Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Según datos oficiales, el Gobierno ha entregado 316.076 indemnizaciones a víctimas con pertenencia étnica, cifra que representa el 64 % del total histórico de ese tipo de compensaciones en el país, consolidando a la actual administración como la que más ha avanzado en este rubro desde la promulgación de la legislación. La entidad ha resaltado que esta cifra no solo es numérica sino simbólica, pues además de cumplir con sentencias judiciales y otorgar medidas de reparación, contribuye a terminar la larga espera de miles de personas por justicia y reparación integral.Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestran que más del 19 % de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado en Colombia pertenecen a pueblos y comunidades étnicas, incluidos afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros y población Rrom o gitana, quienes han sufrido hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y pérdida de bienes. El reporte coincide con los esfuerzos por parte de la entidad de agilizar y ampliar la cobertura de indemnizaciones, ya que en periodos recientes se han destinado recursos significativos para la atención de víctimas de diferentes grupos poblacionales, con ajustes que buscan acelerar la entrega de medidas y mejorar la gestión de casos. A pesar de los desafíos que persisten en términos de desplazamiento forzado, violencia y desigualdad social.Por otra parte, la Unidad para las Víctimas, también ha promovido iniciativas para dignificar y visibilizar a estas poblaciones. En el departamento de Santander se realizó recientemente la Conmemoración de la Afrosantandereanidad, un encuentro cultural que busca reconocer la existencia y el sufrimiento de víctimas étnicas en la región, así como reforzar el compromiso institucional con sus derechos y reparación. "Todas estas acciones más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.", afirmó la entidad durante la entrega de estas cifras en Colombia.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
El Juzgado 11 Penal del Circuito confirmó la medida de aseguramiento contra César Manrique en el marco del proceso por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada en audiencia de lectura de fallo y cobija también a otras siete personas vinculadas a la investigación.Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y exintegrante del gabinete distrital de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, enfrenta cargos por concierto para delinquir, entre otros delitos. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado en más de 90 países mediante circular roja de la Interpol.La medida de aseguramiento había sido solicitada inicialmente por la Fiscalía y decretada el 29 de julio de 2025 por el Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá. En esa oportunidad, el despacho valoró distintos elementos probatorios y concluyó que Manrique y los demás procesados habrían incurrido en conductas como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.Según la investigación, la Fiscalía obtuvo evidencias que indicarían que Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos correspondientes a un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y un fondo de la UNGRD, presuntamente a cambio de que contratos derivados de ese acuerdo fueran cedidos a personas sugeridas por él.Con la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito, se mantiene vigente la medida de aseguramiento dentro del proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, mientras avanzan las actuaciones judiciales y continúan las labores para dar con el paradero del exfuncionario.
El fabricante sueco Volvo anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su superventas eléctrico EX30 debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en el paquete de baterías de alto voltaje. La información fue revelada inicialmente por Reuters y confirmada por la compañía.El llamado a revisión involucra específicamente 40.323 ejemplares de las versiones Single-Motor Extended Range y Twin-Motor Performance del Volvo EX30 equipados con determinadas celdas de batería.¿Cuál es el problema detectado?Según explicó la marca al ya citado medio, algunos módulos del sistema de alto voltaje podrían presentar un comportamiento que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Como medida preventiva, se reemplazarán los módulos afectados.Mientras se ejecuta la campaña, Volvo solicitó a los propietarios limitar la carga al 70 % de la capacidad total para reducir cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre la compañía ha recomendado en más de una docena de países —incluidos Estados Unidos, Australia y Brasil (aunque la marca no ha precisado si también Colombia)— estacionar los vehículos lejos de edificaciones.La empresa indicó que ya está contactando a los dueños de las unidades involucradas para informar los pasos a seguir.