Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
Un indignante caso de abuso sexual contra una menor de 16 años en Acacías terminó en la condena de 4 hombres a una pena de 18 años de cárcel, por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en estado de indefensión, y ordenó la adopción de medidas de reparación a favor de la víctima, tras evidenciar no solo la gravedad de los hechos, sino también episodios de revictimización durante el proceso judicial. Todo ocurrió en Acacías, Meta, cuando la víctima, de 16 años, salió a una discoteca con familiares y posteriormente se desplazó a otro establecimiento con su novio.De acuerdo con el expediente, la menor consumió una alta cantidad de alcohol y fue vista inconsciente en el exterior del lugar. Testigos relataron que varios hombres, entre ellos su pareja sentimental, la levantaron y se la llevaron del sitio. De la joven no se tuvo noticia hasta el día siguiente, cuando llegó a su casa y manifestó no recordar lo sucedido, señalando que había amanecido en la vivienda de su novio.Asimismo, el fallo advirtió que durante el juicio la menor fue víctima de violencia institucional; al evidenciar una conducta hostil por parte del juez del caso durante la práctica del testimonio tanto de la víctima como de su hermana, la Corte pidió investigarlo por estas conductas. El alto tribunal también cuestionó la pérdida de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.
El pasado sábado 29 de noviembre se conoció la muerte de la reconocida influencer Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, quien perdió la vida tras caer desde el décimo piso de un conjunto de apartamentos residenciales en São Paulo, Brasil.El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores y en todo el país, ya que las autoridades investigan el caso como un posible feminicidio. El principal sospechoso es su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 años, quien quedó registrado en videos de seguridad mientras agredía a la joven.La influencer vivía con su esposo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el 1 de diciembre, día en que se llevó a cabo el funeral, el hombre se mostró visiblemente conmovido. Incluso, varias imágenes lo muestran sentado junto al ataúd, entre lágrimas.Revelan videos de las agresiones Cabe señalar que, en la madrugada del día de la muerte de Maria, fue su esposo quien llamó a los servicios de emergencia para informar que la joven “había saltado desde el piso 10”. No obstante, tras varios días de investigación, las autoridades establecieron, gracias a las cámaras de seguridad del edificio, que su versión no coincidía con lo ocurrido.En los videos se observa cómo Alex Leandro Bispo agrede a la joven: en uno de ellos, aparece jalándola del cabello dentro de un ascensor y empujándola. En otro material audiovisual se aprecia el momento en el que la arroja al piso en lo que sería el parqueadero del edificio y la golpea.Posteriormente, ambos subieron nuevamente al ascensor y se dirigieron al décimo piso, lugar donde la joven perdió la vida. Gracias al análisis de estos registros, las autoridades lograron vincular a Alex Leandro Bispo con la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, por lo que fue capturado el pasado martes 9 de diciembre.
La solicitud fue presentada por el presidente de la Veeduría Nacional, el exjuez de la República Luis Miguel Marimón Reyes, ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación. La petición busca establecer si la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P., como máximo órgano de dirección y control de la empresa, conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que actualmente es investigado.Marimón Reyes afirmó que “el contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011”. La ausencia de estos elementos, añadió, podría constituir delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y peculado.La Veeduría fundamenta su solicitud en el rol de la Junta Directiva en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público. Además, recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que los órganos directivos no pueden eludir su deber de control y que la Corte Constitucional señala que la vigilancia y supervisión deben ser reales y efectivas, con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales en caso de incumplimiento.Con esta acción, la Veeduría busca que la Fiscalía determine si la Junta Directiva actuó de manera negligente o permitió irregularidades en un contrato de gran impacto financiero para la ciudad, reafirmando la necesidad de proteger los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.
