Un proceso contractual de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se encuentra bajo análisis de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, tras denuncias que advierten presuntas irregularidades. Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de las acusaciones y actuaciones preliminares, sin que exista una decisión judicial o disciplinaria en firme.Según informes conocidos por este medio, la Contraloría habría advertido múltiples inconsistencias en el origen, ejecución y continuidad del modelo de descuentos implementado con Dibanka S.A.S., empresa que presta servicios financieros a pensionados de la Policía Nacional.Uno de los principales cuestionamientos apunta a que Casur informó, en mayo de 2020, a cerca de 105.000 afiliados sobre la elección de la plataforma de Dibanka, antes de que la empresa estuviera legalmente constituida. De acuerdo con registros mercantiles, Dibanka solo formalizó su existencia ante la Cámara de Comercio en agosto de ese mismo año, meses después de haber sido recomendada tras un supuesto estudio de conveniencia elaborado por la firma Digital Consulting Group.Según las denuncias, entre 2020 y 2023 Dibanka habría recibido ingresos estimados en 18.000 millones de pesos anuales, producto de descuentos realizados directamente a pensionados. Sin embargo, durante ese periodo no existía un acuerdo de reciprocidad económica con Casur, situación que es señalada como irregular por permitir el uso de la infraestructura y la base de datos de la entidad sin un retorno financiero.En medio de estos cuestionamientos, la Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía elevó una solicitud formal a su director, en la que pide información y transparencia sobre el proceso mediante el cual Casur invitó y evaluó a las empresas interesadas en operar la plataforma tecnológica de libranzas. En concreto, solicitan conocer cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en ella, a partir de inquietudes expresadas por afiliados y denuncias conocidas públicamente.Documentos conocidos por este medio indican que la Junta Directiva habría solicitado expresamente no avanzar en la contratación con Dibanka, recomendación que, según las quejas, no fue acatada. A esto se suman solicitudes formales de representantes de oficiales, suboficiales y agentes, quienes han pedido suspender nuevos contratos hasta que se garantice la transparencia del proceso.Fuentes cercanas al caso, consultadas por Blu Radio, señalaron que la denuncia presentada ante la Procuraduría se fundamenta en el proceso adelantado por Casur en mayo de 2025 para la contratación de una plataforma tecnológica destinada a la gestión de libranzas.Entre las presuntas irregularidades denunciadas se encuentra la simulación de una licitación bajo la figura de un estudio de mercado, mediante la exigencia de requisitos técnicos, jurídicos y financieros propios de un proceso competitivo formal, así como el uso de criterios de evaluación de “cumple/no cumple”, sin posibilidad de subsanación por parte de los proponentes.En este medio contactamos a varios miembros de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, pero no obtuvimos respuesta.
El veedor ciudadano Ángelo Muñoz aclaró ante la opinión pública los motivos que, según la veeduría, justifican la suspensión impuesta por la Procuraduría al gerente de Emcali, en medio del proceso de selección del aliado estratégico que operaría el alumbrado público de Santiago de Cali por más de 20 años.Muñoz señaló que la medida disciplinaria no es arbitraria, sino consecuencia de hechos documentados que evidencian presuntas irregularidades en el manejo de dicho proceso. Según explicó, aunque el gerente Mina ha sostenido públicamente que no existía una contratación formal sino un estudio de mercado con “ofertas no vinculantes”, la documentación oficial de EmCali demuestra lo contrario.“El propio cronograma del proceso incluye etapas, plazos definidos, evaluación, adjudicación y firma del contrato. Jurídicamente eso configura un proceso precontractual, no un simple ejercicio exploratorio”, indicó el veedor.La veeduría también advirtió que existió una restricción indebida a la libre concurrencia de oferentes. Actos administrativos de Emcali establecieron que solo podrían presentar ofertas vinculantes las empresas previamente invitadas en la etapa inicial, lo que habría cerrado la competencia y vulnerado los principios de transparencia, pluralidad e igualdad.“El diseño del proceso fue cerrado desde su origen y favoreció a un único oferente”, aseguró Muñoz, al advertir que de diez invitaciones cursadas solo se recibió una oferta, presentada por la empresa TC, una sociedad con menos de dos años de existencia y sin experiencia proporcional a la magnitud del contrato.Con base en estos hallazgos, la veeduría consideró válida y necesaria la suspensión del gerente Mina, como una medida preventiva que busca proteger la transparencia de la gestión pública y garantizar el correcto uso de los recursos de los caleños.“Lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la ciudadanía los documentos que explican por qué la decisión de la Procuraduría tiene fundamento jurídico y fáctico”, puntualizó Muñoz.
Un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a José Jerónimo Ballesteros, señalado de dirigir un complejo clandestino dedicado a la falsificación de dólares en una zona rural del municipio de Berbeo, en el departamento de Boyacá. En el lugar, las autoridades hallaron más de un millón de dólares falsos listos para ser distribuidos en diferentes puntos del país.La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación en articulación con agencias de Estados Unidos y con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, permitió ubicar una finca que funcionaba como centro de producción ilegal de billetes de 20 y 50 dólares. De acuerdo con el ente acusador, el complejo operaba a gran escala y contaba con la infraestructura necesaria para la elaboración masiva de moneda extranjera falsificada.Durante la diligencia de registro y allanamiento, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación encontraron máquinas y planchas litográficas, impresoras, cortadoras, contadoras de billetes, octavos de papel con impresiones a doble cara, tintas especializadas y sellos de seguridad. Todo el material estaba destinado a la fabricación de dólares falsos con apariencia similar a la moneda original.En el operativo fueron incautados 1.123.600 dólares falsificados que, según explicó la fiscal del caso durante las audiencias preliminares, equivalen a más de 4.273 millones de pesos colombianos. “Se le encontró en situación de flagrancia, en posesión de elementos materiales probatorios como planchas, máquinas litográficas, tintas y papel, así como 1 millón 123.600 dólares falsos, que además habrían sido puestos en circulación en los Estados Unidos de Norteamérica”, sostuvo la fiscal en su intervención.Los elementos recaudados indican que el centro clandestino estaría al servicio de una red transnacional, que habría desarrollado un sistema de impresión capaz de producir billetes falsos con altos estándares de calidad. Estos eran comercializados y distribuidos en varias ciudades de Colombia, así como en Estados Unidos y otros países de la región.Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a José Jerónimo Ballesteros los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. El procesado no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
El comandante del Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, reportó que, durante el año 2025, se capturaron a más de 3.000 personas involucradas en delitos como el homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y delitos sexuales con menores de edad tanto por órdenes judiciales como en flagrancia en todo el departamento.Según el coronel Téllez, el hurto de vehículos es uno de los flagelos de mayor relevancia en el Huila, sin embargo, este año mediante las respectivas denuncias por parte de las víctimas, se recuperaron alrededor de 720 automotores entre carros y la mayoría motocicletas.“Desde el 1 de enero, hasta lo que va corrido del mes de diciembre del 2025, la Policía tiene un reporte de al menos 3.000 capturadas, resultado del trabajo articulado que adelantan hombres y mujeres policías en el territorio. Estos resultados obedecen a diferentes actividades operativas y de control. Tenemos que decir que este año hubo importantes reducciones en delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio tuvo una disminución de ocho casos con relación al año anterior, lo que equivale a un 3%. Igualmente, la extorsión registra 21 casos menos con una reducción del 11%”, explicó el comandante de Policía Huila.De acuerdo con las cifras oficiales, el abigeato y el hurto a residencias y comercio en la vigencia 2025 tuvieron una disminución por encima del 70% en comparación a las estadísticas de estos hechos delictivos que se registraron en el Huila durante el año 2024.Respecto a otros comportamientos criminales, según el informe policial, los delitos sexuales presentan una reducción de cuatro casos frente al año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que los menores de edad es la población víctima de esta conducta punible en la que se han visto involucrados, familiares y personas muy allegadas a las víctimas.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Recientemente los usuarios de la Nueva EPS recibieron una noticia desalentadora de cara al inicio del 2026, Colsubsidio dejará de dispensarle los medicamentos debido a las millonarias deudas pendientes con la entidad. Ante esta situación que afecta a más de 500.000 personas en Antioquia, la Nueva EPS informó que Tododrogas será el nuevo gestor en el departamento.Sin embargo, y a pesar del parte de tranquilidad que da la Nueva EPS con la dispensación de los medicamentos, asegurando que lo que se busca es evitar la interrupción en los tratamientos de los usuarios, desde el departamento de Antioquia miles de pacientes han mostrado su preocupación por lo que será la entrega de medicamentos desde este 1 de enero.Ante la sorpresa por la decisión, varias personas que se acercaron hasta las sedes de Colsubsidio a reclamar sus tratamientos no dejaron de mostrar su inconformidad por el manejo que le ha dado el agente interventor a la Nueva EPS."Pero si imagina la Nueva EPS, yo ahora estuve por allá y eso va a colapsar mucho... La mayoría de las veces viene uno y siempre le falta algo, siempre falta algo, nunca están completos... Que la Nueva EPS, esa es una porquería y eso no les dan medicamentos", expresaron.Con el disgusto más que evidente entre los pacientes de la Nueva EPS en el departamento de Antioquia, hay que destacar que Colsubsidio solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 12:00 m., por lo que se invita a los usuarios de la Nueva EPS a consultar las sedes de Tododrogas en donde podrán hacer sus gestiones a partir del próximo año.Finalmente, mencionar que son 22 municipios en Antioquia que se ven afectados por el cambio de gestor farmacéutico, por lo que no se descarta que Tododrogas tenga que habilitar más sedes en Medellín para poder atender a los mas de 200.000 pacientes que hay en la capital antioqueña.
A pocos días de cumplirse dos meses del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio y radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados de haber participado en la golpiza que le causó la muerte a Jaime Moreno, estudiante universitario de la Universidad de los Andes.El ente acusador formuló acusación por el delito de homicidio agravado, tras considerar que existen suficientes elementos materiales probatorios para demostrar la presunta responsabilidad de los procesados en el crimen del joven de 20 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos.De acuerdo con la Fiscalía, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado momentos después de los hechos y habría participado de manera directa en la agresión que terminó con la vida del universitario. Durante la imputación, el hombre de 27 años no aceptó cargos. El delito que se le atribuye contempla una pena que oscila entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, entre 40 y 50 años de cárcel.Durante la audiencia, la fiscal del caso expuso varios videos incorporados al expediente en los que se observa a Suárez Ortiz con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y vistiendo un pantalón oscuro, acompañado por otro hombre identificado como Ricardo Rafael González Castro. En las grabaciones, según la Fiscalía, se evidencia cómo ambos golpean a la víctima por la espalda y continúan la agresión incluso después de que cae al suelo.“Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó al piso. Luego, mientras otro sujeto lo acompañaba, continuaron la agresión y huyeron del lugar”, señaló la fiscal durante su intervención. En su relato, también indicó que durante el ataque una mujer identificada como Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, los incitaba a continuar golpeando al joven.Para la Fiscalía, la conducta desplegada por Suárez Ortiz y González Castro evidencia una clara intención de causar la muerte de Jaime Moreno. Según explicó la delegada, si el propósito hubiera sido únicamente causarle lesiones, la agresión habría cesado tras el primer ataque. Sin embargo, los procesados se retiraron y regresaron para continuar golpeándolo, pese a haber tenido tiempo suficiente para detener la agresión y reflexionar sobre lo ocurrido.El ente acusador también expuso que los agresores abandonaron el lugar solo después de observar que la víctima se ahogaba en su propia sangre, presentando sangrado por la boca, la nariz y los ojos. Para la Fiscalía, este comportamiento demuestra un absoluto desprecio por la vida y refuerza la gravedad del delito imputado.Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra formalmente en etapa de juicio, mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades penales por la muerte del estudiante universitario.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Una familia completa perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes 30 de diciembre, alrededor de las 4:00 de la mañana, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. El siniestro dejó seis personas fallecidas, entre ellas dos bebés de apenas 10 meses, cuando el vehículo en el que se desplazaban chocó de frente contra un camión.El hecho se registró hacia las 4:30 de la mañana en la vía PR-170, a la altura del municipio de Rolândia, en el norte de Paraná. La familia regresaba de un viaje cuando, por razones que aún son materia de investigación, el carro colisionó frontalmente con un camión que se dirigía al distrito de São Martinho.Las autoridades confirmaron que las víctimas eran Alexandre Cordeiro y Adriana da Silva Souza Cordeiro, un matrimonio residente en el municipio de Florestópolis, junto a sus hijos Miguel de Souza Cordeiro, dos gemelos de 10 meses de edad y su sobrino, Elano Gabriel de Oliveira. Alexandre se desempeñaba laboralmente en el área de tornería y soldadura.De acuerdo con reportes del Departamento de Bomberos y la prensa local, el camión involucrado en el accidente transportaba pollitos y se desplazaba desde Birigui, en el interior del estado de São Paulo, hacia Mandaguari, en Paraná. En el vehículo pesado viajaban dos personas: el pasajero resultó ileso, mientras que el conductor fue rescatado con vida y trasladado a un centro asistencial, según informó el medio g1.Equipos de emergencia, peritos forenses y personal de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia y adelantar las diligencias correspondientes. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, donde se realizaron los procedimientos legales.Las causas exactas del accidente aún no han sido esclarecidas y continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes. El hecho ha generado profunda conmoción en la región y entre los habitantes de Florestópolis, donde la familia era ampliamente conocida.
La decisión se produjo tras el estudio de una acción de tutela presentada por Ariel, quien denunció que la plataforma web del Ejército no le permitió inscribirse para definir su situación militar, ya que el sistema solo contempla los marcadores de género masculino y femenino.Ante esta limitación, esta persona tuvo que registrarse como mujer para poder continuar el trámite. Para la Corte Constitucional, ninguna persona debería verse forzada a desconocer su identidad de género para acceder a un trámite estatal.En su fallo de tutela, el alto tribunal recordó que la identidad de género protege “la garantía de ser y existir, tanto a nivel individual como social”.El alto tribunal fue claro en señalar que la ausencia del marcador de género ‘no binario’ en los sistemas del Ejército no es un asunto menor, sino una manifestación de inacción institucional que excluye a quienes no encajan en esquemas tradicionales.Por eso la Corte ordenó al Ejército ofrecer disculpas por escrito a Ariel y adelantar las gestiones necesarias para que en todas sus bases de datos se reemplace su marcador de género por “NB” o “no binario”.Además, dispuso que la entidad adecúe sus formularios, plataformas y procedimientos administrativos para incorporar de manera obligatoria esta categoría.El fallo también reconoce que estos ajustes requieren la atención con la Registraduría, entidad que administra la información de sexo o género en el registro civil y la cédula de ciudadanía.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias 'Chipi', señalado cabecilla de una estructura criminal dedicada a homicidios, microtráfico y otras actividades ilegales en Bogotá, y quien es uno de los presuntos principales responsables en el magnicidio de Miguel Uribe. En esta oportunidad, el ente acusador le atribuyó la presunta orden de un homicidio ocurrido el 15 de junio, en medio de disputas entre organizaciones delincuenciales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo en la capital del país.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Arteaga Hernández habría ordenado el asesinato de un hombre como retaliación por el cruce de fronteras criminales en zonas de microtráfico de Bogotá. Para concretar el crimen, al parecer, contactó telefónicamente a un hombre identificado como Antonio Rafael Herrera, alias Barranquilla, a quien le ofreció una promesa remuneratoria de cuatro millones de pesos por ejecutar la acción sicarial.En el desarrollo de la imputación, el fiscal relató que la noche previa al crimen, Arteaga Hernández habría seguido a la víctima hasta una bolirana cercana a la avenida Mutis, donde nuevamente se contactó por WhatsApp con alias Barranquilla. Este último llegó al lugar en bicicleta y, a pocas cuadras del sitio, recibió el arma de fuego dentro de un automóvil, junto con la promesa del pago final de los otros dos millones de pesos.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.A esta decisión se suma la acusación formal por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.
La Dijín y la Fiscalía confirmaron que ya fue emitida la circular roja solicitada por el ente acusador en contra de Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, mujer de nacionalidad venezolana señalada de tener participación en el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, tras salir de una fiesta de Halloween. Fernández fue identificada por las autoridades y por los investigadores del caso como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos.Según la Fiscalía, la mujer estaría en Venezuela, luego de salir de Colombia en las últimas semanas tras un interrogatorio en el marco de la investigación, que según las autoridades no descarta preacuerdos y otras capturas.Desde el inicio del proceso, la familia de Jaime Moreno había insistido en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada de manera formal a la investigación. Según han señalado sus representantes legales, en las grabaciones analizadas por los investigadores se observa la presencia de la mujer y sus actuaciones durante los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven de 20 años.La ciudadana extranjera fue inicialmente detenida tras los hechos, pero posteriormente quedó en libertad. Sin embargo, los abogados de la familia Moreno aseguran que, durante esa diligencia, Fernández incurrió en contradicciones y habría entregado datos de ubicación que no corresponden con la realidad. Las autoridades también indicaron desde la inicial captura que la mujer se encontraba en situación migratoria irregular.Estas observaciones coinciden con lo expuesto por la fiscal que adelantó la judicialización de Ricardo González, segundo capturado por este caso. La funcionaria explicó que, aunque las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, su conducta sigue siendo objeto de análisis dentro del proceso penal. En ese contexto, señaló que ambas habrían tenido un rol como instigadoras o determinadoras del ataque.“Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, sostuvo la fiscal durante la audiencia, al explicar que la investigación no se limita únicamente a quienes ejecutaron directamente la agresión, sino también a quienes pudieron haber influido o contribuido a que esta se produjera.
El caso de Alexis Gómez, un joven de 15 años del barrio San Javier El Salado, terminó en tragedia tras su desaparición el 3 de junio de 2023. Según autoridades y familiares, el adolescente salió de su casa con la intención de visitar a su novia. Semanas antes, la familia había recibido amenazas telefónicas y mensajes que advertían sobre un posible secuestro. El último contacto de Alexis con su madre, Claudia Cardona, ocurrió cerca de la medianoche del día de su desaparición. La mujer relató en entrevista con Conducta Delictiva Podcast que él respondió con voz tenue a su preocupación: "No te preocupes que yo ya enseguidita me voy para la casa". Tras perderse su rastro, se activó un operativo de búsqueda ciudadana e institucional. Las investigaciones apuntaron a un vecino del sector, identificado como alias ‘Danaker’, de más de 40 años. Testimonios de la comunidad indican, según su madre, que el hombre había ganado la confianza de varios jóvenes mediante regalos; sin embargo, en el caso de Alexis, el acoso escaló al hackeo de redes sociales y al monitoreo de llamadas.Al inspeccionar su vivienda, las autoridades hallaron, según Willington Cano, libretas con el nombre del menor repetidamente escrito, objetos relacionados con brujería y una póliza de seguro de vida en la que Alexis figuraba como beneficiario sin autorización de sus padres. Su madre recordó un episodio fuerte: "Hubo ocasión de que dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser para nadie".Willington Cano, profesor de la escuela de fútbol de Alexis, agregó en Conducta Delictiva Podcast: "Yo lo conocí en la iglesia cristiana, pero él le hacía brujería a Alexis para poder controlarlo y mantenerlo atado a él. Tenía una frase como pidiendo que los niños llegaran a él, como unos santos, como unas cosas ahí todas raras y una frase que siempre oraba pidiendo que los niños estuvieran con él".El cuerpo de Alexis fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona boscosa de Altos de Palmitas, ocho días después de su desaparición. Claudia Cardona identificó los restos mediante prendas y una pulsera:"Yo sé que ese es mi hijo… yo como mamá lo siento y ese corazón de mamá nunca engaña."El responsable fue condenado a 40 años de prisión, pero el proceso estuvo marcado por la indignación, ya que el hombre recuperó la libertad por vencimiento de términos y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de los familiares de dos personas que murieron tras la activación de minas antipersonal en Putumayo y Cauca, y ordenó dejar sin efectos las sentencias que habían negado la responsabilidad del Estado en estos casos.En la sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Efraín Polo, se concluyó que los Tribunales Administrativos de Nariño y del Cauca incurrieron en defectos fácticos y desconocimiento del precedente judicial, al valorar de forma fragmentada las pruebas y apartarse de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre responsabilidad estatal por daños causados con minas antipersona.Los casos analizados corresponden a la muerte de Hernando Castillo Tobar, ocurrida en 2012 en Puerto Leguízamo (Putumayo), y de Gerson Carabalí Popo, fallecido en 2013 en Buenos Aires (Cauca).En ambos hechos, las víctimas eran civiles ajenos al conflicto armado y perdieron la vida al detonar minas instaladas en zonas con presencia activa de la Fuerza Pública.De acuerdo con la sentencia, al desconocer las pruebas se vulneraron los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de las víctimas.Por esa razón, la Corte Constitucional exhortó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Defensa Nacional a fortalecer las medidas de prevención, desminado y atención integral a las víctimas, al advertir que, pese a los avances del Estado, persisten serios retos en señalización, monitoreo y educación sobre el riesgo por minas antipersonal.
Nueve personas fueron capturadas por su presunta participación en una red de corrupción judicial dedicada, según la Fiscalía, a cobrar dinero a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y frenar actuaciones clave como órdenes de captura y medidas cautelares de extinción de dominio. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos y habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los hechos corruptos se habrían presentado en investigaciones que cursaban en la Unidad de Lavado de Activos y en la de Extinción de Dominio. Según señaló, se logró establecer que en al menos tres procesos, relacionados con hechos ocurridos entre 2014, 2015, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas dependencias habrían eliminado elementos materiales probatorios y solicitado dinero a los involucrados a cambio de evitar medidas contra bienes o impedir órdenes de captura.Entre los capturados figuran integrantes activos de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.La investigación permitió establecer que los presuntos integrantes de la red, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones y habrían constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares de alias Manicomio. Estas presiones, según el ente acusador, se habrían intensificado como retaliación ante la negativa de pagar las sumas exigidas.Por estos hechos, se les imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Zulma Guzmán, principal sospechosa en el caso de envenenamiento con talio que dejó dos menores de edad fallecidos, continúa hospitalizada en el Reino Unido en un delicado estado de salud, situación que ha impedido avanzar, por ahora, en la notificación de la circular roja de Interpol y en el trámite efectivo de su extradición a Colombia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que la última certificación médica conocida por el ente acusador indica que la mujer sigue bajo un estricto protocolo de salud mental, vigente en el Reino Unido, el cual limita cualquier actuación judicial mientras permanezca internada.“Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”, señaló Jaramillo. Añadió que, pese a las restricciones, la investigación en Colombia continúa avanzando tanto en las actividades propias de policía judicial como en las diligencias ante jueces de control de garantías.La funcionaria reiteró que la Fiscalía mantiene dos frentes activos: el fortalecimiento del perfil investigativo de la sospechosa y el desarrollo de las actuaciones judiciales necesarias para cuando se destrabe el escenario internacional. “Tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos”, puntualizó.El proceso de extradición en el Reino Unido contempla dos escenarios una vez se verifique la condición física y mental de la requerida. El primero es que la persona acepte voluntariamente la extradición; el segundo, que se oponga a ella. En este último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega, con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende automáticamente el procedimiento y, en algunos casos, la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite.De acuerdo con la información oficial, la orden de captura internacional fue emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería, y el pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas.Las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A este episodio se suman alertas emitidas por Interpol sobre sus desplazamientos previos en distintas ciudades, lo que, según los investigadores, incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
