Los fabricantes de calzado y productores de cuero en Ecuador encendieron las alarmas tras la decisión de ese país de elevar al 50 % los aranceles para productos provenientes de Colombia, una medida que impacta directamente a la industria santandereana, que destina cerca del 25 % de sus exportaciones a ese mercado.Empresarios del sector advierten que la nueva tarifa encarece los productos, reduce la competitividad frente a fabricantes asiáticos y brasileños, y pone en riesgo miles de empleos formales, especialmente en Bucaramanga, donde el calzado es uno de los principales motores económicos.Laura Castro, empresaria del sector, explicó que la situación ya se está sintiendo en las fábricas: “Las afectaciones que tenemos es que se reducen las ventas internacionales, baja la producción y se pone en riesgo el empleo formal, ecuador es un aliado estratégico por cercanía logística y cultural, con estos aranceles quedamos en desventaja frente a países como China, Brasil e Indonesia, que también exportan calzado a ese mercado”, señaló.Según la empresaria, la caída podría ser drástica: las exportaciones pasarían de operar al 100 % a apenas un 30 %, lo que afectaría directamente la estabilidad de las plantas de producción.“Cada fábrica tiene al menos seis trabajadores por proceso, son seis familias afectadas por empresa. Ahora imagine cuántas fábricas del gremio están en las mismas circunstancias”, agregó.El sector espera que el Gobierno Nacional gestione una salida diplomática con Ecuador para evitar mayores pérdidas, ya que la medida no solo encarece el precio final del zapato, sino que frena el crecimiento empresarial y la generación de empleo.Los industriales advierten que, de mantenerse la restricción, podría generarse cierre de plantas, reducción de turnos y pérdida de mercados internacionales, en medio de un panorama económico que ya consideran complejo para la manufactura nacional.
Lo que comenzó como una serie de clips espontáneos grabados con un celular en el asilo San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga, hoy se ha convertido en una auténtica sensación en redes sociales. Un grupo de adultos mayores, muchos de ellos residentes del hogar, ha conquistado los corazones de miles de internautas con sus divertidos bailes al ritmo de reguetón, acumulando millones de reproducciones y una legión de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.Los videos muestran a los abuelos y abuelas participando con entusiasmo en tendencias de baile, coreografías sencillas y movimientos alegres acompañados por ritmos urbanos populares. Más allá de la música, lo que más ha cautivado a los usuarios es la espontaneidad, la alegría y el carisma con que los adultos mayores enfrentan cada grabación, desafiando estereotipos sobre la vejez en el mundo digital.La respuesta en redes ha sido tan contundente que incluso algunos de estos clips han viajado más allá de fronteras regionales: el reconocido cantante de reguetón Wisin compartió uno de los bailes del grupo, destacando el alcance y la simpatía de los videos. Este gesto del artista urbano impulsó aún más la visibilidad de la iniciativa y generó cientos de comentarios de seguidores de diferentes países.Para los responsables del asilo, el auge viral no solo ha sido motivo de orgullo sino también una herramienta de impacto social. Gracias a la exposición en internet, la comunidad digital ha convertido cada “like” y cada comentario en gestos concretos de apoyo: desde donaciones de insumos básicos hasta visitas y padrinazgos que fortalecen los programas de bienestar del hogar.Entre los personajes más queridos por el público está Jaime Muñoz, un adulto mayor de 85 años cuyo carisma y sonrisa han convertido sus apariciones en verdaderos íconos del canal. Sus videos, acompañados de comentarios alentadores, buscan romper barreras generacionales y recordar que el ritmo, la alegría y la creatividad no tienen edad.La historia del asilo San Rafael demuestra que, en la era digital, la viralidad puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Y para estos abuelos y abuelas, cada paso de baile es mucho más que un trend: es una celebración de vida, energía y dignidad que trasciende generaciones.
Con cuchillos y machetes en su poder fueron sorprendidos varios motociclistas durante los operativos adelantados por la Alcaldía y las autoridades de tránsito en Bucaramanga para frenar las caravanas y piques ilegales que, según denuncias ciudadanas, vienen generando ruido e inseguridad en distintos sectores de la ciudad.El alcalde Cristian Fernando Portilla reveló que, además de las armas blancas, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes, luego de ser sorprendidas con sustancias psicoactivas durante los controles realizados en la noche del jueves 26 de febrero. En total, más de 74 motocicletas fueron inmovilizadas.“Anoche tuvimos resultados muy importantes, más de 74 motocicletas inmovilizadas y la captura de dos personas por tráfico de estupefacientes. También encontramos personas que llevaban armas blancas, machetes y cuchillos. Yo me pregunto, a altas horas de la noche en una motocicleta, ¿para qué se utiliza un cuchillo o un machete?”, cuestionó el mandatario.Desde hace varios meses, especialmente los días jueves, se vienen registrando caravanas y piques ilegales que recorren diferentes puntos de la capital santandereana, muchas veces con exostos modificados que generan altos niveles de ruido y alteran la tranquilidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la administración municipal articuló un dispositivo con más de 12 puestos de control en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el objetivo de frenar estas prácticas y recuperar el orden en las vías.“Todo ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga a cualquier hora, pero respetando las normas de tránsito, al peatón y el descanso de las personas, del adulto mayor y del enfermo. Lo que no podemos permitir es que se rompa la tranquilidad con caravanas ilegales y poniendo en riesgo a quienes transitan por la ciudad”, afirmó Portilla.El mandatario fue enfático en que los operativos continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y la convivencia. “Si siguen haciendo caravanas y generando ruido, tenemos que entrar con nuestra fuerza pública para poner orden. No vamos a parar”, concluyó.
A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
El sector transportador lanzó una alerta por lo que considera una emergencia silenciosa: la caída y el grave deterioro de puentes en distintas regiones del país. Colfecar resaltó que las cifras son preocupantes, pues en los últimos 12 años se han caído o sufrido daños graves 29 puentes en Colombia. Pero lo más alarmante es que 18 de esos casos (el 62 %) ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Y solo en los primeros meses de este año ya van cinco colapsos.“Desde el 2023 al 2025 se cayeron 13 puentes y en lo que va corrido del 2026 ya se han caído 5 puentes. De estos puentes, en total 13 son responsabilidad del INVIAS y 9 están asignados a la ANI. En lo corrido del 2026, debido a la ola invernal, se registraron 5 puentes caídos, lo que ocasionó grandes afectaciones a la movilidad en la región del Uraba Antioqueño, Córdoba y Magdalena”, explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.Desde el gremio sostienen que detrás de cada colapso hay empresas paralizadas, conductores sin trabajo, retrasos en entregas y sobrecostos que terminan afectando a comerciantes y consumidores.Además, cuestionaron la lentitud en las respuestas. En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, se anunció un paso provisional, pero en otras zonas como la vía Necoclí–Arboletes, en Antioquia, la comisión del INVIAS llegó más de 20 días después del colapso y aún no se restablece el tránsito.“Desde 1996 existe el sistema SIPU-COL, administrado por el INVIAS, que contiene el inventario y la información técnica sobre el estado estructural de todos los puentes del país. La información ya existe. Lo que falta es decisión en la asignación presupuestal”, afirmó Hernández, quien aseguró que el país sí tiene como anticiparse a estas emergencias.En este sentido, pidieron revisar los contratos de mantenimiento para que incluyan intervenciones estructurales y no solo arreglos superficiales y que se definan cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas, no temporales.Colfecar detalló cuáles son los puentes que han colapsado en lo corrido de 2026. El 2 de febrero se cayó el puente El Chima, en Córdoba, afectando la movilidad en la vía Lorica–Chinú. Un día después, el 3 de febrero, se registraron tres colapsos en dos departamentos: en Magdalena cayó el puente Mendihuaca, complicando el tránsito entre Santa Marta y el río Palomino; y en Antioquia se desplomaron los puentes San Juan y Mulatos, en la vía Necoclí–Arboletes, dejando afectados tramos de 63 y 17 kilómetros, respectivamente. Finalmente, el 8 de febrero, también por cuenta de las lluvias, colapsó el puente Jalisco, en Córdoba, afectando la conexión entre Puerto Rey y Montería.Los transportadores dicen que están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero insisten en que no se puede normalizar que los puentes sigan cayéndose. Para ellos, esta ya es otra emergencia que requiere atención urgente.
