La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Gobernación de Antioquia declaró la calamidad pública para las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste. En el departamento hay más de 9.000 familias afectadas y 11 puentes dañados por las fuertes lluvias de los últimos días.El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la calamidad pública luego de las intensas precipitaciones en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño. Hasta ahora, los reportes de las autoridades indican que las lluvias dejan 13 municipios gravemente afectados.La llegada de diferentes entidades a las zonas damnificadas deja un saldo de 9.160 familias afectadas, 25 vías dañadas, cuatro acueductos veredales pendientes de reparación, 11 puentes golpeados por las precipitaciones y más de 22.000 estudiantes que permanecen en semiescolaridad.Daniel Galeano, director (e) del DAGRAN, mencionó que ya se han enviado más de 5.000 ayudas humanitarias a los 24 albergues habilitados para los damnificados en el departamento.“Nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las más de 9.160 familias en temas como educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos y, sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, como lo hemos hecho desde el primer momento”, indicó.Los municipios que han reportado afectaciones en Antioquia son Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao, donde se espera atención urgente a las comunidades golpeadas por las lluvias.Con la declaratoria de calamidad pública, el departamento de Antioquia podrá hacer inversiones para atender a las familias, así como disponer de los recursos necesarios para la infraestructura vial, las viviendas y otros daños, como los registrados en los cultivos.
Aunque las autoridades en el departamento de Antioquia mantienen la atención puesta en las graves consecuencias que ha dejado la ola invernal en 13 municipios, el orden público no deja de ser un dolor de cabeza para la Fuerza Pública, que enfrenta una situación alarmante en Yondó.Siguen las repercusiones tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el corregimiento de Puerto Matilde. El reporte entregado por la Gobernación de Antioquia dejó en evidencia que la disputa entre grupos criminales en zona rural dejó cerca de 17 familias desplazadas hace dos semanas, las cuales huyeron hasta el casco urbano para salvaguardar su integridad.Luego de que incluso se atacaran con drones algunas viviendas en la vereda San Francisco, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que todas las personas desplazadas continúan siendo atendidas con ayuda institucional, mientras la Fuerza Pública intenta llegar al territorio para recuperar el control de la zona.“Alrededor de 50 personas. La Gobernación de Antioquia, de la mano con la Alcaldía de Yondó, les está prestando toda la asistencia humanitaria, y el Ejército va avanzando hacia el corregimiento de Puerto Matilde para hacer presencia allí”, aseguró.Mientras se espera la llegada del Ejército Nacional a esta zona del Magdalena Medio antioqueño y que así las más de 50 personas damnificadas por la violencia puedan regresar a sus hogares, las autoridades locales insisten en la presencia activa de grupos armados que complican día a día la seguridad del municipio.Cabe mencionar que hace tres semanas fue hallado un cilindro con letras alusivas a las FARC, lo que encendió las alarmas no solo por la presencia de las disidencias, sino también por la ya conocida del ELN y el Clan del Golfo, que estarían detrás de los mencionados enfrentamientos que posteriormente generaron los desplazamientos.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en El Andén este viernes, 6 de febrero de 2026:El politólogo y asesor político Juan Sebastián Pérez, el activista del Pacto Histórico Juan Diego Sanabria y el candidato a la Cámara Cristian Gómez se subieron a El Andén para debatir hacia dónde va el Frente por la Vida sin Iván Cepeda tras la decisión del CNE.Escuche el programa completo aquí:
La Asociación de Distribuidores de Gasolina del Suroccidente emitió un comunicado en el que asegura que las estaciones de gasolina en los departamentos del Valle y Cauca, que son más de 300, han asumido una conducta responsable y coherente en la aplicación de la normativa reguladora de precios.En el documento se explica que en esta región se están aplicando dos regímenes. En primer lugar, en las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Cartago y Popayán rige la libertad vigilada, donde los márgenes del distribuidor minorista de combustible son fijados libremente. En los demás municipios aplica el régimen de libertad regulada, que establece un tope máximo de venta al público.La asociación aclaró que actualmente el precio promedio de la gasolina en la región está alrededor de los 16.100 pesos, pese a que el precio de referencia fija un margen de 16.502 pesos.“En aplicación estricta de esta normativa, las estaciones de servicio del suroccidente colombiano han asumido una conducta responsable y coherente con el interés general. A pesar de los incrementos sostenidos en el precio de referencia, los distribuidores minoristas han optado por no trasladar la totalidad de estos ajustes al consumidor, manteniendo precios por debajo del valor de referencia oficial”, indica el comunicado.Mientras tanto, las autoridades en Cali han iniciado varios recorridos para verificar la realidad en las estaciones de la ciudad, luego de recibir varias denuncias en las que se indicaba que algunas de ellas no habrían ajustado los precios con la reducción de 500 pesos. Si bien se tienen algunas estaciones de combustible previamente identificadas, las visitas se realizarán de manera aleatoria.
