La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Las predicciones no se equivocaron. El Caribe colombiano solo tuvo este miércoles y jueves una tregua ante estas lluvias atípicas que desde el pasado sábado afectan la región, pues el cielo volvió a soltar agua desde esta madrugada, especialmente en el departamento de Córdoba, donde las lluvias retomaron con fuerza afectando los niveles del río Sinú, los cuales ya habían empezado a descender. Para los monterianos fueron horas de vela porque el agua volvió a avanzar sobre tierra seca, siendo que ya se contabilizaban 14 corregimientos y 5 veredas inundadas. Ahora, a esta situación se suman los corregimientos de Gusimal y Palomas, donde el agua está "siguiendo su cauce natural". "Lo que está pasando en Guasimal , las Palomas y otros corregimientos y veredas de la zona rural duele. Son familias que hoy ven el agua entrar a donde está su historia, su trabajo y su vida diaria. Nuestra solidaridad y acompañamiento total con ellos. El río Sinú, tras varios días con niveles altos, rompió por zonas bajas en Las Palomas y Guasimal. El agua no está “apareciendo de la nada”: está siguiendo su cauce natural histórico", indicó en una publicación en X el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén. "Por eso es clave que los barrios de la margen izquierda urbana de Montería se mantengan atentos. El avance del agua es lento, pero continuo. Prevenir y actuar a tiempo es fundamental para proteger a las familias", agregó, siendo que se mantienen las alertas rojas y las sugerencias de evacuación hacia los albergues habilitados. Por esto, muchos habitantes de esta zona de la margen izquierda urbana salieron den la madrugada de sus casas, a pesar de la oscuridad, para seguir haciendo muros de contención artesanal con sacos de fique llenos de tierra. La situación se torna cada minuto más frustrante, especialmente para los mandatarios a los que no les alcanzan ni las manos ni los recursos para evacuar a la población ribereña hacia las zonas altas, mientras ven cómo su comunidad lo pierde todo. Hasta el momento, de acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo, van 25 municipios afectados, lo que suma 27 mil las familias damnificadas solo en este departamento.
El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la expectativa de saber si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia habitual para quienes apuestan desde las primeras horas.Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, es el 5554 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 5554Dos últimas cifras: 54Tres últimas cifras: 554La quinta: 7Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana5 febrero 20266073 - 6Dorado Mañana4 febrero 20265146 - 3Dorado Mañana3 febrero 20268537 - 8Dorado Mañana2 febrero 20269801 - 6Dorado Mañana31 enero 20260909 - 9Dorado Mañana30 enero 20268632 - 7Dorado Mañana29 enero 20266425 - 9Dorado Mañana27 enero 20269135 - 5Dorado Mañana26 enero 20264228 - 4Dorado Mañana24 enero 20264504 - 0¿Cuánto paga el Dorado Mañana?Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado4 cifras combinado: 208 veces lo apostado3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostadoÚltima cifra (uña): 5 veces lo apostadoDesde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de ganar cuando coincide con otras cifras del resultado.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos, lo que lo convierte en una consulta frecuente para quienes revisan resultados a primera hora.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago rápido, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.
En las últimas horas fue enviado a la cárcel un hombre señalado de abusar sexualmente de su propia sobrina, de tan solo 13 años.Los hechos sucedieron en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Según informó la Policía, el hombre se aprovechaba de ser el familiar de la menor y tocarla en varias ocasiones en sus partes íntimas.Además, para evitar que la menor contara lo que le sucedía, el capturado se valía de amenazas constantes para callarla.En medio de este silencio y los reiterados abusos, el hombre terminó trasladándose hacia Fusagasugá, a tres horas de Villapinzón.Y justo cuando creyó que se libraría de la situación, una denuncia ciudadana llevó a la Policía Nacional a desarrollar una línea de investigación para destapar el aberrante caso.Por medio de entrevistas a testigos y la recopilación del material probatorio, la Policía logró concluir que el capturado si realizaba estos actos abusivos con la menor y procedieron a capturarlo para presentarlo ante la justicia.“El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y reiteramos el llamado a los ciudadanos a no guardar silencio”, afirmó el Coronel Mauricio Herrera, Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de febrero de 2026:Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió acerca de la explosión de una mina en Guachetá.Sergio Fajardo, candidato presidencial, dio detalles acerca de por qué decidió no participar en ninguna consulta el próximo 8 de marzo.Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló de su decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida.Clara Sandoval, concejal de Bogotá, comentó sobre el proyecto que condiciona el acceso al aborto.Laura Castro, coordinadora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se refirió al proyecto que aprobó el Consejo de Bogotá que condiciona al aborto.Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, habló de su decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida.Escuche el programa completo aquí:
En la mañana de este viernes, la sala plena de la Corte Constitucional citó sorpresivamente a una sesión extraordinaria para debatir sobre el decreto 0044 que cobraba nuevos impuestos a las empresas generadoras de energía amparado bajo la emergencia económica.Blu Radio conoció detalles de esa Sala Plena que determinó por mayoría suspender provisionalmente el decreto y dejarlo sin efectos temporalmente hasta que se falle de fondo su legalidad.Aunque el expediente reposa en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, fue Paola Meneses, recién posesionada como presidenta de ese alto tribunal, quien presentó la ponencia para suspender provisionalmente el decreto.Dos magistrados salvaron su voto, lo que en la práctica significa que se apartaron de la decisión de sus colegas de suspender el decreto. Se trata de Héctor Carvajal y Vladimir Fernández.Y es que la empresa generadora de energía Isagen envió una solicitud a la Corte Constitucional pidiendo la suspensión provisional del decreto, con el argumento de que vulneraba los principios constitucionales y legales porque trasladaba a las generadoras la carga de financiar empresas intervenidas por el Estado, sin que exista una relación directa con la emergencia económica invocada por el Gobierno.Con esta decisión, la Corte Constitucional pone un ‘freno’ provisional hasta que la Sala Plena se reúna para debatir de fondo si es o no constitucional este decreto.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no había tenido un cierre y por eso anunció una mesa de paz con los exAUC para culminar esas negociaciones. Asimismo, anunció a quienes serían los gestores de paz.“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Además el presidente Gustavo Petro se refirió a los exjefes paramilitares que serían gestores de paz en este proceso. Señalando a Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', y a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.“Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos y los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”, agregó Petro.Por su parte Salvatore Mancuso aseguró que aunque hace 20 años se entregaron las armas el proceso de las autodefensas no culminó como debería.“Es un proceso inconcluso, se entregaron las armas, pero jamás se cerró el ciclo, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este Gobierno se va a cerrar a través de este Gobierno que ha tenido la voluntad para hacerlo”, señaló Mancuso.
El Ministerio de Salud y Protección Social presentaron ‘Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición’, una iniciativa en donde los hospitales públicos serán responsables de llevar a cabo la rehabilitación psicosocial de las poblaciones afectadas por el conflicto armado en Colombia.Esta iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios y fomentar una convivencia pacífica y duradera en las regiones más impactadas. La estrategia se alinea con el punto cinco del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, resaltó que esta estrategia busca no solo la sanación emocional de las comunidades, sino también la reconstrucción de sus relaciones y el desarrollo de proyectos de vida en un entorno de paz."A través del fortalecimiento de capacidades comunitarias y el reconocimiento del sufrimiento causado por el conflicto armado, aspiramos a que las comunidades se recuperen y prosperen", afirmó.La implementación de la estrategia comenzó en septiembre de 2024 y se extenderá hasta junio de 2025, con una inversión total de 3.141 millones 51 mil 952 pesos destinados a hospitales ubicados en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.Entre las E.S.E. beneficiadas se encuentran:Antioquia: hospital San Vicente de Paul en Remedios y hospital San Juan de Dios de Anorí, con un valor asignado de $392.631.494 cada uno.Cauca: ESE Norte 2 en Miranda y ESE hospital Nivel I El Bordo, también con $392.631.494 asignados.La Guajira: hospital San Agustín en Fonseca, con la misma cifra.Cesar: hospital José Antonio Socarrás Sánchez en Manaure Balcón del Cesar.Tolima: hospital Centro ESE en Planadas.Guaviare: ESE hospital San José del Guaviare.La estrategia contempla diversas actividades, como la contratación de personal calificado que diseñará e impartirá talleres sobre manejo de conflictos y educación para la salud. Además, se realizarán ejercicios de memoria histórica y reuniones estratégicas entre excombatientes, víctimas de la violencia, organizaciones no gubernamentales y la comunidad, con el fin de desarrollar proyectos que beneficien a las poblaciones afectadas.
Este lunes, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en Bogotá, se presentó la exposición ‘Semillas de Paz’, el resultado de diversos procesos de formación en fotografía realizados por el Colectivo Miradas entre 2021 y 2024. Allí trabajaron firmantes de paz del acuerdo del año 2016 y sus familias."Hace ocho años, cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las antiguas Farc - EP, se sembraron muchas semillas en montañas y ciudades de Colombia. Semillas de vida que apostaron por la paz. Esta exposición cuenta algunas de las historias de esas semillas de paz", explicaron desde la Misión de Verificación de la ONU.>>> Lea también: Oficina del consejero Comisionado de Paz: "Alias 'Pichi' no es gestor de paz"El Colectivo Miradas está conformado por nueve fotógrafos y fotógrafas firmantes del acuerdo de paz y cuatro fotógrafos comunitarios, quienes retratan las iniciativas y la construcción de paz en los territorios."En Semillas de Paz están presentes trochas, ríos, calles, sonrisas, llantos, dibujos y cicatrices; también ausencias y duelos, como los de Argelia, Cauca, donde el proceso fotográfico no se pudo realizar. Las historias que se reúnen aquí no son el final de un proceso, son pequeños comienzos, promesas de algo nuevo y valioso que, como una semilla, requiere cuidado, paciencia y el terreno adecuado para crecer", agregó la ONU.
A propósito de las declaraciones del comisionado de paz Otty Patiño sobre un cierre de la Justicia Especial para la Paz, por ser una justicia transicional y transitoria y de las advertencias de la JEP, hechas por su presidente Roberto Vidal, sobre falta de recursos, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre los riesgos de limitar los recursos para este sistema.Para el Ministerio Público reducir el alcance y presupuesto de la JEP, “Comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado, pero además limitaría sus funciones y afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”.Por eso, el órgano de control hizo un llamado a la autoridades recordando su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP.“Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, mencionó en un comunicado.Cabe mencionar que las tensiones entre JEP y Gobierno nacional comenzaron luego de una declaración del comisionado de paz, Otty Patiño, en la que sugirió el cierre de esta justicia argumentando que es transicional y transitoria.Para apagar el incendio generado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno nacional no quiere tocar de ninguna manera a la JEP. Sin embargo, sí pidió más celeridad y eficacia en las sanciones a excombatientes y exmiembros de la fuerza pública.
Sebastián Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Victimas de las Farc. Habló en Noticias de la Mañana de Blu Radio denunció un ataque sistemático y planeado de esta guerrilla hacia la JEP. Según Velásquez, la Justicia Especial para la Paz fue creada dentro de los acuerdos de paz y tiene el carácter de estar en el bloque de constitucionalidad de Colombia. Sin embargo, las amenazas y ataques contra esta justicia no se comprenden, ya que se espera recibir una resolución de conclusiones en varios casos importantes.Velásquez también hace referencia a la aproximación de la justicia especial para la paz en la presentación de sentencias de casos relevantes. Aunque no se conocen los detalles de estas sentencias, se espera que sean decisiones de fondo. Por otro lado, criticó las garantías y beneficios que tienen los ex guerrilleros de las Farc, como el caso de Timochenko, quien tiene todas las garantías legales, mientras que se ataca a la justicia especial para la paz.sobre la JEP, Justicia Especial para la Paz, y su relación con el Gobierno, Velásquez mencionó que el Gobierno no está interesado en esta justicia y ha manifestado su intención de cerrarla en el futuro. Además, critica los intentos del Gobierno de retirar recursos destinados a la JEP, que son necesarios para temas de justicia restaurativa.También mencionó la importancia de que las personas que hicieron parte de las Farc cuenten la verdad y asuman sus responsabilidades. Destacó que la JEP es un mecanismo, donde se les pregunta sobre los hechos ocurridos y deben hacer una narración amplia. Sin embargo, muchos exguerrilleros han evadido responsabilidades y han contado verdades a medias."La paradoja el Gobierno del presidente Gustavo Petro en su campaña y todas las personas que acompañan el Pacto Histórico, el cuento de los cuatro años del expresidente Duque, es que era él iba a hacer trizas los acuerdos y que él era el que iba a sacar adelante los puntos del acuerdo final y eso no ha sido cierto”, enfatizó.Y agregó, “Ahora quieren y pretenden retirar unos recursos del presupuesto general de la nación destinados a la JEP para los temas de justicia restaurativa y nosotros, a pesar de que participamos en la jurisdicción, no somos el comité de aplauso de la jurisdicción, pero si uno encuentra que quien ha sido beneficiario absolutamente de lo que son los señores excombatiente de las Farc que cuando van a una versión libre, los que terminan diciendo es no sé, no me acuerdo, no lo hice, eso lo hizo otra persona. Entonces necesitamos que esas otras personas que ellos señalan como responsables por mando, que seguían los mandos medios de los bloques y de los frentes, comparezcan"."Verdades a medias en la JEP"Finalmente, Velásquez resaltó la importancia de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de las Farc. Denunció los ataques sistemáticos a la justicia especial para la paz y critica la falta de colaboración por parte de los exguerrilleros. Además, destacó que la JEP no cumple con el objetivo de evitar hechos de repetición, ya que los grupos armados ilegales continúan delinquiendo en el país."Hoy lo que vemos es que no hay unas Farc, hay cinco frentes diferentes estructuras en el país, todas negociando con el Gobierno, con el carácter de gestores de paz, pero continúan delinquiendo. No es sino ver a Urías Perdomo en Caquetá, gestor de paz, amenazando y extorsionando, al señor Calarcá haciendo lo mismo, al señor Andrey haciendo lo mismo al señor Joan Márquez y su estructura, tomándose el territorio. O sea que esto no está funcionando desde el Gobierno, no sé cuál es el propósito para enredar el funcionamiento a la justicia"Escuche la entrevista completa acá:
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.