Moverse por Bogotá en TransMilenio podría dejar de ser un dolor de cabeza adicional para miles de usuarios que sienten cómo el costo del pasaje golpea cada vez más el bolsillo. En el Concejo de Bogotá comenzó a discutirse una propuesta que apunta a una demanda recurrente de los pasajeros: que el sistema devuelva el dinero del pasaje cuando el servicio falla o el recorrido no se puede completar.La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que, aunque no es nuevo, sigue siendo parte del día a día de la movilidad en la ciudad: quién asume los costos cuando la operación se interrumpe. El planteamiento surge en un contexto sensible, marcado por bloqueos frecuentes debido a manifestaciones, evacuaciones de estaciones, fallas técnicas y molestias ciudadanas frente a los ajustes tarifarios.En ese escenario, la propuesta busca un cambio de fondo en la relación entre TransMilenio y sus usuarios, trasladando el foco hacia los derechos del pasajero y no únicamente hacia la operación del sistema.Cuándo devolverían el pasaje de TransMilenioDe acuerdo con lo expuesto por el concejal Óscar Ramírez, autor de la iniciativa, la propuesta plantea implementar un mecanismo de devolución automática del valor del pasaje. Este aplicaría en situaciones en las que bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otras contingencias obliguen a los usuarios a descender del bus o abandonar estaciones y portales sin llegar a su destino final.Para Ramírez, no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales. El planteamiento apunta a reconocer un principio básico: el usuario no debería asumir el costo de una falla que no depende de él.Bloqueos en TransMilenio y el impacto en los usuariosEl concejal respaldó su propuesta con cifras que reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024, TransMilenio registró 339 bloqueos, lo que evidencia que estas interrupciones no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes dentro de la operación del sistema.En la práctica, estos episodios se traducen en miles de personas bajándose de los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera repentina y trayectos interrumpidos. A pesar de ese impacto, el pasaje no se devuelve y la carga económica recae exclusivamente en el usuario, una situación que, según Ramírez, se ha normalizado sin mayor debate público.Tarifa de TransMilenio y exigencias de corresponsabilidadLa discusión cobra mayor fuerza en medio del debate por un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio y del SITP. Frente a ese escenario, el concejal cuestiona que se planteen incrementos sin ofrecer garantías claras sobre la continuidad y calidad del servicio.Ramírez recordó que la definición de la tarifa es competencia del alcalde y no del Concejo, y pidió mayor transparencia hacia la ciudadanía. En su concepto, cualquier ajuste en el pasaje debería ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.
Un grupo de 19 exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán y otros exfuncionarios, expresaron su respaldo a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud.En una carta dirigida a la opinión pública, los firmantes señalaron que el proyecto archivado no resolvía los problemas de fondo del sistema y que, por el contrario, generaba riesgos en aspectos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la continuidad en la atención a los pacientes.Según el documento, la iniciativa no ofrecía garantías claras sobre el flujo de recursos ni sobre el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.Uno de los puntos centrales expuestos por los exministros fue la falta de aval fiscal del proyecto. Indicaron que la reforma no contaba con una estimación creíble de costos ni con fuentes de financiación suficientes y sostenibles, un requisito considerado básico para cualquier cambio estructural en el sistema. Esta situación, afirmaron, generaba incertidumbre sobre la viabilidad de las nuevas funciones y responsabilidades que se pretendían crear.La carta también hace referencia a la situación que enfrentan actualmente los usuarios del sistema de salud. Los exfuncionarios señalaron problemas como el desabastecimiento de medicamentos, la suspensión de tratamientos de alto costo y de enfermedades huérfanas, el cierre de servicios y el deterioro de la red hospitalaria, así como el aumento de acciones de tutela y PQRS.Además, recordaron recientes decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud y señalaron que el Gobierno no obtuvo la prórroga solicitada para el cumplimiento de esas órdenes.En ese contexto, hicieron un llamado a que las definiciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos para 2026 se adopten con base en la metodología vigente y con la información completa necesaria.Finalmente, el grupo de exministros y exviceministros invitó al Gobierno nacional a promover un diálogo con los distintos actores del sistema y a avanzar en ajustes que permitan responder a las necesidades de los pacientes, sin improvisaciones ni decisiones que aumenten la incertidumbre en la atención en salud.