La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Súper Astro Luna es un juego de chance que mezcla la emoción de los números con el atractivo de la astrología. Su dinámica consiste en combinar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con la elección de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particularidad lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.Número ganador del Super Astro LunaEl número ganador del chance Super Astro Luna de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: 4016 - Cáncer. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 4016Dos últimas cifras: 16Tres últimas cifras: 016Signo zodiacal: CáncerEl sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Una vez finaliza cada sorteo, los resultados oficiales están disponibles para consulta, manteniendo la expectativa constante entre los apostadores.Este chance permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para ganar un premio, el número de cuatro cifras elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, junto con el signo zodiacal seleccionado, de acuerdo con la modalidad de juego.Cómo se juega el chance Astro LunaParticipar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo:Elegir un número: se selecciona un número de cuatro cifras.Seleccionar un signo zodiacal: se escoge uno de los doce signos disponibles.Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos, modalidad conocida como Todos los Signos, que debe indicarse al asesor.Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y preferencia de cada jugador.Cuánto cuesta apostarEl Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los montos de apuesta:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta variedad facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos.¿Dónde puedo jugar Súper Astro?Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna pueden hacerlo de forma presencial:Puntos de venta físicos: el juego está disponible en puntos autorizados a nivel nacional, lo que permite acceder al sorteo en diferentes regiones del país.Cómo jugar un chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance también puede jugarse en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y el signo zodiacal. Esta opción ofrece seguridad, comodidad y acceso a los resultados oficiales en tiempo real.¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?El cobro de un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos comunes para todos los casos.Documentos requeridos:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Últimos sorteos chance Super Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna8 Febrero 20264016 - CáncerAstro Luna7 Febrero 20269076 - SagitarioAstro Luna6 Febrero 20268312 - AriesAstro Luna5 Febrero 20260647 - CáncerAstro Luna4 Febrero 20260771 - LeoAstro Luna3 Febrero 20263771 - TauroAstro Luna2 Febrero 20260088 - SagitarioAstro Luna1 Febrero 20266568 - VirgoAstro Luna31 Enero 20264697 - SagitarioAstro Luna30 Enero 20263472 - Sagitario
El Ministerio Público venezolano informó que fue revocada la medida de excarcelación del líder opositor Juan Pablo Guanipa, tras considerar que incumplió las condiciones impuestas. Ese organismo pidió al tribunal de justicia de ese país modificar el beneficio y evaluar un régimen de detención domiciliaria, alegando protección del proceso penal vigente en Venezuela.Más temprano, la líder opositora María Corina Machado afirmó la noche de este domingo 8 de febrero de 2026 que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa había sido secuestrado en Venezuela, a pocas horas de haber sido liberado en horas de la mañana.“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, denunció Machado a través de su cuenta en X.Asimismo, desde las redes sociales del propio Guanipa también se denunció el secuestro. “Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol”, señalaron.Desde estas publicaciones también exigieron la liberación inmediata del dirigente opositor. Cabe recordar que la liberación de Guanipa se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".
El Super Bowl LX no solo definirá al próximo campeón de la NFL, sino que también ofrecerá a aficionados y seguidores un espectáculo de alcance global. Como ocurre cada año, el show de medio tiempo concentra gran parte de la atención mediática y, en esta oportunidad, el peso recae en Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del momento.La cita será este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en medio del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks.Más allá del resultado en el campo, millones de personas en América Latina y Estados Unidos estarán pendientes del entretiempo, un espacio que se ha transformado en una vitrina de escala gigantesca.Halftime del Super Bowl 2026: a qué hora será el show de Bad BunnyEl espectáculo de medio tiempo no tiene un horario exacto, ya que depende del desarrollo del partido. El Super Bowl comenzará a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y el show se realizará entre el segundo y el tercer cuarto.De acuerdo con los tiempos habituales de la NFL, se estima que la presentación de Bad Bunny arranque entre las 8:15 y las 8:30 de la noche en Colombia. En Estados Unidos, el horario varía según la zona, pero en Texas se prevé que el espectáculo comience entre las 7:00 y las 7:30 de la noche.El show suele durar entre 12 y 14 minutos, tiempo suficiente para concentrar una audiencia global y marcar tendencia en redes sociales.Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026En Colombia, el Super Bowl se podrá ver en directo por la plataforma de streaming Disney+, por lo que es necesario contar con una suscripción activa, aunque también estará disponible a través del canal ESPN.En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de:NBC, como cadena principal.Telemundo, Peacock y Universo, con señal alternativa.Bad Bunny, protagonista del show de medio tiempo del Super BowlEl artista puertorriqueño llega al Super Bowl LX en uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por el éxito de su álbum Debí Tirar Más Fotos y el Grammy al Álbum del Año. Aunque ya había participado en el show de 2020 junto a Shakira y Jennifer López, esta será su primera vez como artista principal.Su presencia refuerza el crecimiento de la música latina en escenarios históricamente dominados por artistas anglosajones y confirma que el Super Bowl también es un espacio para la diversidad cultural.
