Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 17 de febrero:Disney demanda a ByteDance por crear videos con inteligencia artificial por personajes icónicos de la compañía, incluida la serie 'Padre de Familia', por derechos de autor.El canal de WhatsApp de TransMilenio permite a usuarios conocer novedades en las rutas de operación para evitar dolores de cabeza.Estudio revela que los hombres jóvenes son más propensos a tener menor actividad sexual que las mujeres por el uso de la tecnología en la habitación, pues influye en el comportamiento de la pareja.
La plataforma de video más importante del mundo sufrió una caída en su funcionamiento en la noche de este martes, 17 de febrero. Miles de usuarios en diferentes países reportaron fallas en la operación de YouTube.Además, Downdetector, página especialista en medir el funcionamiento de las principales redes sociales, evidenció miles de problemas reportados por los usuarios desde las 7:44 de la noche, pero que se acrecentó y tuvo su pico máximo a las 8:14 de la noche, hora colombiana.Así que no es su Internet o celular. YouTube no está funcionando en web, aplicación y tampoco depende del sistema operativo de su teléfono móvil. No carga ni siquiera la página de inicio de la plataforma.De hecho, el mensaje que le aparece al momento de ingresar a la aplicación de videos es "se produjo un error" y no carga nada más, solo el logo de YouTube.Se arregló YouTubeSobre las 9:00 de la noche se empezó a restablecer el servicio de la plataforma y ya cargaron los diferentes contenidos que las personas buscaban o estaban viendo antes de que se interrumpiera el servicio.
Terminó una de las temporadas más emocionantes en la historia del Desafío del Canal Caracol. En Cartagena, y luego de una larga travesía, el deportista Anthony Zambrano se quedó con el rótulo de ganador de la edición del 2026.El atleta olímpico logró llegar primero que su rival 'Rata' a la cima del edificio en la ciudad amurllada y así tocar el trofeo para quedarse con el jugoso premio del Desafío Siglo XXI.¿Cuánto dinero ganó Zambrano?Luego de recibir una tarjeta débito gigante, Zambrano agradeció a Andrea Serna tras confirmarse que se llevó 600 millones de pesos, de los cuales, un porcentaje será para su compañera de esta recta final Myrian.De acuerdo con su declaración en las redes oficiales del Desafío, Zambrano aseguró que le dará el 50 % de su premio a su actual pareja, es decir, Myrian ganó 300 millones de pesos."Se lo merece, una mujer que luchó, lloró conmigo, estuvo en las buenas y en las malas", dijo Zambrano.Asimismo, Zambrano contó que con ese dinero pagará algunas deudas que tenga, le dará una sorpresa a su mamá, un regalo a sus familiares. También montar un negocio para su madre.Por su parte, Myrian quiere arreglar su casa, viajar con su hijo y montar su negocio.Premio sorpresaAdemás, Andrea Serna los sorprendió con una cajita que contenía la camiseta de la Selección Colombia y la confirmación de un viaje a México con todos los gastos pagos para ver un partido de la tricolor de la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026 que se desarrollará en junio.
En una final histórica que mantuvo a todo el país en vilo, el deportista olímpico Anthony Zambrano, conocido simplemente como Zambrano en ‘La Ciudad de las Cajas’, se alzó con el título de ganador del ‘Desafío Siglo XXI’. El triunfo se selló este 17 de febrero durante la emisión del capítulo 138 del Desafío, tras superar un extenuante recorrido que culminó en las playas de Cartagena.Sobre la final dividida La Gran Final del reality se definió en dos etapas cruciales. La primera parte consistió en una exigente prueba en el Box Negro, donde el competidor, conocido como Rata logró imponerse, llevándose un premio de 600 millones de pesos y una motocicleta. Sin embargo, el destino del trofeo principal y de los otros 600 millones de pesos se definiría en una travesía de largo aliento desde Tobia hasta la “Heroica”.El giro inesperado: sanción y remontada A pesar de que Rata inició la segunda fase con ventaja gracias a la moto obtenida, un error reglamentario cambió el rumbo de la competencia. Rata y su compañera Valentina recibieron una sanción por romper una regla durante el trayecto a Cartagena, lo que les hizo perder la delantera.Esta situación fue aprovechada por Zambrano, quien junto a Myrian, logró sobrepasar a sus rivales en el camino. Un beso de celebraciónTras un maratónico recorrido que terminó con un beso de celebración al llegar a la meta, el atleta olímpico ratificó su resistencia y estrategia, logrando que su nombre sea grabado para siempre en la copa de los vencedores.Con esta victoria, Zambrano no solo se consolida como un referente del deporte, sino también como el máximo triunfador del reality más importante de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga sancionó a seis funcionarios nacionales, departamentales