Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
Con un video titulado 'Mi House Tour' y vistiendo la camiseta de un referente de la Selección Colombia, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, estrenó este lunes, 22 de diciembre, su canal de Youtube, el cual superó rápidamente los 200.000 suscriptores.En el video, la figura del Barcelona muestra rápidamente varias zonas de su casa. Al comienzo, por ejemplo, comparte una pequeña vitrina donde tiene ubicados varios trofeos individuales que ha conseguido durante su carrera, como lo es, por ejemplo, una distinción a mejor jugador joven de la Eurocopa, y el mejor jugador joven del año que le entregó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). También muestra las medallas de campeón de la Supercopa del España y de la Copa del Rey. Lamine, además, recalca que no todos los trofeos que ha conseguido los guarda en su casa y explica que, varios de ellos, están en casa de su padre y su madre.Acto seguido, el propio Lamine, luego de detallar que se encuentra "en días de mudanza", explica que "lo más preciado" de su casa es el balón con el que le marcó a Francia. Con este elemnno, incluso, Yamal se anima a hacer una pequeña broma: "¿Lo quereis? No", pregunta a sus seguidores en el video, en tono de charla.El recorrido del joven futbolista español, que en una parte del video golpea el pecho de la camiseta de la Selección Colombia que luce, continúa por diversas habitaciones de la casa en las que se ven diferentes muda de ropa de estilos diversos y, en una de ellas, señala "su mejor amiga (y) fiel compañera", que dice es la Play.Durante el video en el que comparte gran parte de su intimidad en el hogar, Yamal también revela que solo le gusta, en su casa, "el olor a vainilla: es mi olor favorito, todo tiene que oler a vainilla". En el segundo piso, aunque afirma que "no hay mucho que ver", sí muestra, entre otras cosas, gorras, cadenas, más ropa. "En la casa nueva estará todo", adelanta finalmente Lamine.Todo este recorrido, el jugador del Barcelona lo comparte vistiendo la camiseta de la Selección Colombia de Luis Díaz. El detalle, por supuesto, no pasó para nada desapercibido entre los seguidores del futbolista español y varios de ellos, en los comentarios, lo resaltaron: "Este muchacho tiene mucho respeto por Colombia y Luchito"
Lavar los platos figura entre las tareas domésticas más evitadas en muchos hogares. Aunque suele atribuirse a la pereza o la falta de compromiso, la psicología plantea que el rechazo a esta actividad puede estar vinculado a factores más complejos relacionados con la mente, las emociones y la dinámica familiar.¿Qué significa que no le guste lavar los platos?Especialistas en conducta explican que no siempre responde a la tarea en sí, sino a lo que esta representa. Para algunas personas, el problema radica en la rutina repetitiva y poco estimulante, que genera hastío o sensación de pérdida de tiempo. En otros casos, entra en juego la hipersensibilidad sensorial: el contacto con restos de comida, texturas viscosas o el agua fría puede provocar una respuesta intensa de asco o incomodidad física.Desde el Consejo General de la psicología se ha señalado que determinadas labores del hogar pueden activar respuestas corporales de ansiedad o rechazo en personas especialmente sensibles, sin que ello implique un trastorno psicológico. El procesamiento sensorial varía de un individuo a otro, y esa diferencia explica por qué una tarea cotidiana puede resultar neutra para algunos e insoportable para otros.A este componente individual se suma un factor social clave: la distribución del trabajo doméstico. Cuando una persona siente que siempre le corresponde limpiar o que la carga no es equitativa, el rechazo se intensifica y puede transformarse en una forma de protesta silenciosa. Instituciones europeas han advertido que la desigualdad en las tareas del hogar sigue siendo una fuente frecuente de conflicto en la vida en pareja.Lejos de estigmatizar a quien evita lavar los platos, los psicólogos proponen interpretar esta conducta como una señal sobre la necesidad de poner límites, introducir variedad en la rutina o mejorar el autocuidado. Comprender el origen del rechazo permite buscar soluciones prácticas, como alternar tareas, incorporar estímulos agradables, música o pausas, o replantear los acuerdos domésticos
La senadora Paloma Valencia decidirá este lunes si se une a la Gran Consulta por Colombia para las elecciones presidenciales de 2026.Si decide hacerlo, deberá medirse el 8 de marzo en las urnas con los seis precandidatos de esa consulta: Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.Valencia tomará la decisión tras una reunión que tendrá este lunes. Sobre el tema, Valencia ha dicho: “Tenemos reunión y con ello decidimos. Consulta o primera vuelta, esas son las opciones”.Las declaraciones las dio en la presentación de la lista a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.Es importante recordar que este lunes también hubo reunión de la Gran Consulta por Colombia con Juan Carlos Pinzón; sin embargo, hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo sobre su llegada a esa coalición.
