídrica que desemboca en la ciénaga, que es el principal reservorio de agua del distrito.La sentencia, interpuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente y Transición Energética, determinó que los eventos, que causaron la muerte masiva de peces, tortugas, aves y otros organismos, además de la contaminación de suelos, agua, sedimentos y microflora, vulneraron derechos fundamentales al agua potable, al ambiente sano y al mínimo vital de comunidades ribereñas y asociaciones de pescadores artesanales.Es por esto que el juez ordenó a Cenit estructurar y poner en marcha, en un plazo máximo de diez días, un Plan de Restauración Ambiental con una serie de obligaciones de carácter técnico y obligatorio. Entre ellas se encuentran la restauración de la ronda hídrica en todas las zonas afectadas por los derrames, la recuperación de la microflora de los sedimentos, fundamental para restablecer la cadena trófica y garantizar la supervivencia del sistema íctico y la evaluación para la repoblación controlada de especies nativas, incluyendo alevines que permitan recuperar el equilibrio ecológico perdido.Además, el fallo establece que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Secretaría de Ambiente deberán verificar el cumplimiento riguroso de cada una de estas obligaciones, lo que permitirá un seguimiento exhaustivo del proceso de recuperación ecológica.La Ciénaga San Silvestre, vital para el suministro de agua del Distrito y hábitat del manatí antillano, fue una de las áreas más afectadas por el derrame de aproximadamente 500 barriles de gasolina. Según el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, la afectación “generó una contaminación muy grave” y requiere acciones inmediatas para evitar impactos irreversibles.Granados destacó que el fallo responde al principio de precaución y constituye un precedente para impedir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. También subrayó la importancia de que los pescadores, entre los principales afectados, participen en las labores de restauración, lo que no solo reconoce sus derechos sino que les permitirá acceder a oportunidades de empleo relacionadas con la recuperación ambiental.La sentencia no se limita a ordenar reparaciones: también abre la puerta a un acuerdo de voluntades entre el sector privado y público para promover proyectos estratégicos de recuperación de pasivos ambientales en Barrancabermeja. La propuesta, según Granados, ya fue presentada a las empresas del territorio.“Debemos unir esfuerzos para garantizar la preservación de la biodiversidad y lograr que Barrancabermeja sea la más limpia y sostenible. No podemos permitir que estas acciones se repitan ni que se ponga en riesgo el agua de todos”, concluyó el secretario.
Una grave emergencia se registró al interior de una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcainos, municipio de Landázuri, Santander. Información inicial que entregan las autoridades da cuenta de una explosión que dejó a tres personas muertas y una más heridas.Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó la emergencia y dijo que en la zona se encuentra personas de Bomberos y el Ejército atendiendo la emergencia.“Se registra esta emergencia en la vereda Vizcainos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, el hospital y el ejército. Preliminarmente informan de tres fallecidos y un lesionado”, señaló el funcionario.La zona donde está ubicada la mina es de difícil acceso por lo que organismos de socorro se encuentran en el lugar para confirmar si hay personas atrapadas.Las autoridades también investigas si la mina de carbón contaba con todos los documentos en regla para operar.
La Transversal del Carare ha sido noticia durante los últimos días por la afectación que se presentó debido a una remoción en masa cerca del municipio de Vélez, la cual destruyó parte del trazado.Pues en esa misma vía, pero en el tramo entre Landázuri y Cimitarra se produjo un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Misael Lagos Ariza, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placa JUH-07D.Lagos Ariza se desempeñaba como trabajador independiente en Landázuri y el pasado jueves, 13 de noviembre, emprendió camino hacia Cimitarra a eso de las 5:00 de la tarde, pero su recorrido se vio interrumpido cuando apenas había avanzado dos kilómetros.De acuerdo con la investigación preliminar, el motociclista fue arrollado por un tractocamión de placas WTP 106, el cual era conducido por Álvaro Moreno Galindo, de 68 años.Testigos afirmaron que el conductor del tractocamión aprovechó que iba sin carga para acelerar y huir del lugar del accidente; no obstante, un grupo de motociclistas lo persiguió y logró detenerlo más adelante.Misael Lagos Ariza murió en el lugar del accidente. Su cuerpo quedó divido en dos producto del fuerte impacto. Una ambulancia llegó al lugar del siniestro para auxiliarlo, pero los esfuerzos fueron en vano.Las autoridades no se han pronunciado frente al accidente, pero información extraoficial da cuenta que el conductor fue detenido mientras se esclarecen las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.