y municipales por desacatar una orden judicial que les exigía implementar un plan de contingencia para reemplazar la tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, usada diariamente por estudiantes y habitantes de zonas rurales de Molagavita y Mogotes.En la decisión del 27 de noviembre de 2025, el juez impuso a cada uno una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la posibilidad de convertirse en tres meses de arresto si no se cumple la orden.Los sancionados son: el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, Jhon Jairo González Bernal, director encargado del Invías, Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la UNGRD., Jesica Juliana Mendoza Ramírez, secretaria de Infraestructura de Santander, Luis Arnulfo Ramírez López, alcalde de Molagavita., Leidy Johana Almeida Balcarcel, alcaldesa de Mogotes.El juzgado concluyó que, a pesar de que la orden original fue emitida el 19 de diciembre de 2023 y reforzada el 16 de enero de 2024, después de 22 meses no se construyó la estructura temporal segura que debía reemplazar la polea. Esta falta de avance dejó expuestos a diario a niños, docentes y habitantes que deben cruzar el río.En el fallo se señala una “inacción y falta de voluntad real” por parte de las entidades involucradas, así como inversión de recursos sin resultados concretos y una “dilación injustificada” en la búsqueda de soluciones. La sentencia también advierte que los mantenimientos de la tarabita existente fueron intermitentes, situación que derivó en un incidente registrado en abril de 2025.El juez fue enfático en que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen con diligencia.Como parte de la decisión, se ordenó compulsar copias del proceso a la Procuraduría y a la Contraloría para que adelanten las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.La Secretaria de Educación de Santander, María Paula Suárez Morales, fue excluida del incidente tras comprobarse que implementó medidas para garantizar el acceso a la educación sin el uso de la tarabita.Cabe anotar que varios accidentes ocurrieron por el uso de la tarabita y la falta de un paso seguro para la comunidad. el 29 de abril de 2025, tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas luego de que la tarabita en la que se transportaban cayera al río Chicamocha, en el sector de Lagunitas, una zona rural limítrofe entre los municipios de Mogotes y Molagavita, en Santander.Según testigos, la estructura artesanal que sirve como medio de transporte para los campesinos del sector se desplomó cuando cruzaba el cañón, provocando que los ocupantes cayeran desde varios metros de altura. La comunidad, con apoyo de organismos de socorro, logró rescatar con vida a las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro médico más cercano.Los habitantes de Lagunitas denunciaron que desde hace años vienen solicitando apoyo del gobierno departamental y nacional para mejorar la movilidad en esta zona montañosa, donde no existen vías aptas para vehículos y el río Chicamocha se convierte en un obstáculo diario.
Entre agosto y noviembre, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) adelantó diez operativos de control en los predios institucionales ubicados en la escarpa del municipio, una zona protegida catalogada como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). Las intervenciones dejaron como resultado 15 personas capturadas en flagrancia por afectaciones a los recursos naturales.Los operativos se desarrollaron en articulación con la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía de Bucaramanga y las cuadrillas técnicas de la CDMB, con el fin de frenar talas, quemas, ocupaciones ilegales y otras actividades que ponen en riesgo los ecosistemas estratégicos del área metropolitana.Edwin Cárdenas Bueno, ingeniero ambiental y coordinador de predios institucionales de la CDMB, explicó que el trabajo en terreno permite ejercer vigilancia permanente sobre estas áreas que cumplen funciones clave en la estabilidad de los suelos y la protección de las cuencas.“Estos operativos permiten ejercer control efectivo sobre los predios institucionales, evitando ocupaciones ilegales, talas, quemas y demás afectaciones a los ecosistemas estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló Cárdenas.La entidad recordó que la escarpa es un patrimonio ecológico fundamental para la conservación de la flora y fauna y el equilibrio ambiental de la región. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acción que ponga en riesgo estos predios y apoye la protección de los recursos naturales.“El compromiso ciudadano es clave para mantener este patrimonio ecológico que pertenece a todos”, agregó el ingeniero.La CDMB indicó que continuará reforzando los operativos de vigilancia en la zona para prevenir nuevas afectaciones y garantizar la preservación de los ecosistemas que rodean a Bucaramanga.
