La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión y apartó de un caso a la jueza Séptima Penal del Circuito de Cali por haber incluido en el expediente judicial un borrador de sentencia condenatoria pese a que no había terminado el juicio y por haberlo redactado con ayuda de inteligencia artificial sin seguir las recomendaciones estipuladas.Y es que la defensa del hombre ya imputado por delitos sexuales contra menores de edad, encontró que, previo a los alegatos de conclusión y el anuncio del sentido del fallo programado para septiembre de 2025, ya estaba en el expediente digital dicho borrador anticipando una condena.Dicho documento incluía un análisis detallado de las pruebas, conclusiones sobre la responsabilidad penal del acusado y hasta una pena ya definida de 18 años de prisión. Pero todo esto ocurrió antes de los alegatos de conclusión, etapa en la que las partes involucradas presentan sus argumentos finales.Para el alto tribunal, se trata de una vulneración al debido proceso y al derecho a un juicio imparcial. Además, demostró que el resultado estaba decidido de antemano afectando así el principio básico de la imparcialidad judicial.“En esas condiciones, la incertidumbre que debe presidir todo proceso penal ya no existe, de modo que las posibilidades de inocencia o culpabilidad se encuentran cerradas de antemano. Desde esta perspectiva, cuando el resultado del proceso se conoce antes de culminar el debate, el juicio pierde su función decisoria y se convierte en un mero ritual, carente de eficacia real para la determinación de la responsabilidad penal”, explicó la Corte.A esto se suma el agravante de que ese borrador fue redactado con ayuda de inteligencia artificial para analizar el testimonio de la víctima, evaluar su credibilidad, revisar la coherencia del relato y concluir que se cumplía el estándar probatorio para condenar.Durante el estudio, la Corte encontró que el texto contenía mensajes propios de una IA, como sugerencias que suele hacer sobre el contenido ya redactado.Para los magistrados, la jueza recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para emitir una condena, sobrepasando los usos permitidos de estas tecnologías en el ámbito judicial.“Si bien el juez puede acudir a sistemas de IA cuando ello resulte necesario y pertinente, su utilización debe ser razonada y ponderada, orientada a la protección de los derechos fundamentales, y sujeta a buenas prácticas, criterios éticos y respeto por los mandatos superiores. El empleo indiscriminado o imprudente de estas tecnologías puede comprometer la responsabilidad del funcionario judicial, por lo que, como presupuesto mínimo, deben observarse el principio de no sustitución de la racionalidad humana y las cargas de transparencia, responsabilidad y privacidad”, alertó la Corte.En otras palabras, el alto tribunal insistió en que la valoración de pruebas y la decisión sobre la culpabilidad de una persona son funciones exclusivas del juez y no pueden ser delegadas en sistemas tecnológicos.Además, la existencia del borrador condenatorio afectó directamente la presunción de inocencia. Mientras no exista una sentencia en firme, toda persona debe ser tratada como inocente. Sin embargo, al quedar registrado un documento que ya daba por culpable al acusado, el proceso perdió su función real de decidir.Por estas razones, la Corte apartó del caso a la jueza original del caso y ordenó que otro despacho judicial continúe con el proceso, pidiendo a los jueces respetar estrictamente las reglas sobre el uso de inteligencia artificial en la justicia.
El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá hacia su municipioLa operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.De acuerdo con el Ejército, la rápida activación de los operativos permitió garantizar la liberación del mandatario y su acompañante. Las autoridades informaron que continúan las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables.El secuestro se produjo pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.“Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista, quien aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación. La camioneta en la que se movilizaba fue hallada posteriormente en jurisdicción de Totoró.Ante la seguidilla de hechos violentos en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes y autoridades del departamento.
Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas."Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo en la noche de este martes 10 de febrero de 2026 el sorteo número 3139, uno de los más esperados por los apostadores en el país. En esta edición, el tradicional juego de azar puso en disputa un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al sorteo de este martes 10 de febrero de 2026, fue el: 8580 - 314.De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.Ganadores de los premios secos de la Lotería de la Cruz RojaAdemás del premio mayor, este sorteo incluyó varios premios secos, que amplían las opciones de ganar. A continuación, se detallan los resultados oficiales para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:Seco de $200 millones8484 – Serie 096Seco de $100 millones0482 – Serie 027Secos de $50 millones0610 – Serie 3118835 – Serie 195Secos de $30 millones8249 – Serie 1767388 – Serie 0206534 – Serie 1371922 – Serie 0441648 – Serie 2846432 – Serie 273Secos de $20 millones0951 – Serie 0247198 – Serie 1276830 – Serie 1647506 – Serie 2074954 – Serie 1828149 – Serie 2933318 – Serie 2272921 – Serie 1592930 – Serie 1808694 – Serie 2115896 – Serie 1518759 – Serie 1027480 – Serie 0822857 – Serie 3170479 – Serie 159Secos de $10 millones3740 – Serie 0117162 – Serie 0518941 – Serie 1222868 – Serie 1211264 – Serie 2676863 – Serie 0508238 – Serie 0807419 – Serie 0240646 – Serie 2810208 – Serie 1137211 – Serie 1663618 – Serie 2145580 – Serie 2509876 – Serie 0288734 – Serie 2997567 – Serie 1762811 – Serie 1339368 – Serie 1865513 – Serie 2216253 – Serie 167También se recomienda comparar el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, para confirmar si se obtuvo alguno de los premios.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.Para reclamar el premio mayor y los premios secos, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía. El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados a los premiosLos ganadores de premios iguales o superiores a $7.000 millones deben tener en cuenta los descuentos de ley antes de recibir el dinero. Al premio se le aplica:17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Luego de estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador en su cuenta bancaria sería de $4.648 millones.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
Un joven fue capturado en flagrancia en Bucaramanga cuando recibía dinero producto de una extorsión a su exnovia, a quien amenazaba con divulgar fotografías y otra información de carácter íntimo si no accedía a sus exigencias económicas.El procedimiento fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en desarrollo de las acciones contra la extorsión. De acuerdo con el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado fue sorprendido en el momento exacto en que recibía $600.000 en efectivo y una manilla de oro avaluada en cerca de $2 millones.Según las investigaciones, “el presunto extorsionista mantuvo una relación sentimental previa con la víctima y utilizaba esa cercanía para intimidarla mediante mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En los mensajes le exigía pagos que oscilaban entre uno y dos millones de pesos, a cambio de no divulgar contenido íntimo”, explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Durante el operativo, las autoridades incautaron el dinero exigido, la manilla de oro y dos teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para la materialización del delito.El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión. La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123.
La empresa Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó que, debido a una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos, fue necesario activar el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por pérdida de contención en el Poliducto Galán – Sebastopol, a la altura de la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja.Al conocer la emergencia, Cenit informó sobre la situación al Consejo Municipal Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja y de inmediato iniciaron las labores para superar la emergencia.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales. Los profesionales son acompañados por uniformados de la Policía Nacional, quienes adelantan operaciones para garantizar la seguridad en la zona.Cenit hizo un llamado a la comunidad de esta zona para que “se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, hasta tanto culminen las labores de evaluación, atención y reparación a las que haya a lugar”.Cabe recordar que a finales del año pasado se presentó una emergencia en el municipio de Puente Nacional, específicamente en el sector Alto Semisa, donde se produjo un incendio de diésel, que desencadenó en un incendio forestal. En ese momento la empresa confirmó que la razón de esa situación fue válvulas ilegales instaladas en la línea, además de unos recipientes ilegales usados para el almacenamiento del hidrocarburo hurtado,A través de un comunicado, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen los delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, generan graves consecuencias al ambiente y afectan el desarrollo económico del país.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el regreso de la restricción del parrillero en moto para la ciudad.Esto, como parte de una decisión judicial que obliga a los cuatro municipios del área de metropolitana de Bucaramanga en tomar medidas para contrarrestar lel transporte informal.“Queremos socializar el estudio con la comunidad, con el equipo técnico, para tomar la mejor decisión y presentarle al juez, el 2 de febrero, una solución concreta referente a la restricción del parrillero”, indicó Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga.Según el funcionario, sectores como el Centro y Cabecera serían los que tendrían la restricción.“No queremos afectar la movilidad del ciudadano en el día a día. Queremos afectar los más de 102 terminalitos de transporte informal que operan en Bucaramanga. Por el afán de transportar personas, nos están produciendo gran cantidad de accidentes e infracciones de movilidad”, señaló.La Dirección de Tránsito de Bucaramanga indicó que la medida estaría acompañada de restricciones adicionales para motocicletas en hora pico.El próximo 2 de febrero se conocerá el decreto que confirme, de manera oficial, cómo quedará la medida que prohíbe el parrillero en moto en Bucaramanga.