¿Cuánto le costará a Volvo este llamado a revisión?El EX30 es un modelo estratégico dentro del portafolio eléctrico de Volvo, diseñado para competir en el segmento de SUV compactas frente a fabricantes chinos de menor costo. La revisión podría representar un impacto económico relevante.Un análisis de Reuters estimó que la sustitución de los módulos podría alcanzar los 195 millones de dólares, sin contar gastos logísticos ni de mano de obra. La compañía calificó esos cálculos como especulativos y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor.Las baterías fueron fabricadas por Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., una empresa conjunta respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. El fabricante señaló que el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.Tras conocerse la noticia, las acciones de Volvo registraron una caída cercana al 4 %.Volvo no es la única marcaLos incidentes relacionados con baterías han afectado anteriormente a otros fabricantes en el proceso de electrificación. En 2020, General Motors debió retirar aproximadamente 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por riesgo de incendio asociado a baterías producidas por LG Electronics, lo que representó un costo cercano a 2.000 millones de dólares.En el caso de Volvo, la situación ocurre mientras la compañía avanza en un plan de ahorro por 1.900 millones de dólares y profundiza su integración con el grupo Geely.Además, el EX30 es un modelo clave dentro de la estrategia global de la firma sueca, a tal punto de convertirse en su best seller en muchos mercados. Sam Fiorani, vicepresidente de pronósticos globales de AutoForecast Solutions, afirmó que el fabricante debe resolver la situación de manera precisa debido a la importancia del vehículo en su portafolio.Andy Palmer, exdirectivo que participó en el lanzamiento del Nissan Leaf, señaló que la reputación de seguridad es un eje central en la identidad de Volvo, lo que reduce el margen para errores en este tipo de situaciones.Antes de que se hiciera público el retiro, algunos propietarios consultados por Reuters manifestaron su intención de devolver sus vehículos, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad y autonomía, debido a la limitación temporal de carga.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que volverá a implementar la restricción a la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, medida que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander tras una demanda.El director de Tránsito, Jahir Manrique, confirmó que la nueva resolución está en construcción y que en menos de un mes será socializada nuevamente a la ciudadanía. A diferencia de la anterior, que operaba de lunes a domingo, la restricción ahora aplicará únicamente los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo, incluidos los festivos, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.Según explicó el funcionario, la decisión se sustenta en los resultados obtenidos durante el tiempo en que estuvo vigente la medida.“Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes en muertes, accidentes y lesionados. En 2025, cuando operó la restricción, logramos una reducción de 10 muertes frente al año anterior; así fuera una sola, es un logro grandísimo”, señaló.Manrique detalló que, además de las 10 muertes menos, la ciudad registró una disminución del 20 % en accidentes de tránsito y del 17 % en el número de lesionados durante 2025, en comparación con 2024. Indicó que la mayoría de los siniestros fatales se concentraban en la franja horaria de la medianoche a las 4:00 a.m., especialmente los fines de semana, cuando se incrementa la conducción bajo efectos del alcohol.El director aseguró que la entidad acató el fallo judicial y suspendió comparendos y operativos relacionados con la restricción, pero que ya trabajan con el equipo jurídico y técnico para expedir una nueva resolución ajustada a derecho.“La medida funciona y nuestra misión es proteger la vida de los bumangueses”, enfatizó. Añadió que la restricción busca evitar que personas que consumen licor utilicen la motocicleta en estado de alicoramiento y generar mayor orden en la ciudad.
La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Decenas de usuarios de la Nueva EPS protestaron frente a la sede ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, por las demoras en la entrega de medicamentos y la falta de atención oportuna a pacientes con enfermedades graves.Los manifestantes denunciaron que, desde hace semanas, no han podido reclamar tratamientos esenciales ni medicamentos y que en algunos casos los pacientes se encuentran en estado crítico.“Mi hijo necesita oxígeno las 24 horas y no he recibido los insumos ni los medicamentos a tiempo. He seguido todos los canales de atención, pero no hay respuesta”, afirmó Johana Ortiz, madre de Emiliano Sánchez Ortiz, un paciente en condición vegetativa que requiere atención permanente.Le puede interesar: Barrancabermeja activa plan de contingencia por crisis de Nueva EPS y Clínica La MagdalenaDe acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2025 Santander registró 24.983 reclamos relacionados con demoras, negación de servicios y fallas en la entrega de medicamentos de esta EPS, una de las más grandes del país.Ante la situación, Nueva EPS emitió un comunicado en el que informó que su operador Offimedicas se comprometió a garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados en Bucaramanga y su área metropolitana.“Tras algunas barreras presentadas en la dispensación de medicamentos, el prestador se comprometió a garantizar la entrega oportuna a los afiliados”, señaló la entidad.La EPS agregó que los usuarios podrán reclamar los medicamentos en los puntos de atención habilitados o recibirlos directamente en sus hogares, según el tratamiento. Además, anunció una estrategia de atención inmediata con el apoyo de los equipos regionales para regularizar la entrega de los fármacos pendientes del mes de octubre.Sin embargo, los usuarios advirtieron que mantendrán la presión hasta que se cumplan los compromisos y se normalice la atención.“Llevamos meses esperando soluciones. No son solo números, son vidas”, dijo una de las manifestantes.Este es el comunicado de la Nueva EPS tras las protestas de usuarios por demoras en entrega de medicamentos.