Bucaramanga inició oficialmente la temporada decembrina con una estricta regulación sobre el uso y venta de pólvora, una medida que, aunque se repite cada año, esta vez llega con un énfasis particular: lograr que realmente se cumpla.El decreto 0853, expedido el 26 de noviembre por el alcalde encargado Javier Sarmiento y vigente hasta el 13 de enero de 2026, busca prevenir accidentes y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.El secretario del Interior de Bucaramanga, coronel (r) Reynaldo Rojas Suárez, explicó en entrevista con Blu Radio los alcances de esta regulación y el propósito central de la administración. “El señor alcalde expidió el decreto 0853 con el fin de prevenir el uso indebido de la pólvora que pueda atentar contra la salud y el bienestar de los niños”, señaló. Recordó que en la temporada anterior se registraron 13 personas quemadas, entre ellas cuatro menores, una cifra que la Alcaldía espera llevar a cero.El decreto establece la prohibición total de la venta ambulante y manipulación de pólvora en cualquier espacio público, incluyendo parques, barrios y la zona rural. También restringe los tradicionales ‘años viejos’ que contengan elementos pirotécnicos.“No se puede usar en ninguna calle de Bucaramanga. Nadie está autorizado para utilizarla indebidamente”, enfatizó Rojas Suárez, al subrayar que los únicos eventos permitidos serán aquellos organizados por profesionales y aprobados previamente por la Secretaría del Interior, con acompañamiento de Bomberos y pólizas de cumplimiento.Asimismo, queda prohibida la venta de cualquier tipo de pólvora a menores de edad, personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.De acuerdo con el secretario del Interior de Bucaramanga quienes incumplan la normativa se enfrentarán a una multa que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, está alrededor de los $760.000.De ser menores quienes manipulen pólvora, serán puestos a disposición del defensor de familia y en su defecto a la Comisaría de Familia para los procedimientos de su competencia.Sobre los procesos sancionatorios, el secretario del Interior precisó que los inspectores de Policía son los encargados de hacer efectivo el procedimiento. Más allá de las multas, el funcionario insistió en la responsabilidad de las familias. “Ojalá que no lleguemos a estas instancias, sino que la gente genere cultura. Aquí hablo de generar cultura desde el mismo padre de familia, cuando uno empieza a compararle las cosas a los niños y sean ellos quienes terminan afectados”.Con este decreto, la Alcaldía busca una Navidad sin quemados por pólvora. “La idea es que con esta restricción y el apoyo de las autoridades podamos minimizar y ojalá que tengamos un reporte de cero quemados”, concluyó el funcionario.
En medio del dolor más profundo, la familia Acero Blanco tomó una decisión que hoy representa esperanza para varios pacientes del país: donar los órganos de su hijo, Nicolás Andrés, un adolescente de 14 años que falleció tras ser diagnosticado con muerte cerebral en el Hospital Internacional de Colombia (HIC).Nicolás, descrito por sus seres queridos como un joven alegre, risueño y apasionado por el fútbol, sufrió un accidente que lo llevó a cuidados intensivos. Durante varios días, los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero finalmente el diagnóstico fue irreversible.“Yo no lo podía creer. Le hablaba y le pedía a Dios que me lo devolviera, hasta que los médicos me explicaron que su cerebro ya no funcionaba”, relató su mamá, Andreina Blanco.La muerte cerebral, explicó la doctora Olga Calderón, coordinadora de Trasplantes del HIC. “Implica el cese total e irreversible de la función del cerebro. Aunque el corazón pueda seguir latiendo con apoyo tecnológico, la persona ha fallecido”.Una vez confirmado el diagnóstico bajo los protocolos clínicos establecidos, el equipo de Donación y Trasplantes del HIC presentó a la familia la opción de convertir su tragedia en un acto de vida.Aunque al inicio hubo dudas, Andreina decidió donar los órganos recordando la esencia solidaria de su hijo. Su madre, Luz Marina Bautista, reforzó ese impulso: “Le dije a mi hija: no dejemos que su partida sea en vano. Démosle la oportunidad a otros de vivir”. Gracias a esa determinación, varios pacientes recibieron los órganos de Nicolás y hoy tienen una nueva oportunidad.Un llamado urgente en medio del déficit de donantesEl caso de Nicolás resalta la importancia de la donación en Colombia, donde la tasa apenas alcanza 7,4 donantes por millón de habitantes, una cifra muy baja frente a las más de 3.900 personas que esperan un trasplante, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Un solo donante puede beneficiar hasta 55 pacientes, lo que convierte este acto en una herramienta vital para salvar vidas.“El caso de Nicolás es profundamente inspirador. En medio del dolor, su familia decidió donar sus órganos y compartir su historia para motivar a otros”, señaló la doctora Calderón.Agregó que tanto el HIC como el Instituto Cardiovascular trabajan permanentemente para garantizar que cada órgano llegue a quien más lo necesita, siguiendo criterios estrictos, éticos y transparentes.Desde 2005 y hasta octubre de este año, esta institución ha realizado más de 850 trasplantes de órganos sólidos, consolidándose como un centro de referencia nacional.¿Quién puede acceder a un trasplante?En Colombia, cualquier persona con enfermedades graves -como insuficiencia renal, cardíaca, hepática o pulmonar- puede ser evaluada por equipos especializados. Si cumple los criterios clínicos, ingresa a la Lista Nacional de Espera administrada por el INS. La asignación de órganos es gratuita y se rige por protocolos basados en compatibilidad, urgencia médica y tiempo de espera, garantizando transparencia y equidad.Hoy, la familia de Nicolás encuentra consuelo en saber que, a través de su decisión, su hijo dejó un legado de vida. Su historia busca inspirar a más colombianos a expresar a sus familias la voluntad de donar y así ofrecer nuevas oportunidades a quienes esperan una segunda oportunidad.
