Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
Bajo la lupa de los entes de control ya se encuentran ocho servidores públicos, entre ellos el alcalde, de la administración 2020-2023 en el municipio de Campamento, norte de Antioquia, por presuntas irregularidades en una obra para la cadena logística de la panela en la localidad.La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Juan Pablo Torres Piedrahita y siete exconcejales durante el mismo periodo en Campamentos porque al parecer la construcción del Centro de Acopio de Panela, una obra donde se invirtieron 400 millones de pesos, se realizó sin la autorización del Concejo para cambiar la destinación del lote, pues allí funcionaba el matadero municipal.La Procuraduría también destacó que la decisión se fundamenta en posibles irregularidades en la destinación de los elementos retirados de las instalaciones del antiguo matadero.Estos habrían sido entregados por el entonces alcalde al exconcejal José Guillermo Vásquez Barrientos para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni justificación legal que respaldara esa determinación.Además de Vásquez Barrientos, los demás exconcejales investigados son: Javier Alonso Álvarez Carona, Juan Estaban Cárdenas Agudelo, Javier Andrés Álvarez Álvarez, Lina María Rodríguez Rúa, Iván Fernando Barrientos Barrientos y Dubán Alirio Foronda Agudelo.Provisionalmente la Procuraduría calificó la conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de dolo, y de los excorporados como una falta gravísima cometida a título de dolo.Dentro del proceso disciplinario ya abierto los implicados podrán aportar los testimonios y todo el material probatorio que pueda dar cuenta de su inocencia para ser valorados por parte de la entidad de control.
Muchas personas pasan por alto lo que ocurre en el espacio; sin embargo, una nueva revelación sacudió a la comunidad científica tras darse a conocer una imagen que ha generado preocupación. La NASA divulgó una fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto que, debido a su origen y antigüedad, ha despertado un sinfín de preguntas entre astrónomos a nivel mundial.La captura fue realizada por la misión Europa Clipper, en plena ruta hacia Júpiter, y ofrece información inesperada sobre uno de los visitantes más antiguos jamás observados por la ciencia moderna.NASA reveló nueva imagen del 3I/ATLASLa imagen fue captada el 6 de noviembre de 2025, cuando la nave Europa Clipper se encontraba a tan solo 164 millones de kilómetros del cometa. Si bien la misión tiene como objetivo principal estudiar la luna Europa, sus instrumentos permitieron registrar este encuentro poco común. La fotografía se obtuvo luego de siete horas de observación continua.El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 y rápidamente llamó la atención de la comunidad científica debido a que no se formó en el Sistema Solar. De acuerdo con expertos, el cometa ha viajado por el espacio durante al menos 7.000 millones de años, lo que lo convierte en un vestigio espacial mucho más antiguo que el Sol.Detalles que preocupan a la comunidad científicaLa observación se realizó con el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta capaz de identificar gases y elementos que no pueden ser detectados por el ojo humano. Gracias a esta tecnología, los investigadores analizaron la composición de la coma, la nube de gas y polvo que rodea al cometa, con el fin de detectar materiales primitivos que no aparecen en imágenes convencionales.Estos datos han generado preocupación y fascinación entre los expertos, ya que abren la posibilidad de estudiar la materia original con la que se formaron otros sistemas planetarios, ofreciendo pistas sobre procesos ocurridos antes del nacimiento del Sistema Solar.Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS en 2026Tras su paso relativamente cercano a la Tierra en diciembre de 2025, el cometa continúa alejándose del Sol, lo que provocará que su brillo disminuya de forma gradual. Su próximo momento clave será en marzo de 2026, cuando se aproximará a Júpiter. La enorme gravedad del planeta podría modificar ligeramente su trayectoria, un fenómeno que los astrónomos seguirán de cerca en los próximos meses.