Hacia las 11:24 de la noche comenzó el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN en contra del Batallón de Infantería N.º 15, General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. Varios explosivos fueron lanzados contra la unidad militar desde un vehículo tipo volqueta, que fue ubicado en la vía nacional que comunica esa ciudad con los municipios de Ábrego y Cúcuta.En total, cuatro suboficiales, entre ellos tres hombres y una mujer, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares. Además, uno de los responsables del lanzamiento de los explosivos fue dado de baja y otro más resultó herido y fue capturado.Tras la revisión minuciosa realizada por las autoridades y los organismos de socorro, se constató que varios artefactos explosivos quedaron sin detonar al interior de la unidad militar. Ahora se espera que un grupo experto en explosivos adelante los protocolos necesarios para retirarlos del sitio.El ataque también dejó sin servicio de energía eléctrica a gran parte del municipio de Ocaña. Las imágenes que comenzaron a circular minutos después del atentado reflejan que la afectación principal se presentó en el Casino de Suboficiales y en instalaciones aledañas a este lugar. En ese sector también se encuentran varias casas fiscales.Este es el segundo ataque de esta índole que se presenta contra el Batallón Santander. El último de ellos causó afectaciones en el helipuerto y, de manera simultánea, fueron atacadas varias estaciones de Policía en el Catatumbo. Los responsables son integrantes de la guerrilla del ELN, como retaliación al último bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en zona rural entre los municipios de Tibú y El Tarra.
El Gobierno nacional reglamentó el programa de reincorporación integral y se creó el Sistema Nacional de Reincorporación. La idea es que al menos 40 entidades territoriales y nacionales se articulen para implementar acciones sociales, políticas y económicas para 12.081 personas firmantes del acuerdo.“El Programa de Reincorporación Integral contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, a través de la generación de capacidades y condiciones para la ciudadanía plena teniendo en cuenta la diversidad. Por eso, se incluyeron acciones diferenciales para la población con discapacidad, personas mayores, mujeres, personas con pertenencia o autorreconocimiento étnico y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, explican desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización.De esta manera se verán beneficiados no solo los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, también sus familiares y las comunidades en las zonas donde ellos viven.“El programa contempla la responsabilidad compartida del Estado y de las personas firmantes de paz, esto implica un rol activo tanto de la institucionalidad en la reducción de barreras a nivel territorial, así como la responsabilidad de los y las firmantes para avanzar en las acciones seleccionadas en sus planes acuerdo con los compromisos asumidos”, señala la Agencia para la Reincorporación.
