Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
César Sena, expareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), fueron condenados este martes a prisión perpetua por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en 2023 en la provincia de argentina de Chaco y que conmocionó al país por el vínculo de los acusados con el exgobernador provincial.César Sena, de 21 años, hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y sus padres, considerados partícipes primarios, deberán cumplir la pena de prisión perpetua.El veredicto dictado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Chaco se dio a conocer este martes en una audiencia virtual encabezada por la jueza Dolly Fernández, y a la que se presentaron todos los imputados, después de que un juicio por jurados populares los declaró en noviembre de 2025 culpables por el feminicidio de Strzyzowski.Dos de los colaboradores de los Sena, Gustavo Obregón y Fabiana González, hallados culpables del delito de encubrimiento agravado, recibieron la pena de cinco años y diez meses de prisión y de cinco años de prisión efectiva, respectivamente.Gustavo Melgarejo, por su parte, fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple, con pautas de conducta, como fijar residencia, no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos, bajo apercibimiento de que el beneficio sea revocado.La Justicia además ordenó la entrega de los restos óseos identificados como pertenecientes a la víctima a su madre, Gloria Karina Romero.Al finalizar la audiencia, Romero aseguró ante los medios locales que el fallo era lo que esperaba aunque cuestionó las penas previstas para los feminicidios."La ley es muy blanda para este tipo de delitos", afirmó.La sentencia aún puede ser apelada por los condenados, que permanecen detenidos con prisión preventiva desde el inicio de la investigación a mediados de 2023.El feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, se produjo el 2 de junio de 2023 en Resistencia, ciudad capital de la provincia de Chaco.De acuerdo con la reconstrucción judicial, la mujer ingresó a la casa en la mañana de ese día bajo la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia, lejos del entorno familiar de su pareja.César Sena entró a la vivienda tiempo después y permaneció a solas con ella hasta que cerca del mediodía llegaron sus padres. Horas más tarde César Sena salió solo del lugar, llevando consigo el teléfono celular de la víctima.En la vivienda encontraron una cama y un colchón con manchas de sangre humana y los restos óseos de Strzyzowski fueron hallados tiempo después en un campo de la familia Sena.El crimen conmocionó al país y tuvo un fuerte impacto en la provincia, por la cercanía de los padres de Sena -importantes dirigentes sociales- con el entonces gobernador de la provincia, el peronista Jorge Capitanich, quien a pesar de ser uno de los candidatos favoritos para renovar su gobernación en las elecciones de 2023, perdió a manos del radical Leandro Zdero tras el feminicidio.
Una carta enviada al concejo del municipio de El Santuario, Oriente del departamento, generó preocupación en algunos corporados, pues allí se denuncia que los contratistas de la empresa de servicios públicos de esa localidad están recibiendo presiones para que se les renueve el contrato, luego del tiempo que establece la ley de garantías por las elecciones que habrá este año.Según leyó ante el recinto la secretaria del Concejo, están coaccionando a estas personas que laboran en EE.PP El Santuario E.S.P para que no solo voten por un candidato específico a la Cámara de Representantes, sino que ,además, le hagan campaña en redes sociales, pasen una lista con nombre y puestos de votación y hasta publiquen que votarán por esta persona, que aparecerá en el tarjetón con el número 115."Por parte del gerente Dubián Freddy Gómez, que también actúa a nombre del alcalde Martín Duque Gallo, para ejercer presión sobre nosotros y obligarnos a apoyar al candidato del Centro Democrático 115. Entre las acciones de constreñimiento hacen reuniones políticas en las instalaciones de la empresa de servicios públicos, para lo cual apagan todas las cámaras de seguridad de la empresa. Nos obligan a apagar los celulares y depositarlos en una canasta antes de empezar estas reuniones para promover al mencionado candidato. Nos exigen llenar una planilla de nombres, números de cédula y números de puesto de votación de familiares y amigos que tienen que estar obligados a votar por el referido candidato", detalla la misiva leída en el Concejo. Ante la grave denuncia, la alcaldía, a través del secretario de Gobierno Faryd Rodríguez, también dio su versión indicando que se trata de una campaña de desprestigio contra el alcalde actual, pues a su juicio no hay pruebas que sustenten la denuncia. Por ello, incluso, anunció acciones ante la Procuraduría y la Fiscalía, como lo dijo en diálogo con Blu Radio."Tenemos claridad que una campaña de prestigio está haciendo contra la Administración Municipal. Porque nosotros en ningún momento hemos realizado eso. Sabemos que hay candidatos a partidos políticos que quieren desprestigiar a la Administración Municipal y están basando y valiendo de esto. Porque están enviando al Consejo Municipal correos y correos anónimos con esa información porque ni siquiera son denuncias que tienen un fundamento legal ni fáctico", indicó."Vamos a emitir un comunicado a la Procuraduría para que denuncie esta campaña política, que quieren como enlodar a la Administración Municipal y vamos a pronunciarnos también ante la Fiscalía General de la Nación, porque tenemos el tema de la falsa denuncia", apuntó.Este medio conoció que se trataría de una pelea interna, entre un exmandatario de ese municipio y otro candidato del mismo partido, ambos con aspiraciones de llegar al Congreso de la República.Así fue el momento:
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 11 de febrero de 2026:El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, habló sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro, de supuesto complot para boicotear reunión con Trump.La senadora Aída Quilcué, comentó sobre su secuestro en el Cauca.Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, se refirió a la emergencia y crisis por lluvias que vive el departamento.Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, habló sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su supuesta cercanía con el esposo de la fiscal general.Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity, dio detalles de la carta que recibieron los trabajadores de la compañía sobre la importancia de participar en las elecciones de este 2026.María del Pilar López, secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, se refirió sobre el proyecto 'Salvavidas al Empleo'.Escuche el programa completo aquí:
Aunque ya han retornado a la presencialidad cerca de 4.000 estudiantes por las fuertes lluvias que se registraron con intensidad hace más de una semana, todavía hay seis municipios del Urabá antioqueño que tienen las aulas vacías, pues los niños, niñas y jóvenes deben continuar con talleres y trabajos desde sus hogares mientras se normaliza la situación.La situación se presenta en Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Vigía del fuerte, y Carepa (en dos sedes rurales), afectando a 18.069 estudiantes.De acuerdo con la secretaria de Educación del departamento, Mónica Ospina, están indagando en las instituciones educativas cuáles fueron afectadas directas de la temporada invernal, en qué casos no pueden llegar a las sedes por el mal estado de la vía y las daños en la infraestructura física (por ejemplo sus comedores escolares), tecnológica y el mobiliario.Ospina aclaró que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se sigue garantizando para todos los estudiantes en semiescolaridad."Con el resto de los estudiantes y las sedes educativas continuamos con semiescolaridad y dando la alimentación escolar a través del envío de los víveres o donde es posible la preparación de las comidas en los sitios de estos establecimientos educativos. Todo este contacto y esta información nos va a poder servir para poder atender estas instituciones y que puedan restablecer el servicio educativo lo más pronto posible", indicó.El ente departamental aclaró que en sedes con espacios adecuados o comedores comunitarios, la entrega se hace con alimento preparado en sitio; mientras que en zonas donde no es posible, se entregan víveres para preparación en casa.Por lo pronto, el retorno se da a medida que se recupera la infraestructura y se restablecen las condiciones de seguridad. De las 284 sedes que inicialmente estaban en semiescolaridad, 41 ya regresaron a la normalidad y a la atención presencial.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Con un respaldo mayoritario de los votantes, Campo Elías Ramírez Padilla se proclamó nuevamente ganador de las elecciones atípicas de la Alcaldía de Girón, obteniendo 21.366 votos, equivalentes al 58,31 % del total de sufragios. La jornada electoral se llevó a cabo tras la nulidad de su elección anterior por doble militancia y marca su regreso al primer cargo del municipio.La participación en la votación fue baja: de más de 131.355 ciudadanos habilitados para votar, solo 37.071 acudieron a las urnas, lo que representa aproximadamente un 28,22 % del censo electoral.Campo Elías Ramírez, de 35 años, es odontólogo, especialista en Dirección para la Gestión Pública y actualmente cursa una maestría en Gerencia de Proyectos. Su experiencia laboral incluye cargos en la Fuerza Aérea Colombiana, empresas de los sectores social y ambiental como Ecoreciclaje, y funciones en las alcaldías de Girón, Betulia y Bucaramanga, especialmente en áreas de gestión pública y programas sociales.La nulidad de su mandato anterior fue decretada por el Consejo de Estado, tras establecer que incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023. Esta decisión motivó la realización de elecciones atípicas para definir al nuevo alcalde hasta 2027.Campo Elías competía con otros aspirantes como Óscar Enrique Álvarez (Nuevo Liberalismo), Fernando Serrano Reina (ASI) y William Mantilla (Partido Conservador), entre otros.Ramírez es hermano de Jhon Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, quien ha estado vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos municipales y procesos administrativos, incluyendo la aprobación del estatuto tributario y la sobretasa bomberil, así como casos relacionados con la UNGRD.Tras los resultados, Campo Elías Ramírez asumirá formalmente la Alcaldía de Girón y comenzará la transición administrativa. Los ciudadanos esperan conocer su programa de gobierno y propuestas concretas, con énfasis en movilidad, seguridad, educación y proyectos sociales, mientras se consolida su regreso al poder municipal.