La historia de Priscila Gómez no es solo la de una bailarina talentosa que conquistó uno de los teatros más importantes del planeta, sino la de una mujer que aprendió a reinventarse después de que su cuerpo le impusiera límites aparentemente insuperables. En entrevista con El Radar, la artista colombiana relató cómo más de 15 cirugías, la mayoría derivadas de su exigente carrera en el ballet, marcaron su vida y transformaron su camino artístico.“Yo creo que nací siendo bailarina”, afirmó Gómez, al recordar que su infancia estuvo atravesada por el arte. “Mi primer recuerdo es mi papá mostrándome La Sylphide por el Royal Ballet, que es donde hoy en día bailo”, contó, destacando cómo ese sueño infantil terminó materializándose, aunque de una forma distinta a la que imaginó.Formada en España, Inglaterra y Estados Unidos, Priscila fue campeona nacional en España, participó en competencias internacionales y llegó a integrar el ballet Joffrey en Nueva York. Sin embargo, su cuerpo, marcado por la hipermovilidad y las lesiones recurrentes, comenzó a pasarle factura desde muy joven. “Mi primera cirugía fue a los 16 años, cuando pensé que todo se iba a acabar, y resulta que me faltaban 15 más”, relató. A los 19, tras varias intervenciones en el pie, los médicos le dijeron que no podía seguir bailando ballet clásico. “Fue muy difícil, porque esto no era un hobby: había entregado mi vida entera a este arte”.Lejos de rendirse, Gómez decidió reinventarse. “Me tomó dos minutos decir: voy a estudiar arte dramático. A mí no me van a bajar de un escenario nunca”, recordó. Su transición a la actuación fue natural, impulsada por su formación expresiva y su amor por el cine y el teatro. Aun así, la danza nunca abandonó su vida. “Mi espíritu sigue bailando y la danza vuelve y me encuentra de otra manera”, dijo, al explicar cómo terminó explorando otros estilos, como el flamenco.Hoy, su nombre brilla en Londres: Priscila es parte del elenco de La Traviata en la Royal Opera House y, además, es la imagen que promociona la ópera en estaciones de metro y buses de dos pisos de la capital británica. “Soñé desde niña con pisar ese escenario. Hay días que se me olvida, pero antes de salir cierro los ojos y me imagino a la niña de cuatro años viendo ballet con su papá”, confesó emocionada.Su camino no ha sido fácil. “He tenido que empezar una y mil veces, volver a enseñarle a mi cuerpo a moverse, recuperar la flexibilidad, y no una sino 15 veces”, explicó. Pero esa perseverancia, dice, es la que la mantiene en pie: “Hay mucha gente que lo tuvo que abandonar. Yo he encontrado la manera de seguir”.La historia de Priscila Gómez es, ante todo, una lección de resiliencia, disciplina y amor por el arte. Como ella misma resumió: “La vida no se acaba aquí. La danza orbita en mí”. Y hoy, desde uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, esa danza sigue hablando en nombre de una colombiana que nunca dejó de creer.
