El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
A través de su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo, hermana mayor de la reconocida y famosa cantante Karol G, hizo una fuerte denuncia en contra de su familia que, supuestamente, le estaban intentando quitar a su hija luego de haber terminado con su pareja en malos términos.“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, expresó en su denuncia.Ahí dio fuertes declaraciones al comentar que creció en un ambiente violento por culpa de sus papás, incluso dijo que su papá le pegó a su mamá con un arma y la hizo sangrar, dejando secuelas en ella de cosas que “no quería vivir cuando era pequeña”.“El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar (...) Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”, comentó.Ante esta situación, Jessic Giraldo, manager y abogada de Karol G (también hermana de ambas), se pronunció y pidió prudencia en esta situación que “estaba siendo tratada internamente” buscando lo mejor para ella y su hija.“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, puntualizó.El tema ha generado un debate en redes sociales y una fuerte polémica en torno a la familia de la ‘Bichota’, además de diversas opiniones sobre los temas de salud que se dan en este tipo de situaciones.
La Cámara Colombiana de la Confección (CCC), junto con los gremios del calzado y la marroquinería, lanzó una alerta sobre lo que denomina "contrabando digital hormiga" por el ingreso masivo de prendas de vestir, calzado y accesorios provenientes de plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y AliExpress.Según el gremio, estos productos llegan al país a precios por debajo del costo real de producción nacional, sin pagar impuestos ni cumplir con obligaciones laborales y productivas, lo que hace imposible competir para los empresarios colombianos."El principal problema no es que vendan barato, sino cómo están entrando al país. Estas plataformas usan el esquema de minimis, que permite que paquetes de hasta 200 dólares entren sin pagar aranceles, mientras las empresas colombianas tienen que pagar IVA, renta, seguridad social, energía y todos los costos de producir en Colombia", explicó Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, Textiles y Calzado, en entrevista con Blu Radio.Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se estima que cerca de 400.000 kilos diarios de mercancía ingresan a Colombia a través de estas plataformas, un volumen que supera la capacidad de respuesta de las empresas nacionales y que estaría desplazando la producción nacional a una velocidad sin precedentes.El sistema moda colombiano está compuesto por 142.000 empresas y genera más de 2,5 millones de empleos, principalmente en micro y pequeñas empresas familiares. Sin embargo, el gremio advierte que el fenómeno está provocando cierres masivos de talleres y fábricas."El 95 % de las empresas del sistema moda son micro y pequeñas. Cada día que el Estado permite esta avalancha de Temu, Shein y AliExpress está firmando el cierre silencioso de cientos de empresas que sostienen la economía de miles de familias", aseguró Criado.El presidente de la CCC señaló que las prendas importadas se venden en Colombia entre 10.000 y 30.000 pesos, precios imposibles de igualar por la industria local. "Un empresario colombiano no puede competir por precio, aunque tenga la mejor calidad y el mejor diseño. La presión sobre los precios está destruyendo los márgenes de los productores nacionales", indicó.Cadena productiva en riesgoEste fenómeno, que genera una sobreoferta de productos de baja calidad y precios económicos, está afectando a toda la cadena productiva del sector, pues no solo golpea a confeccionistas, sino también a textileros, hilanderos, estampadores, transportadores, diseñadores, estudiantes del Sena y toda la cadena industrial, de acuerdo con lo explicado por Guillermo Criado en diálogo con Blu Radio.«Están llenando al país de basura, trayendo prendas de muy mala calidad. Este es un negocio anormal, con saldos y segundas que se venden a precio huevo, muchas veces subsidiados por el Gobierno chino, y no hay cómo competir contra eso», sostuvo.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro para adoptar medidas inmediatas, entre ellas regulación, control aduanero y la imposición de aranceles."No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de condiciones. Queremos que quienes venden en Colombia cumplan las mismas obligaciones que cumplen las empresas colombianas", enfatizó Criado.El gremio señaló que varios países ya han tomado medidas contundentes frente a este tipo de comercio. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió este tipo de mercancías; la Unión Europea impuso aranceles superiores al 40 %, y otros países como Brasil, México y Ecuador ya tomaron decisiones. Según Criado, Colombia no puede quedarse atrás en la implementación de medidas que, además, son urgentes.Criado explicó que la propuesta del sector es aplicar IVA y un arancel mínimo del 40 %, permitido por la Organización Mundial del Comercio. "Mientras al empresario local lo exprimen con impuestos y costos laborales, a las plataformas extranjeras les abren las puertas. El resultado es claro y devastador: menos industria, más desempleo y un país condenado a importar lo que ha sabido producir durante más de cien años", afirmó.Impacto en el empleo y la economía popularEl gremio advirtió que el fenómeno no es solo un problema sectorial, sino social y nacional, pues aseguraron que es una demolición del empleo financiada por la «pasividad del Gobierno». "Cada día que pasa se pierden empresas, empleos y capacidad productiva, y se debilita la economía popular", señaló Criado.La Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado a los consumidores colombianos para apoyar la industria nacional. "Cuando compramos en Temu, Shein o AliExpress estamos apoyando a emprendedores de otros países. Tenemos que generar empleo en Colombia, apoyar a las micro y pequeñas empresas y proteger un sector que ha dado bienestar durante más de cien años", concluyó.Finalmente, Guillermo Criado recordó la importancia de consumir el producto nacional y aseguró que la variedad es necesaria, pero bajo las mismas condiciones, para que la competencia sea leal. Además, instó a los colombianos a priorizar el producto nacional, que por años ha sido de excelente calidad.