Los deepfakes dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una amenaza cotidiana. Gracias a los avances de la inteligencia artificial generativa, hoy es posible crear videos y audios extremadamente realistas que imitan rostros, gestos y voces con una precisión inquietante. En este escenario, ver y escuchar ya no es sinónimo de verdad, lo que obliga a ciudadanos, empresas e instituciones a desarrollar una mirada crítica frente a los contenidos digitales que circulan a diario.Este fenómeno se da en medio de un crecimiento acelerado de los ciberdelitos. En Colombia, la Policía Nacional reportó que en 2024 se registraron 74.829 denuncias por este tipo de delitos, cerca de un 20 % más que en 2023, además de más de 36.000 millones de intentos de ciberataques. Estas cifras ubican al país como el segundo más afectado de América Latina y evidencian el impacto en sectores sensibles como la banca, la salud y la energía, donde las pérdidas económicas y la desconfianza de los usuarios van en aumento.“Los deepfakes dejaron de ser un experimento tecnológico y hoy son una herramienta de fraude a gran escala. Cuando la identidad puede falsificarse con este nivel de realismo, la confianza digital se rompe”, advirtió Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. El directivo subrayó que, ante esta amenaza, se vuelve indispensable contar con soluciones especializadas capaces de detectar identidades sintéticas antes de que se conviertan en fraudes consumados.Así puede identificar las deepfakesUna de esas soluciones es Deepsight, una tecnología de defensa avanzada que analiza de forma simultánea el video, los movimientos, el comportamiento del usuario y la integridad del dispositivo para encontrar inconsistencias imperceptibles para el ojo humano. Esta herramienta fue evaluada por la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, donde obtuvo la mayor precisión y la menor tasa de falsos positivos entre las soluciones comerciales analizadas, lo que refuerza su efectividad frente a contenidos manipulados por IA.En un mundo donde los sistemas digitales verifican identidades y toman decisiones de manera automática, aprender a identificar los deepfakes y fortalecer las defensas tecnológicas es un requisito crítico. “La inteligencia artificial seguirá transformando nuestra forma de vivir y trabajar, pero esa transformación solo será sostenible si preservamos la confianza”, concluyó Amper.
Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Bucaramanga expresaron su preocupación por los reiterados hechos de intolerancia que se registran en el área metropolitana, luego de que una discusión por un accidente vial terminara en una tragedia.El caso se presentó hacia las 3:30 de la madrugada de este domingo 21 de diciembre, en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón, a la altura del kilómetro 3, en el sector del barrio Los Guacamayos.Según el reporte oficial, Juan Pablo Villamizar, de 20 años, se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja, María Camila Duarte Solano, cuando colisionaron con otro vehículo. Tras el choque, que inicialmente solo dejó daños materiales, se produjo una discusión entre los involucrados por la responsabilidad del accidente.La confrontación fue escalando hasta convertirse en una riña. En medio del altercado, uno de los ocupantes del otro vehículo sacó un arma cortopunzante y atacó al joven motociclista, causándole una herida mortal en el pecho. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, Juan Pablo Villamizar falleció en el lugar de los hechos.La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de uno de los presuntos agresores, identificado como Cristian Andrés Amado Quiroz, de 20 años, quien se desempeña como domiciliario y quedó a disposición de las autoridades judiciales.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, lamentó lo ocurrido y reiteró el llamado a la calma: "Se presentó un accidente de tránsito. Estas personas incluso habían llegado a un acuerdo por los daños causados, pero uno de ellos no quedó conforme con lo pactado, sacó un arma blanca y asesinó al otro. Es muy lamentable que se sigan registrando estos hechos de intolerancia, especialmente en una época navideña”, señaló el oficial.Finalmente, las autoridades insistieron en la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y recordaron que la intolerancia y las riñas siguen siendo una de las principales causas de hechos violentos en Bucaramanga, dejando familias enlutadas en fechas de celebración.