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Tras el cierre del sexto ciclo de diálogos de paz y el último del año 2025, integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometieron a respetar la vida de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a no adelantar ningún tipo de proselitismo armado en los territorios en que tiene presencia, y mantendrá su neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales.Blu Radio logró establecer que la Coordinadora Ejército Bolivariano se comprometiò a entregar 5.5 toneladas más de material de guerra para su destrucción y aumentó a 200 los hombres que llegarán a las zonas de ubicación temporal, 100 en Nariño y otros cien en Putumayo.Las delegaciones, luego de escuchar las preocupaciones de varios candidatos a las curules de paz, suscribieron un acta que fue leída públicamente en un acto multitudinario a donde asistieron más de 5.000 personas que llegaron de los municipios de Roberto, Magüí Payán y Barbacoas en la subregión del Telembí.Los delegados de Gobierno y el grupo ilegal ratificaron que esta mesa de negociaciones no tiene ni puede tener fines partidistas ni electorales, ni respaldar una determinada candidatura en los próximos debates, pues la construcción de la paz es un derecho y un deber que nos compromete a todas y todos por igual.Walter Mendoza, jefe de la delegación de paz de ese grupo ilegal, manifestó a Blu Radio que respetarán la integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional, jurados de mesa, testigos electorales e integrantes de las comisiones escrutadoras.El documento dice, además, que ante los procesos electorales del 2026 para elegir Congreso y presidente de la República, y con el fin de contribuir al pluralismo y a la formación de la voluntad popular mediante el voto libre, hemos acordado las siguientes acciones:El grupo ilegal señaló también que no obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios en donde tenga influencia armada.Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, aseguró que se pudo constatar que muchos de los habitantes en las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional EB no tienen documento de identidad y que esa circunstancia impide acceder a los derechos de ciudadanía, no permite ejercer, si así lo desean, el derecho al voto, y limita el acceso a derechos de prestación, subsidios y auxilios de distinto tipo.Novoa, jefe negociador, insistió en que, dado que la transformación de los territorios y la superación de las economías ilícitas implica crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, la delegación del Gobierno nacional adelantará las gestiones necesarias ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que inicie una campaña de expedición de documentos de identidad y, en particular, de las cédulas de ciudadanía a los habitantes de: Tumaco - zona rural, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Chajal, Las Mercedes - Chimbuza, La Tola, Olaya Herrera, Magüí Payán y Barbacoas.En cuanto al departamento de Putumayo, esta campaña se adelantará en los municipios de Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Puerto Leguízamo.La Registraduría Nacional del Estado Civil informará a los habitantes de dichos municipios las fechas en que adelantará la actividad de cedulación. Esta acción tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 66 del Código Electoral.En todo caso, se tendrá presente la disponibilidad administrativa y presupuestal de la Registraduría para adelantar los procesos de cedulación mencionados.A través de la Consejería Comisionada de Paz, la delegación del Gobierno adelantará las gestiones que estén a su alcance para apoyar la actividad de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Una vez finalizada la campaña, la delegación del Gobierno, a través de la Consejería Comisionada de Paz, solicitará a la Registraduría Nacional del Estado Civil un reporte de los resultados de la campaña de cedulación e informará oportunamente al Consejo Nacional Electoral y a las comisiones de garantías electorales nacional y departamentales, a los órganos de control y a la Defensoría del Pueblo, el contenido del presente acuerdo para que, si lo consideran procedente, adopten las medidas necesarias para el seguimiento de lo aquí establecido.La delegación del Gobierno recomendará a las comisiones de seguimiento y garantías electorales que, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se deban trasladar mesas de votación, se deberán acreditar tales condiciones ante las propias mesas y el traslado se realizará al puesto de votación más cercano, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral.Asimismo, solicitará al Consejo Nacional Electoral que expida una resolución que reglamente el traslado de las mesas de votación cuando sea necesario.La delegación del Gobierno solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento necesario para asegurar el cumplimiento de las garantías electorales en los municipios antes mencionados, en los términos establecidos en la Constitución y las leyes.Igualmente, se informará sobre el contenido de este acuerdo a los representantes legales de los partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos inscritos para las circunscripciones transitorias especiales de paz con cobertura en los departamentos de Nariño y Putumayo.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
El reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en Colombia está migrando aceleradamente hacia los entornos digitales. Así lo advierte una reciente investigación de la Fundación Vivamos Humanos, que documenta cómo plataformas como TikTok, Facebook, Telegram, Instagram e incluso videojuegos están siendo utilizadas por grupos armados ilegales para captar, manipular y seducir a menores de edad.El estudio identificó 40 casos directos y rastreó 70 cuentas que tendrían presunta relación con estructuras como el Estado Mayor Central (EMC), el ELN, el Clan del Golfo (EGC), las disidencias del Bloque Occidental (EMBF) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Algunas de estas publicaciones superan las 200.000 visualizaciones y utilizan estrategias de propaganda digital que romantizan la vida combatiente, exaltan el uso de armas y prometen falsas oportunidades de empleo, estatus y pertenencia.Las zonas donde se concentra este fenómeno coinciden con los territorios más golpeados históricamente por el conflicto armado: Cauca, Nariño, Putumayo, Catatumbo y Magdalena Medio. Desde esas regiones, líderes sociales alertan que el reclutamiento ha alcanzado niveles inéditos de sofisticación.Yiner Quiguantar, líder juvenil del Cauca, denunció que “los menores reclutados están siendo entrenados en el manejo de drones que luego son usados para atacar a las mismas comunidades”. Su testimonio refleja la manera en que los grupos armados están instrumentalizando a los jóvenes en una guerra cada vez más tecnológica.La Fundación Vivamos Humanos advierte que este tipo de reclutamiento digital normaliza la violencia, deteriora el tejido social y perpetúa el conflicto armado. Por eso, hace un llamado urgente a fortalecer las rutas de prevención en entornos digitales, la protección comunitaria y el control de contenidos que promuevan o faciliten la vinculación de menores.La organización concluye que proteger la infancia en el mundo digital es, hoy más que nunca, un compromiso fundamental para avanzar hacia la paz.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una crítica situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia, debido a la disputa territorial entre los grupos armados ilegales Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La entidad emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, en la que detalla que 21 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar se encuentran en riesgo alto por la escalada de violencia.El documento, elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), unifica y actualiza advertencias previas sobre varios municipios y describe cinco dinámicas principales de la confrontación. Entre ellas están el control hegemónico de las ACSN en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla; el intento de expansión del EGC en zonas como Puebloviejo, Fundación, Valledupar y San Juan del Cesar; y los enfrentamientos directos entre ambas estructuras. También se reportan áreas donde coexisten por conveniencia de intereses criminales, como en el puerto de Santa Marta, y otras donde buscan ganar presencia estratégica.La Defensoría alertó que esta disputa ha derivado en homicidios, secuestros, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, así como en prácticas de violencia extrema y castigos degradantes impuestos por los grupos armados para mantener el control social. En Santa Marta y Ciénaga, por ejemplo, se han registrado castigos públicos y la difusión de videos en redes sociales que buscan infundir terror.Las comunidades más afectadas son los pueblos indígenas (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka), población afrodescendiente, campesinos, pescadores, líderes sociales y defensores de derechos humanos. También se advierte el impacto humanitario sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.Los grupos armados estarían buscando asegurar sus rentas ilícitas a través del control del turismo, la agricultura de alto valor, la ganadería y el narcotráfico, aprovechando la ubicación estratégica del corredor vial de la Troncal del Caribe y la amplia frontera marítima del Caribe colombiano.Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones distribuidas en nueve ejes temáticos para que las entidades del Estado adopten medidas urgentes. Entre ellas, 18 están orientadas a la prevención y protección, priorizando acciones frente al reclutamiento de menores, la violencia de género y el estigma social. También se incluyen recomendaciones sobre políticas públicas, acceso a la justicia, desmantelamiento de estructuras ilegales, atención humanitaria y coordinación interinstitucional.La entidad insistió en la necesidad de una acción estatal urgente y coordinada para salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las comunidades que habitan la Sierra Nevada y sus alrededores, y prevenir que el conflicto armado siga escalando en esta región estratégica del Caribe colombiano.