El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia se realizará los días 14 y 15 de febrero de 2025 en el Planetario de Bogotá, consolidándose como uno de los principales eventos de divulgación científica en Colombia dirigidos a familias, niñas, niños y jóvenes.Este encuentro, de entrada libre, es un espacio abierto al público familiar que busca acercar a niñas, jóvenes y sus familias a mujeres científicas colombianas, visibilizando referentes reales que trabajan en diferentes áreas de la ciencia.El evento tiene como objetivo principal promover vocaciones científicas, reducir los miedos asociados a “elegir ciencia” y demostrar que el conocimiento científico se construye desde múltiples caminos, como la investigación, la educación, el arte, la divulgación científica, el trabajo comunitario y la experiencia cotidiana.Aunque el nombre del encuentro destaca a la mujer y la niña en la ciencia, se trata de un evento incluyente, pensado para familias completas. Reconoce el papel fundamental de madres, padres, docentes y cuidadores como acompañantes clave en los procesos vocacionales de niñas, niños y jóvenes.El VIII Encuentro Colombiano de la Mujer y la Niña en la Ciencia es organizado por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA), la Universidad Nacional de Colombia y la Corporación Científica Laguna, en alianza con el Planetario de Bogotá – IDARTES.Hace parte de una iniciativa nacional que, desde hace ocho años, promueve el acceso equitativo al conocimiento científico y la visibilización de referentes femeninos en ciencia en Colombia.Durante el encuentro, los asistentes podrán participar en talleres interactivos, conversatorios y foros científicos, así como en encuentros personalizados con científicas de alto reconocimiento en Colombia.
Palmeiras realizó una oferta millonaria, cercana a los 25 millones de euros, por Jhon Arias. El centrocampista colombiano actualmente juega en el Wolverhampton, club de la Premier League, que ahora deberá decidir si la propuesta resulta conveniente.Arias ya tuvo experiencia en el fútbol brasileño durante poco más de tres años, cuando vistió la camiseta del Fluminense tras su paso por Santa Fe. En julio de 2025, el Wolverhampton pagó 20 millones de euros por el mediocampista en concepto de transferencia. Aún no se confirma en qué equipo continuará su carrera, ya que medios brasileños también señalaron que Fluminense estaría interesado en el regreso del jugador. Al parecer, el club tendría una cláusula que le otorgaría prioridad y la posibilidad de igualar la oferta, si así lo decide.Los próximos retos deportivos de Palmeiras están en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Hasta el momento, Jhon Arias no se ha pronunciado sobre si desea regresar al continente sudamericano, específicamente a Brasil, o continuar su periplo en el fútbol inglés.El Wolverhampton no atraviesa una buena campaña en la Premier League: con ocho puntos se ubica en la casilla número 20 de la tabla de posiciones, con serias posibilidades de descenso. Por su parte, Jhon Arias, oriundo de Quibdó, ha disputado 23 partidos en la Premier League y ha marcado un gol.
La polémica arbitral del partido entre Pereira y Junior sigue generando reacciones, y esta vez fue el técnico del conjunto matecaña, Arturo Reyes, quien se refirió directamente a la jugada discutida y sus declaraciones en la rueda de prensa luego del pitazo final."Yo lógicamente me estoy quejando de una jugada que para nosotros sigue siendo clara (una mano). De todas maneras, ya yo puse la queja en el CAI, me la aceptaron", dijo en un tono humorístico en diálogo con Blog Deportivo, al hacer referencia a los CAI de la Policía Nacional.Reyes explicó que su molestia se suma a una serie de situaciones que han marcado el arranque del Pereira en el campeonato, enfrentando a rivales de alto nivel y con nóminas robustas. Recordó lo ocurrido en la primera fecha, cuando una expulsión y un penal condicionaron el partido, y ahora la polémica acción en el partido contra el tiburón.“He escuchado a analistas que dicen que es mano y también a exárbitros que aseguran que por ninguna parte lo es”, agregó.El técnico fue enfático en descartar que sus declaraciones buscaran alimentar teorías sobre supuestos favoritismos hacia los equipos grandes. “Para nada”, dijo Reyes, quien aseguró que su reclamo se limita a una jugada que consideran clara y que, por ese motivo, fue puesta en conocimiento en rueda de prensa.Otro de los problemas que enfrenta el cuerpo técnico es la conformación de la nómina, afectada por la reducción del número de jugadores inscritos y por la imposibilidad de habilitar a algunos futbolistas. Reyes señaló que el club está a la espera de resolver la situación de jugadores como Daniel Ortiz y Alejandro Rodríguez, con la expectativa de poder contar con algunos de ellos para el próximo compromiso.Pese a las dificultades, el entrenador se mostró optimista. Aseguró que, aunque ha tenido que preparar hasta dos charlas tácticas ante la incertidumbre de la nómina, percibe sensaciones positivas en el grupo. El próximo partido del Pereira será el domingo 8 de febrero contra Jaguares en condición de visitante.