Un grupo de trabajadores de la Electrificadora de Santander, empresa filial del Grupo EPM, protagonizó actos de protesta y movilización en varios municipios del departamento, pues según las denuncias, la compañía mantiene una postura inflexible frente al reconocimiento de derechos laborales básicos, entre ellos el ajuste salarial conforme al aumento del salario mínimo legal vigente.Como parte de las manifestaciones, algunos empleados se encadenaron frente a las instalaciones de la empresa, una acción simbólica con la que buscan llamar la atención de las autoridades, sobre el conflicto laboral que persiste al interior de la compañía.De acuerdo con las organizaciones sindicales, los trabajadores habían aceptado previamente una prórroga de 21 días solicitada por la administración con el fin de alcanzar acuerdos. Sin embargo, aseguran que no se registraron avances concretos, lo que los llevó a retomar las movilizaciones. También cuestionaron que la empresa rechazara la intermediación del Ministerio del Trabajo; lo que, a su juicio, evidencia falta de voluntad para lograr consensos.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores de la energía eléctrica en Colombia, aseguró que el comportamiento de la compañía refleja falta de gobernanza en el conflicto laboral, generando un alto riesgo operacional.“La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”, aseveró.Según Roncancio, la Electrificadora de Santander cuenta con calificación triple A (AAA) y en 2024 registró ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, además de una utilidad neta cercana a los 252.000 millones y un ambicioso plan de inversiones entre 2025 y 2028.Los sindicatos señalan que, entre las principales exigencias están pidiendo el ajuste del salario vital de acuerdo con los decretos del Gobierno nacional, la formalización laboral para evitar la tercerización, y mayores garantías de seguridad para el personal que realiza labores de alto riesgo, como trabajos con redes eléctricas y transformadores.Una eventual paralización total de actividades tendría impacto sobre más de 940.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en los municipios santandereanos donde opera la empresa.Los trabajadores advierten que desconocer sus derechos laborales resulta contradictorio, dado que el desempeño financiero de la empresa se sustenta en gran parte en el compromiso de su talento humano. Incluso alertan que decisiones administrativas y problemas de gobernanza podrían poner en riesgo la estabilidad de la compañía y su reputación en el mercado.Las protestas se desarrollan en las seccionales de Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, desde donde los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno nacional, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de control para que intervengan y faciliten una salida pronta, justa y acorde con la Constitución al conflicto laboral.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, respondió a los señalamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una eventual intervención al Hospital Universitario de Santander (HUS) por la falta de formalización laboral de los trabajadores y una supuesta baja ejecución de un proyecto por 33 mil millones de pesos.El mandatario departamental fue enfático en señalar que los recursos girados recientemente por el Ministerio de Salud no estaban destinados a ampliar la planta de personal ni a formalizar trabajadores, sino al pago de deudas históricas que el Gobierno Nacional mantenía con el hospital.“Esos recursos que envió el Ministerio de Salud fueron para el pago de deudas que tenía con el hospital. No enviaron recursos para ampliar la planta ni para formalizar trabajadores, como ellos quieren”, afirmó Díaz.El gobernador recordó que el país se encuentra actualmente bajo la Ley de Garantías, lo que impide realizar modificaciones en la nómina de las entidades públicas. Asimismo, defendió la gestión administrativa del Hospital Universitario de Santander, destacándolo como uno de los hospitales públicos con mejores indicadores financieros y de rendimiento en el país. Según Díaz Mateus, cualquier decisión relacionada con cambios estructurales o administrativos debe contar con la aprobación de la junta directiva, respetando la autonomía institucional.Frente a los recursos por 66 mil millones de pesos girados recientemente, el mandatario aclaró que no se trató de un regalo, sino del cumplimiento de obligaciones pendientes del Gobierno Nacional con los hospitales del departamento.En cuanto a la situación financiera del sector salud en Santander, el gobernador reiteró que la principal problemática sigue siendo la alta deuda de las EPS, que en muchos casos pagan apenas entre el 20 y el 30 % de lo facturado, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los centros asistenciales.“La solución para la salud es que paguen. Si las EPS pagaran al menos el 80 % de lo que se factura, los hospitales del departamento serían financieramente saludables”, concluyó.