En el sur de Santander, la vida cotidiana se ha convertido en una prueba de supervivencia. En el municipio de San Andrés, cientos de familias campesinas enfrentan a diario un peligro silencioso pero constante: cruzar pasos improvisados sobre el río Congreso ante la ausencia de un puente seguro que garantice su movilidad.La emergencia se originó tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud que dejó incomunicada a buena parte del sector rural. Desde entonces, niños, adultos mayores y trabajadores deben arriesgar su vida para llegar a centros educativos, citas médicas o cumplir con sus labores agrícolas, atravesando estructuras artesanales que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.Las lluvias y las crecientes del río han empeorado la situación. En varias ocasiones, los pasos improvisados han colapsado, obligando a las comunidades a quedar totalmente aisladas durante días. La angustia es mayor para quienes dependen del transporte de productos como café y panela, base de la economía local y sustento de cientos de hogares.Ante la falta de una solución definitiva, los habitantes solicitan alternativas urgentes que permitan al menos el paso seguro de alimentos y mercancías, mientras se avanza en una obra estructural que restablezca la conexión entre el casco urbano y las veredas.Desde la Gobernación de Santander se han adelantado intervenciones para mitigar la emergencia, incluyendo la instalación de un puente provisional y trabajos de recuperación vial. Sin embargo, las autoridades reconocen que las condiciones del terreno y la magnitud del deslizamiento hacen necesaria una inversión adicional para proteger la infraestructura y evitar nuevos colapsos.Aunque ya se han destinado recursos para atender la emergencia, la falta de financiación nacional ha retrasado una solución definitiva. Entre tanto, las comunidades continúan expuestas a un riesgo permanente, a la espera de una respuesta que les permita recuperar la movilidad, la seguridad y la tranquilidad que hoy no tienen.
Un trabajador del municipio de Barbosa, Santander, vivió momentos de tensión al encontrar un enjambre de abejas posado sobre su motocicleta, que había dejado parqueada a plena luz del día. La situación generó alarma y obligó a solicitar el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos.De acuerdo con David Márquez, integrante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, este tipo de episodios se presentan con mayor frecuencia durante la temporada de verano, cuando se intensifica la migración de abejas en busca de nuevos lugares para establecer colmenas.“En esta época nacen nuevas reinas y en una colmena no pueden coexistir dos al mismo tiempo. Por eso estos enjambres son de paso y no son agresivos. Llegan a descansar entre dos y tres horas antes de continuar su desplazamiento”, explicó.El funcionario advirtió que no se deben retirar ni manipular las abejas cuando hay altas temperaturas, ya que el calor las vuelve más sensibles al estrés y a la deshidratación, aumentando el riesgo de que reaccionen de manera defensiva.“Con el sol fuerte, las abejas se alteran fácilmente. Si se les molesta en ese momento, pueden atacar en defensa del enjambre. Por eso los retiros solo se hacen en horas frescas, antes de las 7:00 de la mañana o después de las 5:00 de la tarde”, indicó.Tras la emergencia, los bomberos realizaron el control del enjambre y su posterior traslado a una zona rural, garantizando la seguridad de las personas y la protección de las abejas.Las autoridades recordaron que estos insectos pueden posarse temporalmente en motocicletas, vehículos, postes, balcones, fachadas de negocios o espacios públicos, e insistieron en mantener la calma y reportar la situación a los organismos de socorro, evitando acciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.
El decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores, continúa generando preocupación en Santander, especialmente en el sector privado licorero, que advierte una fuerte caída en ventas, afectación al empleo y un posible aumento del contrabando.Desde la Licorera de Santander aseguran que los efectos del nuevo impuesto se sienten desde comienzos de año. Según explicó su gerente suplente, Danny Villamizar, la tendencia del consumo es claramente a la baja.“Desde el primero de enero venimos siendo afectados por el impuesto del IVA para los licores. Las ventas ya se han reducido en un 30 %. Hay una gran incertidumbre en el sector licorero del país por lo que pueda pasar con este decreto”, señaló.Villamizar explicó que, aunque varios gobernadores han manifestado su rechazo a la medida, las empresas privadas están obligadas a cumplirla, lo que encarece el producto final y reduce el mercado.“Nosotros, como privados, sí debemos acatar y pagar los impuestos; esto reduce el mercado en la región y hace que el aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierta en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó.El impacto no solo se refleja en las ventas, sino también en el empleo. La Licorera de Santander opera con dos plantas maquiladoras y mantiene una cadena de contratos directos e indirectos que hoy está en riesgo.“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, advirtió el directivo.Además, el sector alerta que el aumento de precios puede favorecer el contrabando y la comercialización de licor ilegal, que no paga IVA ni impuesto al consumo, y que representa un riesgo para la salud pública.“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, concluyó Villamizar.Mientras la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto por afectar la autonomía fiscal y los ingresos regionales, en Santander el sector privado licorero insiste en que la medida está debilitando una industria clave para la economía y el empleo del departamento.