Diego Tovar, conocido en la extinta guerrilla de las Farc como Federico Montes, es el primer firmante del acuerdo de paz que habla de manera presencial ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hizo en una sesión de este jueves 11 de julio donde se abordó el tema de la implementación del acuerdo firmado en 2016.Tovar aseguró que quienes firmaron el acuerdo mantienen un compromiso con la paz en Colombia, pero también pidió una mayor coordinación institucional para lograr la implementación integral del acuerdo, advirtiendo además que uno de los obstáculos durante estos años ha sido la violencia en algunos territorios."La violencia, en los territorios, sigue destruyendo las vidas de comunidades enteras y limitando aún más la capacidad de las autoridades presentes para cumplir con sus responsabilidades. El involucramiento de menores en el conflicto, la violencia contra mujeres reincorporadas y personas de comunidades étnicas es una preocupación mayor", señaló Tovar.Los enfrentamientos entre grupos armados también son obstáculo para la implementación del acuerdo de paz."El reciente desplazamiento forzado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle, en el Caquetá, después del ultimátum de las disidencias del autodenominado ‘EMC’ es emblemático de la falta de implementación de las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo, de la falta de presencia estatal en regiones, como de un proceso de reincorporación precario", señaló Tovar.Ante esta situación para los firmantes del acuerdo es importante que en los procesos de diálogo con diferentes grupos quede estipulado en los protocolos la protección de quienes firmaron el acuerdo. En el mismo sentido señaló que el éxito de la JEP, creada tras la firma del acuerdo, se basa en el beneficio que el tribunal garantice para las víctimas y las garantías que otorgue para los comparecientes."Los últimos meses, hemos podido informar al consejo, como el Estado de Colombia, de los detalles relativos a la inseguridad jurídica creada por la Jurisdicción. Si bien, hoy seguimos en diálogo con su magistratura, todavía no se ha materializado ninguna solución. Como positivo, celebramos los avances del Estado respecto a la compra y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, y recientemente la aprobación, por el Congreso de la Jurisdicción Agraria. También, la disposición de actualizar la principal hoja de la implementación, Plan Marco de Implementación", explicó el firmante del acuerdo de paz.
En las últimas horas Salvatore Mancuso recobró la libertad, salió de la cárcel La Picota por pena cumplida, y tras la decisión de una juez de justicia y paz.Este jueves Mancuso dio una rueda de prensa en la que aseguró que desde ya empezaba a cumplir sus funciones de gestor de paz, después de que el presidente Gustavo Petro le hiciera esta designación. Mancuso también hizo un llamado a los grupos que siguen en armas para que se desmovilicen y señaló que iba a reparar a las víctimas del conflicto.En el mismo sentido le hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez.“Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos yo vi un trino de él de esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no les dieron un beneficio, tiene que esperar para ver lo que va a suceder, pero, yo he salido por pena cumplida, de los ocho años hice 17 años y 11 meses debí haber salido hace varios años. Al expresidente Uribe lo invito a que construyamos yo no vengo a tomar retaliaciones ni venganzas. En el paso fuimos aliados no puedo ocultarlo y hoy lo invito a que seamos aliados, él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político y puede ayudar mucho a las bases de la construcción de la paz”, señaló Mancuso.También se refirió a la política de seguridad democrática impulsada durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.“La política de seguridad democrática se basó en el miedo, en la violencia, básicamente su nombre lo dice y hoy puede ser uno de los grandes artífices que apoye este gran acuerdo nacional”, agregó el exjefe paramilitar.Por otro lado, aseguró que teniendo en cuenta que el conflicto colombiano es solo uno también debe haber solo un tribunal que investigue lo sucedido.“En cuanto al cierre de negociaciones con todos los actores, es importante poder definir un sistema de justicia restaurativa que le ponga punto final, que sea una justicia de cierre para todos los actores del conflicto”, aseguró Mancuso.Por último, aceptó la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro para reunirse en Casa de Nariño una vez recobrara la libertad.“Me ha invitado a que cuando estuviera en libertad nos reuniéramos y yo quiero agradecerle esa invitación y poder reunirnos para hablar de la paz y de la reconciliación y de la paz total. Acepto esa invitación amable, benévola y espero que el señor presidente me diga la fecha, la hora y el lugar”, dijo Mancuso.
