La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Casi 200 personas de las veredas La Tigra, Cerro Azul y La Mojana, en el corregimiento de San Javier, zona rural de Ciénaga (Magdalena), dejaron sus casas a la carrera recientemente y hoy duermen donde pueden: en colchonetas prestadas, en el piso o sobre cartones, en el Centro de Atención a Víctimas del municipio.El desplazamiento masivo se produjo después de nuevos combates entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que mantienen presencia en esa zona del corredor entre la Troncal del Caribe y la Sierra. Según relataron los líderes, las ráfagas de fusil y la presencia de hombres armados obligaron a las familias a salir con lo mínimo, muchas veces solo con los niños en brazos.En el punto de atención en Ciénaga, el panorama es de hacinamiento y carencias. La mayoría de desplazados son niños, niñas, mujeres gestantes, bebés en lactancia y adultos mayores. Aunque la alcaldía ha entregado algunas raciones de comida, los líderes advierten que no hay agua suficiente para todos ni colchonetas para dormir con dignidad.“El compromiso era brindar atención integral, pero eso no ha pasado”, reclamó Nayler José Reátiga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Cerro Azul, quien contó que muchas familias no tienen “ni para comprar una botella de agua” y llevan horas esperando una respuesta de las autoridades locales y nacionales.Los desplazados piden presencia permanente de la Unidad para las Víctimas, de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, así como una ruta clara de atención humanitaria: agua, kits de aseo, colchonetas, atención psicosocial y garantías para un eventual retorno seguro a sus veredas. De momento, la prioridad es sobrevivir a la incertidumbre, mientras en la parte alta continúan las operaciones militares contra el grupo armado.Desde Ciénaga, la comunidad insiste en que no quiere convertirse en una cifra más del conflicto, sino ser escuchada y protegida. Mientras eso ocurre, más de 180 personas siguen hacinadas, tratando de rehacer la vida lejos de la orilla del río y de los disparos.
El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde hace parte de una tradición muy arraigada entre los apostadores. Su mecánica sencilla y la variedad de modalidades lo convierten en una opción frecuente para quienes consultan resultados todos los días.Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este viernes 6 de febrero del 2026 es el 2122 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 2122Dos últimas cifras: 22Tres últimas cifras: 122La quinta: 3Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día5 febrero 20261431 - 8Chontico Día4 febrero 20264659 - 9Chontico Día3 febrero 20260622 - 1Chontico Día2 febrero 20265204 - 2Chontico Día1 febrero 20269666 - 5Chontico Día30 enero 20260740 - 5Chontico Día29 enero 20268861 - 7Chontico Día27 enero 20268016 - 0Chontico Día26 enero 20262549 - 8Chontico Día25 enero 20267739 - 7Modalidades de juego del Chontico DíaEste chance ofrece diferentes opciones de apuesta, adaptadas a diversos estilos de juego y niveles de riesgo:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad hace que el Chontico Día sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?Las apuestas son accesibles y flexibles. Se puede jugar desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustar cada jugada según el presupuesto y la estrategia personal. Esta facilidad ha sido clave para mantener su popularidad en distintas regiones del país.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).De esta manera, los ganadores pueden reclamar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales de Colombia.
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde cuenta con una amplia comunidad de jugadores que consultan a diario sus resultados.Número ganador del Paisita Día hoyEl número ganador del chance Paisita Día de este viernes 6 de febrero de 2026 es el 6298 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 6298Dos últimas cifras: 98Tres últimas cifras: 298La quinta: 3Últimos sorteos de Paisita DíaSorteoFechaResultadoPaisita Día5 febrero 20261818 - 5Paisita Día4 febrero 20267109 - 2Paisita Día3 febrero 20260388 - 1Paisita Día2 febrero 20266796 - 7Paisita Día1 febrero 20263376 - 1Paisita Día31 enero 20264377 - 6Paisita Día30 enero 20260797 - 1Paisita Día29 enero 20268828 - 8Paisita Día28 enero 20266048 - 3Paisita Día27 enero 20263833 - 6¿A qué hora juega Paisita Día?El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los apostadores participar sin interrupciones. Los horarios oficiales son:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Estos horarios facilitan que los jugadores organicen sus apuestas y consulten oportunamente los resultados.¿Cómo se juega el Paisita Día?Este chance ofrece distintas modalidades, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio.¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Por su constancia, claridad en los horarios y variedad de modalidades, el Paisita Día continúa siendo una referencia clave entre quienes siguen los resultados del chance en Antioquia y en todo el país.
Una fuerte jornada vivió el departamento de Santander tras el desbordamiento del río Lebrija, una emergencia sin precedentes que ha golpeado con especial dureza al corregimiento de Vanegas. Edward Sánchez, director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, confirmó en las últimas horas el fallecimiento del adulto mayor Antonio Liberos, quien se convierte en la víctima fatal de esta fuerza de la naturaleza que tomó por sorpresa a una población donde, según los registros históricos de la sala de crisis, nunca se había presentado una inundación de tal magnitud.Las autoridades también intentan llegar a la zona de la emergencia donde además hay un reporte de 11 personas desaparecidas, de acuerdo con el reporte de Cesar Castellanos, director de Gestión del Riesgo de Lebrija.“Se nos presentó una emergencia gravísima el río Lebrija se salió nos inundó el corregimiento de Vanegas, tenemos el reporte de 54 familias damnificadas y afectadas, el reporte de 11 personas desaparecidas, al parecer se las llevó el río, y el reporte de 14 viviendas que desaparecieron del mapa, por decirlo de alguna manera”, confirmó el funcionario.El balance preliminar de daños, además de la irreparable pérdida humana, incluye la destrucción de galpones y la pérdida masiva de animales domésticos, lo que representa un golpe devastador para la economía de subsistencia de los habitantes de esta jurisdicción de Lebrija.En respuesta inmediata a la crisis, el Gobierno Departamental ha activado la fase de asistencia humanitaria. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tiene previsto realizar un sobrevuelo por el área afectada para dimensionar la escala del desastre y direccionar los apoyos necesarios. Paralelamente, cuadrillas de maquinaria amarilla ya se desplazan hacia el sector para rehabilitar los corredores viales que presentan movimientos en masa, los cuales han dificultado el acceso rápido de los cuerpos de socorro y las ayudas al corregimiento de Vanegas.El panorama invernal no se limita únicamente a Lebrija, pues el departamento enfrenta un estado de alerta generalizado por el aumento en los caudales de los ríos Fonce, Carare y Magdalena. Sánchez informó que se mantienen cierres y pasos restringidos en puntos neurálgicos como la zona de Lisboa en la Ruta del Cacao, el sector Cuchara de Palo en Rionegro, y afectaciones en las vías que conectan a Jesús María con Florián y San Miguel con Capitanejo.Los organismos de socorro mantienen un monitoreo constante en las zonas de riesgo. Además, hicieron un llamado urgente a las comunidades ribereñas para que se mantengan alerta ante posibles inundaciones nuevas.Por lluvias también hay afectaciones en municipios como Florián, vereda Platanillo, una remoción en masa provocó afectaciones en la vía que comunica con el municipio de Jesús María y pérdida de las líneas del acueducto.En Rionegro, vereda Portachuelo – vía nacional otro derrumbe destruyó dos viviendas; también se presentaron deslizamiento en las veredas Galápagos, Convención Santa Rosa y La Pradera.También hay afectaciones en la vía California – Vetas: creciente de cañadas donde se mantiene paso restringido; y en el municipio de Girón afectaciones en vías terciarias de la vereda La Parroquia.
Una puerta más se le cierra a los más de 300.000 usuarios de la Nueva EPS en Cali. Se trata de la clínica Nuestra Señora de los Remedios, ubicaba en el norte de la ciudad. A través de un comunicado, dio a conocer a la ciudadanía en general que, desde la fecha, no tenía ningún contrato vigente con la Nueva EPS, y por ende, ya no es posible brindarles atención a estos afiliados.La clínica no es explícita en indicar que la terminación del contrato se deba al tema de incumplimiento de pagos por parte de la EPS, sin embargo, si indica que es una decisión que responde a circunstancias ajenas su control.Le puede interesar: Hospital Méderi explica cese de atención a pacientes de Nueva EPS por falta de contrato"Mostramos una preocupación por las constantes dificultades y limitaciones que tiene la red prestadora contratada por la Nueva EPS. La suficiencia de esa red se ha venido alterando de manera reiterada, en el último año, sobre todo. Hacemos un llamado al agente interventor, al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud. De nuevo, normalicen la red prestadora a los usuarios", manifestó el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.Según la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca, la clínica de los Remedios brindaba atención especializada a pacientes oncológicos. Los cuales aún no saben dónde podrán seguir sus tratamientos.
“No haremos nada a puerto cerrada”, mencionó alias ‘Araña’, jefe de Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia en el suroccidente del país, sobre los diálogos de paz que, este grupo, adelanta con el Gobierno del presidente Petro.Este hombre reaparece casi 70 días después de firmar el primer acuerdo con el Gobierno en Caracas, Venezuela. Según expertos, el pronunciamiento de alias ‘Araña’ descarta división al interior de este grupo frente a los diálogos que se espera se reanuden en La Habana, Cuba, en la tercera semana de octubre.Por otro lado, Blu Radio conoció un video donde se ve a alias ‘Araña’ acompañado de otros disidentes reunidos en el corregimiento de Sucumbios, zona rural de Ipiales, Nariño, en los límites con el departamento de Putumayo.“El dialogo de paz debe ser con la comunidad y todo punto que se acuerde debe ser socializado y aprobado por las comunidades o sino este proceso no funciona (…) Todo va a ser con la participación de la comunidad y ustedes deben estar enterados de todo lo que se haga con el Gobierno nacional dentro del proceso de paz”, dijo.Asimismo, aseguró que todo lo que se acuerde con las comunidades se tendrá que cumplir y serán “garantes” de que sea así. La Segunda Marquetalia insistió en que “seguirá creyendo en la voluntad de paz del presidente Gustavo Petro”, pero criticaron la postura de algunos funcionarios y miembros de las Fuerzas Militares.“Vamos a ser muy serios en este proceso, si se da pues se da y, si no, pues nos toca seguir como estamos, pero queremos que la comunidad esté informada de todo lo que se habla con el Gobierno nacional”, aseguró.Mientras tanto los habitantes del consejo comunitario Nuevo Renacer del corregimiento de Cofania Jardines de sucumbíos, en la zona rural de Ipiales, respaldaron el proceso de paz y pidieron de las autoridades que no los estigmatice más porque ellos viven de los cultivos ilícitos por pura necesidad porque tienen la fe y esperanza que este proceso por fin dé algo positivo.
Miles de personas vistiendo camisetas blancas se tomaron las principales calles de Popayán para rechazar la violencia de los grupos armados en el convulso departamento del Cauca."Cuando se trata de defender al departamento la tarea es de todos, la región no es solo de las autoridades, acá las protagonistas son las comunidades y hoy queda demostrado, acá están de todos rincones de la región exigiendo vivir en paz", dijo a periodistas el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.En el departamento del Cauca hay fuerte presencia de las disidencias de las FARC, también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otros grupos armados como el Clan del Golfo y bandas que se dedican a la minería ilegal y al tráfico de personas, entre otros delitos.Todos tratan de imponer su ley, para lo cual acuden a las armas para dominar a la población civil y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado."Hoy queremos enviar un mensaje de paz a toda la comunidad de los 42 municipios del departamento", dijo William Campiño, diputado de la Asamblea del Cauca.Del río humano formaron parte organizaciones indígenas, campesinas y sindicales y también religiosas, que unieron sus voces para pedir que cese la violencia que martiriza la región.El recorrido por la paz se inició en el Parque de la Salud y culminó en el Parque Caldas, el principal de Popayán, en el que hubo numerosas presentaciones de grupos musicales, de danzas y de teatro.
Este viernes, 27 de septiembre, un soldado de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional falleció mientras realizaba labores de destrucción de explosivos en la vereda El Zulia, municipio de Támara, Casanare. El cabo tercero, identificado como Juan Esteban Montaño Velázquez, se desempeñaba como comandante del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) en los corredores rurales de la zona.“Su experiencia y destreza le permitieron destruir de manera controlada 21 artefactos explosivos improvisados, instalados por la Subestructura 28 de las disidencias de las Farc, con el propósito de salvaguardar la vida de las comunidades de la región. Hoy, en cumplimiento de su misión, ha ofrendado su vida protegiendo a los habitantes de esta zona del país”, aseguró el comunicado del Ejército.Frente al hecho desde el comando de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional extendieron las condolencias a los familiares y amigos del cabo tercero Montaño. “En este difícil momento, ponemos a su disposición un equipo interdisciplinario para brindar el apoyo necesario”, dicen las autoridades.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, denunció que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con sus funciones de entregar a esta jurisdicción el presupuesto necesario para que los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto puedan cumplir con las sanciones restaurativas.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del acuerdo final de paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.Desde el Gobierno Nacional, la Unidad de Víctimas emitió un comunicado en el que explican que el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó en diciembre de 2023 la creación de la Subcuenta Justicia Restaurativa JEP. Sin embargo, la jurisdicción habría pedido el cambio de la titularidad de la subcuenta. Finalmente, y después de un proceso en el que participó el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se concluyó que la Unidad para las Víctimas sería la entidad idónea para ejecutar la subcuenta."En sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz No. 54, la JEP solicitó la eliminación de la subcuenta, pues procedimentalmente no es posible el cambio de titularidad, sino la creación de una nueva. En la sesión No. 55, la Unidad para las Víctimas solicitó el retiro del punto de la creación de la subcuenta, con el fin de revisar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentaban su creación. De modo que, contrario a lo que se ha afirmado, dicha subcuenta aún no ha sido creada y la Unidad para las Víctimas no ha recibido tales recursos", señala la entidad.Además, según el comunicado de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda informó que los recursos de la Bolsa Paz del 2024 no se encuentran disponibles en su totalidad, y el desembolso fue aplazado por la coyuntura fiscal del país. En ese sentido, el Gobierno explica que aún no se ha tomado una decisión frente a la destinación de esos recursos, los cuales tampoco han sido desembolsados."Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un llamado para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima. Invitamos a la JEP a un diálogo efectivo que permita la construcción de planes y programas de contenido restaurativo y reparador en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia", señala el Gobierno nacional.
El Gobierno colombiano dijo este jueves que "está listo" para retomar los suspendidos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero le pidió un "gesto inequívoco de paz".Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de un Consejo de Seguridad en Tame, ciudad del departamento del Arauca (este), golpeado por acciones terroristas del ELN como el ataque a la base militar de Puerto Jordán, que dejó tres militares muertos y 26 heridos y por el que el Gobierno suspendió las conversaciones de paz."El Gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el ELN, que ha venido martirizando a Arauca durante muchas décadas", dijo el ministro Cristo.El Gobierno confirmó la semana pasada que el diálogo de paz con el ELN "queda suspendido" tras el atentado con explosivos perpetrado por esa guerrilla contra la base militar.Pese a que Cristo dijo que el Gobierno estaba listo para seguir en la mesa de negociación, recalcó que el ELN debe dar muestras de querer estar en las conversaciones de paz."Para hablar de paz se necesitan dos, y hasta el momento solo hay uno hablando, que es el Gobierno Nacional. El ELN no parece interesado. Ojalá rectifiquen para que, con un gesto inequívoco de paz, como lo dijo el señor presidente de la República, se puedan retomar las negociaciones".A propósito de los diálogos el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', aseguró que el proceso de paz puede continuar pese a que no haya un cese el fuego.García recordó que el cese el fuego de un año, que expiró el pasado 3 de agosto, "no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN".El Frente de Guerra Oriental, que es el más activo y numeroso del ELN, se atribuyó el ataque a la base militar y aseguró que era "legítimo" porque en la base militar supuestamente se "custodia y protege" a miembros de una banda criminal al mando de alias 'Pescao' a "quien usan (los militares) para su plan mercenario como paramilitares".
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.