En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.Con este pronunciamiento, el nuevo arzobispo fijó una postura clara frente a la necesidad de fortalecer la ética pública y la participación responsable, en vísperas de su posesión como máxima autoridad de la Iglesia Católica en la capital santandereana.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
La Policía española detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana y española de unos 40 años, acusada de ser la jefa de una "empresa de servicios" a narcotraficantes, cuando trataba de huir del país con un millón de euros en bolsas de supermercado, informaron este martes fuentes policiales.Paula fue detenida en Madrid el pasado 13 de febrero cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía y de la Brigada antidroga, tras casi dos años de pesquisas, asestaron un importante golpe a toda una estructura criminal que funcionaba como "prestador de servicios" del narco.Junto a ella, en una nave de Alcobendas (norte de Madrid) y en una gasolinera, fueron arrestados el resto de integrantes, once hombres, colombianos en su mayoría y algún holandés.Entre los apresados estaban Gilbert, pareja de Paula y, según los investigadores, jefe "operativo" de la organización, y dos hijos de Paula, quien -según constatan los agentes- estaba al frente de toda la red y manejaba la recaudación de dinero y la contabilidad.Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.El inspector jefe de UDYCO central, Francisco Podio, y el inspector de la brigada de estupefacientes de Madrid, Manuel LLorente, han asegurado este martes que con toda probabilidad ella fue alertada desde la nave de Alcobendas.Con lo puesto, sin pasaporte pero con un DNI español, la mujer salió ese viernes 13 a toda prisa de su domicilio en la capital en su llamativo Mercedes de alta gama de color negro mate, con varias bolsas de supermercado que contenían paquetes embolsados con billetes de 100, 20 y sobre todo de 50 euros.La mayor incautación en tierra en MadridEn total, eran poco más de un millón de euros que la Policía expuso este martes dispuestos en bolsas transparentes que tenían escrita la cantidad: entre 30.000 y 50.000 euros cada bolsa.Junto al botín incautado del interior del coche y como resultado de esta operación, bautizada como 'Tocada Space', los agentes han mostrado los 2.700 "ladrillos" de cocaína incautados -3.400 kilos, la mayor incautación en tierra de Madrid-; armas de fuego y de guerra, además de una placa Starlink que dotaba a la organización de tecnología satelital para comunicarse con precisión.Entre los efectos intervenidos, varias furgonetas y vehículos de alquiler que la organización había caletado de forma muy sofisticada y con un mecanismo electrónico para ocultar armas y droga.La investigación la iniciaron hace alrededor de dos años unos agentes que sospechan que la organización en un momento paralizó su actividad.En julio pasado, a través de los canales de colaboración con Suecia, Polonia y Portugal a raíz de una aprehensión en un camión procedente de España, se intensificó y se localizó el punto de carga de la droga en una nave industrial ubicada en la localidad de Alcobendas.El pasado día 13, los investigadores detectaron que la organización podría estar preparando un nuevo transporte. Tras un intenso dispositivo de vigilancia, comprobaron cómo repetían el mismo patrón: alquiler de vehículos, desplazamiento al sur de España y regreso a Madrid.
Autoridades clausuraron una fiesta en la que participaban casi 130 personas en el municipio de El Peñol, Oriente de Antioquia. En el lugar fueron hallados 20 menores de edadFueron en total 128 las personas, la mayoría de ellas de municipios aledaños, las que se encontraban participando de la masiva fiesta que se realizaba en la vereda Guamito, sector Los Micos, del municipio de El Peñol, en el Oriente de Antioquia.Hasta esta finca llegaron autoridades como Policía, tránsito y otras dependencias de la Administración Municipal por quejas de ruido de los vecinos del lugar y fueron hallados, entre la masiva fiesta, 20 menores. Pero ese no fue el único hallazgo, según detalló la secretaria de Gobierno del municipio, Rosmira Murillo Henao.“También se inmovilizaron motocicletas que no contaban con los documentos requeridos para transitar. Se incautó también lo que fue licor, también se incautaron estupefacientes”, reveló la funcionaria.La primera información que fue entregada por la Alcaldía de El Peñol, es que la fiesta no contaba con los debidos permisos, por lo que el inmueble fue suspendido por 10 días para su alquiler, pero además, un vehículo fue inmovilizado y por las infracciones descritas por la secretaría de Gobierno se impusieron cinco órdenes de comparendo a diferentes personas que se encontraban en medio de esta rumba.Tanto en El Peñol como en otros municipios, las autoridades han insistido en que si hay excesos en ruido, se haga la respectivas denuncias por medio de la línea 123.
