Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La posible declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional sigue generando inquietud entre analistas y exfuncionarios del sector económico. Más allá del debate jurídico, el impacto real se sentiría en el bolsillo de los colombianos, en un contexto de inflación aún sensible y finanzas públicas presionadas.En entrevista con Blu Radio este 21 de diciembre de 2025, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, explicó que las medidas que se estudian no solo tendrían efectos inmediatos sobre consumidores y empresas, sino que abrirían un precedente complejo en el manejo fiscal del país, especialmente de cara a 2026.En ese escenario, Soto fue directa al describir las consecuencias del decreto en discusión. “Lo primero es que a todos los colombianos se nos suben los impuestos”, advirtió, al señalar que el borrador conocido contempla un aumento inmediato del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4 por 1.000 al 5 por 1.000, encareciendo las transacciones del sistema financiero.Advierten más impuestos y presión sobre el bolsillo de los colombianosSegún la exfuncionaria, el impacto no se limitaría al GMF. También habría mayores cargas para personas naturales de altos ingresos mediante un nuevo impuesto al patrimonio, así como para empresas de sectores como hidrocarburos, carbón, licores y tabaco. “Son mayores precios que va a tener que pagar el consumidor y que se van a ver reflejados en presiones al alza de la inflación”, explicó.Soto subrayó que, aunque el objetivo sea cerrar un hueco fiscal, el efecto agregado sería un golpe al consumo y un aumento del costo de vida, en un momento en el que buena parte de la población aún enfrenta restricciones económicas.Emergencia económica: un precedente fiscal cuestionadoLa excodirectora también puso el foco en el precedente institucional. Para ella, acudir a una emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento envía un mensaje problemático. “No pasa la ley en el Congreso y entonces se saca por decreto. Es un precedente cuestionable para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó.Desde su perspectiva, la negativa del Legislativo no constituye un hecho sobreviniente, sino una expresión normal de la autonomía de poderes. “Que el Congreso no apruebe lo que quiere el Ejecutivo no es una emergencia, eso es la democracia”, puntualizó.Soto también cuestionó la reciente colocación directa de deuda por 23 billones de pesos. “Es una decisión sin precedentes, atípica y con mucha opacidad”, dijo, al advertir que este tipo de operaciones generan desconfianza en los mercados y un costo reputacional para el país.A su juicio, el mayor daño podría no ser inmediato ni solo económico, sino institucional, afectando la credibilidad y la transparencia del mercado de deuda pública colombiano en el largo plazo.
En entrevista con Vamos Pa' Eso Podcast, Sonia Mora contó que los hechos se originaron cuando tenía entre 9 y 10 años, momento en que su agresor inició un ciclo de manipulación y abusos.La joven dijo que tras al separación de sus padres, "para mí era supremamente normal ver a mi mamá teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres". Tras 8 años, un hombre llamado José inició una relación oficial con su mamá.José y la mamá de la joven tuvieron una hija; posteriormente se fueron a vivir juntos. "Me daba el estudio, me compraba mis uniformes, los útiles, él me trataba como una hija más, pero a puerta cerrada la historia era muy diferente", dijo"Los castigos eran fuertes, eran castigos en que no me hablaban, me trataban como un mueble más de la casa, me encerraban en el cuarto mucho tiempo", recordó.Sonia añadió que siempre la maltrataban psicológicamente tanto su padrastro como su madre. El primer episodio de abuso fue cuando el hombre le mostró sus partes íntimas; luego iniciaron los tocamientos.La víctima relató que el hombre justificaba sus acciones diciéndole: "Yo te hago esto y te enseño esto para que aprendas a ser una buena esposa".La mujer dijo que posteriormente, cuando el hombre la obligaba a practicarle actos sexuales, la grababa. Dijo además que su mamá era víctima de violencia física.Su madre se separó por dos años, pero decidió aceptar que Jose visite a su hija menor. "Llegaba una hora antes de que mi hermana saliera del jardín a la casa, pues claramente a repetir los hechos conmigo", indicó."Es una persona muy enferma porque él se daba cuenta de que yo lloraba mientras lo hacía. Yo perdí la cuenta de cuántas veces lo hizo. Al día de hoy decido bañarme dos veces porque a veces lo recuerdo", indicó.Sonia dijo que incluso intentó acabar con su vida. "Él me decía que me iba a