Un ataque armado ocurrido en la noche de este jueves en el sector El Carmen, en Floridablanca, cobró la vida del creador de contenido bumangués conocido en redes sociales como ‘El Wally’.De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho se registró sobre la calle 145 con carrera 60, cerca de las Comidas Rápidas de Jimmy, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, interceptaron al joven y le dispararon en repetidas ocasiones.Testigos relataron que los sicarios vestían chaquetas de color negro y blanco y que, tras efectuar varios disparos, huyeron del lugar a gran velocidad. La víctima quedó gravemente herida junto al semáforo del sector, mientras varias personas intentaban auxiliarlo en medio de escenas de pánico.El influencer fue trasladado de urgencia en un vehículo policial hasta la Clínica Foscal, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Según confirmaron las autoridades, falleció a causa de la gravedad de las heridas por arma de fuego.El área fue acordonada por uniformados de la Policía, quienes recolectaron evidencias y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen.Las autoridades avanzan en la investigación para establecer los móviles del homicidio y determinar si el ataque estaría relacionado con algún tipo de amenaza o retaliación.‘El Wally’, muy conocido en Bucaramanga y el área metropolitana por sus videos humorísticos y de contenido urbano, deja una amplia comunidad de seguidores que hoy lamenta su muerte violenta.
Una jornada caótica y llena de giros inesperados se vivió en la noche de este jueves en la Registraduría de Bucaramanga. Lo que empezó como la inscripción de un nuevo candidato a la Alcaldía terminó en un verdadero “papelón” político protagonizado por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán y su equipo de campaña.Luego de que Cristian Portilla -exsecretario privado de Beltrán- anunciara su renuncia a la candidatura alegando motivos personales, el movimiento político del exmandatario llegó a la Registraduría para inscribir al exconcejal Arturo Zambrano, supuestamente avalado por el partido Cambio Radical. Sin embargo, el intento fracasó estrepitosamente.Minutos después, Cambio Radical emitió un comunicado negando haber otorgado dicho aval y reiterando que su respaldo seguía en firme con la candidatura de Portilla. La decisión del partido generó desconcierto en el equipo de Beltrán, que se mantuvo durante horas en la sede electoral intentando resolver la crisis.Pasada la medianoche, y tras la imposibilidad de formalizar la inscripción de Zambrano, Beltrán confirmó públicamente que Portilla desistía de su renuncia y continuaría en la contienda por la Alcaldía.“Lamentablemente el Partido Cambio Radical tomó la decisión de no acompañar la candidatura de Arturo Zambrano hasta el último minuto, como ustedes fueron testigos. Y si creen que con esas artimañas nos van a dejar fuera de la carrera política, se equivocan. Este proyecto sigue y sigue en pie”, dijo Jaime Andrés Beltrán.El exalcalde añadió que, junto a su equipo político, se tomó la decisión de mantener a Cristian Portilla como candidato de la coalición, agradeciendo a Zambrano por su disposición.Por su parte, Portilla aseguró que la Registraduría aceptó el desistimiento de su renuncia y confirmó su regreso a la contienda.“Lo único que quiero decir a la ciudad de Bucaramanga es agradecerle por la confianza y a mi familia por el apoyo. Estamos en pie de lucha. La Registraduría nos ha emitido un concepto favorable del desistimiento de nuestra renuncia”, afirmó el aspirante.La situación deja a Portilla nuevamente en la carrera electoral, aunque sobre su aspiración persiste el riesgo de una posible inhabilidad, ya que fue funcionario público hasta hace apenas dos meses.El episodio político coincidió con otro hecho de alto impacto: mientras se desarrollaba esta caótica jornada en la Registraduría, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, declaró insubsistente al gabinete de la administración anterior, lo que agudiza aún más la crisis política en la capital santandereana.
El tema político de Bucaramanga volvió a moverse este jueves, 6 de noviembre, luego de que el exconcejal Arturo Zambrano Avellaneda fuera confirmado como el nuevo candidato apoyado por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez para las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.La decisión se produjo tras la renuncia sorpresiva de Cristian Portilla, quien declinó su aspiración argumentando “motivos personales”, dejando en suspenso a la coalición que impulsaba su nombre. La salida de Portilla obligó al grupo político de Beltrán a redefinir, en pocas horas, su apuesta electoral.Según se conoció, el Centro Democrático entregó el aval oficial a Zambrano Avellaneda, mientras que el Partido de la U otorgó su coaval, sellando una alianza que busca mantener la línea política del exmandatario suspendido.Zambrano Avellaneda, ingeniero financiero egresado de la UNAB, fue concejal de Bucaramanga entre 2016 y 2019 por el Centro Democrático. Además, es pastor cristiano y figura reconocida dentro de la comunidad religiosa que sirvió como base electoral de Beltrán Martínez en su campaña de 2023. Su perfil, que combina liderazgo espiritual y experiencia pública, le permite conectar con ese mismo sector social que ha respaldado al exalcalde en sus apuestas políticas.La nueva candidatura se inscribió dentro del plazo límite establecido por la Registraduría Nacional, que vencía este jueves a las seis de la tarde. Con su entrada, la contienda por el cargo de alcalde vuelve a tener ocho aspirantes en competencia por la administración de la capital santandereana hasta diciembre de 2027.Con la "bendición" de Jaime Andrés Beltrán, Arturo Zambrano se convierte en la apuesta del exmandatario para recuperar la Alcaldía después de su suspensión por doble militancia.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.