En medio de la tensión comercial entre Colombia y Ecuador por la imposición recíproca de aranceles, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, hizo un llamado a la mesura y al uso de los canales diplomáticos para evitar mayores afectaciones económicas en la región y el país.Desde la entidad gremial, Rincón Liévano rechazó la imposición de aranceles y calificó las recientes decisiones como medidas injustificadas y sorpresivas, que no contribuyen a resolver los problemas de fondo entre ambos países, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el delito transnacional.El dirigente gremial advirtió que aún es necesario determinar con precisión el grado de afectación, los sectores impactados y los productos comprometidos, y sostuvo que este tipo de acciones comerciales no benefician a ninguna de las partes, empezando por el propio Ecuador, al tratarse de un aliado histórico de Colombia. En ese sentido, insistió en que la situación debe manejarse con la más alta diplomacia y a través del diálogo bilateral.“Lo que está haciendo el presidente de Ecuador, con todo respeto, creo que no tiene ningún sentido y si lo que se quiere es combatir el delito transnacional, yo creo que, con medidas de esas, se hace exactamente lo contrario. Yo creo que sí hay que revisarlo y debería revisarse junto con la diplomacia de nuestro país. Son medidas que yo, por lo menos, no puedo compartir y tengo que rechazar de manera enfática”, expresó Rincón Liévano.Las declaraciones se conocen, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunciara la imposición de un arancel del 30 % a 20 productos importados desde Ecuador, como respuesta a la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aplicar la misma carga arancelaria a las importaciones colombianas, argumentando falta de compromiso de Colombia con la seguridad en el corredor binacional.Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se explicó que la medida adoptada por Colombia no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional, tras una modificación unilateral de las condiciones previamente vigentes del comercio bilateral. Informaron que se trata de una decisión proporcional, transitoria y revisable, que no excluye la posibilidad de una salida negociada mediante la diplomacia.De manera paralela, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión indefinida de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. “A partir de la hora cero establecida hoy, a las 18.00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador”, manifestó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Cifras del sector eléctrico dan cuenta que, en 2024, Colombia exportó energía a Ecuador por un valor estimado de 329,1 millones de dólares, con un promedio mensual cercano a 27,4 millones de dólares, en el marco de un esquema de interconexión que opera desde hace más de dos décadas.Cabe recordar que Ecuador es el sexto mayor destino de las exportaciones colombianas y el segundo en ventas no minero-energéticas, según cifras del Dane. Entre enero y noviembre del último año, las exportaciones colombianas hacia ese país alcanzaron 1.673 millones de dólares, aunque registraron una caída del 3,2 % frente al mismo periodo anterior.Para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estas cifras evidencian que una guerra comercial prolongada tendría efectos significativos en el tejido empresarial y productivo, especialmente en regiones fronterizas y con alta vocación exportadora. Por ello, Rincón Liévano reiteró la necesidad de reactivar de manera urgente los canales diplomáticos y encontrar soluciones concertadas que eviten mayores impactos económicos y comerciales para ambos países.
En el municipio de Málaga, Santander, fue capturado un hombre señalado de participar en un asalto armado a un establecimiento comercial tipo D1, ocurrido en octubre de 2025. El procedimiento fue adelantado por personal de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de hurto calificado y agravado.De acuerdo con las autoridades, los hechos que motivaron la orden de captura se remontan al 12 de octubre de 2025, cuando el hoy capturado, presuntamente, ingresó a una tienda D1, intimidó con un arma de fuego a la cajera y hurtó aproximadamente dos millones de pesos. Tras cometer el robo, el sujeto habría huido del lugar en un vehículo.Las labores de policía judicial permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales fueron determinantes para que un juez ordenara su captura. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.