La campaña ambiental que promueve la Gobernación de Santander denominada “Reverdece Santander: Árboles para el Futuro”busca fortalecer la reforestación en el departamento, por lo que están haciendo un llamado a ciudadanos y empresarios a la recuperación de los ecosistemas con la donación de árboles.Según informó la Secretaría Ambiental, la administración departamental está invitando especialmente al sector empresarial a vincularse mediante la donación de especies. La campaña también está abierta para ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades públicas interesadas en aportar a la restauración de áreas degradadas.“Queremos avanzar hacia una gestión ambiental compartida. La invitación es a que se sumen con la donación de árboles para seguir construyendo un Santander más sostenible”, señaló el secretario Ambiental, Miguel Ángel Castañeda Acosta.Quienes deseen participar deben enviar una Carta de Compromiso Ambiental al correo de la Secretaría: secretariadeambiente@santander.gov.co. Las siembras, explicó Castañeda, se realizarán con acompañamiento técnico y logístico para garantizar que los árboles se establezcan adecuadamente.La Gobernación destacó que esta campaña se suma a los esfuerzos que se adelantan desde el inicio del actual Plan de Desarrollo. Entre 2024 y 2027 se han sembrado 150.000 árboles en diferentes jornadas ciudadanas y proyectos institucionales, además de 20.000 adicionales en Cimitarra y La Paz a través de un programa de sistemas silvopastoriles.Con la nueva convocatoria, la administración busca ampliar las áreas restauradas y promover una mayor participación de la comunidad en las acciones de cuidado ambiental del departamento.
La crisis de infraestructura que enfrenta Santander por el deterioro de la Ruta 45A, que va desde Zipaquirá hasta San Alberto y la Transversal del Carare llegó a un punto crítico. Así lo advirtió Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien aseguró que la falta de decisiones del Gobierno Nacional tiene al departamento en un escenario “preocupante y agravado” por la ausencia de estos proyectos en el más reciente documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.Según el directivo, la exclusión de obras clave como la vía Curos–Málaga, la variante de San Gil y la intervención estructural del corredor del Carare, evidencia una desatención histórica hacia la región. “Somos la cuarta economía del país y no se compadece lo que está pasando. Esperábamos un Conpes específico para estas vías, pero no se dio”, señaló.Rincón Liévano fue contundente al referirse al convenio Vías de Los Comuneros, firmado en diciembre de 2024 y del cual no se ha ejecutado una sola acción. “No ha pasado absolutamente nada. Es más: hoy hay un malestar social que se está traduciendo en el no cobro del peaje, y ese es el peor de los escenarios”, afirmó, advirtiendo que la inacción del Gobierno amenaza con paralizar aún más un corredor estratégico para la movilidad entre el centro y el nororiente del país.El dirigente insistió en que la solución depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno Nacional. “El deseo de los santandereanos es claro y el documento también. Ya es voluntad nacional”, dijo.La situación en la Transversal del Carare no es distinta. Aunque el directivo reconoce la intención del Instituto Nacional de Vías, Invías por intervenir el corredor, advierte que las reparaciones actuales son apenas paliativas. “Si vamos a remendar, en tres meses o en un año estaremos repitiendo esta misma entrevista”, señaló, subrayando la necesidad de estudios y diseños que permitan soluciones estructurales y no solo arreglos temporales.Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, lo que está en juego no es solo la movilidad regional, sino la competitividad nacional. Estas no son vías regionales. Son corredores nacionales que garantizan conectividad con el vecino país y con el Caribe colombiano. Todas nuestras rutas tienen una connotación que va mucho más allá de lo local”, enfatizó.