La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
El Grupo Volkswagen estudia aplicar nuevos recortes de costes que podrían alcanzar un 20 % adicional, según informó la revista alemana Manager Magazin, en medio de una de las mayores crisis que ha atravesado la compañía en los últimos años.A finales de 2024, el grupo pactó con los sindicatos el despido de hasta 35.000 trabajadores hasta 2030 y acordó valorar el posible cierre de alguna de sus fábricas en Alemania.¿Por qué Volkswagen quiere recortar un 20 % más sus gastos?Según la revista económica, la marca estaría buscando un recorte adicional del 20 %, que se sumaría a los ahorros ya implementados.Volkswagen alcanzó recientemente un acuerdo con Amazon para ahorrar hasta 1.000 millones de euros en sus fábricas en los próximos años. Sin embargo, ese ajuste no sería suficiente.Además, la compañía puso en marcha hace tres años un programa de reducción de costes que, según declaró un portavoz citado por Reuters, ha permitido recortar “decenas de miles de millones de euros”.De acuerdo con ese portavoz, estos ajustes ayudaron al grupo a superar “contratiempos geopolíticos” como los aranceles a los coches producidos fuera de Estados Unidos impuestos por la administración de Donald Trump, así como la creciente competencia en el mercado chino.¿Qué fábricas podría cerrar Volkswagen?La revista alemana señala que, a mediados de enero, el consejero delegado Oliver Blume y el director financiero Arno Antlitz presentaron a los directivos del grupo un plan a medio plazo durante una reunión privada.Ese plan incluiría “grandes” ahorros que podrían alcanzar un 20 % adicional y contemplar el cierre de alguna de sus fábricas, una posibilidad que ya se había planteado a finales de 2024.No obstante, la publicación no detalla en qué plantas podrían producirse esos recortes.¿Volkswagen mantendrá su apuesta por los carros eléctricos?Pese al ajuste de costes, el grupo no renuncia a su estrategia de electrificación. Según declaraciones recogidas por Reuters, un portavoz de la compañía afirmó:“Independientemente de los acontecimientos políticos o regulatorios, el Grupo Volkswagen sigue comprometido con su plan de transformación a largo plazo [hacia los eléctricos]”.El portavoz también señaló que, como empresa global, el grupo tiene en cuenta las condiciones específicas de cada mercado en su planificación estratégica y cumple con los requisitos regulatorios en todos los países.Mientras tanto, Volkswagen continúa centrado en sus próximos lanzamientos de eléctricos pequeños, como el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Polo, que se fabricarán en España.
Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas, informaron las fuerzas armadas estadounidenses este martes.Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informó el Comando Sur en la red X.Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces han muerto al menos 140 personas en cerca de 40 ataques. La administración del presidente Donald Trump insiste que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.El anuncio en la red X incluye vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad.En los vídeos se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques. El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.El gobierno recuerda las operaciones durante décadas contra supuestos yihadistas en países como Yemen, Somalia o Siria, en los que los objetivos eran atacados sin que tampoco representaran una amenaza inminente.Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán.
El reverendo bautista, fallecido este martes a los 84 años, fue el afroamericano más influyente de Estados Unidos en el último tercio del siglo XX y su impacto trascendió las fronteras del país, sobre todo con su lucha contra el apartheid en Sudáfrica y por los derechos de los palestinos.Sus dos campañas presidenciales fallidas, en las primarias demócratas de 1984 y 1988, le convirtieron en el primer aspirante negro con opciones de imponerse en unas elecciones nacionales en Estados Unidos, un legado que quedó reflejado en sus lágrimas de emoción por la victoria de Obama en 2008.Pero también fue una figura polémica, marcada por un ego y una ambición desbordantes que despertaron suspicacias entre otros activistas por los derechos civiles, especialmente los seguidores de Martin Luther King, al que consideraba su mentor desde que le conoció en 1965 durante la marcha de Selma (Alabama)."Jesse quería ser Martin", dijo Ralph David Abernathy, el colaborador más cercano de King, al diario The New York Times.Una foto de abril de 1968 le muestra sonriente, junto a King, en el mismo balcón del motel de Memphis en el que la leyenda del movimiento de los derechos civiles fue asesinado al día siguiente: Jackson presenció el fatal momento y, en los días posteriores, trató de liderar el duelo nacional.Otros miembros