A la cárcel fue enviado un integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, por su responsabilidad en el crimen de al menos 19 personas, hechos que ocurrieron en zonas rurales de municipios como Jamundí, Restrepo y Dagua, en el Valle del Cauca.Se trata de Jair Valencia Solís, quien fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros delitos. Un juez dio a conocer uno de los casos en los que este hombre participó, el asesinato de seis personas al interior de un establecimiento público."Su responsabilidad es por arribar al lugar de los hechos, procedieron selectivamente a apuntar y disparar junto con otros integrantes que se identificaron con el nombre del grupo, disparar las siete armas de fuego, entre ellas de uso privativo de las fuerzas militares, causando heridas que produjeron la muerte a las seis víctimas allí identificadas como occisos. Sin embargo, previo a ejecutar a las víctimas, hicieron bajar el volumen de la música y selectivamente, e incluso pidiéndole a una de las víctimas que se arrodillara en el piso, procedieron a impactarlo en su frente.", dijo el juez.La investigación determinó que Valencia Solís participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad."También fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí.", dice un documento emitido por la Fiscalía General de la Nación.Igualmente, se le atribuyó la desaparición forzada y muerte de dos personas. Una de las víctimas era un integrante del Ejército Nacional que fue secuestrado, asesinado y posteriormente ocultaron su cuerpo en una fosa ubicada en la vereda El Placer, en Dagua, Valle del Cauca, en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció la muerte de Edison José Torres Fernández, de 52 años, ocurrida en la noche del 10 de enero de 2026, mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, Zona 7.Según la organización, Torres Fernández falleció 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones realizado por el régimen venezolano, una medida que —aseguran— pudo haber evitado esta muerte.Edison Torres era funcionario activo de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 tras compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado en redes sociales.De manera extraoficial, se le habrían imputado los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.La ONG denuncia que falleció sin que se conozca información pública sobre atención médica oportuna, lo que —afirman— hace responsable directamente al Estado venezolano por su vida e integridad.Abner Mejías, exiliado venezolano y amigo cercano de la familia del funcionario fallecido, le confirmó a Blu Radio el deceso de Torres Fernández.“Nos informan que Edinson murió producto de un derrame. No sabemos qué causó este derrame”, afirmó Mejías, subrayando la ausencia de una explicación clara. Según relató, la hermana del funcionario, Emelin Torres, viajó este 11 de enero a Caracas para retirar el cuerpo, en medio de un proceso marcado por la incertidumbre.Mejías también destacó el impacto familiar que deja la muerte del policía. Edison José Torres Fernández deja dos hijos huérfanos y, según su amigo, no contaba con más familiares cercanos. “Murió sobre las 9 de la noche del sábado”, señaló, insistiendo en que la familia sigue sin respuestas sobre lo ocurrido dentro de la sede policial.Ante este hecho, Un Mundo Sin Mordaza exige una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos.La organización advierte que no puede morir nadie más bajo custodia del Estado y recuerda que la vida de las personas detenidas es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen privadas de la libertad.
Hora de pasar página en el fútbol profesional colombiano tras la conquista de la estrella de Navidad por parte del Junior de Barranquilla, por eso, Dimayor dio a conocer cómo se disputará este primer semestre de la Liga BetPlay luego se semanas de espera. Un semestre que tendrá varios cambios en comparación al anterior pensando en el cronograma global por el Mundial 2026, que, desde FIFA, piden cumplir a tiempo para que los futbolistas se puedan unir a las selecciones.¿Cuándo empieza la Liga BetPlay?Las emociones de la máxima división del fútbol colombiana comenzará a partir de este viernes, 16 de enero, con el primero choque entre Deportivo Pereira y Llaneros en el estadio Centenario. La primera fecha terminará el lunes, 19 de enero, cuando se enfrenten Cúcuta Deportivo y Once Caldas en el General Santander.Estos son los partidos de la primera fechaViernes, 16 de eneroDeportivo Pereira vs. Llaneros en el estadio Centenario / 6:20 p.m.Fortaleza CEIF vs. Alianza FC en el Metropolitano de Techo / 8:30 p.m.Sábado, 17 de eneroAtlético Nacional vs. Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot / 6:20 p.m.Bucaramanga vs. Millonarios en el Américo Montanini / 8:30 p.m.Domingo, 18 de eneroDeportivo Pasto vs. Independiente Medellín en el estadio Libertad / 2:00 p.m.Jaguares vs. Deportivo Cali en Jaraguay / 4:10 p.m.Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima en el Roberto Meléndez / 6:20 p.m.Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas en El Campín / 8:30 p.m.Lunes, 19 de eneroCúcuta Deportivo vs. Once Caldas en el General Santander / 4:00 p.m.¿Qué cambios tendrá la Liga BetPlay 2026?Lo primero es que solamente se disputarán 19 fechas, pues quitaron la 'fecha de clásicos' para reducir tiempo; por otro lado, en esta ocasión los clubes solo tendrán en planilla un total de 25 jugadores, una reducción de cinco en comparación al 2025.Por otro lado, este semestre no habrá cuadrangulares, sino que llega la serie de mata a mata en playoff para definir el camino hacía la estrella de mitad de año.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
Una grave denuncia sobre supuestos catálogos con fotos de cadetes de la escuela militar ofreciendo servicio sexuales, que circulan a través de WhatsApp, ya está siendo investigado, así lo informó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.“En cuanto a la información sobre una presunta red de prostitución al interior de la Escuela Militar, especialmente en el tema femenino, pues es eso, precisamente una presunta, nosotros hemos hecho, iniciamos una investigación inmediatamente, supimos de los eventos, lo que hemos podido evidenciar hasta el momento, son montajes que hacen con caras de cadetes, pero con cuerpos que no son de estas personas, tratando precisamente de desacreditar la escuela y desacreditar también algunas de las estudiantes que allí trabajan”, expresó.Además, aseguró que, esa es una investigación que ya la inspección del Ejército está adelantando y una vez se tenga claridad sobre lo que está sucediendo la institución lo dará a conocer. “Es un anónimo y lo que está denunciando lo estamos verificando las investigaciones preliminares que hemos tenido de las personas que allí se mencionan, son efectivamente, utilizan el rostro de la cadete, pero el cuerpo no es de la cadete, es decir, que están haciendo montajes con el fin de desacreditar a estas personas, por eso estamos en ese procedimiento y cuando tengamos claridad de la investigación, pues ya daremos a conocer qué es lo que ha sucedido allí”, indicó el General Cardozo.Según los reportes, estos catálogos presuntamente contenían fotografías de mujeres desnudas y ofrecían servicios sexuales.Por otro lado, quien también se pronunció fue el Ministro de Defensa, el General (r) Pedro Sánchez, quien expresó que hay que tener cuidado con la información que circula en redes sociales.“Aquí hay un riesgo muy alto, que cada vez va a ser mayor, que es el empleo de la tecnología para desinformar, pero eso no significa que nosotros no vayamos a verificar, claro, tenemos que investigar (…) Y si encontramos actos que vayan en contra de los principios, de los valores, de todo lo que nosotros defendamos, no vamos a tener ninguna duda en tomar las acciones respectivas”, indicó MinDefensa.
El alto tribunal emitió un concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gabriel Yepes Mejía, conocido con los alias de 'HH', 'Gustavo', 'Alberto' y 'Emmanuel', requerido por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.Yepes Mejía es señalado por la Corte del Distrito Este de Texas como uno de los principales coordinadores de una red transnacional de tráfico de cocaína con operaciones en Colombia, Centroamérica y México, y que tenía como destino final Estados Unidos.La acusación, sustentada en testimonios, interceptaciones y operativos de la Policía nacional, asegura que el hoy requerido tenía el rol de comandante del ELN en Nariño y era responsable de la producción, coordinación y envío de grandes cargamentos de droga.Según el expediente, Yepes habría impuesto un “impuesto” por cada kilo de cocaína producido en la zona bajo su control, además de coordinar el procesamiento en laboratorios clandestinos. Autoridades colombianas confiscaron toneladas de droga en operativos que conectan directamente al acusado con esta red criminal.Aunque actualmente no se ha hecho efectiva su captura, y las órdenes de detención han sido suspendidas temporalmente por su supuesta participación en procesos de paz como integrante del grupo