Una cadena de desapariciones registrada en mayo de 2025 encendió las alarmas en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, especialmente entre el gremio de mototaxistas. Con el paso de los días, lo que comenzó como reportes aislados terminó revelando uno de los casos criminales más graves del año, cuyo principal señalado es Joiner Alquiver Cabrera Mota.De acuerdo con las investigaciones y lo revelado por Séptimo Día, el primer caso ocurrió el 7 de mayo, cuando Jaime Fierro Clavijo desapareció tras aceptar un servicio de transporte. Dos días después, el 9 de mayo, fue reportada la desaparición de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo se perdió todo rastro de John Freddy Morales, lo que generó una creciente preocupación entre familiares y compañeros de oficio.Las autoridades establecieron que el modus operandi de Cabrera Mota consistía en solicitar servicios de transporte hasta su vivienda, donde una vez llegaban las víctimas, las intimidaba con armas, las retenía y posteriormente las asesinaba, presuntamente mediante asfixia o degollamiento.El caso dio un giro el 12 de mayo, cuando el señalado fue capturado en flagrancia, al ser encontrado en posesión del teléfono celular de una de las víctimas, hecho que inicialmente permitió su judicialización únicamente por el delito de receptación. Sin embargo, tras su captura, una inspección a su residencia reveló una escena aún más grave: dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto dentro de una caneca.Posteriormente, y gracias a la confesión del propio capturado, las autoridades lograron ubicar un tercer cadáver en una zona rural del municipio, confirmando así la magnitud del caso. En julio, un juez le impuso una segunda medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro agravado.No obstante, un fallo administrativo terminó permitiendo que Cabrera recuperara su libertad en agosto. Según se conoció, la comunicación entre el juzgado y el Inpec fue defectuosa y solo se tramitó la boleta de libertad correspondiente al delito de receptación, sin tener en cuenta la medida de aseguramiento vigente por homicidio, lo que derivó en su excarcelación.El 15 de agosto, ya en libertad, Cabrera atacó brutalmente a Alfredo Felantana, quien fue apuñalado en 27 oportunidades y abandonado a un costado de una vía. La víctima sobrevivió y logró alertar a las autoridades.El 20 de agosto fue recapturado en Villavicencio. Actualmente, Cabrera permanece bajo custodia judicial y enfrenta cargos por homicidio agravado, desaparición forzada y tentativa de homicidio.En entrevista con Séptimo Día, de Caracol Televisión, el sujeto reveló paso a paso cómo fueron los ataques. Sobre su primera víctima dijo que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.Recordó que no conocía a los hombres, que los detenía al azar y les quitaba la vida. “Era un trabajo para alguien, pero no para mí; eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No lo sé. Son cosas que uno no pregunta”, señaló.Dijo que con las siguientes víctimas pasó lo mismo y que le suplicaban que no los matara. Uno de los momentos más tensionantes de la entrevista fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino sobre sus tatuajes:“¿Qué significan esas cruces en la mano? A mí me habían dicho que era una por cada persona asesinada. ¿Es así? ¿Cuántas tiene?”.A lo que el señalado responde: veintitrés cruces.El periodista insiste: “¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada?”. La reacción de Cabrera es sorprendente: se queda callado y afirma con la cabeza, indicando que no puede hablar sobre esos crímenes.
Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional, Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el oficial se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego por el hoy procesado, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona. Gravemente herido, el teniente coronel fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.“El 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 12:23/12:25 de la tarde en la ciudad de Popayán, en momentos en que el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda (en paz descanse), se desplazaba como conductor del vehículo marca Kia Picanto de color blanco, con placa IGV-920, fue alcanzado por dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero de rodantes, es decir, usted señor Jean Paul Sánchez Gómez, utilizando un arma de fuego de la que carecía de permiso para su porte, le dispara al Teniente Coronel en varias oportunidades, logrando impactarlo en su humanidad”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.Las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, permitieron establecer que el presunto agresor habría esperado a la víctima en un establecimiento comercial y luego la siguió para cometer el ataque. Tras el crimen, quedó registrada la ruta de escape: descendió de la motocicleta, se quitó un buzo y el casco, y abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.Sánchez Gómez fue capturado en una vía pública de Jamundí, Valle del Cauca, en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.