del círculo más íntimo de King le reprocharían durante años su afán de protagonismo en ese momento: aseguró que había sido el último en hablar con él, algo cuestionado por otros colaboradores, y dio una entrevista con un jersey que -dijo- estaba manchado con la sangre del líder asesinado.De Jackson a ObamaLas tensiones se resolvieron con la expulsión de Jackson de la organización de King, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), en 1971: ese mismo año, el reverendo fundó Operation PUSH, una coalición multirracial que más tarde se llamaría Rainbow PUSH y que buscaba expandir las oportunidades para las minorías y los pobres.Ese concepto de lucha contra el racismo y por la justicia social transformó profundamente el Partido Demócrata e inspiró más tarde a Black Lives Matter ('Las vidas negras importan').Con sus campañas de 1984 y 1988, Jackson aceleró la participación en las primarias demócratas de los votantes negros, que hoy son la base más fiel del partido, y logró cambios en el sistema de votación que décadas después permitirían a Obama imponerse a la poderosa Hillary Clinton."Fui un pionero, un explorador", dijo Jackson en una entrevista en 2020 con el diario británico The Guardian. Por eso mismo -aseguraba- no le dolía no ser él quien llegó a la Casa Blanca, porque tres décadas después, demostró que sí se podía.En los últimos años de su vida, sin embargo, el superviviente del movimiento de derechos civiles más valorado en el país no fue él, sino el congresista John Lewis, fallecido en 2020.Una vida controvertidaDos polémicas le restaron brillo: en 1984, fue acusado de antisemitismo por usar un término peyorativo para referirse a los judíos, por lo que se disculpó; y en 2001, salió a la luz que había tenido una hija en una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, lo que le obligó a rebajar su perfil.En 1979 visitó Sudáfrica para presionar contra el apartheid y viajó a los territorios palestinos, donde se fotografió abrazando a Yasser Arafat. Años más tarde negoció la liberación de ciudadanos estadounidenses presos en países como Serbia o Irak, en una faceta internacional que siempre disfrutó.Nacido en la segregada Greenville (Carolina del Sur) el 8 de octubre de 1941, Jackson tuvo una infancia difícil, marcada por el rechazo tanto de su padre como de su padrastro, y una juventud marcada por los albores del movimiento de los derechos civiles, que le permitió conocer a King con solo 23 años.Uno de los cinco hijos que tuvo con su esposa Jacqueline Brown, Jesse Jr., le llenó de orgullo cuando se convirtió en congresista demócrata, pero también le avergonzó en 2012, cuando fue condenado a prisión por desviar dinero de su campaña a gastos personales.Y aunque no llegó a pronunciar un discurso tan histórico como el "I have a dream" de King, la historia política de EE.UU. no se entiende sin el mensaje de 'Keep Hope Alive' ('Mantened viva la esperanza') que entonó Jackson en la convención de 1988, y que sigue inspirando a los demócratas en tiempos de Donald Trump.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo siete años diagnosticado con hemofilia A severa, ha generado una fuerte conmoción en el país, así como cuestionamientos sobre el acceso a medicamentos para enfermedades raras en Colombia.Su madre, Katherine Pico, denunció que la falta de entrega oportuna del tratamiento por parte de la EPS y las demoras en la atención médica fueron determinantes para que el menor perdiera la vida.La madre señaló que Kevin llevaba semanas sin recibir el medicamento para controlar la enfermedad, lo que provocó la aparición de hematomas ante cualquier golpe. La situación se agravó tras sufrir una caída de su bicicleta, por lo que el niño fue llevado al hospital, pero, según la denuncia, permaneció más de 24 horas sin recibir el tratamiento adecuado.Ante esto, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras alertó sobre el caso y señaló que en este tipo de patologías es necesario brindar atención inmediata, así como el suministro oportuno del medicamento. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué es la hemofilia y cómo identificarla?¿Qué es la hemofilia?La hemofilia es un trastorno hemorrágico complejo que afecta la capacidad del cuerpo para formar coágulos. De acuerdo con información compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta enfermedad se caracteriza porque quienes la padecen "carecen de un factor de coagulación o lo tienen en baja cantidad", siendo estas proteínas esenciales para que la sangre coagule de manera normal.Según la académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Norma Candelaria López, la enfermedad se origina básicamente por un defecto en la producción de proteínas específicas. La especialista señala que el déficit del "Factor 8 es el más frecuente; o el Factor 9, que solo lo presenta el 20 % de los pacientes".Sin