El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
A pocas horas de confirmarse la muerte del menor de 16 años en Gachancipá, estudiante de primer semestre de la Universidad El Bosque, identificado como Cristian Sneyder Marín, continúan conociéndose nuevos detalles del caso.Según confirmó la madre del joven a Noticias Caracol, Cristian había obtenido una beca tras lograr el mejor puntaje Icfes de su colegio, lo que le permitió ingresar a estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad El Bosque.En medio del dolor, la madre aseguró que se trataría de una muerte en la que podrían estar involucradas más personas. Por su parte, la hermana del menor afirmó que su madre recibió mensajes en los que aseguraban tener a Cristian y solicitaban cerca de dos millones de pesos para devolverlo.La desaparición se registró en horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, luego de que el joven saliera de su vivienda con destino a la universidad para cumplir con su jornada habitual. Sin embargo, nunca volvió a responder los mensajes enviados por su familia.La madre relató cuál fue la última conversación que sostuvo con su hijo: “Mami, nos vemos”. A lo que ella respondió: “Bueno, que la Virgen te proteja”.Tras varias llamadas sin obtener respuesta, hacia las 6:00 de la tarde la madre acudió a la Policía para reportar la desaparición. Posteriormente, el equipo del Ojo de la Noche acompañó a la familia en la búsqueda.Una de las pistas clave fue el teléfono celular del menor, cuya ubicación permanecía activa, lo que permitió rastrear su último punto de localización. Familiares, amigos y su pareja se desplazaron hasta Gachancipá, donde figuraba el último registro del dispositivo, y allí encontraron el cuerpo sin vida del joven. “Encontraron a mi bebé, encontraron a mi bebé muerto”, expresó la madre entre lágrimas durante una llamada telefónica.Tras conocerse diversas hipótesis sobre lo ocurrido, el alcalde del municipio, Alfonso López, se pronunció y entregó nuevos detalles. “Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, indicó.Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer con exactitud qué ocurrió con el menor Cristian Sneyder Marín.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan de dos a cuatro meses de salario, razón por la que en las últimas horas los especialistas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución frente a sus pagos.Este cese de actividades comenzó de manera paulatina hace dos semanas, pero los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos viene ocurriendo hace dos años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos.Jeffry Howard, especialista de medicina interna del hospital, afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS, y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan, sobre todo esta última entidad, con el hospital."Digamos que el grueso de los pacientes que se atienden en el hospital, especialmente por la consulta externa, son pacientes de Nueva EPS y a estos tampoco se les ha venido entregando la medicación, eso está haciendo que muchos de los pacientes estén ingresando de emergencia por patologías no resueltas, porque no han podido utilizar sus medicamentos", informó el especialista."Entonces, al llegar estos pacientes, se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos y medicaciones, es decir, se va generando un problema en cadena del cual es difícil salir y si sumamos el tema de los honorarios nuestros, pues está aumentando muchísimo la dificultad para poder trabajar", añadió.Howard afirmó que, a raíz de esta situación, el hospital de San Andrés espera un adelanto del subsidio a la oferta, recursos provenientes del Estado con los que se podrían realizar algunos pagos a los trabajadores para que estos reanuden la atención en todas las áreas del centro asistencial.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