Con un robusto esquema de seguridad y acompañamiento institucional, se desarrollan las elecciones atípicas en el municipio de Girón, Santander. Más de 500 uniformados de la Policía Nacional, con el apoyo del grupo UNDMO, fueron desplegados para garantizar el orden público y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la jornada electoral.El proceso democrático cuenta además con la vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de las acciones para asegurar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios.Desde tempranas horas de la mañana, los gironeses han acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto; no obstante, las autoridades reportaron algunos hechos.Según confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, "una adulta mayor sufrió una caída al ingresar a un puesto de votación, se registró una riña en medio de actividades relacionadas con campañas electorales y fueron incautados 5.400 stickers alusivos a un candidato", material que presuntamente incumplía la normativa electoral.Las autoridades destacan que la jornada se desarrolla con normalidad, apoyada por la implementación de biometría facial, una herramienta que ha permitido verificar la identidad de los votantes y reforzar la transparencia y confianza en el proceso democrático.“Los entes competentes departamentales, nacionales y regionales han estado atentos a cada una de estas situaciones, brindando acompañamiento permanente para garantizar la seguridad y la normalidad de la jornada”, señaló el funcionario.De acuerdo con los datos oficiales, más de 131.000 ciudadanos están habilitados para votar en Girón, de los cuales 68.000 son mujeres y 62.000 hombres.Las autoridades esperan que durante el transcurso de la tarde continúe aumentando la participación ciudadana en esta jornada clave para el futuro administrativo del municipio.
La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa la creación y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Colombiano (FODECOL), constituido en el municipio de Capitanejo, Santander, al abrir una indagación preliminar por presuntas irregularidades en su conformación y manejo administrativo.La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que busca establecer si los funcionarios públicos que participaron en la creación del fondo actuaron conforme a la ley y a los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.De acuerdo con información preliminar conocida por el ente de control, Fodecol fue creado con un capital inicial cercano a los 25 millones de pesos, pero en un periodo aproximado de 15 meses habría adquirido la capacidad para administrar recursos multimillonarios, ejecutando más de 150.000 millones de pesos en recursos públicos, lo que despertó inquietudes sobre su estructura jurídica, su idoneidad y los procedimientos utilizados para su consolidación.Capitanejo no solo fue el lugar de origen de Fodecol, sino que su creación quedó formalmente avalada por la Alcaldía Municipal, hoy en cabeza de Jaime Sepúlveda, mediante el Acuerdo Municipal 002 del 12 de febrero de 2025, sancionado por el propio mandatario.Dicho acuerdo autorizó expresamente la creación e integración de Fodecol como un fondo mixto sin ánimo de lucro, con un capital inicial de 25 millones de pesos, de los cuales el municipio de Capitanejo aportó el 51 %, convirtiéndose en el socio mayoritario de la entidad.Aunque el fondo fue constituido oficialmente el 13 de septiembre de 2024, su respaldo político y administrativo quedó sellado en febrero de 2025, cuando el alcalde sancionó el acuerdo que le dio vida jurídica. De manera paralela, el Concejo Municipal también autorizó el endeudamiento del municipio a través de empréstitos financieros, lo que hoy hace parte del análisis de los organismos de control.Este rápido crecimiento es uno de los principales aspectos que analiza la Procuraduría, junto con la forma en que se gestó el fondo y el rol que habrían desempeñado los funcionarios de la Alcaldía de Capitanejo en este proceso.El Ministerio Público investiga, si la creación de Fodecol cumplió los requisitos legales, quiénes fueron los funcionarios responsables de las decisiones administrativas, si las actuaciones podrían constituir faltas disciplinarias y si el fondo cuenta con la capacidad técnica y financiera para manejar recursos públicos.El ente de control busca proteger los recursos del Estado y garantizar que las entidades creadas para impulsar el desarrollo regional operen bajo criterios de legalidad y transparencia.Las autoridades continúan recopilando información y documentos que permitan esclarecer el origen, la estructura y el manejo de Fodecol, en un proceso que será clave para definir responsabilidades administrativas en Santander.