embargo, la UNAM revela un dato relevante: si bien la enfermedad es conocida por deberse a un componente genético que se hereda, "aproximadamente el 15 % puede adquirirla de forma espontánea... como una mutación de novo".Las personas que la padecen pueden presentar sangrado excesivo interno o externo luego de una herida o lesión. Las hemorragias se producen principalmente en articulaciones y músculos, manifestándose de la siguiente manera:Hematomas grandes o profundosInflamación y dolor en articulacionesSangrados inexplicablesSangre en la orina o en las heces¿Cómo se detecta la hemofilia?La detección de la hemofilia varía según la gravedad del trastorno, que puede clasificarse como leve, moderado o severo. La observación clínica de los síntomas es fundamental para el diagnóstico temprano. En los casos más críticos, las señales de alerta pueden surgir casi desde el nacimiento. La UNAM indica que en la variante severa "los niños comienzan a presentar hemorragias a temprana edad, en ocasiones desde que se desprende el muñón del cordón umbilical".Además del diagnóstico clínico por hemorragias inusuales, el origen genético cumple un papel clave en la detección preventiva. La enfermedad "se presenta debido a un defecto en uno de los cromosomas 'X' de las mujeres". Por ello, aunque generalmente no manifiestan síntomas, son identificadas como portadoras que pueden "transmitirla a sus hijos varones", lo que permite realizar estudios dirigidos en familias con antecedentes conocidos para garantizar un tratamiento oportuno.Debido a esto, el médico debe realizar el siguiente procedimiento para confirmar la enfermedad:Evaluación médica: el especialista analiza la historia familiar del paciente, los signos clínicos que presenta y ordena pruebas sanguíneas específicas.Pruebas de coagulación: se utilizan para determinar si el proceso de coagulación de la sangre ocurre de manera adecuada.Detección en el embarazo y recién nacidos: si existen antecedentes familiares, se recomienda realizar un test genético y un análisis de sangre fetal durante el embarazo o aplicar esta prueba a la sangre del cordón umbilical al nacer.Casos graves: de acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos severos suelen diagnosticarse durante el primer año de vida.Detección accidental: algunas personas descubren que padecen la enfermedad ante un sangrado excesivo durante una cirugía.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
Las autoridades ambientales de Barrancabermeja confirmaron la muerte de un manatí antillano en la ciénaga El Llanito, un nuevo golpe para esta especie en vía de extinción y cuyo estado de conservación preocupa cada vez más en el Magdalena Medio. Con este caso ya son 13 los decesos registrados en los últimos cinco años.Según el secretario de Ambiente, Leonardo Granados, las posibles causas de la muerte del animal incluyen la contaminación, la sedimentación y la pérdida del espejo de agua en la ciénaga, factores que se han venido agravando por presiones humanas y la falta de conectividad hídrica entre los cuerpos de agua.Un equipo de biólogos y veterinarios llegó hasta el sector para inspeccionar lo ocurrido, en compañía de pescadores, líderes comunitarios y la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio (RVMM). El ejemplar, un macho joven, fue hallado en avanzado estado de descomposición en el caño El Deseo, que hace parte del complejo cenagoso.Un equipo técnico de la CAS, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito, el Cabildo Verde de Sabana de Torres y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental adelantó la necropsia del ejemplar para establecer con precisión los motivos del deceso.La Alcaldía anunció que el próximo 5 de diciembre se evaluará la activación del Plan de Conservación del Manatí Antillano, en una reunión en la que se espera la presencia de la Procuraduría Agraria y Ambiental, empresas del sector petrolero y la autoridad ambiental regional. El objetivo es adoptar medidas inmediatas para evitar nuevas muertes y proteger la especie.La RVMM recordó que el manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) está en grave peligro de extinción en Colombia, por lo que reiteró varias recomendaciones a las comunidades que habitan los humedales.Navegar a baja velocidad para no golpear o asustar a los manatíes, mantener una distancia mínima de 10 metros al observarlos, no tocarlos ni interferir con su comportamiento, no bloquear canales de conexión entre ciénagas, caños y ríos.Las autoridades insistieron en que la conservación del manatí es clave para la salud ecológica de los humedales del Magdalena Medio, donde esta especie cumple un papel esencial como “vaca marina” reguladora de los ecosistemas acuáticos.Cualquier emergencia o avistamiento puede ser reportado a la línea de la Red de Varamientos de Manatíes del Magdalena Medio: 322 983 8738.