El excanciller Álvaro Leyva ha asegurado en diferentes ocasiones que el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc abre la puerta a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc, aseguró que en el acuerdo no quedó estipulada esta idea.“El acuerdo no mandata una constituyente, el acuerdo lo que mandata es un gran pacto nacional que de pronto en el pacto nacional entre las fuerzas políticas, las fuerzas gremiales, económicas, los sectores sociales lleguemos al acuerdo de que hay que convocar una constituyente para hacer un nuevo contrato social, que es una nueva constituyente, pero sí podemos hacerlo con los mecanismos que tenemos. Aquí hicieron un cambio profundo a la Constitución, cambiaron un artículo de la Constitución. Podemos hacer reformas a la Constitución entre las partes de la implementación, pero eso debe ser fruto de un consenso, de un pacto y por eso saludo la disposición del ministro Cristo de trabajar en función de ello”, señaló Londoño.En el mismo sentido indicó que su posición se la ha manifestado al excanciller Álvaro Leyva.“Con él permanentemente estamos hablando, él conoce cuál es mi posición; yo no me niego a que haya una Asamblea Nacional Constituyente, pero ese no es el centro del debate en este momento, el centro del debate es el gran acuerdo nacional”, aseguró el excomandante de la extinta guerrilla de las Farc.‘Timochenko’ también se refirió al papel de la JEP, pues recientemente desde el Gobierno nacional y desde el partido Comunes se han hecho algunos cuestionamientos a algunas decisiones.“Hemos iniciado un diálogo constructivo con la JEP, estamos en ese diálogo y estamos convencidos de que si trabajamos y nos mantenemos en esa ruta vamos a lograr que la jurisdicción vuelva a su espíritu y a su naturaleza”, finalizó Londoño.
Este jueves, el presidente Gustavo Petro intervendrá ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. En la sesión se abordará el tema de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.El presidente Petro va a proponer ampliar el marco de la implementación del acuerdo, ya que, aunque en un principio lo acordado debía implementarse en 15 años, el Gobierno considera que hay algunos rezagos que no permiten cumplir en el tiempo estipulado.Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se refirió, en diálogo con Blu Radio, a esta propuesta del Gobierno.“Todos hemos estado de acuerdo en que los tiempos no van a dar porque perdimos los 4 años de Duque y en estos 2 años de Petro es poco lo que se ha avanzado, aunque se ha avanzado mucho más que en los 4 años de Duque. Creo que esa es una decisión que tenemos que discutir aquí entre nosotros, sopesarla y buscar esa idea que está en el acuerdo de un acuerdo nacional, de un pacto nacional, y en ese marco analizar de qué manera podemos prolongar la implementación de ese acuerdo, porque este acuerdo sienta las bases para construir una paz en Colombia”, señaló.El Gobierno ha dicho que si se logra prolongar el marco de implementación se tomarían unas medidas de emergencia y se haría un plan de choque, junto a los firmantes del acuerdo, para avanzar en los puntos que están más rezagados."Mientras no haya seguridad va a ser muy difícil porque ¿qué nos ganamos con tierras, con posibilidades de proyectos productivos si no hay seguridad? Estamos viendo lo que está pasando en Miravalle, que no debió haber pasado y que estaba advertido, había alertas en ese sentido. Los funcionarios del Gobierno lo sabían y nunca se quiso actuar. Ahora nos están diciendo que es que no hay plata, si no hay plata para garantizar la seguridad a los firmantes y a los líderes sociales, ahí sí decir apague y vámonos, esta sociedad se jodió", aseguró. Ante el Consejo de Seguridad, este jueves también va a intervenir por primera vez, de manera presencial, un firmante del acuerdo que era conocido en la guerrilla como Federico Montes y quien cumplirá agenda en Estados Unidos sobre algunos temas de paz.“Hoy es un día histórico para la paz de Colombia. Hoy por primera vez hay un firmante de manera presencial en Nueva York y va a intervenir a nombre de todos los firmantes del Consejo de Seguridad, pero más allá de la intervención, en este par de días va a tener la posibilidad de intercambiar con los miembros de la comunidad internacional sobre nuestra visión frente a la implementación. Lo más importante es que el Consejo de Seguridad siga unido frente al apoyo de la paz en Colombia y que eso signifique una mayor disposición de toda la comunidad internacional para brindar el apoyo a la implementación en Colombia del acuerdo de paz”, señaló Londoño.Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional que ha apoyado la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.“Mis agradecimientos a quienes hicieron posible el viaje de Federico Montes en Nueva York, al canciller que dijo que debíamos estar de manera presencial y se materializó, pero también a Naciones Unidas y a Estados Unidos”, finalizó Timochenko.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.