El coronel retirado David Herley Guzmán compareció ante la JEP en la segunda sesión del juicio adversarial en su contra por falsos positivos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2005, que dejaron 18 víctimas.Durante la mañana, la JEP escuchó a Isaías Montes, quien fue exsegundo comandante militar del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia. En su declaración, aseguró que mantenía una “comunicación excelente” con el entonces oficial del Ejército y que existía intercambio de información en zona de operaciones.Según su testimonio, por órdenes de Guzmán retuvieron a dos personas en un campamento paramilitar y posteriormente las entregaron siguiendo sus instrucciones.También afirmó que las autoridades militares conocían la existencia del campamento y que no hubo “una sola” acción para impedir su funcionamiento.En la misma jornada declaró Jeoveb Muñetón, padre de Wilber Muñetón, uno de los jóvenes retenidos en noviembre de 2004. Con voz entrecortada, recordó el momento en que supo que su hijo había sido llevado por hombres armados. “A mí se me juntó el cielo con la tierra”, relató ante los magistrados.Muñetón aseguró que habló directamente con el mayor Guzmán, quien, según dijo, tomó un radio y luego le confirmó que su hijo estaba retenido en el sector del Alto del Oso.El joven permaneció en cautiverio “como ocho o diez días” y, cuando regresó, estaba “bastante acabado”, según describió su padre. Tiempo después, la familia terminó desplazándose del corregimiento por la violencia en la zona.En la tarde, cuando la audiencia se había reanudado, la defensa del coronel (r) Guzmán solicitó que no se tuvieran en cuenta los testimonios relacionados con los hechos del 9 de diciembre de 2004, en los que fueron asesinadas cuatro personas. Argumentó que ese caso ya había precluido en la justicia ordinaria.La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas se opusieron a la petición y pidieron que esos testimonios permanecieran dentro del juicio.Finalmente, los magistrados negaron la solicitud de la defensa. Tras la decisión, el abogado de Guzmán interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.El juicio fue suspendido y continuará mañana, 25 de febrero a las 8:00 de la mañana, cuando se escuchará la sustentación de los recursos y los relatos de los testigos.
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
El expresidente Andrés Pastrana presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de nulidad de la sentencia 699 de 2016, en la cual se avaló el procedimiento legislativo especial para implementar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. "Es la sentencia que desconoció el plebiscito del 2 de octubre. Como ciudadano colombiano he venido a presentar ante la Corte Constitucional esa solicitud", explicó. El exmandatario pidió anular la sentencia que además aprobó la refrendación popular del acuerdo de La Habana a través del Congreso y habilitó el fast track para implementar el acuerdo de paz con el mecanismo ágil. Uno de los alcances de este recurso jurídico es convocar un nuevo plebiscito para refrendar el acuerdo renegociado. "Los primeros que tienen que estar hoy preocupados son las Farc porque aquí no hay un respaldo jurídico serio y pueden correr riesgos. Si se hizo por referendo hagámoslo por referendo. Si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué el presidente le tiene miedo otra vez al plebiscito?", dijo Pastrana.
Una fuente muy cercana al proceso manifestó que la reunión de este lunes será breve, pues, según dijo, se está cerca de un acuerdo. Las reuniones han sido manejadas en total hermetismo, pero al finalizar la del sábado, las delegaciones, acompañadas de los países garantes, la delegación del Gobierno calificó dicho encuentro como fructífero. Se ha trascendido que en las últimas reuniones se han logrado consensos en los tres temas que tienen congelados los diálogos: la liberación del excongresista Odín Sánchez, que exige el Gobierno para el inicio de las conversaciones, los indultos y gestores de paz que pide la guerrilla.