Las autoridades de Bucaramanga entregaron nuevos detalles sobre la estructura criminal que ejecutó el violento intento de robo a una joyería en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, hecho que desató una balacera el pasado 29 de noviembre y que cobró la vida del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín.Aunque cinco de los presuntos implicados fueron capturados y uno más murió en el lugar, la investigación apunta a que al menos otros seis miembros de la banda lograron escapar, por lo que fue activado un plan de recompensas de hasta 100 millones de pesos para ubicarlos.Identidades de banda que causó tiroteo en medio de intento de roboEn las últimas horas la Policía Metropolitana confirmó las identidades de los seis integrantes neutralizados durante el operativo.Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, roles definidos, movimientos sincronizados y un vehículo situado fuera del centro comercial para facilitar la huida.El objetivo era una joyería ubicada en el cuarto piso, a la que ingresaron dos mujeres y tres hombres armados. La reacción de la Policía, que tenía unidades de civil dentro del edificio, impidió que consumaran el hurto.El operativo dejó también una pérdida: el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, con 22 años de servicio, murió mientras enfrentaba a los asaltantes, algunos de ellos buscaban infiltrarse con los habitantes del centro comercial, poniéndolos de escudo para huir.Compañeros y mandos destacaron que su acción permitió evitar una tragedia mayor dentro del centro comercial, donde decenas de familias buscaban refugio en medio del tiroteo.Era reconocido como un investigador meticuloso, disciplinado y experto en operaciones de alto riesgo. Trabajó en la Dijín y el Goes, y durante los últimos cinco años hizo parte de los grupos judiciales en Bucaramanga.Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal más amplia, con conexiones en la Costa Caribe y posibles enlaces en otras ciudades.
Las cancelaciones masivas de vuelos de Avianca ya comienzan a afectar de manera directa al sector turístico en Santander. Según Cotelco, cerca del 20% de las reservas hoteleras en Bucaramanga fueron canceladas en menos de 48 horas, justo en vísperas del Día de las Velitas, una de las fechas que más visitantes atrae a la región.La presidenta de la junta directiva de Cotelco Santander, Jhovana Lozano, confirmó que la situación está generando un golpe económico significativo para el gremio.“Necesitamos ser más flexibles porque no podemos multar a los huéspedes por cancelar, pero ya tenemos pérdidas. Muchos venían a celebrar el Día de Velitas, es el primer puente festivo de diciembre”, señaló la dirigente gremial.Entre este jueves y viernes, cerca de 20 vuelos que llegaban o salían del aeropuerto internacional Palonegro fueron cancelados, dejando a decenas de pasajeros varados y obligando a hoteles y operadores turísticos a reacomodar reservas a contrarreloj.Cotelco hizo un llamado urgente a Avianca y a las demás aerolíneas para ofrecer soluciones oportunas a los viajeros afectados y evitar penalizaciones por cancelaciones, pues la crisis no depende de los turistas.Lozano advirtió que este nuevo golpe ocurre justo cuando el sector hotelero aún no se recupera de las pérdidas provocadas por el deterioro de las vías de acceso al departamento, que en los últimos meses ha reducido notablemente el flujo de visitantes por carretera, y no hay solución para los arreglos de manera oportuna por parte del Gobierno Nacional, puesto que Santander quedó excluido del compes.“Es una situación muy delicada para un gremio que ya viene golpeado. Las afectaciones en las vías y ahora las cancelaciones aéreas nos dejan en un escenario muy complejo para cerrar el año”, dijo.Cotelco espera que la actualización ordenada por Airbus se acelere y que las operaciones aéreas vuelvan a la normalidad pues el movimiento de turistas es clave para la economía local.