La Fiscalía General de la Nación anunció que, luego de una reunión con el Ministerio de Defensa y Justicia se concretó la creación de un grupo élite de tres fiscales y un equipo especializado de Policía Judicial adscrito a la Dirección de Apoyo Territorial, con sede en Bogotá, para avanzar en las investigaciones relacionadas con los recientes ataques y amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Según informó la entidad, el grupo interdisciplinario asumirá varias líneas de investigación. La primera, dedicada a la investigación de delitos en los que están como víctimas los funcionarios del INPEC, entre ellos el delito de amenazas.Además, la Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial reveló que actualmente existen 80 noticias criminales activas relacionadas con amenazas al interior del sistema penitenciario durante los años 2024 y 2025, la mayoría asociadas al cumplimiento de funciones de custodia y control en los establecimientos de reclusión.Respecto a los hechos ocurridos a las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá , donde falleció un funcionario, la Fiscalía informó que se trabajan tres hipótesis principales: situaciones de carácter administrativo; otra hipótesis relacionada con situaciones al interior del centro de reclusión, por lo cual se han tomado medidas preventivas dentro de los establecimientos carcelarios. Y por último, una teoría relacionada con un tema de amenazas o situaciones en particulares de carácter personal que pudieron haber ocurrido.En paralelo, las autoridades investigan la posible participación de la organización criminal “Muerte a Guardias Opresores” (MAGO), al servicio del cabecilla alias Pipe Tuluá, con atentados y hechos de violencia en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca entre 2019 y 2023.Otro de los enfoques del grupo investigativo tendrá como prioridad los casos de homicidios registrados entre 2019 y 2023 y entre 2024 y 2025.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de primera instancia que ordena al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las declaraciones en las que señaló al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño de pertenecer o favorecer a estructuras del narcotráfico.La Sala concluyó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad del fiscal, que estuvo al frente del proceso en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro, y también en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.La magistrada ponente Patricia Salamanca Gallo, de la Sección Segunda – Subsección F, reafirmó que lo dicho por el presidente excedió los límites del debate público y de la libertad de expresión, pues no contaron con sustento probatorio ni con respaldo judicial que las validara.Esta decisión mantiene intacto el fallo del Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, emitido el 28 de agosto, que había ordenado al jefe de Estado retractarse de manera formal en un plazo máximo de cinco días.De acuerdo con el expediente, el fiscal Burgos, delegado ante el Tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, presentó una acción de tutela tras considerar que las afirmaciones del presidente, televisadas y a través de su cuenta de X, pusieron en riesgo su vida y dañaron gravemente su reputación profesional.Entre las expresiones que motivaron la demanda se encuentran señalamientos en los que Petro calificó a Burgos como “fiscal subordinado a la mafia”, “narcofiscal” y supuesto favorecedor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, dentro de la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, en mayo de 2022.Además, el presidente aseguró que el fiscal “borró el nombre de Marset del expediente” y que habría ejercido “tortura psicológica” sobre su hijo Nicolás Petro durante el proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.El Tribunal sostuvo que tales afirmaciones no pueden entenderse como meras opiniones políticas, como lo argumentó la defensa presidencial, sino como hechos verificables que carecen de sustento. De hecho, la Fiscalía General de la Nación certificó que no existen investigaciones ni procesos disciplinarios o penales en contra del fiscal Burgos por narcotráfico o por vínculos con estructuras criminales.En su análisis, la corporación judicial reiteró que el derecho a la libertad de expresión, si bien es fundamental, no es absoluto. Las declaraciones del presidente, dijo el fallo, sobrepasaron los límites razonables y desconocieron el principio constitucional de presunción de inocencia, afectando la dignidad y la honra de un servidor público que ha actuado dentro del marco de la ley.La orden judicial de primera instancia establece que el mandatario deberá retractarse públicamente en una sesión televisada del Consejo de Ministros por lo dicho en la declaración del 4 de febrero de 2025, en la que “manifestó que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, sacó de la investigación por el homicidio del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, al sindicado Sebastian Marset y que el Fiscal Burgos pertenecía a una banda del narcotráfico, teniendo en cuenta que no existe sentencia que lo condene”.También ordenó la rectificación a través de su cuenta de X por cinco trinos en los que relacionó a Burgos con mafias del narcotráfico y en los que aseguró que ejerció violencia psicológica en contra de su hijo Nicolás.Por su parte, el abogado del fiscal Burgos, Juan Sebastián Rondón Duarte, celebró la decisión, destacando que “reafirma la independencia del poder judicial frente a los demás poderes públicos y dignifica la función de los jueces y fiscales”.El comunicado del abogado destaca que las declaraciones del presidente Petro “han sido reiteradas y vindicativas”, y que su cliente ha sido víctima de una campaña de desprestigio por las investigaciones que adelantó contra Nicolás Petro Burgos.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, dentro del proceso que se le sigue por el presunto delito de hostigamiento agravado, tras la divulgación de publicaciones en su cuenta de la red social X en noviembre de 2023.De acuerdo con la acusación, Polo Polo habría publicado el 14 de noviembre de 2023 un mensaje en el que escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, acompañado de un video en el que se incineraba una bandera del grupo M-19. Horas más tarde, el congresista compartió otro video en el que se quemaba una efigie cubierta con la bandera del mismo movimiento y el rostro del presidente Gustavo Petro, exintegrante de esa organización.La defensa del congresista alegó que la Sala Especial de Instrucción agregó nuevos hechos no contemplados y conocidos por el congresista, lo que según el abogado, violaría el principio al debido proceso. Por tal motivo, solicitó la nulidad para pausar el juicio.En consecuencia, la Corte Suprema ratificó que “contrario a lo afirmado por el solicitante, para esta Sala no resulta sorpresiva la afirmación contenida en la resolución de acusación, según la cual, las publicaciones compartidas constituían una incitación a la eliminación física tanto de miembros del M-19 como de figuras políticas o militantes afines a dicha ideología”.La Sala decretó testimonios de varios funcionarios públicos, entre ellos el del presidente de la República Gustavo Petro Urrego; la vicepresidente Francia Márquez Mina; y la senadora María José Pizarro.La defensa elevó recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal en relación con la negativa de declarar la nulidad.
La investigación preliminar por cuenta de las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha estado estancada durante casi dos años por dilaciones, retrasos, señalamientos de parte y parte, y pocas decisiones trascendentales.Aunque desde comienzos de 2023 se presentaron las primeras denuncias en contra del presidente Gustavo Petro en el órgano legislativo, solo hasta el 6 de junio de ese 2023 se designó al Triunvirato Investigador conformado por los representantes del Pacto Histórico, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, y el representante por el Partido de la U Wilmer Carrillo, quienes abrieron investigación preliminar el 13 de diciembre de 2023.A partir de ese momento, comenzaron a presentarse varias suspensiones de términos de la investigación, por cuenta de las recusaciones que congresistas de la oposición o ciudadanos del común presentaron en contra de los investigadores.Por este motivo se dieron tres suspensiones de términos: la primera entre el 06 de junio y el 7 de noviembre de 2023; la segunda entre el 17 de octubre al 4 de diciembre de 2025, y la última que comenzó el 05 de marzo de 2025.Curiosamente, el tiempo para tramitar estas recusaciones e impedimentos ha sido exageradamente alto, en contraposición con el trámite del impedimento de la representante verde Katherine Miranda, quien fue apartada del caso por haber hecho parte de la campaña del hoy presidente de la República.Posteriormente, el 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional protegió el fuero integral del presidente Petro ante la Comisión frente al proceso sancionatorio que adelanta el CNE (y que hoy tiene ponencia de sanción contra otros directivos de la campaña). A pesar de esto, la investigación se mantuvo suspendida por la recusación contra Uribe.También se presentó una suspensión de términos entre el 20 de mayo al 9 de agosto de 2024 por cuenta del conflicto de competencias suscitado entre la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral y que fue inicialmente resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Entre suspensiones por recusaciones, conflictos de competencias y suspensiones por decisiones de la secretaría de la Comisión o vacancia colectiva, el proceso se ha detenido cerca de 18 meses.Otro de los puntos que llaman la atención frente a las demoras y secretismo con el que se ha manejado por parte del Triunvirato Investigador, está que si bien insisten que han recopilado 56 medios de pruebas, han recibido el traslado de procesos que se siguen en el CNE y la Fiscalía General de la Nación, se han resuelto más de 147 derechos de petición y 24 tutelas. Aún no se haya proyectado un proyecto de resolución ante la Comisión que dé por terminada la etapa preliminar y decida si se abre una investigación formal o se archiva el proceso. Incluso, los tres investigadores no han cumplido la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2024, de hacer público el expediente.“Es interés del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que la investigación que se adelanta en su contra por la Comisión de Investigación y Acusación tenga el carácter de público y, por tanto, ejercer su defensa de cara al país, sin ningún tipo de reserva y permitiendo a la opinión pública conocer al detalle todos los pormenores de esta asunto”, señalaba el documento presentado en ese momento por el entonces apoderado por el primer mandatario, Mauricio Pava.Desde la oposición consideran que todas estas suspensiones, sumadas al hecho de tratar el caso únicamente desde la órbita penal y la negativa a abrir un proceso de juicio político por la presunta violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, es un acto dilatorio para no tomar una decisión hasta después del 7 de agosto 2026, momento en el que termina el mandato de Petro.Blu Radio conversó con el representante Uribe, quien confirmó que la recusación ya fue resuelta hace unos pocos días y con ello se reactiva el proceso Petro en la Comisión, por lo que ya se hizo la reiteración de medios de prueba con lo que aún no se había cumplido y se terminarán de recoger todas las pruebas testimoniales en el mes de octubre, con el propósito de terminar de proyectar decisión y radicar ante el pleno de la comisión en el mes de noviembre de este año.