LG Electronics Inc. reportó ingresos históricos de 89,2 billones de wones (KRW), equivalentes a 61.750 millones de dólares, al cierre del año fiscal 2025. Este resultado consolida su mayor cifra anual por segundo año consecutivo, impulsada por sus divisiones de soluciones para el hogar y componentes vehiculares, que completaron una década de expansión ininterrumpida.El balance anual, reportado originalmente en wones surcoreanos (KRW) —moneda oficial de la casa matriz—, destaca la resiliencia de la compañía frente a desafíos macroeconómicos como los aranceles en Estados Unidos. El beneficio operativo consolidado se situó en 2,48 billones de KRW (1.706 millones de dólares).Esta cifra operativa refleja una disminución interanual explicada por mayores inversiones en marketing y costos puntuales derivados de una reestructuración interna. "Se espera que estas medidas contribuyan a una estructura de costos más flexible en el mediano y largo plazo", señaló la organización tras implementar programas de jubilación voluntaria para optimizar su estructura laboral.Una de las victorias estratégicas de LG fue la expansión de sus áreas B2B. Las unidades de Vehicle Solution (VS) y Eco Solution (ES) lograron, por primera vez en su historia, un beneficio operativo combinado superior al billón de KRW (688,3 millones de dólares).Por otro lado, los ingresos por modelos basados en suscripciones y servicios digitales, como la plataforma webOS, crecieron un 29% interanual, acercándose a los 2,5 billones de KRW. Este enfoque en negocios no vinculados exclusivamente al hardware demuestra la transformación de la firma hacia servicios de mayor resiliencia financiera.Proyecciones tecnológicas para 2026Para el presente año, la división de línea blanca (HS) —que reportó ingresos récord de 26,13 billones de KRW— planea ampliar su portafolio con dispositivos impulsados por inteligencia artificial. En el sector automotriz, la unidad VS se enfocará en soluciones de movilidad futura y vehículos definidos por software para sostener su rentabilidad.Finalmente, la división Eco Solution proyecta un aumento en la demanda de tecnologías de refrigeración líquida para centros de datos que operan con IA, consolidando su apuesta por la infraestructura tecnológica avanzada en el mercado global.
La Presidencia de la República radicó una recusación en contra de 7 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional. El motivo, un presunto conflicto de interés por el impuesto al patrimonio contenido en uno de los decretos de la emergencia económica.El Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, recusó a Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Natalia Ángel, Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses y Miguel Polo.El argumento es que los magistrados tendrían que pagar el impuesto al patrimonio fijado en el decreto 1474 que suspendió el alto tribunal, que creaba los impuestos al amparo de la emergencia económica, y que sus patrimonios superan el umbral fijado.La norma estableció que el tributo aplica para personas con patrimonios superiores a 40.000 UVT, es decir, alrededor de 2.094 millones de pesos. De acuerdo con los argumentos de la Presidencia, las declaraciones de renta públicas de los magistrados evidenciarían que superan ese umbral, lo que los convertiría en sujetos pasivos del impuesto.El escrito también hace referencia a la sesión realizada por la Corte Constitucional en Cartagena el pasado 23 de enero, en la que se discutió preliminarmente la ponencia del magistrado Carlos Camargo sobre estos decretos.“Este interés no es abstracto, hipotético ni eventual, sino real, concreto, verificable y determinable ex ante, como se acredita con las declaraciones de renta anexas, y se proyecta tanto en el plano patrimonial como en la dimensión institucional de la imparcialidad judicial”, se lee en el documento.En ese sentido, están pidiendo entonces apartar del conocimiento del estudio de fondo del decreto de la emergencia económica a estos 7 magistrados.