El aumento de las lluvias encendió las alarmas en buena parte del Magdalena. La Gobernación departamental confirmó que, con base en los reportes del IDEAM, se activó una alerta por posibles inundaciones y crecientes súbitas en Santa Marta y en los municipios de Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona Bananera, Chibolo y Ciénaga, con especial atención en los corregimientos costeros y ribereños de la Sierra Nevada.Desde la Defensa Civil en el Magdalena explicaron que los ríos Don Diego y Buritaca, así como la quebrada Valencia, presentan amenaza de desbordamiento, mientras que los ríos Guachaca y Mendihuaca registran crecientes que, por ahora, se mantienen dentro de parámetros normales. El director seccional, Roberto Bustillo, señaló que los voluntarios realizan monitoreo permanente de los cauces y que en sectores como Las Canoas ya se han registrado 36 viviendas afectadas por el aumento del caudal.La alerta se concentra en las zonas rurales y de ladera, donde las lluvias pueden provocar deslizamientos y aumentos repentinos del nivel de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso del Distrito, el llamado se dirige especialmente a las comunidades de Guachaca, Mendihuaca y Buritaca, que en los últimos meses han sufrido el impacto de las crecientes y del colapso de infraestructura vial clave para la conexión entre Santa Marta y La Guajira.Las autoridades departamentales pidieron a las comunidades mantenerse atentas a la evolución de las precipitaciones, evitar cruzar ríos o quebradas crecidos y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro de cada municipio. También insistieron en no difundir cadenas o mensajes no verificados que puedan generar pánico y en seguir únicamente la información oficial de la Gobernación, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
En un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional, fue capturada una mujer señalada por el delito de proxenetismo con menor de edad en el municipio de Cerrito.El procedimiento fue adelantado por La Sijin e Inteligencia Policial, en articulación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Seccional de Málaga.La captura se hizo efectiva en zona rural de Cerrito, en límites con el corregimiento de Presidente, Norte de Santander, donde fue ubicada la mujer, quien era requerida por autoridad judicial competente.De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 1 de mayo de 2020. Según el proceso adelantado por las autoridades, la hoy capturada, quien sería madre de la víctima, presuntamente habría ofrecido servicios sexuales de su hija, que para ese entonces tenía 13 años de edad. Las labores investigativas permitieron recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la expedición de la orden judicial.En desarrollo del mismo caso, el pasado 27 de enero de 2026 fue capturado en Cerrito un hombre señalado como presunto responsable de cometer acceso carnal violento en contra de la menor.Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario. El otro procesado también permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento intramural.
La creciente súbita de la quebrada La Llanera en Guadalupe, Santander, dejó a un conductor atrapado en plena vía El Zapatón, en medio de la corriente. Gelver Albarracín, se movilizaba en su vehículo cuando el aumento repentino del caudal, provocado por las intensas lluvias, le impidió cruzar y lo obligó a buscar refugio mientras pedía auxilio.Habitantes del sector alertaron a las autoridades y, junto con uniformados de la Policía Nacional, organizaron el rescate. Varias personas atravesaron la vía inundada para llegar hasta el punto donde el hombre permanecía resguardado. Minutos después lograron retornarlo por el mismo trayecto y ponerlo a salvo.El alcalde del municipio, Gustavo Franco Gómez, confirmó que Gelver se encuentra en buen estado de salud y destacó la articulación entre comunidad e institucionalidad para atender la emergencia.“Hoy hemos atendido con la Policía Nacional, con la ciudadanía, un llamado de una persona, que, por efectos de estas lluvias, la quebrada no le permitió cruzar y gracias a la comunidad y a toda la institucionalidad, ya él está con nosotros y en muy buenas condiciones”, señaló el alcalde Franco.Gelver quien además trabaja en una obra que adelanta la administración municipal en la zona relacionada con la construcción de unidades sanitarias, agradeció el apoyo recibido tras el susto. “Muchas gracias, me vi atrapado en la inundación y lo único que pude hacer fue buscar un lugar seguro”, expresó.Las lluvias de las últimas horas han incrementado el caudal de quebradas y ríos en el municipio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente a quienes transitan por vías rurales que puedan inundarse por su cercanía a ríos y quebradas; igualmente, evitar la movilización a altas horas de la noche o durante lluvias intensas por la vía Guadalupe – Tirano – Oiba, debido a las alertas de deslizamientos.