armado Comuneros del Sur, la Corte dejó claro que ello no es impedimento legal para continuar con el trámite.La Corte Suprema estableció que se cumplen todos los requisitos legales, incluida la doble incriminación, ya que los delitos por los cuales es requerido también están tipificados en Colombia.Además, enfatizó que el país norteamericano deberá garantizar los derechos fundamentales del extraditado, como no ser condenado a cadena perpetua ni a pena de muerte, y asegurarle condiciones dignas de reclusión y debido proceso.El concepto, aunque no es vinculante, habilita al Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para autorizar la extradición si así lo considera pertinente.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra del expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia, y del exvicepresidente financiero de la misma entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por su participación en un esquema de fraude con recobros ilegales ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).Ambos exdirectivos fueron hallados responsables de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión. Además, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad por 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas.De acuerdo con el fallo, entre enero de 2010 y mayo de 2011, Palacino y Sabogal expidieron cheques de manera sistemática para cubrir presuntos servicios de salud y atención de pacientes. Sin embargo, dichos pagos nunca se materializaron: los cheques fueron guardados o anulados, mientras la EPS Saludcoop presentó ante el Fosyga solicitudes de recobro como si los servicios se hubieran prestado. Por esta vía, la entidad obtuvo de manera irregular 14.269 millones de pesos correspondientes a 2.912 recobros.La decisión del tribunal también subraya que los ahora condenados no realizaron los pagos oportunos a los prestadores de servicios de salud por procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), tal como lo exige la ley. Igualmente, se determinó que ocultaron la crisis financiera por la que atravesaba la EPS, agravando la situación del sistema de salud.Esta condena corresponde a una decisión de segunda instancia, pero aún es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Se conoció una denuncia penal interpuesta por un ciudadano quien asegura haber identificado una red criminal de cuello blanco dentro del sistema de salud, supuestamente liderada por la asesora del Ministerio de Salud, Yenny Adriana Pereira, y el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena.“El doctor Aldo Cadena ha recibido en diferentes ocasiones al señor Abel Fernely Sepulveda representante legal de Emcosalud, exmilitante del M 19- al igual que Aldo Cadena. Abel tiene la hegemonía y monopolio de servicios y gran cartera en Huila y Tolima, de donde es Oriundo el Ministro de Salud, y quien viene abriendo red de medicamentos en Bogotá asegurando en el sector que se va a hacer adjudicar contratos, pues es socio de los hermanos Cadena”, se lee en el documento.Según el documento, Pereira y Cadena estarían presuntamente utilizando sus cargos para direccionar pagos y controlar la red de prestadores de salud a través de entidades como Viamedical, Emcosalud, Cosmitet y Comfaguajira.Lo más preocupante, afirma el denunciante, es que estas acciones responderían a compromisos políticos adquiridos por el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.El testimonio vincula también a la senadora Martha Peralta Epieyú, de la Comisión Séptima del Senado, quien supuestamente habría recibido un contrato a cambio de favorecer decisiones clave dentro del Fomag.La senadora supuestamente habría designado a la abogada Ana Zojaira Camargo Iguarán como cuota política en Comfaguajira, en una supuesta cadena de favores que recuerda al escándalo de la Yidispolítica.“Todo está diseñado para hacer parecer que se promueve la contratación con la red pública, pero en realidad se trata de hospitales intervenidos, con gerentes nombrados políticamente”, señala la denuncia.El denunciante también menciona al hermano de Aldo Cadena, Óscar Cadena, como presunto operador de los acuerdos clandestinos, incluso el documento sostiene que empresas como Viamedical y personajes como Abel Fernely Sepúlveda, exmilitante del M-19 y representante legal de Emcosalud, tendrían una relación directa con los hermanos Cadena y acceso privilegiado a contratos millonarios.Por ahora, el caso se encuentra en etapa de indagación en la Fiscalía 15 de Pereira, y está a cargo de la Unidad de Intervención Temprana de Entradas.