Hace unos días las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra el ELN y el Frente 33 de las disidencias en la región del Catatumbo, razón por la que desde la Gobernación de Antioquia pidieron la misma estrategia en diferentes zonas del departamento.Lo que mencionan las autoridades antioqueñas es que durante los últimos dos años se han realizado bombardeos efectivos contra el Clan del Golfo, pero que ahora es imperativo que también se hagan este tipo de procedimientos contra ELN o el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', grupos con alta presencia criminal en la región.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que esperan una respuesta oportuna del Gobierno nacional para poder iniciar los preparativos de los operativos militares que podrían, eventualmente, a los grupos armados en minoría contra la fuerza pública."Nunca hemos visto un bombardeo contra las Farc o contra el ELN. Entonces, la invitación al gobierno es que, ya que que que reanudó esta estrategia tan efectiva, pues que vuelque los ojos Antioquia", aseguró. Hay que mencionar que para el caso de lo sucedido con el ELN en la región del Catatumbo, no solo fueron activadas las capacidad aéreas de las Fuerzas Militares sino que, además, se realizaron labores terrestres para debilitar el accionar criminal en la zona.Hay que mencionar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha mencionado en reiteradas ocasiones que durante los últimos años las disidencias han aumentado su presencia en el departamento en un 70 %, mientras que el Clan del Golfo se habría fortalecido en una cifra superior al 60 %.
Fabio Valencia Cossio fue ministro del Interior y de Justicia durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una vez se anunció el inicio de los diálogos de paz con las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el presidente Gustavo Petro lo nombró delegado para la mesa de conversaciones por parte del Gobierno.Recientemente, el ELN anunció un paro armado en cinco municipios del Chocó, además, se registraron acciones violentas en el departamento del Cauca atribuidas a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.Después de que se conocieran estos hechos el exministro reaccionó, preguntando a los grupos si realmente tienen una unidad de mando.“Frente a la permanente violación del cese al fuego pactado con las Farc-ep y el ELN por parte de estas guerrillas, la pregunta es, ¿tienen unidad de mando? Todo parece indicar que no. Cese al fuego sin cese de hostilidades a la población, no se justifica”, señaló Valencia.En las últimas horas, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, rechazó los hechos violentos registrados en el país e hizo un llamado al ELN y a las disidencias de las Farc.“Reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos. Orientamos a las delegaciones del Gobierno nacional en las mesas con el ELN y con el EMC para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz”, aseguró Patiño.
La situación de orden público en Colombia está en cuidados intensivos. La guerra por el territorio de los grupos armados tienen en alerta a las poblaciones más vulnerables del país que se ven seriamente afectadas por el reclutamiento de menores y el desplazamiento, pese a los diálogos con grupos al margen de la ley como el ELN.María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz - FIP y el general retirado del Ejército Nacional Jorge Eduardo Mora, experto en Seguridad y Defensa mencionaron en Mañanas Blu, con Camilia Zuluaga, su posición frente a los diálogos con el ELN en el marco de la llamada paz total, eje fundamental del Gobierno Petro. Los dos respondieron a este interrogante y coincidieron en seguir los diálogos con esta guerrilla, pero con condicionamientos y puntos que se cumplan.Por su parte, Llorente se refirió a los efectos de los cese al fuego y las afectaciones humanitarias en las diferentes poblaciones e indicó que en algunas zonas el dominio de los grupos al margen de la ley se ha afianzado.“Observamos que en el último año, lo que ha habido es un avance de los grupos y, sobre todo, un avance en medio de los ceses al fuego, pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay que mirar el mapa de las dinámicas de los grupos, el año pasado había alrededor de cinco o seis núcleos de disputa en el país y hoy ya tenemos nueve. Esto ha venido creciendo mucho y esas son las zonas donde hay mayores afectaciones y donde uno realmente no está viendo una actividad de la fuerza pública en términos de contener esas esas actividades de los grupos”Además, indicó que, según el estudio, los mecanismos de monitoreo no están funcionando y habló del hecho en el cual grupos armados qué coaccionan a las comunidades para que las FFMM no actúen en las regiones. También relató las alianzas que existen entre estas estructuras criminales para evitar que la fuerza pública no entre a los territorios."Se requiere una estrategia de seguridad territorial que esté totalmente armonizada con los tableros de negociación. Y eso, la verdad, no ha venido sucediendo. Hay que enfocarse en que en que las zonas donde hay disputa, en esos sitios, pues hay que entrar verdaderamente a quitarle esos espacios a los grupos ilegales", dijo.¿Ha recrudecido la violencia en el país, pese a la paz total?Por otro lado el general (r) Mora mencionó el debilitamiento de la fuerza pública por parte de lo que aseguró es una estrategia del Gobierno y resaltó las estadísticas preocupantes en cuanto al avance de la violencia que se registra en el país."Creo que con la llegada del Gobierno y su propuesta de la paz total, pues es una aspiración que tienen todos los colombianos, pero de una u otra manera, desde el diseño de la política de defensa, seguridad y convivencia ciudadana que elaboró este Gobierno, uno al leerla al revisarla, se da cuenta que en realidad hay muy poca incidencia en el fortalecimiento de la fuerza pública para afrontar una situación tan crítica como es querer hacer la paz con todos los grupos armados organizadosy agregó, "El cese al fuego lo que ha permitido es que el control territorial en muchas regiones del país, en las regiones más neurálgicas del país, en las áreas de atención prioritaria que siempre se han establecido en el país, pues lo tengan a sus anchas los grupos armados organizados. Y entonces estas estadísticas son supremamente preocupantes".¿La moral está baja en las FFMM?El oficial del Ejército Nacional mencionó la incertidumbre de las tropas por la falta de claridad frente a lo que se debe en los enfrentamientos con grupos armados al margen de la ley y se refirió a la mancha de los falsos positivos en el Ejército Nacional y enfatizó en el respaldo que necesita la fuerza pública y el liderazgo para los altos mandos.Finalmente, mencionó cómo la institución debe recobrar la confianza y el respeto de las comunidades en las poblaciones más vulnerables y rechazó la salida de 60 altos mandos."Considero que el primer debilitamiento que tuvo la fuerza pública fue en en este gran corte que se hizo de la capacidad y experiencia estratégica que tenía la fuerza pública para afrontar lo que quería hacer este Gobierno o lo que quiere hacer este Gobierno, me parece que fue un error grave. Se puede reponer en esto, la fuerza pública lo está haciendo, pero en medio de estas aspiraciones que se tenían, no creo que era lo más indicado que había que hacer", dijo en referencia la salida de los 60 generales.Para terminar, la directora de Ideas para La Paz, coincidió con el general Mora en que los cese al fuego han dejado desorientada a la fuerza pública y resaltó la importancia de llevar a cabo estrategias para consolidar una frente de defensa a las poblaciones de Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se pronunció sobre los recientes hechos de violencia en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, ejecutados por el ELN y el autodenominado 'Estado Mayor Central'.Patiño calificó el paro armado en Chocó, anunciado el pasado 9 de febrero, como una "deslealtad del ELN frente a lo pactado con el Gobierno". Pues, según él, estas acciones amenazan los derechos y libertades de los pobladores del departamento."La declaración de paro armado por el frente de 'Guerra Occidental' del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana (Cuba). En tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, dijo el funcionario.Asimismo, Otty Patiño aseguró que el autodenominado 'Estado Mayor Central' también es responsable de otros hechos de violencia en Cauca y Valle del Cauca, uno de estos ocurrió hoy en Piamonte, donde una facción del grupo atacó un bus escolar causando lesiones a dos personas, entre estas una menor de edad. “En Jamundí, un Frente del EMC, mediante medidas como empadronamientos, extorsiones continuas y otros controles coercitivos pretenden ejercer un dominio total sobre la población y laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz”, agregó el comisionado.Por estos hechos, Patiño hizo un fuerte llamado al Gobierno y a las delegaciones del ELN, también aseguró que el cese al fuego no es un permiso para cometer delitos: “Orientamos a las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas con el ELN y el EMC para que avancen en la territorialización de la Paz. Exhortamos a las delegaciones de los grupos rebeldes para que sus frentes se comprometan con la transformación de los territorios agobiados por las violencias”.
Un total de 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitaron Colombia en una misión para hacer seguimientos a los acuerdos y al avance de los diálogos de paz que se adelantan, entre otros asuntos de importancia relacionados al conflicto armado. Para Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales, esto representa todo un “hito” porque, además de la visita a los territorios, se evaluó la participación de las autoridades y comunidades étnicas.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la viceministra Taylor también se refirió a la polémica que generó la carta que le envió el antiguo secretariado de las extintas Farc días atrás al presidente Gustavo Petro, en la que advirtieron medidas ante las diferentes decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).A la pregunta de si el jefe de Estado o el Gobierno le planteó al Consejo de Seguridad de la ONU argumentos para una eventual reforma a la JEP, como la que se viene anunciando incluso por parte del suspendido canciller Álvaro Leyva, o para crear un super tribunal que la supere, Taylor aseguró que, en las reuniones en las que ella participó, nunca se tocó el tema.“Este no fue un aspecto planteado por el señor presidente; decirles que el Consejo de Seguridad tuvo la oportunidad también de reunirse con la JEP a puerta cerrada, sin necesidad de que estuviera otra institucionalidad del país. Ellos pudieron hacer también un diálogo franco y sincero, pero yo quiero rescatar también que de esta visita los cuatro temas importantísimos y que hubo coincidencias en los diferentes diálogos y reuniones, el tema de la reforma agraria, la seguridad de garantía y seguridad para los firmantes de paz y los líderes sociales, la superación de las desigualdades y atención a los pueblos étnicos por la lentitud que ha habido en los últimos años en progresar sobre el capítulo étnico la justicia, o sea, la necesidad de tener dice resultados en el tema de sanciones propias que pues ahí, lógicamente es lo asociado a la jurisdicción especial para la paz”, detalló.Según señaló, el Consejo de Seguridad se “concentró en los diálogos que estaban previstos para que pudiera hacerse”. Añadió que toda la comitiva estuvo en Agua Bonita, que es un antiguo ETCR del municipio de La Montañita, en Caquetá.“Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a los liderazgos, especialmente de mujer (…) La representación en los diferentes mecanismos, como la junta de acción comunal. Tuvimos la oportunidad de que el gobernador y también el alcalde de la Montañita estuvieron ahí presentes”, precisó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Los antiguos jefes de la guerrilla de las Farc acusaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de provocar "graves alteraciones" del acuerdo firmado en 2016 y de no cumplir lo pactado en materia de justicia, causando "el aumento de las filas de los grupos armados ilegales y la violencia".La acusación la hicieron en una carta enviada al presidente Gustavo Petro, en la que dicen que la JEP, creada justamente por el acuerdo de paz, se aparta de "principios básicos del derecho" entre los que mencionan "la legalidad (...) la imparcialidad, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales y luego de las palabras del senador del partido Comunes Julián Gallo, en las que aseguró que la jurisdicción no ha tenido la ejecución que esperaban, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, desmintió las acusaciones y explicó detalles de cómo ha funcionado esta justicia transicional luego del acuerdo de paz.Gallo aseguró que de un total 4.485 amnistías solicitadas ante la JEP, “solamente se han respondido 688 y se han negado 3.804, eso es lo que estamos reclamando”, dijo.La reclamación no dio espera, por lo cual el presidente de la JEP, rápidamente desmintió y explicó que en medio de los procesos judiciales, los “colados” también han sido una arista importante a la hora de tomar decisiones.Y agregó, "un montón de personas trataron de colarse tanto en el régimen de amnistía tratando de aparecer como miembros de las Farc, como también en el régimen de la fuerza pública".A propósito de lo dicho por Gallo, quien señaló que, incluso entablarían recursos ante la Corte Internacional de Justicia, el magistrado Vidal, aseguró que los organismos internacionales son sumamente respetuosos de la autonomía judicial y de la institucionalidad del país y lo han manifestado en muchas ocasiones estas visitas que realizan o este acompañamiento que realizan a los acuerdos. El presidente de la JEP recordó que el marco de actuación de esta justicia especial fue establecido en la Constitución, por lo que sus actuaciones, en aras del esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas, son legales.Escuche aquí la entrevista completa:
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.