De cara a las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo, el precandidato presidencial Daniel Quintero, en diálogo con Recap de Blu Radio, recordó su trabajo cuando fue alcalde de Medellín y sus propuestas de ser elegido presidente, en caso de hacer parte de la lista en la primera vuelta.Bajo su dirección, Medellín se vio envuelta en diferentes casos de corrupción y algunos miembros de su administración se encuentran bajo la lupa de la justicia, como el caso de Aguas Vivas o Buen Comienzo, en donde Quintero dijo que "gracias a Dios no hay nadie condenado"."Yo no estoy involucrado, pues yo no hago parte de eso, pero algunos casos, en la medida que tengo tiempo, trato de investigarlos y de ver si es verdad que ocurrió tal cosa o no. En el caso de Buen Comienzo, ya la Contraloría también informó que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no se perdió un solo peso. Ahí habían dicho que se han perdido, la Fiscalía, recuerden, $1.200 millones, y resulta que la Contraloría terminó reconociendo ahorros por 500 millones de pesos. Y además dice algo más, más crítico, y es es que el contrato ni se liquidó ni se pagó. Fue literalmente una estrategia de persecución", dijo el exalcalde y ahora precandidato presidencial.En sus palabras, Quintero aseguró que "nunca había visto" a funcionarios públicos hacerle presión a jueces y uno de ellos, según él, ha sido el actual alcalde Federico Gutiérrez que busca "desprestigiarlo" en su candidatura que "termina siendo algo grosero y violento", a quien además acusó de usar recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para hacer campaña con su hermana y algunos de sus allegados."El alcalde sale todos los días con una gorra y una camisa con los mismos logos de la lista de Creemos, que es su partido político en donde está su hermana. Están usando camionetas de la Alcaldía, del Consejo e incluso de la Policía para montar a su hermana en carroza ¿no? Como si fuera un carro de bomberos y ella fuera una héroe. Y la montan con Abelardo de la Espriella por toda la ciudad y la muestran. Hay vallas en toda la ciudad, el alcalde promocionando su lista. Lo que dice uno entonces es: allá hay una confianza plena por parte del alcalde Federico Gutiérrez de que la ley no aplica para él. Él tiene control, al parecer, de la justicia en Medellín. Yo he reclamado garantías al respecto y pues he atendido a todos los procesos con mucho cuidado, con mucha atención, y afortunadamente estoy convencido que que eso lo vamos a ganar y va a terminar dando la vuelta en contra del alcalde Federico Gutiérrez, que fue el que firmó el contrato (el caso de Hidroituango)", dijo Daniel Quintero.Dijo que cuando 'Fico' se volvió alcalde de Medellín contrató a la fiscal seccional que llevaba el caso de Hidroituango ha trabajar con él, que, según él, habían puesto la denuncia contra él y cambian en la Fiscalía el argumento al decir que era su administración la mala por haber terminado el contrato. "Es un proceso que está nulidad, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso", dijo.
Cúcuta vuelve a respirar un poco más tranquila tras la caída de Los Piratas Amarillos, una banda que sembró el miedo usando una fachada tan común como peligrosa: el servicio de taxi. Cuatro hombres fueron capturados, luego de casi un año de seguimiento, denuncias ciudadanas y labores encubiertas que destaparon una cadena de robos violentos, fríos y planeados al detalle.Todo comenzó con una escena que parecía sacada de una película. Un ciudadano se lanzó de un taxi en movimiento en el barrio Aeropuerto para escapar de un atraco. Ese hecho permitió las primeras capturas en enero de 2025 y abrió la puerta a una investigación que hoy revela al menos 45 robos cometidos bajo la misma modalidad. Las víctimas, en su mayoría estudiantes entre 18 y 23 años, eran contactadas por plataformas digitales, intimidadas con armas, llevadas al anillo vial y despojadas no solo de sus pertenencias, sino también de su dinero digital.El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo a Blu Radio que “sus víctimas eran jóvenes universitarios"."Miren, un muchacho universitario ¿qué tienen? lo que le da el papá, y estos delincuentes les hurtaban todo. Les digo, en Cúcuta no se viene a delinquir, se viene a trabajar. Con la cabeza agachada, así es que tiene que estar la delincuencia”, dijo el oficial.El operativo final se ejecutó en el barrio Chapinero. Allí cayeron cuatro de los integrantes y uno de ellos era Daniel Rodríguez, quien rompió en llanto al escuchar la lectura de sus derechos.Esta personas se cubrió el rostro y entendió que el viaje había terminado. Junto a él, otros hombres con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales, además del señalado cabecilla, quien ya era conocido por un caso de maltrato animal ocurrido en 2023.Actualmente todos están tras las rejas, a disposición de la justicia. La banda que se hacía pasar por conductores para cazar a sus víctimas quedó desarticulada.
Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de La Estrella, luego de que una volqueta, aparentemente, perdiera los frenos y se estrellara contra una edificación. El reporte indica que el vehículo transportaba material y descendía por la vía cuando sufrió la falla mecánica.Según los primeros informes, el vehículo perdió el control y terminó impactando con una empresa y, al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que el conductor de la volqueta falleció en el lugar del accidente y al menos tres personas más resultaron heridas.Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que organismos de emergencia de La Estrella e Itagüí continuaban atendiendo la emergencia, realizando labores de rescate, valoración estructural de la construcción afectada y evacuación.Por su parte, y debido al riesgo de colapso en la infraestructura impactada, cerca de 100 personas que se encontraban en la zona fueron evacuadas como medida preventiva a la par que las autoridades continúan investigando las causas precisas del accidente.Indicaron desde La Estrella que se busca determinar si la falla en el sistema de frenos fue la causa definitiva del siniestro, por lo que expertos recogieron evidencia para tratar de esclarecer el hecho.
Ante el incremento inusual de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados a influenza, la Alcaldía de Vélezactivó un plan de contingencia y emitió lineamientos preventivos dirigidos a instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general.La decisión se tomó luego de que, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se confirmara un aumento significativo de casos que configura un brote en el municipio.La influenza hace parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones, y que se transmiten con facilidad por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.Como primera acción, la administración municipal ordenó fortalecer los protocolos en todas las instituciones educativas públicas y privadas.Entre las principales medidas adoptadas están: activación de los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias, intensificación de la limpieza y desinfección diaria en aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, garantía permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado, jornadas pedagógicas sobre lavado correcto de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio.Además, los colegios deberán notificar a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios, solicitar que no se envíe a clases a menores con gripa y reportar a la Secretaría de Salud cualquier aumento inusual en el ausentismo escolar por causas respiratorias.Las autoridades también dejaron abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.La estrategia no se limita a las aulas. La Alcaldía hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la prevención desde casa.Asimismo, se insiste en completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza, en población priorizada como niños entre 6 y 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud y grupos étnicos priorizados.Las autoridades de salud advirtieron que no se debe recurrir a la automedicación y que, ante signos de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial.El trabajo articulado, señaló la administración municipal, permitirá reducir la transmisión del virus, evitar complicaciones y proteger especialmente a la población infantil mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente en el municipio.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
En zonas rurales y escuelas apartadas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá, más de 82.200 niños, niñas y adolescentes hoy ocupan su tiempo en la música, el arte y la creación, en lugar de estar expuestos al riesgo de ser reclutados por grupos ilegales al margen de la ley.Se trata del programa Artes para la Paz, una estrategia de alcance nacional que en estos departamentos es operada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que llega a 449 instituciones educativas, especialmente en sectores rurales y territorios con dinámicas sociales complejas.En total, cerca de 800 personas, entre líderes, formadores y equipos de apoyo, hacen parte de esta iniciativa que ha convertido el tiempo escolar en una oportunidad para transformar realidades.Leonardo Fabio Olarte, gestor territorial del nodo 19 de Santander, explicó que solo en su zona se impactan 14 municipios y 21 establecimientos educativos, alcanzando aproximadamente 4.000 beneficiarios. Para Olarte, el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar habilidades artísticas.“Como su nombre lo dice, es transformar las comunidades y los territorios de Colombia, resignificando el tiempo escolar de los estudiantes. Estamos siendo testigos diariamente de una reducción de problemáticas sociales no solamente en los establecimientos educativos, sino también en la comunidad educativa en general, en sus familias y en el territorio. Es una transformación social muy importante”, afirmó.El gestor reconoce que cada municipio tiene dinámicas distintas e incluso, a pocos kilómetros de distancia, se pueden encontrar realidades completamente diferentes. Sin embargo, incluso en zonas con mayores conflictos sociales, el programa ha logrado mantenerse y generar impactos positivos sostenidos en el tiempo.Uno de los mayores retos al inicio fue vencer el escepticismo en las instituciones educativas.“Debo confesar que al principio los rectores eran escépticos. Era difícil convencerlos de que el programa era algo positivo. Hoy son ellos quienes acuden a nosotros, lo solicitan y esperan que haya continuidad en el tiempo”, relató Olarte.El cambio en la percepción se ha dado gracias a resultados visibles: mejor convivencia escolar, mayor permanencia en las aulas y una disminución de situaciones asociadas a violencia o riesgo social.En el departamento del Cesar, Luis Alejandro Forero, gestor territorial del programa en la zona 6 nodo 3, que integra los municipios de El Copey, Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, destacó que en su área también se atienden 21 establecimientos educativos con más de 4.000 beneficiarios.Sin embargo, insiste en que el mayor logro no es artístico, sino humano.