El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, calificó como “absurda y falsa” la versión difundida por Nicolás Petro Burgos y su abogado, Alejandro Carranza, quienes aseguraron que el exjefe del ente acusador habría intentado “extorsionar” al presidente Gustavo Petro para intervenir en el proceso penal contra su hijo.En diálogo con Mañanas Blu, Barbosa respondió de manera contundente a los señalamientos hechos durante una entrevista concedida por Nicolás Petro y su abogado a la revista Cambio, donde estos afirmaron que el exfiscal habría ofrecido “suavizar” la investigación si el presidente mantenía a la entonces vicefiscal Marta Mancera al frente de la Fiscalía.La versión de Nicolás Petro: dinero, campaña y visitas familiaresLa controversia se originó tras nuevas declaraciones de Nicolás Petro, quien reconoció haber recibido 1.300 millones de pesos, aunque negó que los recursos provinieran de narcotraficantes o que hubiesen sido utilizados para financiar la campaña presidencial de su padre.“Cometí errores, pero no son conductas punibles. No hay enriquecimiento ilícito porque los dineros son lícitos”, sostuvo el hijo del mandatario, al explicar que los fondos se destinaron a gastos personales y no a actividades políticas.Nicolás Petro también se refirió a la visita de su padre, el presidente Gustavo Petro, a su residencia en Barranquilla en 2023. Aseguró que la reunión tuvo un carácter familiar y negó que se tratara de un intento del presidente por influir en su versión ante la justicia.“Fue una charla familiar, hablamos de cómo estaba Laura, del embarazo, de la familia. No fue una conversación sobre el proceso”, dijo Petro Burgos. Sin embargo, el abogado Alejandro Carranza introdujo un nuevo elemento al afirmar que la investigación contra su cliente habría sido utilizada por Francisco Barbosa para posicionarse políticamente en su frustrada campaña presidencial.La respuesta del exfiscal Barbosa: “Una estrategia de defensa”Ante estos señalamientos, Francisco Barbosa rechazó cualquier vínculo con la supuesta “extorsión” y reiteró que nunca condicionó el caso de Nicolás Petro a decisiones internas del Gobierno o del presidente.“Yo creo que en medio de la desesperación que tienen, en vez de ir donde los jueces, se van a los medios. La entrevista de ayer es una entrevista contra la actual fiscal, contra la vicefiscal, contra toda la institucionalidad de la justicia”, aseguró el exfiscal. Barbosa también precisó que su última reunión con Gustavo Petro ocurrió en octubre de 2023, tres meses después de la detención de Nicolás Petro, y que no se discutió ningún tema relacionado con el proceso judicial.“Ahí no se habló del caso. Se trataron asuntos institucionales, incluso el presidente me manifestó preocupación por mi seguridad y me sugirió considerar salir del país al terminar mi gestión”, indicó.El exfiscal agregó que la investigación de Nicolás Petro fue llevada por la actual administración de la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, y no por funcionarios de su despacho, descartando así cualquier posibilidad de intervención posterior a su gestión.¿Por qué Francisco Barbosa renunció a su candiatura presidencial?En la misma entrevista, Francisco Barbosa explicó las razones por las cuales decidió renunciar a su aspiración política tras dejar la Fiscalía. Dijo que la disminución de su esquema de seguridad, sumada a las amenazas recibidas y a los señalamientos públicos del presidente Petro, lo llevaron a desistir de una candidatura.“He recibido más de treinta menciones públicas del presidente donde me tilda de delincuente. Ante la falta de garantías de seguridad, no puedo participar en política”, afirmó.Barbosa insistió en que su retiro busca enviar un mensaje de responsabilidad y prudencia en medio del clima político polarizado del país.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.