La muerte del intendente Fredy Francisco Leal Briceño durante el atraco a una joyería ubicada en el Centro Comercial Cabecera 4ª Etapa generó tristeza e indignación en toda la comunidad santandereana, pues es evidente el deterioro en temas de seguridad.Sin embargo, compañeros de Leal Briceño destacaron su actuación durante la balacera que se registró, pues entregó su vida para proteger a las familias que a esa hora estaban dentro del centro comercial.Varias versiones dan cuenta que el intendente Leal se puso como escudo para evitar que civiles resultaran heridos. Infortunadamente, los impactos que recibió le arrebataron la vida.Finalizando la tarde del pasado domingo, 30 de noviembre, centenares de personas se reunieron a las afueras del centro comercial durante la velatón que hizo para honrar la vida de Fredy Leal. En medio de flores y luces, los altos mandos de la Policía Nacional, acompañados de la comunidad que valoran el trabajo de los uniformados, destacaron el actuar de este héroe de la patria que murió en cumplimiento de su labor.El intendente Fredy Francisco Leal Briceño, era un investigador con más de 20 años de servicio y reconocido por su liderazgo en misiones de alto riesgo y trayectoria en unidades élite.El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, evitando que más personas resultaran heridas.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó: "Nos sumamos al acompañamiento de nuestra Policía Nacional, acompañamos a la familia del intendente, un héroe que pierde la vida en hechos valerosos. No vamos a descansar, ofrecemos esta recompensa de 100 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimientos de estos delincuentes nos brinden información y les caiga todo el peso de la justicia".Leal Briceño era un investigador experto de la Policía Nacional con más de 20 años de servicio, dedicados a la seguridad ciudadana, la investigación criminal y las operaciones especiales. Ingresó a la institución en 2002 y se destacó en unidades como la Dijín, el Goes y la Sijín de Bucaramanga, donde se desempeñaba como investigador judicial al momento de su muerte.A lo largo de su carrera acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, criminalística, manejo táctico, operaciones especiales, seguridad, derechos humanos y procedimientos penales, con formación en Colombia y en países como Estados Unidos, México y España.Entre sus estudios se destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care y entrenamientos con la Armada Nacional.Su trayectoria profesional incluyó misiones de alto riesgo en la lucha contra el crimen organizado, la integración de grupos élite, operaciones contra estructuras delincuenciales y la participación en labores de protección especializada. Era reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para coordinar equipos tácticos y judiciales.El subintendente recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de múltiples menciones por valentía y compromiso en operaciones especiales.La Policía destacó que Fredy Leal será recordado como un servidor íntegro, valiente y profundamente comprometido con la seguridad de los colombianos, cuya entrega en Cabecera permitió evitar una tragedia mayor.Hoy a las 4:00 de la tarde se cumplirá la inhumación en el Parque Memorial Jardines de La Colina. Allí se despedirá, con todos los honores, al intendente Leal Briceño, quien entregó su vida en cumplimiento del deber.
Un video conocido por Blu Radio permitió reconstruir los tensos minutos que se vivieron durante el violento asalto a una joyería ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado sábado 29 de noviembre.Las imágenes muestran el momento exacto en que una banda delincuencial, integrada por al menos una docena de personas, irrumpió en el local para ejecutar el hurto que terminó en un intenso cruce de disparos con la Policía.Aunque cinco de los presuntos integrantes fueron capturados en flagrancia y uno más murió durante el enfrentamiento, las autoridades creen que al menos otros seis lograron escapar. Por ello, se activó un plan de recompensas con el fin de lograr su ubicación y captura.La secuencia del asaltoEn el video de una de las cámaras de seguridad ubicada al interior de la joyería se muestra el momento exacto en que cuatro personas, tres hombres y una mujer, ingresan al local comercial donde hay tres empleadas.La mujer que hace parte de la banda se recuesta en uno de los estantes y, al parecer, envía un mensaje antes de guardar el celular. Los otros tres asaltantes van ingresando uno a uno; dos de ellos hablan por celular.En menos de 15 segundos uno de los atracadores saca un arma y le hace la señal de silencio a las empleadas de la joyería. Tres de los ladrones se meten y abren los estantes de donde empiezan a sacar las joyas. El cuarto hombre se queda en la puerta vigilando.Pasado un minuto la puerta del local se empieza a cerrar y los delincuentes corren para poder salir. Un hombre aparece por una puerta y, al parecer, dispara contra uno de los ladrones. Dos de los delincuentes no alcanzan a salir y antes de que termine el video se observa que se refugian detrás de los estantes.La Policía tenía información de que se iba a presentar un robo en BucaramangaLa alerta llegó a la Sijín a través de labores de inteligencia que advertían sobre un posible robo a una joyería en la ciudad. Un equipo de investigadores encubiertos fue desplegado en varios centros comerciales para verificar la amenaza, entre ellos el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un experimentado investigador con años en misiones de alto riesgo.Leal Briceño se dirigió al centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde, hacia las 2:06 de la tarde, los uniformados detectaron a varios sujetos armados dentro y fuera del establecimiento. El robo ya estaba en marcha. Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes abrieron fuego y uno de los disparos impactó al investigador Leal Briceño.Los policías encubiertos reaccionaron de inmediato. La balacera, que se prolongó durante varios minutos, sembró el pánico entre los ciudadanos que corrían a refugiarse mientras otros grababan la escena con sus celulares. En el intercambio de disparos, los uniformados hirieron a tres de los agresores y abatieron a uno de ellos.Identificados los capturados y el cabecilla muertoEn las últimas horas, la Policía confirmó la identidad de los cinco capturados y del asaltante fallecido.Los detenidos son:Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo, Magdalena, vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotaciones por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, de Venezuela, herido en el hombro izquierdo durante el tiroteo.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, con una lesión en el antebrazo izquierdo.Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, roles definidos, movimientos sincronizados y un vehículo situado fuera del centro comercial para facilitar la huida.Los capturados enfrentarán cargos por homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y hurto.Murió en servicioEl intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, con 22 años de servicio, murió mientras enfrentaba a los asaltantes, algunos de ellos buscaban infiltrarse con los habitantes del centro comercial, poniéndolos de escudo para huir.Compañeros destacaron que la acción del intendente permitió evitar una tragedia mayor dentro del centro comercial, donde decenas de familias buscaban refugio en medio del tiroteo.Era reconocido como un investigador meticuloso, disciplinado y experto en operaciones de alto riesgo. Trabajó en la Dijín y el Goes, y durante los últimos cinco años hizo parte de los grupos judiciales en Bucaramanga.Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal más amplia, con conexiones en la Costa Caribe y posibles enlaces en otras ciudades.
Un violento intento de hurto dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el oriente de Bucaramanga, terminó en un intenso tiroteo entre una banda delincuencial proveniente, al parecer, de Barranquilla, y unidades de la Policía Metropolitana. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.Al ser sorprendidos por los investigadores, los delincuentes abrieron fuego de manera directa, desatando un enfrentamiento que sembró el pánico entre decenas de familias que se refugiaron en baños y locales cerrados. Incluso, policías de civil que estaban comprando reaccionaron de inmediato y se sumaron al combate.El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los delincuentes ya tenían una bolsa con joyas y se disponían a huir cuando fueron interceptados.“Pretendían robar la joyería Caracas del centro comercial. Ya tenían una bolsa con joyas lista para sacarla cuando hombres de inteligencia reaccionan. En una acción valerosa, el subintendente de policía judicial Freddy Leal se enfrenta a los bandidos. Un delincuente fue neutralizado a la entrada de la joyería”, señaló el oficial.El subintendente Leal, quien recibió varios impactos de arma de fuego, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Bucaramanga. Los médicos intentaron reanimarlo por varios minutos, pero finalmente falleció en cumplimiento del deber.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Bucaramanga liderando un consejo de seguridad y confirmó que la banda está relacionada con Los Costeños y el Tren de Aragua.“Fueron capturadas cinco personas, dos mujeres y tres hombres, por ahora la información que tenemos es que se trata de delincuencia común organizada de Los Costeños que podría tener relación con el Tren de Aragua. Un ciudadano venezolano fue capturado”, indicó el ministro de Defensa.Frente a los responsables que aún estarían vinculados al caso, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a los demás integrantes de la organización criminal que llegó desde Barranquilla para ejecutar el robo.
El Gobierno Nacional anunció un paquete urgente de medidas de seguridad para Bucaramanga y el área metropolitana, tras el violento asalto a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde murió el intendente jefe de la Policía, Fredy Leal, en medio de un intercambio de disparos.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó un consejo de seguridad extraordinario y confirmó que al departamento llegarán 200 policías adicionales, de los cuales 80 serán destinados a Bucaramanga. Además, se pondrán en marcha patrullas mixtas entre Policía y Ejército, reforzadas con medios aéreos como helicópteros para vigilancia.“El mensaje es claro o se desmovilizan o van a recibir todo el peso de la fuerza pública”, afirmó el ministro, quien señaló que la ciudad no está sola y que estas acciones se coordinan con la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional.De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido ejecutado por la estructura criminal ‘Los Costeños’, al parecer aliada con el ‘Tren de Aragua’. Entre los capturados hay un ciudadano venezolano.“El crimen no distingue ciudades. Delincuentes de otras regiones llegaron aquí a robar. Pero la reacción inmediata de nuestra Policía permitió neutralizar la acción”, dijo Sánchez.En el operativo resultó abatido uno de los delincuentes y se frustró el hurto, pero también falleció el intendente jefe Fredy Leal, un uniformado con amplia trayectoria. El ministro destacó la valentía del policía, de quien aseguró: “Entregó la vida para que otros vivan”.Sánchez anunció que en los próximos días se instalarán vallas con los rostros de los criminales más buscados en Bucaramanga, como parte de una estrategia para presionar su captura.El ministro también reconoció los esfuerzos de la Alcaldía y la Gobernación en materia de vigilancia, cámaras y movilidad, e insistió en que diciembre exige mayores controles por el incremento de delitos asociados a la temporada de fin de año.“Cuando se paga la prima, el 15 de diciembre, aumentan los riesgos. Por eso la alerta está activada. Pedimos a la ciudadanía informar cualquier actividad sospechosa”, agregó.El Ministerio de Defensa reportó que este año se han realizado 21 operaciones contra estructuras criminales en Bucaramanga y su área, varias de ellas dedicadas al control del microtráfico.Además, anunció medidas adicionales para enfrentar el delito que se ordena desde las cárceles, especialmente la extorsión, en coordinación con el Ministerio de Justicia. “Bucaramanga no está sola, Santander no está solo. Toda la fuerza pública está disponible para brindar protección”, concluyó Sánchez.
Las autoridades ambientales de Barrancabermeja confirmaron la muerte de un manatí antillano en la ciénaga El Llanito, un nuevo golpe para esta especie en vía de extinción y cuyo estado de conservación preocupa cada vez más en el Magdalena Medio. Con este caso ya son 13 los decesos registrados en los últimos cinco años.Según el secretario de Ambiente, Leonardo Granados, las posibles causas de la muerte del animal incluyen la contaminación, la sedimentación y la pérdida del espejo de agua en la ciénaga, factores que se han venido agravando por presiones humanas y la falta de conectividad hídrica entre los cuerpos de agua.Un equipo de biólogos y veterinarios llegó hasta el sector para inspeccionar lo ocurrido, en compañía de pescadores, líderes comunitarios y la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio (RVMM). El ejemplar, un macho joven, fue hallado en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, que hace parte del complejo cenagoso.Un equipo técnico de la CAS, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, el Cabildo Verde de Sabana de Torres y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental adelantó la necropsia del ejemplar para establecer con precisión los motivos del deceso.La Alcaldía anunció que el próximo 5 de diciembre se evaluará la activación del Plan de Conservación del Manatí Antillano, en una reunión en la que se espera la presencia de la Procuraduría Agraria y Ambiental, empresas del sector petrolero y la autoridad ambiental regional. El objetivo es adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes y proteger la especie.La RVMM recordó que el manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) está en grave peligro de extinción en Colombia, por lo que reiteró varias recomendaciones a las comunidades que habitan los humedales.Navegar a baja velocidad para no golpear o asustar a los manatíes, mantener una distancia mínima de 10 metros al observarlos, no tocarlos ni interferir con su comportamiento, no bloquear canales de conexión entre ciénagas, caños y ríos.Las autoridades insistieron en que la conservación del manatí es clave para la salud ecológica de los humedales del Magdalena Medio, donde esta especie cumple un papel esencial como “vaca marina” reguladora de los ecosistemas acuáticos.Cualquier emergencia o avistamiento puede ser reportado a la línea de la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio: 322 983 8738.
Las autoridades de Bucaramanga entregaron nuevos detalles sobre la estructura criminal que ejecutó el violento intento de robo a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, hecho que desató una balacera el pasado 29 de noviembre y que cobró la vida del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín.Aunque cinco de los presuntos implicados fueron capturados y uno más murió en el lugar, la investigación apunta a que al menos otros seis miembros de la banda lograron escapar, por lo que fue activado un plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos para ubicarlos.Identidades de banda que causó tiroteo en medio de intento de roboEn las últimas horas la Policía Metropolitana confirmó las identidades de los seis integrantes neutralizados durante el operativo.Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, roles definidos, movimientos sincronizados y un vehículo situado fuera del centro comercial para facilitar la huida.El objetivo era una joyería ubicada en el cuarto piso, a la que ingresaron dos mujeres y tres hombres armados. La reacción de la Policía, que tenía unidades de civil dentro del edificio, impidió que consumaran el hurto.El operativo dejó también una pérdida: el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, con 22 años de servicio, murió mientras enfrentaba a los asaltantes, algunos de ellos buscaban infiltrarse con los habitantes del centro comercial, poniéndolos de escudo para huir.Compañeros y mandos destacaron que su acción permitió evitar una tragedia mayor dentro del centro comercial, donde decenas de familias buscaban refugio en medio del tiroteo.Era reconocido como un investigador meticuloso, disciplinado y experto en operaciones de alto riesgo. Trabajó en la Dijín y el Goes, y durante los últimos cinco años hizo parte de los grupos judiciales en Bucaramanga.Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal más amplia, con conexiones en la Costa Caribe y posibles enlaces en otras ciudades.