“Lo más valioso no es cuando aprenden a pulsar una cuerda. Lo más valioso es cuando aprenden a resignificar su existencia, cuando descubren que su vida puede ser mucho más de lo que habían imaginado. Cuando su convivencia escolar mejora y la escuela deja de ser un entorno de tedio para convertirse en un espacio de alivio y alegría”, señaló.Forero compartió uno de los testimonios más impactantes que ha dejado el programa.“El caso más fuerte es cuando un niño te dice que quiere ser parte de un grupo armado cuando grande, y al cabo de un tiempo te dice: ‘No, yo quiero ser cantante, quiero tocar guitarra, quiero ser profesor’. Eso es lo más valioso que ocurre a partir del programa”, expresó.En regiones donde históricamente han operado estructuras ilegales, ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes con procesos artísticos continuos se convierte en una estrategia de prevención clave.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
La coalición política que coavaló a Campo Elías Ramírez ya definió la terna que será enviada al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para designar al nuevo alcalde encargado de Girón.La lista está conformada por Juan José Gómez, avalado por el movimiento ASÍ, Dayana Tavera, en representación del Partido de la U y Claudia Milena Jaimes, postulada por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.Esta terna será radicada oficialmente ante la Gobernación este miércoles 29 de octubre, para que Díaz Mateus tome la decisión en los próximos días.De acuerdo con la ley, cuando un alcalde titular es suspendido, destituido o no puede continuar en el cargo, el gobernador del departamento debe designar un alcalde encargado o designado que asuma temporalmente las funciones.Sin embargo, el mandatario departamental solo puede elegir entre los tres nombres que le presenten los partidos o movimientos que avalaron al alcalde electo.En el caso de Girón, la terna fue conformada por la coalición entre el Partido de la U, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la ASI, los mismos que respaldaron a Campo Elías Ramírez en las pasadas elecciones.Juan José Gómez ha ocupado cargos en la administración municipal y actualmente es director de Tránsito de Girón. Además, también ha trabajado con la Cámara de Representantes.Por su parte, Dayana Tavera ha hecho parte de la administración pública en Bucaramanga, especialmente en el Inderbu, y durante la gestión de Campo Elías Ramírez integró el equipo de Hacienda municipal.Finalmente, Claudia Milena Jaimes es una funcionaria con trayectoria en la Alcaldía de Girón, donde ha trabajado en diferentes dependencias a lo largo de varios periodos administrativos.El gobernador Juvenal Díaz Mateus había designado previamente a Fredy Cáceres como alcalde encargado mientras la coalición definía la terna.Ahora, deberá escoger a uno de los tres aspirantes, quien asumirá el cargo de alcalde designado hasta que se realicen las elecciones atípicas en el municipio.
En Bucaramanga, al menos ocho barrios continúan sin servicio de agua potable, debido a una avería que se presentó recientemente.El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que el daño se originó en la red principal de salida del tanque centro, lo que obligó a suspender el suministro desde las 8:00 de la noche del lunes, y aún persiste la emergencia.Inicialmente, se esperaba que el servicio fuera restablecido hacia el mediodía de este martes, 28 de octubre, sin embargo, el AMB confirmó que las labores de reparación se extenderán hasta las 8:00 de la noche, hora en que se prevé normalizar el suministro en los sectores afectados.“Debido a intervenciones realizadas en las redes de alcantarillado de la calle 41 con avenida La Rosita, por parte de un contratista de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, se presentó una desestabilización en la tubería de salida del tanque centro”, explicó la empresa en un comunicado. Los barrios que permanecen sin el servicio de agua son Campo Hermoso, La Joya, Alfonso López, García Rovira, Zona céntrica, Chorreras de Don Juan, San Miguel y Candiles.El Acueducto Metropolitano presentó excusas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se adelantan las labores para restablecer el servicio “con la calidad y continuidad que caracterizan a nuestra empresa”.Para más información, los usuarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas 607 689 8080 y 333 0333 356.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la aprobación de una adición presupuestal superior a $4.000 millones destinada al mejoramiento de la vía secundaria que comunica a Vélez con Guavatá.Según informó el Ministerio Público, Aguilar habría avalado la adición a pesar de las deficiencias en el trámite del ajuste presupuestal y de la ausencia de estudios técnicos necesarios para su implementación.La Procuraduría delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías señaló que “el entonces mandatario habría pasado por alto que no existían estudios de exploración geotécnica complementaria que permitieran determinar con precisión la estructura de contención adecuada para el corredor vial, entre otros aspectos técnicos exigidos”, dice en un comunicado.De acuerdo con el ente de control, el exgobernador pudo vulnerar las exigencias normativas de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, por lo que de manera provisional calificó su conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.El proceso disciplinario busca establecer si Aguilar Hurtado incurrió en actuaciones que comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al desarrollo vial en el departamento.Esto se suma a la acusación de la Fiscalía delegada de ante la Corte Suprema de Justicia que acusó al exgobernador Mauricio Aguilar, por presuntamente haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.