El Ministerio de Defensa Nacional precisó que el bombardeo realizado el pasado lunes 7 de julio de 2025 se llevó a cabo en zona rural de Briceño, al norte del departamento de Antioquia y no en Valdivia; sin embargo, sí fue en un área limítrofe entre los dos municipios.Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la intervención fue planeada como una acción de precisión dirigida contra integrantes del Clan del Golfo, organización criminal armada con presencia en esa región y con injerencia criminal también en municipios vecinos a Briceño, como Valdivia.De acuerdo con las autoridades, la operación hace parte de un conjunto de acciones focalizadas contra estructuras ilegales que operan en el norte del departamento. Como complemento a la intervención, el Ministerio indicó que se ha fortalecido el dispositivo de control territorial en el área, con presencia permanente de unidades militares y operativas, en coordinación con otras fuerzas del Estado.El Ministerio no entregó detalles sobre capturas, incautaciones u otros resultados derivados de la operación, de la que aún no se conocen resultados concretos, pero señaló que estas acciones hacen parte de los esfuerzos institucionales por mantener la seguridad en zonas rurales donde delinquen grupos armados organizados. “En lo corrido del año, se han neutralizado 1.170 integrantes del Clan del Golfo, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año 2024.”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, asumió competencia sobre siete homicidios reconocidos por antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP en el marco del proceso de Aporte Temprano a la Verdad.Los hechos fueron vinculados a los macrocasos 05 y 10, que abordan crímenes cometidos por esa guerrilla en el conflicto armado colombiano y su accionar en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.La decisión se tomó después de más de cuatro años de diligencias, recopilación de pruebas y participación de víctimas y comparecientes, el documento de la JEP reconoce que los homicidios fueron cometidos con ocasión del conflicto armado, por lo cual corresponden a la competencia de esa jurisdicción.Los siete casos reconocidosPablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987)Hernando Pizarro Leongómez (25 de febrero de 1995)Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir (2 de noviembre de 1995)General (r) Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998)Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999)José Fedor Rey, alias 'Javier Delgado' (30 de junio de 2002)Los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), Carlos Antonio Lozada, quien actualmente funge como senador de la República, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes y ofrecieron sus testimonios en diligencias realizadas entre 2020 y 2023.El proceso se inició formalmente el 3 de octubre de 2020 con un comunicado público de los exintegrantes del Secretariado, desde entonces la Sala de Reconocimiento adelantó una compleja y prolongada fase probatoria, en donde se practicaron inspecciones judiciales, se solicitaron expedientes a la Fiscalía, se incorporaron entrevistas y documentos.
Eduardo Montealegre aseguró que el próximo 20 de julio, serán presentados los estatutos de la 'paz total' del Gobierno del presidente Gustavo Petro, todo esto en medio del acto de posesión del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, y de la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros.Allí, Montealegre les señaló a los nuevos funcionarios de la cartera de Justicia que la prioridad de ahora en adelante sería la paz total.“Nuestra misión principal es darle desarrollo a la política del Gobierno de paz total, eso implicará señores viceministros que la prioridad de nuestra agenda está cifrada el 20 de julio en presentar los estatutos que desarrolle la Paz Total del presidente Gustavo Petro […] No habrá impunidad para ningún grupo, no se equivoquen”, dijo el ministro de Justicia.Además, el jefe de la cartera se justicia que ha respaldado al presidente en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular, aseguró que esto no significa impunidad."Un marco para el sometimiento de organizaciones criminales, con colaboración efectiva con la justicia y un marco jurídico para la desmovilización de grupos insurgentes, sin que esto implique impunidad", dijo.El ministro Montealegre también habló de una agenda a la reforma a la justicia, que será coordinada con distintos sindicatos, jueces y fiscales.“No será una reforma que se haga desde la cúspide de la justicia hacia abajo, sino por el contrario, desde las bases hacia las cúspides”.Llama la atención que Yefferson Dueñas, el nuevo viceministro que hará parte del Ministerio de Justicia, fue el abogado del excanciller Álvaro Leyva en la Procuraduría en el juicio disciplinario por la polémica con Thomas Greg & Sons y el lío de los pasaportes.
Los 16 representantes a la Cámara de las curules de paz publicaron un comunicado en el que advierten por la intensificación del conflicto en las regiones, además, señalan que el Gobierno ha fallado al tomar acciones para superar o aliviar la crisis humanitaria en los territorios.“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del acuerdo de paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, señala el comunicado.Advirtieron, además, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están desfinanciados y que hay dificultades para acceder a la salud, educación, internet, entre otros en los territorios.Para las curules de paz, las comunidades en los territorios se están viendo afectadas por lo que llamaron una “improvisación” del Gobierno, sumado al abandono estatal.“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren. ¡Exigimos efectividad e inversión YA! No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, señalan los representantes a la Cámara.
La JEP citó al representante a la Cámara por el partido Comunes, Pedro Baracutao, y a otros seis exjefes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a reconocer públicamente su responsabilidad en más de 300 casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado. La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.“Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP”, explica la jurisdicción en su decisión.Esa estructura de las extintas Farc también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000. Además, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las extintas Farc que más secuestros cometió. Estos caso se dieron en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.“Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos”, señaló la JEP.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.