alejar de mi mamá y de mi hermana y al final lo logró porque lo logró; yo llevo sin ver a mi hermana 7 años".Dijo que cuando le contó a su mamá los abusos, ella lo tomó bastante tranquila. Cuando habló con ella, su madre le dijo que estaba buscando plata. Al día siguiente, el hermano de Jose la golpeó, sin que, según la joven, interviniera su mamá.Un juez dictó una sentencia de 20 años de prisión contra José, el padrastro de Sonia, tras hallarlo culpable de múltiples abusos cometidos en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá. El proceso judicial, que tomó fuerza tras la denuncia formal en 2019, llegó a su etapa definitiva luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena; sin embargo, las autoridades reportan que el agresor se encuentra actualmente huyendo de la justicia.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
Antioquia de nuevo fue epicentro de un grave accidente de tránsito, aunque esta vez por fortuna se confirma que por ahora no hay fallecidos. El siniestro vial se presentó en la vía hacia el corregimiento de Santa Elena de Medellín, donde según quedó registrado en videos ciudadanos, en una curva un bus de servicio público intermunicipal chocó la parte trasera de un furgón, dejando a este último volcado.El vehículo de color rojo, que cubre la ruta Medellín-Rionegro, colisionó contra una vivienda y posteriormente cayó a un abismo.Según reportó el alcalde Federico Gutiérrez, en el vehículo viajaban unas 25 personas, 12 de las cuales, de acuerdo con el reporte entregado desde la administración local, resultaron lesionadas, uno de ellos de gravedad teniendo en cuenta que se encontraba al interior de la casa cuando ocurrieron los hechos. Los organismos de socorro atienden la emergencia para determinar cuántos de ellos más están en estado grave. En total, de los 12 heridos, 6 debieron ser trasladados a centros asistenciales y los 6 restantes fueron atendidos en el sitio del accidente que dejó, además, una vivienda parcialmente colapsada."Aproximadamente a las 11:30 de la mañana un bus que recorría la ruta Rionegro-Medellín se precipita en el sector de 8 de marzo, kilómetro 3, ocasionando también daños estructurales. Cerca de 20 unidades bomberiles atendieron el caso, estamos estabilizando el bus para pdoer hacer la extracción y continuamos haciendo inspección de la zona para descartar cualquier tipo de persona afectada", indicó el director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero."Las causas, al parecer, con unos videos establecidos, son sistema de frenos. Los peritajes permitirán confirmar esta situación. Los videos vana ser aportados a la investigación", señaló, por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruíz, quien detalló que en el furgón involucrado en el accidente se movilizaba, además, un semoviente tipo pony. Este "está sin ninguna novedad y va a ser trasladado también a una clínica veteriana a modo de prevención".Así fue el accidente de tránsito de este lunes en Medellín
Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre en Lima, Perú, cobró la vida de una pareja de esposos y dejó gravemente herido a su hijo de 21 años. El siniestro se registró alrededor de las 7:00 p. m. en la avenida Jicamarca, una vía de alto tránsito en la zona de Jicamarca.De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, un camión de carga pesada descendía por la avenida a excesiva velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. En su recorrido, el vehículo impactó primero contra un bus ubicado a una cuadra del punto principal del accidente y continuó avanzando varios metros hasta chocar violentamente contra una miniván que se encontraba estacionada a un costado de la vía.En el interior de la miniván viajaba una familia que retornaba de una actividad en San Juan de Lurigancho. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó volcado y completamente destruido tras colisionar contra un poste. Norma Griselda Arias, de 55 años, y su esposo Edgar Camavilca Paucar, de 57 años, quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y fallecieron a causa de la gravedad de sus lesiones.Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar sus decesos. Su hijo, Junior Omar Camavilca, sobrevivió al choque y fue rescatado con vida por los equipos de auxilio. El joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado de salud es reservado.Además de los integrantes de esta familia, otras personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros de los buses involucrados y los ocupantes del camión. El conductor del vehículo pesado, identificado como Mario Ccasani Escobar, y su copiloto también sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue.
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe se pronunció luego de que la juez tercera penal especializada de Medellín ordenara una compulsa de copias en su contra.Según el abogado defensor, la medida se origina en una declaración rendida en julio de 2008 por Francisco Villalba, un testigo cuya versión afirma, ya había sido evaluada y descartada en investigaciones previas.El comunicado señala que el testimonio de Villalba menciona supuestas reuniones que, de acuerdo con la defensa, nunca ocurrieron y que habrían sido negadas por varios excomandantes paramilitares. Entre ellos se mencionan a Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, conocido como alias Cuco Vanoy, y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La defensa también hace referencia a documentos oficiales, como las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Gobernación de Antioquia, los cuales serán presentados como evidencia.El abogado explicó que toda la información relacionada con el caso será entregada a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de aportar elementos que permitan esclarecer los hechos y revisar nuevamente las circunstancias que dieron origen a esta compulsa de copias.Cabe recordar que esto se da porque el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe como presuntos determinadores del asesinato de los defensores de derechos humanos José Eduardo Umaña y Jesús María Valle, crímenes ocurridos en Antioquia en 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador del departamento.Finalmente, la defensa reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes y señaló que confía en que el material probatorio aportado será tenido en cuenta en el nuevo proceso judicial. Por otro lado, la defensa del general (rva.) Ospina también cuestionó la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que compulsó copias a la Fiscalía para abrir una investigación en su contra.Según el documento, la medida se basa únicamente en declaraciones del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, las cuales, según la defensa, carecen de sustento y han sido desmentidas en varias oportunidades.El comunicado sostiene que la Fiscalía, en procesos anteriores, también ha restado credibilidad a las afirmaciones de Villalba, por inconsistencias y contradicciones en sus testimonios. Además, recuerda que en declaraciones de 1998 el exintegrante de las AUC no mencionó al general Ospina y que solo hasta 2008 lo habría vinculado a los hechos, presuntamente en busca de beneficios judiciales y penitenciarios.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional, desmanteló un conglomerado criminal dedicado a dar apariencia de legalidad al petróleo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol y de pozos convencionales. La organización, conocida como ‘Los de Cuello Negro’, habría movido miles de galones de crudo robado a través de empresas fachada y operaciones comerciales ficticias que le generaban ganancias mensuales cercanas a los 2.000 millones de pesos, para un detrimento patrimonial de más de nueve millones de dólares en cuatro años.Según las investigaciones, el grupo operaba una estructura empresarial paralela que funcionaba en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico), y Cúcuta (Norte de Santander).Las evidencias recopiladas muestran que el entramado habría sustraído más de 32.500 galones de crudo de las líneas de transmisión. La Fiscalía aseguró que hubo presunto apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública y funcionarios, por lo cual continúan las investigaciones.El director contra las Organizaciones Criminales detalló que “lo que hacían era extraer el hidrocarburo de manera ilícita, con válvulas que se le colocaban al oleoducto Cañón Livón-Coveñas, extraían este hidrocarburo, lo procesaban y después lo vendían. Se capturaron a los propietarios y a los administradores de estas empresas y a un ingeniero de petróleos que les colaboraba en la transformación del hidrocarburo”.Siete de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Entre ellos, Germán Arturo Sánchez Sánchez, señalado cabecilla y encargado de coordinar la sustracción, transporte y venta del crudo; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta en Barrancabermeja donde se almacenaba y analizaba el material; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa en Cúcuta implicado en el acopio y comercialización; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico acusado de tratar el crudo para optimizarlo.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reveló nuevos hallazgos sobre la misteriosa “caleta de las Farc” que habría facilitado la fuga de Raúl Alzate Balanta, alias 'El Enano', cabecilla de las disidencias en Caquetá. Esta vez, el alto tribunal destituyó e inhabilitó por 13 años al asistente de Fiscalía Edgar Hernán Varona por participar activamente en la operación ilegal que terminó con la evasión del disidente.De acuerdo con la investigación, Varona fue pieza clave del plan liderado por el abogado Jimmy Andrés Gasca, quien, junto a dos patrulleros de la Policía, sacó a Alzate Balanta de la URI de Florencia, donde estaba recluido. El funcionario judicial se hizo pasar por fiscal durante una supuesta diligencia de exhumación en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde alias 'El Enano' los convenció y les prometió que había enterrada una “guaca” con 8 mil millones de pesos y armas del extinto grupo guerrillero, motivo por el cual coordinaron la salida de la URI.Incluso, Varona rechazó acompañamiento militar y fingió ser un funcionario de alto rango para evitar sospechas durante el trayecto hacia la zona de Peñas Coloradas.El expediente también reveló que los involucrados habrían acordado repartirse el dinero de la caleta: 50 % para alias 'El Enano' y su abogado, 25 % para Varona y participantes, y otro 25 % para presuntos miembros de la Armada Nacional, motivo por el cual se compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría.En este caso, el exfiscal Alexander Suzunaga, jefe de Varona, se suicidó en 2023 tras dejar grabaciones donde hablaba de lo ocurrido. Además, uno de los patrulleros fue asesinado y otro se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía.La Comisión consideró la conducta de Varona como una falta gravísima al haber aceptado una promesa ilegal y participar en una diligencia inexistente, lo que comprometió la seguridad nacional y facilitó la fuga de un disidente de alto valor. “Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que Edgar Hernán Varona Vargas, siendo servidor público, aceptó una promesa remuneratoria ilegal a cambio de participar en una diligencia no autorizada, sin orden judicial ni respaldo institucional, frente a la cual, en lugar de denunciar, como era su deber, calló y fue protagonista de la operación. Por eso, en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Corte Disciplinaria lo destituyó e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un término de 13 años”.
Alias 'Gabriela', de 19 años, fue imputada por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos, en el marco de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.De acuerdo con el material probatorio recopilado, 'Gabriela' habría hecho parte del grupo que planeó y ejecutó el ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital. Según los investigadores, la joven era una de las cuatro personas que se movilizaban en el vehículo Spark gris, en el que el menor de 15 años, quien disparó contra el senador, se cambió de ropa y recibió el arma con la que se cometió el atentado.Tras el hecho, las autoridades rastrearon los movimientos de la mujer y establecieron que huyó hacia Florencia, Caquetá, en un intento por evadir a la justicia. Tras emitir una orden de captura en su contra, uniformados de la Policía Nacional lograron localizarla en la capital caqueteña.De acuerdo con los reportes policiales, en su intento por pasar desapercibida, alias 'Gabriela' cambió su apariencia y se tinturó el cabello; sin embargo, fue identificada por los agentes que seguían su rastro.El traslado de alias 'Gabriela' al Buen Pastor se produce en medio del refuerzo de las investigaciones sobre los posibles nexos del atentado con estructuras criminales que operan en Bogotá y otras regiones del país.Esta medida se suma al traslado de los principales procesados por el magnicidio, quienes fueron trasladados desde el Búnker de la Fiscalía hacia cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá.Se trata de Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de ser el coordinador logístico del atentado, quien fue capturado el 5 de julio de 2025 y trasladado el 16 de septiembre a la cárcel de Girón, Santander; y de William Fernando González Cruz, alias 'El Hermano', identificado como el conductor del Volkswagen que facilitó la huida de los sicarios, capturado el 19 de junio y trasladado el mismo día a la cárcel de La Dorada, Caldas.
El Estado a través de la Fiscalía y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), asumió su responsabilidad y pidió perdón a un hombre condenado por su supuesta participación en el asesinato del guerrillero Hernando Pizarro Leongómez, sin que él hubiese intervenido en ese crimen cometido en 1995.La detención ilegal y arbitraria por parte de agentes estatales se produjo cuando Gustavo Sastoque tenía a su cargo el archivo de la sección de criminalística y la correspondencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.Sastoque fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Pizarro Leongómez, pese a no ejercer funciones operativas. Él tenía a su cargo el archivo de la sección de criminalística y la correspondencia del CTI, recordó la Andje.Su vida cambió drásticamente el 8 de marzo de 1995. Sastoque relató en Mañanas Blu, con detalle el momento de su captura, revelando la planeación de la injusticia desde el inicio, en el marco de la conocida justicia sin rostro:“Resulta que el 8 de marzo de 1995 yo estaba en la oficina y tipo 2 de la tarde me llamaron que me presentaran en la en el edificio de la fiscal regional. Dentro de mí yo pensé que era porque mis funciones era enviar correo, recibir correo del CDTI, de la sesión criminalística. Me desplacé allá. Eh, un señor me atendió que más adelante me me enteré que era un señor un nombre Álvaro Bayona, algo así y ahí me entregaron un papelito y decían que que orden de captura, mi nombre, pero lo extraño es que la fiscalía regional sabía que yo trabajaba con la misma Fiscalía y en la orden de captura decía que ubicarlo en Puerto Rico Carquetada. O sea, la mala fe y la maldad ya la estaban planeando desde ese momento en la justicia sin rostro”.La selección del 'chivo expiatorio'La vinculación de Gustavo Sastoque con el crimen obedeció a una estrategia de los verdaderos perpetradores para desviar la investigación. Según se enteró en el proceso judicial, los