La tranquilidad de la vereda Zarandas, en zona rural de Vélez, se vio interrumpida el pasado lunes, 27 de octubre, por un deslizamiento en masa que arrasó con varias viviendas y cultivos, dejando a su paso una huella de destrucción entre las familias campesinas.De acuerdo con las autoridades, varias fincas se hundieron completamente tras la activación de una falla geológica, lo que provocó el colapso del terreno y la pérdida total de casas y pertenencias. “Las familias afectadas lo han perdido todo”, confirmaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vélez, quienes lideraron las labores de rescate junto a la Defensa Civil Colombiana y la Secretaría de Planeación Municipal.Aunque no se reportaron víctimas fatales, la magnitud del desastre ha dejado a decenas de personas sin techo, sin enseres y sin sus medios de sustento, pues muchos de los cultivos que representaban su única fuente de ingresos quedaron bajo toneladas de lodo.Pedro Conde, de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que el evento estaría relacionado con un movimiento inusual del terreno. “El tema de Vélez es que se presentó la activación de una falla geológica. Prácticamente, unas fincas se hundieron y la gente tuvo que salir. Estamos haciendo la verificación y se solicitará el apoyo de geólogos para determinar qué fue lo que ocurrió”, dijo. La comunidad se encuentra ahora en albergues temporales, mientras las autoridades evalúan la estabilidad del terreno y los posibles riesgos de nuevos deslizamientos. Entre tanto, los organismos de socorro han hecho un llamado urgente a la solidaridad de los santandereanos para ayudar a las familias damnificadas.Se están recibiendo alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas, utensilios de cocina y artículos de primera necesidad, destinados a las personas que hoy enfrentan una de las peores tragedias naturales de los últimos meses en la región.“Cada aporte, por pequeño que parezca, hace una gran diferencia. Entre todos podemos ayudar a estas familias a levantarse nuevamente”, señalaron los bomberos, quienes permanecen en la zona acompañando a las víctimas y apoyando las labores de recuperación.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
La Electrificadora de Santander (Essa) descartó cualquier afectación estructural en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Lebrija, luego de que comunidades de la zona alertaran sobre una posible ruptura de la infraestructura.De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas los días 12 y 13 de febrero de 2026 provocaron una creciente súbita del río Lebrija, que ocasionó la afectación y posterior ruptura de una ataguía temporal construida para adelantar obras de reparación en la represa.Essa explicó que la ataguía es una estructura independiente que no hace parte de la obra civil principal de la represa y que no cumple funciones de almacenamiento ni regulación del embalse. Por esta razón, la empresa aseguró que la situación no compromete la estabilidad de la infraestructura ni representa riesgo para las comunidades aguas abajo.Tras una inspección técnica, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander también confirmó que no existe alarma ni peligro inminente en la represa, donde se genera energía para varios municipios del departamento.Como medida preventiva y en atención a los riesgos climáticos derivados de las lluvias y las crecientes del río, Essa radicó ante los entes competentes una declaratoria de contingencia ambiental relacionada con la represa de Bocas. Esta fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expuso la situación actual y se socializaron los planes de contingencia y acciones a ejecutar.La declaratoria se suma a la calamidad pública decretada por el municipio de Lebrija debido a las condiciones climáticas, así como a la alerta roja vigente emitida por el Ideam, en el marco de la actual temporada de lluvias.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y señalaron que mantienen el monitoreo constante del comportamiento del río y de la infraestructura energética.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.