La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de febrero de 2026:Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de la reunión de concertación del salario mínimo con empresarios y sindicatosAlexis Mina, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió de las manifestaciones de ayer en Bogotá.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles de las manifestaciones de ayer en la capital.El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se refirió sobre el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió esperando un medicamento.Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, habló del caso de su hijo de siete años, quien murió esperando un medicamento.Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de Perú, dio detalles de las acusaciones contra el presidente interino José Jerí de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo.Trino Hoyos, concejal de Montería, habló de las protestas de damnificados contra el Concejo.José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió de por qué se disparó el precio de la carne y la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación.Escuche el programa completo aquí:
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
El padre de Cristian Martín, el joven de 16 años y estudiante becado de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en una zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), aseguró que el hecho no estaría relacionado con actividades extorsivas ni delictivas. Sin embargo, manifestó que aún es incierto cómo y por qué el menor llegó hasta ese lugar, ya que, según la familia, nunca habían visitado esa zona montañosa.De acuerdo con su testimonio, les resulta ilógico que Cristian conociera el sector donde fue encontrado. Por ello, pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, pues el padre considera que podrían existir manos criminales involucradas.“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín, padre de Cristian.Entre tanto, en el informe más reciente, la Policía confirmó que el cuerpo fue hallado en la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, un sector que, según el alcalde Alfonso López, es de muy difícil acceso.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y la familia ya inició los trámites correspondientes para el proceso investigativo. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, solicitó a la Fiscalía, a la Policía de la Sabana y a la Sijín adelantar una investigación prioritaria que permita esclarecer los hechos.“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía Sabana y a la Sijin, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín”, escribió el gobernador
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18 mil millones de pesos, en la alcaldía de Daniel Quintero.Aunque aún no se conoce la fecha de inicio de juicio, se ha podido confirmar que el pasado 5 de febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación, en donde en cada una de sus páginas, explicó las razones para iniciar formalmente una nueva etapa en el escándalo por presunto direccionamiento de recursos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.En esta ocasión ya el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, tiene en su poder el documento, que involucra a la exfuncionaria del Área Metropolitana, María Yaneth Rúa y el excomandante del cuerpo de bomberos del sur del Valle de Aburrá, Misael Cadavid y el tesorero Elkin de Jesús González, dos de estos en la cárcel.Aunque en este proceso de malversación en seis contratos directos por unos 18 mil millones de pesos, entre ambas entidades entre 2020 y 2023, en los que se acusa a los tres imputados de obtener beneficios cercanos a 2.500 millones de pesos.Hay que recordar que en libertad enfrentará el proceso judicial Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero y otras dos exdirectivas de la entidad en este mismo caso de presunta corrupción.Frente a los procesados hay que mencionar que la juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí.“La judicatura considera que es una medida de aseguramiento intramural. ¿Por qué? Porque es la única que tiene esa eficacia de sacar a la señora María Yaneth de la comunidad y evitar que siga, al parecer, interesándose indebidamente en la celebración de contratos. Hay que sacarla del Área Metropolitana de Medellín para prevenir esa continuación delictiva. Desde el domicilio, una medida no privativa de la libertad, se puede destruir la justicia; ellos podrían comunicarse, es innegable que tienen injerencia en las personas”, detalló la jueza.Durante la diligencia, el juzgado determinó que Elkin de Jesús González afrontará el proceso en libertad, al no demostrarse por parte de la Fiscalía que represente un peligro para la sociedad o que pueda interferir en el curso de la investigación. Esto, teniendo en cuenta que hace varios días presentó su renuncia al cuerpo bomberil, al igual que lo hizo Cadavid. A su vez, la jueza argumentó que González solo tiene una imputación por el delito de peculado.Fiscalía reveló que bomberos de Itagüí intentaron maquillar irregularidades en contratos con el AMVA: “Se insiste en que al señor Elkin de Jesús González no hay lugar a imponerle medida de aseguramiento, porque, a juicio de esta judicatura, la Fiscalía no presentó un solo elemento que permita afirmar que va a obstruir la justicia. Y en cuanto al peligro para la comunidad o la continuidad delictiva, él ya renunció al cuerpo de bomberos, por lo que no podemos decir que continuará delinquiendo”, indicó.La decisión fue apelada por los defensores Emmanuel Goldstein, apoderado de Rúa; Santiago Tobón, apoderado de Cadavid; y Majer Abushijab, apoderado de las víctimas (del Área Metropolitana). Finalmente, la jueza manifestó —sin ahondar en qué enfermedades padecen Rúa y Cadavid, por tratarse de una audiencia pública— que dichas condiciones no son incompatibles con una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues ambos toman medicamentos y esto fue demostrado mediante la entrega de sus historias clínicas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.