Tras el violento intento de hurto registrado este viernes en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, gremios y comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no ceder ante el miedo que buscan generar las estructuras criminales, justo al inicio de la temporada decembrina.Alejandro Almeida, director de Fenalco Santander, aseguró que el comercio está preparado para recibir a visitantes y turistas en uno de los fines de semana más importantes del año, marcado por promociones, Black Friday y el inicio de la época navideña.“A los bumangueses y a quienes visitan la ciudad les pedimos no dejarse amedrentar por delincuentes que pretenden generar pánico. Nuestros comerciantes y centros comerciales están listos y fortalecidos en materia de seguridad. El hecho fue lamentable, pero la reacción inmediata de la Policía evitó una tragedia mayor”, señaló.A través de un comunicado, la administración del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia del intendente Freddy Leal Briceño, quien murió en cumplimiento del deber al enfrentar a los delincuentes.El centro comercial confirmó que el intento de asalto fue frustrado gracias a la acción rápida y coordinada de la Policía Nacional y su propio equipo de seguridad, lo que permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda y la muerte de uno de ellos durante el intercambio de disparos.“Desde el primer momento hemos colaborado en todos los requerimientos de las autoridades. Estamos trabajando para reforzar nuestros protocolos y medidas de prevención en todos los frentes, con el fin de corresponder a la confianza de visitantes y locatarios y mantenernos como un espacio seguro para todos”, indicó la administración.Asimismo, destacaron el profesionalismo del personal de seguridad, servicios generales y mantenimiento, quienes acompañaron y orientaron a las personas que se encontraban en el lugar durante los minutos de tensión.Fenalco reiteró que la temporada decembrina iniciará con normalidad y que los establecimientos comerciales cuentan con apoyo institucional, refuerzo de seguridad privada y acompañamiento de las autoridades para garantizar la tranquilidad de compradores y trabajadores.“Entre todos podemos seguir defendiendo el comercio y la vida en comunidad”, concluyó la administración del centro comercial.
Tras el frustrado y violento intento de robo en un centro comercial de Bucaramanga, las autoridades municipales activaron un plan de choque que implica el regreso inmediato de todos los policías que se encontraban en permisos y vacaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad.El alcalde encargado, Javier Sarmiento, confirmó que la instrucción ya fue impartida a la Policía Metropolitana, que deberá integrar a estos uniformados al dispositivo de vigilancia durante los próximos días. La medida busca incrementar la presencia policial en las calles luego de que un grupo de delincuentes intentara cometer un asalto que dejó temor entre comerciantes y visitantes del establecimiento.“Bucaramanga no es territorio para criminales. Quienes pretendan venir a delinquir se encontrarán con toda nuestra fuerza pública desplegada”, aseguró Sarmiento, quien acompañó los operativos nocturnos junto a las autoridades.La administración municipal dispuso vigilancia permanente en sectores de alta afluencia como centros comerciales, iglesias, barrios con mayor flujo de visitantes y Zonas turísticas y comercialesLa Policía también fortaleció los puntos de control y registro, mientras que patrullas motorizadas circulan continuamente por corredores barriales donde se denuncian actividades delictivas.Como parte de la estrategia de seguridad, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía Militar realizan patrullajes mixtos en sectores estratégicos de Bucaramanga, especialmente durante horas de la noche.Estos equipos apoyan labores de control, identificación de personas y verificación de antecedentes, con el fin de desarticular posibles estructuras criminales que intenten operar en la ciudad.El intento de robo en el centro comercial, ocurrido esta semana, encendió las alarmas de las autoridades locales. Aunque la rápida reacción evitó que los delincuentes lograran su objetivo, el hecho generó preocupación entre comerciantes y ciudadanos, lo que motivó la activación de las medidas extraordinarias.La Policía Metropolitana adelanta la recolección de testimonios, videos de seguridad y demás evidencias para ubicar y capturar a los responsables del intento de hurto. No se descarta que los implicados pertenezcan a estructuras delincuenciales que han intentado ingresar a la ciudad desde otros departamentos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de dos agentes adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Los implicados son el teniente José Luis Toloza Rangel y el patrullero Jonathan Felipe Peña Álvarez, sancionados por 18 y 15 años, respectivamente.De acuerdo con la entidad, ambos uniformados recibieron esta sanción tras agredir a un ciudadano en hechos ocurridos en mayo de 2017, cuando la víctima se negó a acompañarlos a otra estación de policía. Esto desencadenó la respuesta de los agentes, quienes le propinaron golpes en varias partes del cuerpo.En un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que la conducta de los uniformados representó una violación gravísima de los derechos humanos.El Ministerio Público reprochó a los agentes José Luis Toloza y Jonathan Felipe Peña haber ignorado su deber de actuar con probidad y respeto frente a una persona que se encontraba bajo su custodia, por lo que la falta fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo.