La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arribó este martes a Washington para una nueva visita oficial al presidente de EE.UU., Donald Trump, y arrancó la agenda con una reunión con los enviados especiales para temas de medio oriente.Durante el encuentro, el primer ministro y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron diversos asuntos regionales de interés común, de acuerdo con su oficina de prensa.Asimismo, intercambiaron impresiones sobre la primera ronda de negociaciones que los emisarios estadounidenses mantuvieron con Irán el viernes pasado, agregó la misma fuente.El encuentro sucedió luego de que Netanyahu llegara a la Blair House, la residencia para invitados del presidente de Estados Unidos, custodiado por una gran cantidad de elementos del servicio secreto.Previo a su llegada a Estados Unidos, Netanyahu advirtió que le presentará a Trump la perspectiva de Israel "sobre las bases de las negociaciones, principios importantes" que, en su opinión, "lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio".Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo con milicias en la región como Hizbulá.Irán rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.Esta tarde, Trump dijo que Irán quiere "un acuerdo" en materia nuclear y de lo contrario sería algo "tonto", cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista exclusiva con la cadena Fox.El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una "enorme flotilla" en camino a la región.El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, después de que el FBI difundiera nuevos videos de vigilancia del exterior de su vivienda.El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo fue detenido en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.El avance en el caso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que muestran a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó el hecho a las autoridades.
El pasado lunes 9 de febrero, lo que se esperaba fuera un viaje tranquilo entre Sao Paulo y Río de Janeiro se convirtió en un momento de confusión para los pasajeros. Sergio Antonio Lopes, piloto de LATAM Airlines de 60 años, fue arrestado dentro del avión, a la vista de todos, en el Aeropuerto de Congonhas, minutos antes del despegue. El hombre enfrenta cargos que lo señalan como líder de una red de trabajo infantil y explotación sexual que habría operado durante al menos ocho años.Al parecer, la operación fue coordinada con la aerolínea y ejecutada hacia las 5:30 de la mañana, luego de que las autoridades confirmaran el horario del vuelo. Como no lograron ubicarlo en su residencia, procedieron a detenerlo en su lugar de trabajo. Todo el procedimiento quedó grabado y el piloto fue esposado mientras los pasajeros observaban con preocupación.Piloto fue capturado previo a despegarLa operación fue liderada por la Comisaría de Represión de la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP), en el marco de la investigación denominada “Abróchense los cinturones”.Según las autoridades, el piloto:Pagaba a familiares de menores para recibir imágenes.Compartía el material con terceros.Realizaba transferencias vía Pix entre R$ 50 y R$ 100.Llevaba a menores a hoteles utilizando documentos falsos.Entre las víctimas identificadas hay niños y adolescentes, incluidas tres hermanas de 18, 12 y 10 años.Piloto lideraba red sexual y de trabajo infantilDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, Lopes habría abusado de menores luego de presuntamente “comprarlos” a una mujer de 55 años. Además, algunos familiares, como la abuela de las niñas y otra madre, también fueron detenidos por colaborar en la distribución de material ilegal.La directora del DHPP, Ivalda Aleixo, confirmó que el piloto actuaba sin que su esposa y sus tres hijos tuvieran conocimiento. La red, según la investigación, tenía una estructura organizada y funcionó durante varios años.Entre los cargos que deberá enfrentar se encuentran:Violación de persona vulnerable.Producción y venta de pornografía infantil.Facilitación de prostitución y explotación sexual infantil.Uso de documento falso.Coacción en proceso judicial.Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan en la búsqueda de posibles cómplices y nuevas víctimas.
Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que el general en retiro Rodolfo Palomino buscaba tumbar la orden de captura en su contra.Palomino fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y tras la negativa de conceder la tutela él seguirá recluido en una guarnición cumpliendo su pena.Este medio pudo confirmar que la tutela fue negada y uno de los argumentos se basa en que Palomino tenía otros mecanismos o vías jurídicas para interponer un recurso.La Sala Penal de la Corte había avocado el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, luego de que la Sala Civil de ese mismo alto tribunal se desmarcara del conocimiento de dicha acción.El abogado del general en retiro había pedido como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.Sin embargo, en aquella oportunidad, el magistrado ponente negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.
El cielo de 2026 traerá uno de los eventos astronómicos más esperados por expertos y aficionados: el primer eclipse solar anular del año, un fenómeno que permite observar el famoso “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Este espectáculo natural ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y, aunque solo será visible de forma completa en regiones muy específicas del planeta, su impacto será global gracias a las transmisiones en línea.Un eclipse anular se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecer el día, deja visible un borde brillante que rodea su silueta, creando una imagen tan llamativa como poco frecuente. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 % del disco solar, lo que promete un efecto visual impresionante.¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar anular de febrero de 2026?De acuerdo con los cálculos astronómicos, el fenómeno se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27 (GMT), aunque el horario exacto dependerá de la ubicación del observador. La franja de anularidad —donde se verá el anillo de fuego en su máxima expresión— tendrá una anchura aproximada de 616 kilómetros, pero atravesará zonas muy aisladas.La visibilidad completa se concentrará en sectores de la Antártida y el Océano Antártico, mientras que en regiones del sur de Sudamérica, África austral y amplias áreas oceánicas se observará de manera parcial. Para el resto del mundo, la alternativa será seguir transmisiones en vivo a través de observatorios y plataformas especializadas.¿Qué es un eclipse anular y por qué se forma el “anillo de fuego”?Este tipo de eclipse ocurre durante la Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol. La diferencia con un eclipse total radica en la distancia: cuando la Luna está en su punto más lejano de nuestro planeta (apogeo), su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente al Sol.Como resultado, queda visible un borde luminoso continuo alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. A diferencia de los eclipses totales, en este caso el cielo no se oscurece por completo, aunque sí se percibe una disminución notable de la luz solar.Recomendaciones para observar el eclipse de forma seguraMirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la visión. Por eso, los expertos insisten en seguir estas recomendaciones básicas:Usar gafas certificadas para observación solar.Emplear filtros solares adecuados en telescopios o binoculares.No utilizar lentes de sol comunes ni métodos caseros.Supervisar siempre a niños durante la observación.El eclipse del 17 de febrero marcará el inicio del calendario astronómico de 2026 con un espectáculo poco común que recuerda la precisión del movimiento entre la Tierra, la Luna y el Sol. Para quienes logren verlo directamente —o seguirlo en transmisiones— será una oportunidad única de contemplar uno de los fenómenos más llamativos del firmamento.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
La Policía Nacional en Norte de Santander, logró la captura en flagrancia de dos hombres conocidos con los alias de 'Duván' y 'El Viejo', por el delito de extorsión.El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Ábrego, justo en el momento en que los capturados recibían la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) producto de la exigencia económica a una víctima, comerciante de esa zona en el Catatumbo.De acuerdo con las investigaciones, los capturados son integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Compañía Héctor, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y cuentan con una trayectoria criminal aproximada de 10 años al interior de este grupo armado ilegal.Los capturados registran antecedentes judiciales por el delito de rebelión. Durante la actividad operativa fueron incautados dos teléfonos celulares, los cuales contenían registro fotográfico de bienes inmuebles de la víctima. Según las autoridades son elementos que serán fundamentales dentro del proceso investigativo.
Un juez de la República condenó a 36 meses de prisión a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘El Negro Ober’, por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, luego de intimidar de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas estarían relacionadas con el proceso que adelantaba la funcionaria judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada, en el que figuraba como indiciada la esposa del hoy sentenciado.El material probatorio presentado por el ente acusador permitió que Martínez Gutiérrez aceptara su responsabilidad de manera libre, voluntaria y con la asesoría de su abogado, lo que dio paso a un preacuerdo con la Fiscalía, posteriormente avalado por un juez de control de garantías.Como resultado, el despacho judicial impuso una condena de 36 meses de prisión y una multa equivalente a 8,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando alias ‘El Negro Ober’, desde la Palogordocárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, grabó un video que posteriormente divulgó en redes sociales.En la publicación, el hombre amenazó de muerte a la fiscal encargada del caso contra su esposa y exigía su liberación inmediata, advirtiendo que, de no hacerlo, le quitaría la vida a la funcionaria judicial.Las autoridades señalaron que este no sería un hecho aislado, pues alias ‘El Negro Ober’ se ha hecho conocido por difundir videos intimidatorios desde centros penitenciarios, en los que no solo ha amenazado a funcionarios judiciales, sino también a comerciantes, periodistas y autoridades, evidenciando que continuaba delinquiendo pese a estar privado de la libertad.La Fiscalía General de la Nación reiteró que las amenazas contra servidores públicos constituyen un delito grave que atenta contra la administración de justicia y la integridad de quienes ejercen funciones judiciales.“El mensaje es claro: las intimidaciones, incluso, cuando se realizan desde centros carcelarios, tienen consecuencias penales y no quedarán en la impunidad”, indicó el ente acusador.El fallo quedó en firme tras la aprobación del preacuerdo y contra esta decisión procede únicamente el recurso de apelación.
Wilfred Franco, un adulto mayor de 70 años, denuncia que desde hace varios semanas enfrenta serias dificultades para que la Nueva EPS le entregue medicamentos esenciales para su tratamiento, pese a su delicado estado de salud y a sus múltiples antecedentes médicos.Según su familia, el señor Franco requiere de manera permanente los medicamentos Ezetimib y Rosuvastatina, los cuales debe tomar cada mes y de por vida, además de hialuronato de sodio y sulfa, formulados, luego de una cirugía de próstata a la que fue sometido en junio de 2025.La entrega de estos medicamentos debía hacerse a través de la Droguería Cafam, sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva ni una fecha clara para la dispensación, a pesar de haber adelantado múltiples trámites ante la EPS.De acuerdo con la denuncia, Wilfred Franco padece un sinnúmero de enfermedades, entre ellas antecedentes de infarto, lo que hace que la continuidad de su tratamiento médico sea vital para evitar complicaciones mayores.Aunque su familia ha elevado la queja ante varias instancias, incluidas las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, hasta el momento no han recibido una solución efectiva. Ante las persistentes demoras en la entrega de los medicamentos, se vieron en la obligación de acudir a los medios de comunicación para hacer pública la situación y pedir una respuesta urgente por parte de la Nueva EPS.“Son medicamentos que él debe tomar todos los meses y de por vida. No puede suspenderlos porque su vida está en riesgo. Hemos ido muchas veces y no nos dan ninguna respuesta”, aseguró Daniela Villamil, familiar del paciente.El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se garantice de manera urgente la entrega de los medicamentos y se proteja el derecho a la salud del adulto mayor.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el Hospital Universitario de Santander (HUS) podría ser sancionado con una multa de hasta 2.900 millones de pesos por no avanzar en la formalización laboral de sus trabajadores y por presuntas prácticas de tercerización e informalidad laboral.El funcionario le dio plazo a las directivas del hospital hasta el 30 de julio para que resuelvan el proceso de formalización. De lo contrario, la sanción quedará en firme y afectará la situación financiera de la entidad.Durante su pronunciamiento, Sanguino calificó como “gravísima” la situación laboral al interior del HUS y aseguró que, incluso, podría configurarse un delito por violación a la ley laboral.“Ha sido notificada la dirección del hospital de una multa por unos recursos de 2.900 millones de pesos por la responsabilidad que tiene el hospital en relación con fenómenos de precarización laboral, informalidad laboral y tercerización que afecta sobre todo al talento humano”, afirmó el ministro.El jefe de la cartera laboral sostuvo que las negociaciones con la entidad médica llevan ocho años sin resultados concretos.“Llevamos ocho años tratando de acordar un proceso de formalización laboral, las directivas han dilatado ese proceso y a la fecha de hoy no se ha puesto en marcha la formalización de un solo trabajador”, agregó.Sanguino también cuestionó la propuesta presentada por la gerencia del hospital, que contempla la formalización de 123 cargos, al considerarla insuficiente. Según el ministro, al HUS se le han trasladado más de 60.000 millones de pesos, recursos que, en buena parte, debían destinarse a la formalización laboral.El ministro explicó que, actualmente, hay 13 procesos en marcha por presunta tercerización en hospitales públicos del país, uno de los cuales ya fue fallado.“Daremos plazo hasta julio. Si no hay un acuerdo de formalización, esa multa quedará en firme y eso afectará la situación financiera del hospital. La multa es un mecanismo de presión y exigencia”, puntualizó. Sanguino señaló que esta problemática no es exclusiva del HUS, sino que también se presenta en otros hospitales públicos del país, que igualmente están en riesgo de recibir millonarias sanciones.Por su parte, el Hospital Universitario de Santander respondió a las acusaciones de presunta tercerización e informalidad laboral. El gerente de la entidad explicó que anteriormente el Ministerio de Trabajo giró unos recursos correspondientes a una deuda del Gobierno Nacional, de los cuales se solicitó destinar una parte para la formalización laboral.Según indicó, en ese momento se adelantaron mesas de trabajo y se definió la formalización de 100 empleados, pero la entidad médica aseguró que actualmente requiere mayor flujo de caja para ampliar ese proceso.El hospital también advirtió que el aumento del salario mínimo ha complicado aún más su situación financiera, lo que dificulta avanzar en la formalización de más trabajadores en el corto plazo.
Una fuerte polémica se desató en Santander, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, amenazara con intervenir el Hospital Universitario de Santander (HUS) por la supuesta falta de ejecución y formalización de un proyecto de pediatría y ginecobstetricia, cuyo valor asciende a 33.000 millones de pesos.Durante una visita oficial a la institución, el funcionario expresó su molestia al conocer que, tras ocho años de negociaciones, no se ha logrado la formalización de ningún trabajador, pese a los recursos comprometidos para este proceso.En un video durante su intervención, Jaramillo se mostró visiblemente alterado y lanzó duras declaraciones contra las directivas del hospital.“Me pidieron 12.000 millones de pesos para arreglar pediatría y ginecología obstetricia, que me pareció un poco exagerado, pero bien. El acelerador lineal con el búnker sumaba 21.000 millones de pesos. Eso da en total 33.000 millones y el compromiso era formalizar y no lo quieren hacer. Si me toca la intervención del hospital, pues lo voy a hacer. A uno no lo pueden engañar, yo he sido respetuoso con el gobernador y yo no vengo aquí a ser el payaso de nadie”, afirmó el ministro.Jaramillo también cuestionó la actitud de las autoridades regionales, incluido el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quienes señaló de haber sido condescendientes frente a esta situación, pero sin anunciar ninguna medida administrativa directa contra la Gobernación.En medio de su enojo, el jefe de la cartera de Salud aseguró que no existe un verdadero interés en solucionar el problema laboral y denunció presuntas irregularidades en el trato hacia los trabajadores del hospital.“Yo veo que no hay un interés de solucionar el problema. Se hacen las mesas, pido que se integren con los sindicatos, los excluyen, los persiguen. Aquí hay 2.000 trabajadores, eso no puede ser así. Nos toca actuar. Lo primero que debo hacer es que usted me devuelve la plata; la plata es para la formalización laboral”, gritó el ministro, dirigiéndose al gerente del HUS.Además, advirtió que, si no se cumple con la formalización del personal, exigirá la devolución de los recursos entregados para este proceso, que superan los 33.000 millones de pesos.El caso ha generado un intenso debate en Santander sobre la gestión del Hospital Universitario de Santander, la ejecución de los recursos públicos y la responsabilidad de las autoridades regionales frente a la crisis laboral y administrativa que enfrenta la institución.
La Alcaldía de Barrancabermeja activó un plan de acción urgente tras el avistamiento de un hipopótamo de aproximadamente una tonelada en la vereda Cuatro Bocas, del corregimiento El Centro. El animal, visto incluso en el patio de una vivienda, generó alarma entre los habitantes de la zona.La Secretaría de Ambiente y Transición Energética, junto al Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma de Santander y la Policía Ambiental, realiza una visita técnica para evaluar las condiciones del hipopótamo y definir la estrategia de captura y traslado.Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética, aseguró "estamos trabajando con las autoridades ambientales para ejercer control sobre el animal y establecer los pasos a seguir para reubicarlo de manera segura. Pedimos a la comunidad no acercarse al hipopótamo por su peligrosidad".El plan de acción contempla la evaluación técnica del estado de salud y comportamiento del hipopótamo por expertos, coordinación interinstitucional entre Alcaldía, Ministerio de Ambiente y Corporación Autónoma de Santander y su posterior captura segura y traslado del animal a un zoológico, garantizando su protección y la seguridad de los habitantes.Las autoridades recuerdan que el hipopótamo es un animal altamente territorial y agresivo, capaz de reaccionar de manera violenta si se siente amenazado. Su gran tamaño y fuerza lo convierten en un peligro real para las personas y los animales domésticos que se acerquen. Por esta razón, la Alcaldía de Barrancabermeja hace un llamado urgente a la comunidad para mantenerse a distancia, no intentar interactuar ni alimentarlo, y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades locales. Solo así se podrá garantizar la seguridad de los habitantes y facilitar la captura y reubicación segura del animal por parte de los expertos.Este caso también reaviva el debate sobre la gestión de especies invasoras en Colombia y la necesidad de un plan coordinado para su manejo en diferentes regiones del país.