La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Luis Fernando Ravelo Moreno, conocido con el alias de 'Pincho', señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de la líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis, hecho que generó una ola de indignación en el municipio de Barrancabermeja tras el brutal ataque armado del pasado 13 de enero, ocurrido en horas de la noche.Sobre las 8:20 de la noche ocurrieron los hechos, cuando varios sicarios irrumpieron en un establecimiento comercial y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra dos personas que se encontraban en el lugar, provocando, en cuestión de minutos, su muerte.La líder LGBTIQ+ Diana Milena Ruiz Galvis decidió abandonar el sitio junto a un acompañante para evitar conflictos en el violento escenario. Sin embargo, minutos después, hombres armados en motocicleta los interceptaron y dispararon repetidamente, asesinando a Diana Milena y dejando gravemente herido a su acompañante.Según la investigación, alias ‘Pincho’, quien permanece privado de la libertad en un centro carcelario, habría impartido la orden del ataque armado que inició dentro de un establecimiento comercial y terminó en una persecución en motocicleta. Durante el hecho, varios sicarios abrieron fuego contra las víctimas, causando la muerte de Ruiz Galvis y dejando gravemente herido a su acompañante.“Luis Fernando Ravelo, alias 'Pincho', imparte indicaciones de los medios logísticos que deben utilizar, como lo son armas de fuego, motocicletas, a efectos de llevar a cabo la ejecución de dichos homicidios. Los ciudadanos proceden a cerciorarse de la ubicación de las víctimas, quienes se encontraban consumiendo bebidas embriagantes, para seguidamente ubicar las armas de fuego, motocicletas y demás que serían empleadas en la ejecución de los hechos”, anunció el fiscal del caso en medio de la audiencia.La Fiscalía indicó que ‘Pincho’ sería uno de los cabecillas de la estructura criminal Los de la M, también llamados ‘Los Marihuaneros’, organización a la que se le atribuyen múltiples sicariatos y actividades de control territorial mediante violencia.Ahora, el acusado tendrá que responder por los cargos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas conductas agravadas. Pese a las pruebas presentadas, Luis Fernando Ravelo no aceptó los cargos.