Tras conocer el caso del secuestro de Diana Ospina, al salir de una discoteca en la localidad de Chapinero de Bogotá, en el concejo de la ciudad se pusieron en evidencia las cifras de secuestros extorsivos en el 2025. Según la denuncia del concejal Julián Sastoque, a comparación del 2024, que se registraron 8 casos, hubo un aumento mayor al 362 % al constatar que se registraron 37 hechos relacionados con retenciones extorsivas. Así las cosas, según el cabildante, es una cifra que no se veía desde el 2004.“Aterra además que los casos presentados en 2025, en el 27 % de los casos, fueron mujeres las víctimas, las protagonistas. Lo que enciende, por supuesto, la alarma porque revela que este caso de Diana, repito, no es una situación aislada y ante ese panorama no nos queda otra que citar nuevamente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán a debate de control político porque definitivamente la seguridad es su gran fracaso en esta administración", concluyó el concejal.En ese sentido, el concejal, Julián Sastoque, anunció que radicará una citación a control político al alcalde, Carlos Fernando Galán, señalando que hay una “inacción” por este delito.
La Registraduría adelanta el simulacro nacional de escrutinios para las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La idea es evaluar la funcionalidad del software que estará en funcionamiento para el proceso electoral.“Durante estas pruebas técnicas, que se realizan con el 100 % de las mesas de votación que instalará la entidad el próximo 8 de marzo, se verifica las soluciones informáticas para la consolidación de resultados en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma de seguimiento y control en la web de los escrutinios”, explica la Registraduría.En estos simulacros estarán representantes de los partidos políticos, delegados de los órganos de control y misiones internacionales.“Instalamos las 3.337 comisiones escrutadoras a nivel nacional y los 1.104 municipios están operando con normalidad. Se iniciaron las comisiones generales para poder consolidar cada uno de los departamentos. En Corferias, fueron instaladas 280 comisiones escrutadoras y nueve comisiones escrutadoras del exterior. Hasta el momento, el balance de este simulacro en el que hemos realizado las diferentes pruebas de carga y operabilidad de cada uno de los sistemas, es de total éxito”, aseguró el registrador, Hernán Penagos.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el asesinato de Vanessa Amado Cárdenas, una joven de 21 años encontrada sin vida en la vereda El Diamante, del municipio de Sabana de Torres.“Rechazamos de manera contundente el asesinato de una mujer en Sabana de Torres. Desde la Gobernación de Santander ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables de este hecho que enluta al departamento, al ciudadano que de alcance a la investigación para lograr la captura de estos actores materiales como intelectuales de este lamentable hecho”, señaló Hernández.El cuerpo de la joven fue hallado con múltiples disparos, heridas con arma blanca y signos de tortura. Según el reporte preliminar, los agresores, incluso, habrían intentado incinerarla. Las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y capturar a los responsables.De acuerdo con las primeras indagaciones, la joven fue vista por última vez el 8 de noviembre, cerca de las 9:26 de la noche, cuando salió de su lugar de trabajo tras recibir un mensaje en WhatsApp. Cámaras de seguridad la registraron abordando una motocicleta conducida por un hombre, elemento clave en la investigación.La comunidad de Sabana de Torres expresó su rechazo e indignación por este nuevo hecho de violencia contra la mujer. En redes sociales, familiares y amigos de Vanessa lamentaron su muerte, recordándola como una joven trabajadora que dejaba una hija pequeña y estaba por culminar sus estudios en busca de un mejor futuro.Desde la Gobernación de Santander reiteraron el compromiso de trabajar “sin descanso por la seguridad, la justicia y la protección de las mujeres santandereanas”.Las autoridades recordaron las líneas de denuncia disponibles para reportar cualquier caso de violencia o información relevante sobre el crimen: 123, 147, 165 y 155 (Línea Púrpura). La información suministrada tendrá absoluta reserva.