asesinos, miembros de las Farc, se identificaron como miembros de la Fiscalía cuando ultimaron a Pizarro."Entonces, los que hicieron el montaje fueron a buscar a un miembro de la Fiscalía. Desafortunadamente yo fui el elegido".En la investigación por fraude procesal y falso testimonio que Sastoque instauró, uno de los testigos reveló la mecánica utilizada para incriminarlo. Los perpetradores buscaron a un miembro de la Fiscalía y Sastoque, con 26 años y soltero en ese momento, fue el seleccionado de manera premeditada, según los testimonios:"Dice que escogieron al álbum de funcionarios de la Fiscalía. Iban mirando, iban mirando y entonces me escogieron a mí, yo tenía 26 años, era soltero. Entonces ese testigo dice que yo tenía el perfil y que con esa foto del álbum de funcionarios del CTI escogieron la foto mía, se la pasaron a los testigos. Según lo que narra el testigo, a cada testigo le pagaron 20 millones de pesos para señalar".Sastoque se convirtió así en el "chivo expiatorio" necesario para que la justicia pudiera "mostrar resultados positivos", un caso que, en sus propias palabras, es técnicamente un "falso positivo" judicial. Él asegura que aportó documentos y facturas que probaban que el día del asesinato se encontraba en el barrio Niza haciendo compras, pero estos nunca fueron tenidos en cuenta.La confesión de las FarcLa inocencia de Sastoque no se reconoció en Colombia hasta que los miembros de la guerrilla de las Farc confesaron el asesinato. Carlos Antonio Lozada, Julián Gallo y otros desmovilizados de las Farc confesaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y luego ante la Corte Suprema de Justicia, que ellos fueron los autores del homicidio."Carlos Antonio Lozada confiesa ante la JEP que usted no tuvo nada que ver. Dice, pues la verdad es que vamos a confesar que el asesinato de Hernando Pizarro lo cometimos nosotros y no los que fueron condenados en su momento".La tragedia personal y el perdón tardíoLos diez años que Sastoque pasó en prisión generaron consecuencias devastadoras. Tenía 26 años cuando fue condenado y sus "sueños, proyectos quedaron en el olvido". A los 58 años, su vida sigue marcada por las secuelas de la injusticia:“Pues la verdad el perdón ya no sirve para nada porque el daño ya me lo hicieron. Yo tenía 26 años, ya tenía sueños, proyectos, tenía, digamos, esa uno ya tiene como pensando hacia el futuro, iba a estudiar Y desafortunadamente por culpa de la justicia colombiana, mis sueños, mis proyectos quedaron en el olvido. Entonces el perdón demasiado tarde después de 30 años tengo problemas de salud, problemas económicos. ¿Por culpa de quién? De la justicia colombiana”.La tragedia alcanzó a su familia, pues su madre, Emasque, falleció a raíz de la condena de su hijo. Sastoque explicó que ella sufría de presión arterial y el impacto de la sentencia fue mortal: "Cuando ella se enteró de la condena de 41 años le dio un [ataque] cerebral y con el tiempo fue fue desvaneciendo, desvaneciendo y falleció. [Es] culpa a la juicia colombiana de la muerte de mi mamá y de la muerte mía en vida". Sastoque, durante su encierro, fue llevado a las honras fúnebres de su madre esposado, escoltado y humillado.Indemnización y justicia inconclusaRespecto a la reparación económica, Sastoque fue indemnizado gracias a la lucha ante la CIDH. Le otorgaron 500 millones de pesos, dinero que usó para adquirir su casa y solventar deudas. No obstante, en el ámbito laboral, el reintegro aún está pendiente.A pesar de que el Estado ya le ha pedido perdón por la "dramática injusticia" cometida, judicialmente la situación de Sastoque no está completamente resuelta. Aunque la condena fue retirada, la Corte Suprema de Justicia ordenó que un juez emitiera un nuevo fallo basado en las nuevas pruebas, pero el juzgado no ha resuelto la situación.Escuche aquí la entrevista:
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.