Tras violento asalto en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el que fue asesinado el Intendente Jefe Freddy Leal Briceño, integrante de la Sijín. El alcalde encargado, Javier Sarmiento, anunció una recompensa de $100 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables que aún están prófugos.“En conjunto con la Gobernación ofrecemos $100 millones por estos bandidos homicidas. La seguridad de los bumangueses es nuestra prioridad y expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de este héroe de la patria”, aseguró el mandatario encargado al confirmar que ya se tienen pistas importantes sobre el paradero de los delincuentes.El intento de hurto ocurrió hacia las 2:00 p.m. del sábado, cuando dos mujeres y tres hombres ingresaron armados al cuarto piso del centro comercial para asaltar una joyería. La situación parecia sacada de Película o un episodio de la Casa de Papapel, que generó caos entre visitantes, familias, adultos mayores, trabajadores y niños que a la hora se encontraban en el centro comercial, quienes corrieron para protegerse tras escuchar las detonaciones, en baños, mesas y locales que cerraron las rejas tratando de protegerse.Varios testigos aseguraron que la banda era mucho más grande, pues afuera del centro comercial había un vehículo listo para escapar con el botín. Lo que no anticiparon los delincuentes fue la rápida reacción de las autoridades ni la presencia de policías de civil dentro del establecimiento, quienes frustraron el plan.En medio del ataque, el Intendente Jefe Freddy Leal Briceño, miembro de la Sijín, reaccionó de inmediato para enfrentar a los criminales. Su intervención evitó que el tiroteo se extendiera y que más personas resultaran heridas. Sin embargo, el uniformado recibió impactos mortales durante el intercambio de disparos.Freddy Leal era reconocido por su trayectoria en la institución y por su compromiso con las operaciones de investigación criminal.Las autoridades mantienen operativos en Bucaramanga y su área metropolitana para ubicar a los demás participantes del crimen.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la muerte del Intendente Fredy Francisco Leal Briceño, quien falleció tras resultar herido en un cruce de disparos con delincuentes que intentaron robar una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa.El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, evitando que más personas resultaran heridas.El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó: "Nos sumamos al acompañamiento de nuestra Policía Nacional, acompañamos a la familia del intendente, un héroe que pierde la vida en hechos valerosos. No vamos a descansar, ofrecemos esta recompensa de 100 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimientos de estas personas que vinieron de otros territorios a incrementar el delito en el departamento, pues todo el peso de la justicia".Testigos señalaron que dos mujeres y tres hombres ingresaron armados al cuarto piso del centro comercial con la intención de hurtar una joyería, desencadenando el violento enfrentamiento.Leal Briceño era un investigador experto de la Policía Nacional con más de 20 años de servicio, dedicados a la seguridad ciudadana, la investigación criminal y las operaciones especiales. Ingresó a la institución en 2002 y se destacó en unidades como la Dijín, el Goes y la Sijín de Bucaramanga, donde se desempeñaba como investigador judicial al momento de su muerte.A lo largo de su carrera acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, criminalística, manejo táctico, operaciones especiales, seguridad, derechos humanos y procedimientos penales, con formación en Colombia y en países como Estados Unidos, México y España.Entre sus estudios se destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care y entrenamientos con la Armada Nacional.Su trayectoria profesional incluyó misiones de alto riesgo en la lucha contra el crimen organizado, la integración de grupos élite, operaciones contra estructuras delincuenciales y la participación en labores de protección especializada. Era reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para coordinar equipos tácticos y judiciales.El subintendente recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de múltiples menciones por valentía y compromiso en operaciones especiales.La Policía destacó que Fredy Leal será recordado como un servidor íntegro, valiente y profundamente comprometido con la seguridad de los colombianos, cuya entrega en Cabecera permitió evitar una tragedia mayor.
Un intento de asalto armado generó pánico en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga este 29 de noviembre de 2025. Según las autoridades, una estructura criminal, presuntamente proveniente de Barranquilla, intentó robar la Joyería Caracas, lo que desencadenó un intenso enfrentamiento con la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Durante la balacera murieron un uniformado y uno de los presuntos delincuentes. El hecho ocurrió cuando unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) realizaban labores de verificación y fueron alertadas sobre los movimientos del grupo armado dentro del centro comercial. Al interceptarlos, los investigadores encontraron a los sujetos en posesión de una bolsa con joyas y listos para huir. En ese momento, los delincuentes abrieron fuego de manera directa contra los uniformados.En el cruce de disparos, el subintendente Freddy Leal, adscrito a la Policía Judicial, fue herido de gravedad al enfrentar a los atacantes y evitar su escape. Aunque fue trasladado a la Clínica Bucaramanga, falleció minutos después. Uno de los presuntos ladrones fue abatido en la entrada de la joyería.El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, vitando que más personas resultaran heridas.Tras la reacción policial, cinco personas —tres hombres y dos mujeres— fueron capturadas como presuntos integrantes de la organización delictiva. En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego utilizadas para intimidar a los comerciantes y disparar contra los uniformados.En coordinación con las autoridades locales, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y ubicar a otros posibles responsables. La Policía Metropolitana conformó un equipo especializado para avanzar en el proceso judicial y esclarecer completamente el caso.Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, lamentó la muerte del policía. Enviamos condolencias a los familiares del intendente Fredy Leal", dijo.
Un policía murió, un delincuente fue abatido y cinco personas fueron capturadas tras violento tiroteo dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga.Un violento intento de hurto dentro del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en el oriente de Bucaramanga, terminó en un intenso tiroteo entre una banda delincuencial proveniente, al parecer, de Barranquilla, y unidades de la Policía Metropolitana. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantaban labores de verificación cuando recibieron información sobre un grupo armado que pretendía asaltar la joyería Caracas, ubicada en el tercer piso del centro comercial.Al ser sorprendidos por los investigadores, los delincuentes abrieron fuego de manera directa, desatando un enfrentamiento que sembró el pánico entre decenas de familias que se refugiaron en baños y locales cerrados. Incluso policías de civil que estaban comprando reaccionaron de inmediato y se sumaron al combate.El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que los delincuentes ya tenían una bolsa con joyas y se disponían a huir cuando fueron interceptados.“Pretendían robar la joyería Caracas del centro comercial. Ya tenían una bolsa con joyas lista para sacarla cuando hombres de inteligencia reaccionan. En una acción valerosa, el subintendente de policía judicial Freddy Leal se enfrenta a los bandidos. Un delincuente fue neutralizado a la entrada de la joyería”, señaló el oficial.El subintendente Leal, quien recibió varios impactos de arma de fuego, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Bucaramanga. Los médicos intentaron reanimarlo por varios minutos, pero finalmente falleció en cumplimiento del deber.La Policía confirmó que durante el operativo fueron capturadas cinco personas tres hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de la estructura criminal.Además, se incautaron dos armas de fuego usadas para intimidar y disparar contra los uniformados.Frente a los responsables que aún estarían vinculados al caso, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a los demás integrantes de la organización criminal que llegó desde Barranquilla para ejecutar el robo.La Policía Metropolitana dispuso un equipo especializado para adelantar la recolección de pruebas, entrevistas y análisis técnicos que permitan fortalecer el proceso judicial contra los capturados.Las autoridades exaltaron el sacrificio del subintendente fallecido y aseguraron que continuarán actuando “con total firmeza contra cualquier persona o estructura que pretenda alterar la seguridad y la tranquilidad del área metropolitana”.
Un fuerte tiroteo desató el pánico en la tarde de este sábado dentro del centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, luego de que una banda delincuencial al parecer proveniente de otra ciudad intentara asaltar una joyería ubicada en el cuarto piso del establecimiento.Según información preliminar, varios disparos se escucharon en distintos puntos del centro comercial, obligando a decenas de familias a refugiarse en baños, restaurantes y dentro de almacenes que cerraron sus puertas para proteger a los clientes.En medio de la emergencia, policías de civil que estaban dentro del centro comercial realizando compras fueron los primeros en reaccionar y enfrentarse a los delincuentes. Minutos después, el grupo Goes de la Policía ingresó al establecimiento para contener la situación y evacuar a las personas atrapadas.Este es el video del tiroteoLas primeras versiones indican que al menos dos personas habrían muerto durante el enfrentamiento, entre ellas un presunto delincuente.Un policía, quien se enfrentó a los delincuentes, fue remitido gravemente herido a la Clínica Bucaramanga, lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas.También se reportan varios ciudadanos lesionados, aunque aún no hay un consolidado oficial.Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores de inspección y se revisan las cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape de otros posibles implicados. El centro comercial permanece cerrado.Por ahora se habla de 4 personas capturadas, incluidas hombres y mujeres.