El 12 de febrero de 2023 en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, se dio la muerte de Adriana Marcela Escalante Peñaranda, quien se encontraba en estado de embarazado y fue asesinada a mano de su pareja Jhair Sepúlveda Sepúlveda, conocido como alias ‘Katyn’, con pasado en las disidencias.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por este feminicidio en donde le quitó la vida con un arma blanca propinándole varias apuñaladas en pena vía pública del corregimiento de Las Mercedes sobre las 6:40 de la mañana, que, pese a los intentos médicos, la gravedad de las heridas le causaron la muerte. Todo por una escena de celos por parte de este hombre, que al verla agonizando en plena calle, salió corriendo del sitio.“Lamentamos este hecho que se presentó en el corregimiento de Las Mercedes y desde ya con las autoridades competentes estamos investigando las causas que originaron este suceso”, señaló la Personería del municipio de Sardinata.Por otro lado, se conoció que la sentencia fue impuesta tras un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, avalado por el juez del caso. Sepúlveda permanecía privado de la libertad en un centro carcelario desde enero de 2025, cuando fue capturado. Además, se mencionó que habría planificado el crimen con tiempo de antelación y se encontraba persiguiendo desde días antes a Escalante Peñaranda.Ella era madre de dos niñas, de 7 y 8 años en ese momento, que, además, venía siendo víctima de violencia intrafamiliar con meses de anterioridad.
En medio la audiencia pública ante la Corte Constitucional, el contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que comenzará un proceso de seguimiento permanente a los recursos que han sido destinados para el Catatumbo, territorio que ha sido víctima del conflicto armado y la violencia.“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el contralor general.Tan solo el 50 % de 2,78 billones de pesos, que han sido los recursos del Estado de Conmoción Interior declarado en la región, han sido usado. Entre enero y octubre de este 2025, se han registrado alrededor de 22.473 contratos que equivalen a un valor de 1,94 billones de pesos, de los cuales, 55 contratos (24.657 millones) se encuentran relacionados directamente con la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria.La investigación refleja que, aunque se han realizado pagos y uso de los recursos, han sido pocas las acciones a comparación de todos los compromisos que se han acordado para aportar al orden público y la estabilidad en la región.La Contraloría mencionó que el mayor problema de este panorama “no es la falta de un plan, sino una crisis de ejecución”, esto tras hacer el seguimiento del Plan Catatumbo en Cúcuta. Los resultados arrojan que, aunque los avances en educación continúan, se refleja inclusión productiva y se ha brindado la atención humanitaria, falta aún el fortalecimiento de los compromisos en cuanto a infraestructura, vivienda y formalización de tierras, incluyendo la falta de articulación entre instituciones nacionales y locales.Frente al escenario que arrojó el seguimiento de ayuda, la Contraloría General de la República creó el 'Tablero de Control Catatumbo', una herramienta en línea que será pública y permitirá ver la trazabilidad fiscal de cada peso que sea invertido en la zona. Este elemento se convertiría en una herramienta para el Control Paz Colombia que se encarga de vigilar los recursos del acuerdo final de paz.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga resolvió la tutela interpuesta contra la Gobernación de Santander y, aunque declaró improcedente la acción, ordenó al gobernador Juvenal Díaz Mateus designar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles al alcalde encargado definitivo del municipio.De acuerdo con la decisión, si la designación aún no se ha hecho, la Gobernación deberá, en un término de 48 horas, establecer un mecanismo que garantice la publicidad y transparencia del proceso, incluyendo la publicación de los informes y motivaciones que sustenten la elección.A esta determinación se suma un requerimiento del Juez Penal 001 de Bucaramanga, Julio César Sanmiguel Cubillos, quien pidió a la Gobernación que en un plazo no mayor a 48 horas informe cómo se llevará a cabo el proceso de elección del nuevo alcalde, teniendo en cuenta que la terna ya fue conformada por los movimientos políticos.El juez también exhortó al mandatario departamental a que, en un plazo máximo de 10 días, se nombre al nuevo alcalde encargado que reemplazará a Fredy Cáceres, designado previamente por decisión del propio gobernador.El juez fue enfático en señalar la necesidad de avanzar con prontitud en la convocatoria de las elecciones atípicas, que podrían realizarse en enero de 2026, con el fin de restablecer la normalidad institucional en Girón.El nombre de Fredy Cáceres ha estado en el centro de la controversia luego de que, durante su paso por la Alcaldía, despidiera a más de diez funcionarios, entre ellos dos con licencias de lactancia y paternidad, lo que derivó en varias acciones de tutela.Mientras tanto, los partidos Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Partido de la U ya presentaron ante el gobernador la terna de candidatos de la cual deberá salir el nuevo alcalde encargado Juan José Gómez Vélez, Dayana Milena Tavera y Claudia Milena Jaimes Delgado.La decisión judicial aumenta la presión sobre la Gobernación de Santander, que aún no ha oficializado el nombramiento, pese a los llamados de los jueces y al creciente descontento político en el municipio.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.