La Policía Nacional de España detuvo en Zaragoza, España, a un ciudadano colombiano identificado como Luis Carlos Aya García, de 38 años, quien era buscado por las autoridades judiciales de Colombia debido a una condena por abuso sexual agravado contra una paciente en Cali.La captura se llevó a cabo el pasado jueves 10 de abril, luego de que Interpol emitiera una orden internacional de búsqueda y captura con fines de extradición, solicitada por la magistratura colombiana. Según la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron en 2017 en un centro de salud de la capital vallecaucana, donde el hoy capturado se desempeñaba como enfermero.De acuerdo con el expediente, Aya García abusó sexualmente de una paciente en dos ocasiones, aprovechando su estado de indefensión y la especial vulnerabilidad en la que se encontraba. Por este delito, fue condenado en Colombia a 12 años y un mes de prisión. Sin embargo, el hombre huyó del país antes de cumplir la pena y desde entonces permanecía prófugo de la justicia.El procedimiento de detención fue notificado de inmediato a las oficinas de Interpol en España. El detenido quedó a disposición de la justicia española, que ahora adelanta los trámites correspondientes para su extradición. Se espera que en los próximos días se realice una audiencia por videoconferencia con la Audiencia Nacional.Una de las voces más contundentes frente al caso ha sido la de la periodista Stephany Solórzano, quien fue víctima de Aya García y narró su experiencia al portal Tu Barco. La comunicadora relató que acudió a la clínica en estado crítico, sin poder caminar, y que el enfermero se aprovechó de su condición cuando fue llevada a un cubículo bajo observación médica. “Estaba completamente indefensa”, aseguró entre lágrimas.Solórzano también denunció que el agresor retiró a su pareja sentimental del lugar, argumentando que podría interferir con un equipo médico, para así quedar a solas con ella y cometer el abuso: "Dijo que no podía quedarse porque iba a hacer interferencia con un aparato de electrocardiograma”Este hecho marcó profundamente su vida y la llevó a abandonar su carrera como presentadora. “Este abuso fue el que no permitió seguir, me sentía mal ante una cámara. Se acabó, me rendí”, confesó.La periodista pidió que el caso no quede en el olvido y exigió al centro médico involucrado que investigue si otras mujeres fueron víctimas del mismo hombre. Actualmente, Solórzano se dedica a ser coach de salud y bienestar, desde donde afirma haber encontrado una forma de transformar su experiencia en apoyo para otros.
Un nuevo capítulo se suma al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien hasta hace poco se desempeñó como secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, pidió a sus colegas del alto tribunal suspender provisionalmente dicha investigación.La solicitud se enmarca dentro del estudio de una tutela presentada por el propio presidente Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. El mandatario busca que se anule una decisión de esa sala que permitió al CNE continuar con la investigación administrativa, pese a tratarse de un presidente en ejercicio.Fernández, quien es ponente de la tutela, solicitó que la Corte Constitucional ordene frenar temporalmente las actuaciones del CNE —incluyendo la escucha de testigos y el recaudo de pruebas— hasta que se tome una decisión de fondo sobre el recurso presentado por el jefe de Estado.El CNE formuló cargos en agosto de 2023 contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, su gerente Ricardo Roa y el propio mandatario, por supuestamente haber superado los topes máximos de financiación en más de cinco mil millones de pesos.En su petición a la Corte, el magistrado Fernández plantea tres argumentos principales. Primero, advierte del riesgo de un “perjuicio irremediable” si el CNE emite un fallo antes de que la Corte Constitucional decida sobre la tutela. En segundo lugar, señala que el caso involucra directamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial, por lo que debe ser analizado por la Sala Plena de la Corte y no por una sala de tutela. Finalmente, cuáles los alcances de las decisiones que puede adoptar la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en temas que comprometen competencias de otros órganos del Estado.Blu Radio consultó al magistrado de la Corte Fernández sobre si debería declararse impedido para actuar como ponente en el proceso que será estudiado por la Sala Plena del alto tribunal. Fernández aseguró que no tiene ningún interés particular en el caso y afirmó que no mantiene una relación de amistad con el presidente Gustavo Petro.Este episodio se suma a la ya tensa relación entre el presidente Petro y el Consejo Nacional Electoral, marcada por señalamientos del mandatario hacia el ente investigador, al que ha acusado públicamente de actuar con motivaciones políticas. Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá decidir si acoge la solicitud del magistrado Fernández.