El Gobierno y el ELN ya habrían acordado como sería la liberación del excongresista Odín Sánchez; según León Valencia, esta se produciría en los próximos días. “Lo que se sabe es que ya resolvieron el problema de la liberación de Odín y eso va a ocurrir en los últimos días y ya pueden fijar fecha para la ronda pública”, señaló el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Las delegaciones del Gobierno y el ELN se encuentran reunidos en Ibarra, Ecuador, para lograr poner fin a las diferencias que no han permitido seguir adelante con la fase pública de las negociaciones. BLU Radio conoció que se trataron temas importantes y fue precisamente el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, el encargado de plasmarlo en su cuenta de Twitter. “Hoy tuvimos en Ecuador fructífera reunión con delegación del ELN y esperamos avanzar para poder abrir la mesa de negociación formalmente”, afirmó el jefe negociador del Gobierno. Por su parte, el ELN escribió en su cuenta en Twitter que el encuentro se ha desarrollado en cordialidad. “El día de ayer, los delegados del ELN, gobierno, garantes y asesores de las Partes, tuvieron una muy cordial, positiva y productiva reunión”, dijo el ELN. Escuche en este audio más información sobre: -Un trabajador de Transmilenio fue asesinado al intentar evitar que un joven se colara a una estación del centro de Bogotá. -Durante la audiencia de imputación de cargos contra Gabriel García por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht, en los juzgados de Paloquemao, entraron unos brigadistas del cuerpo de salud de la Fiscalía. -El expresidente Andrés Pastrana le pidió al Gobierno que cancele todos los contratos con Odebrecht. -Cuando las autoridades presentaban a los responsables del fleteo en una de las vías de Medellín, cerca de la estación exposiciones de El Metro, un fiscal de esa ciudad, le causó la muerte a otro presunto delincuente durante un intento de atraco. -El Equipo del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, desmientió los planes para reunirse con Putin en Islandia.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que la implementación del acuerdo de paz con las Farc avanza, lo que implica que el conflicto con ese grupo armado terminó y ahora el Gobierno puede concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad ciudadana. "Ver a las Farc caminando hacia las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) para dejar las armas es la prueba de que se acabó la guerra con este grupo", indicó Santos en la caribeña ciudad de Cartagena durante la entrega de 609 cámaras de seguridad. Santos agregó que "con el fin de la guerra con las Farc vamos a poder concentrarnos en la seguridad ciudadana". Con la entrega de las cámaras de seguridad en Cartagena ya son 12 las ciudades colombianas que cuentan con cobertura total de este servicio que requirió de una inversión de 21.919 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares). El Gobierno nacional y las Farc firmaron el pasado 24 de noviembre un acuerdo de paz para finalizar más de 50 años de conflicto. Como parte del acuerdo se establecieron 26 lugares en los que las FARC se reunirán como paso previo para dejar las armas a una comisión internacional liderada por la ONU y luego reinsertarse a la vida en sociedad, un proceso que tendrá 180 días de duración. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó ayer la zona veredal de La Guajira, un remoto paraje del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta (centro). "Aquí estamos en una región muy alejada de la capital, el acceso es sumamente difícil, y en regiones como esta se va a dar la prueba de fuego de si este acuerdo de paz realmente se va a plasmar y si se puede transformar este país y llevarlo a una nueva realidad", dijo Steinmeier durante el recorrido. A otra zona veredal, situada en La Elvira, departamento del Cauca (suroeste), irá el presidente francés, François Hollande, con ocasión de una visita oficial que hará al país del 22 al 24 de enero.
El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, habló sobre el desarrollo y construcción de las zonas veredales pactadas entre el Gobierno y las Farc para proceder con la desmovilización y la entrega de armas y los diferentes episodios que se han presentado en los puntos de preagrupamiento entre miembros de esa guerrilla y algunas disidencias. Jaramillo aseguró que se están esperando los resultados de la investigación que adelanta el Mecanismo de Verificación y Monitoreo y resaltó la urgencia que tienen las partes para lograr terminar las zonas de concentración para evitar nuevos hechos como el ocurrido entre disidentes y la columna Teófilo Forero. “Esperemos esa investigación, es un tema serio, que con el doctor Humberto de la Calle luego del plebiscito dijimos: esto no da mucha espera. Teníamos que hablar con los señores del NO y volver a ir a las Farc, pero había que hacerlo rápido porque hay una situación interna en las Farc, es muy delicado, y esto lo que muestra es que si hay un problema”, indicó Jaramillo. Agregó que hasta el momento no se tiene información adicional sobre las disidencias de otros cabecillas como ‘Gentil Duarte’ y ‘Jhon 40’, sin embargo hizo un llamado de urgencia para seguir avanzando en este proceso que permita brindar seguridad en las zonas de concentración. Jaramillo aseguró que han venido sorteando una serie de problemas para la apropiación de los terrenos donde se construyen los campamentos, sin embargo, indicó que en el transcurso de esta semana se espera que en 17 campamentos las Farc puedan ingresar para terminar su construcción. El comisionado indicó que las Farc dieron un gran paso al preagruparse en diferentes puntos muy cercanos a las zonas de concentración sin haber firmado el acuerdo, y señaló que a estos puntos primero ingresarán los guerrilleros y luego se incorporarán los milicianos. Por último, se refirió a la entrega de menores de edad que hacen parte de las filas de las Farc, y aseguró que esta guerrilla debe dar una explicación por la demora injustificada en este procedimiento. “Para los menores de 18 años se ha trabajado en un acuerdo desde marzo en un programa especial y se está discutiendo en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación (…) para los menores de 15 habíamos quedado que iban a salir a unos puntos transitorios administrados por la Unicef y ha funcionado muy lento y no hemos hecho sino llamar la atención de las Farc, ahí hay un retraso de las Farc que tienen que explicar”, concluyó.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.