Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos surgidos en el Congreso tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo. El hecho, registrado en la mañana del 23 de marzo durante la fase de despegue, dejó múltiples personas afectadas y desencadenó un debate sobre el estado de la aviación militar en el país.La aeronave, que transportaba personal uniformado, presentó una falla pocos segundos después de elevarse, según reportes preliminares. Equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona, mientras los heridos comenzaron a ser trasladados a centros médicos locales y posteriormente a ciudades como Bogotá. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.En paralelo, desde el Congreso se elevaron críticas relacionadas con la frecuencia de incidentes similares en los últimos años. La representante Juana Carolina Londoño advirtió que el accidente no sería un caso aislado, al señalar que en cerca de 43 meses se han registrado al menos 12 eventos con aeronaves militares. Según indicó, estos antecedentes ya habían sido expuestos en debates previos sobre seguridad aérea.Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal solicitó que la investigación cuente con estándares rigurosos y propuso la participación de organismos internacionales especializados para garantizar transparencia. En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa planteó preocupaciones sobre la disponibilidad de la flota, señalando que una parte significativa de las aeronaves estaría fuera de operación por mantenimiento o desgaste.En este contexto, el presidente Petro utilizó su cuenta en X para responder directamente a las críticas y trasladar el foco del debate hacia la financiación estatal. En su publicación, el mandatario cuestionó el papel del Congreso y de otras instituciones, al afirmar: “¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país se defiende con regalos y limosnas”.En el mismo mensaje, el jefe de Estado también expresó su inconformidad con sectores que, según indicó, no respaldaron las solicitudes presupuestales del Ejecutivo. “Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los Poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votaran por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud”, escribió.Asimismo, Petro anunció decisiones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades militares. “Firmaré el decreto, que no han querido que firme, desde hace unos años, el decreto de compra de armamentos de las fuerzas militares de Colombia para la modernización del ejército de la defensa de la vida de las y los colombianos”, señaló en su publicación.El mandatario también hizo referencia a la necesidad de autonomía en materia de defensa. “Acepto ayudas militares pero fundamentalmente la ayuda es hacer nuestras propias armas para defendernos de lo que nos amenace”, afirmó, insistiendo en la importancia de fortalecer las capacidades internas del país.Las declaraciones del presidente se producen en medio de un debate que combina aspectos técnicos, operativos y políticos, mientras continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Putumayo y el seguimiento a la situación de los heridos.
La Cinemateca de Bogotá anunció la apertura de las convocatorias audiovisuales para 2026, como parte del Programa Distrital de Estímulos (PDE), una estrategia institucional orientada a fortalecer el desarrollo del sector en la capital colombiana. La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, contempla actualmente 13 concursos activos que integran un total de 15 incentivos dirigidos a creadores, colectivos y organizaciones.El programa busca respaldar diferentes fases del proceso audiovisual, incluyendo la creación, investigación, producción, circulación y formación. Esta estructura permite que proyectos en diversas etapas encuentren opciones de financiación y acompañamiento, desde ideas iniciales hasta obras listas para exhibición.De acuerdo con la información entregada por la entidad, las convocatorias incluyen apoyos específicos para cortometrajes de ficción, documental, animación y propuestas de narrativa de no ficción. Asimismo, se han habilitado espacios experimentales enfocados en el desarrollo de lenguajes innovadores dentro del ámbito audiovisual, lo que amplía el espectro de participación para distintos perfiles creativos.Uno de los aspectos destacados del PDE 2026 es su enfoque en la diversidad de trayectorias. Las convocatorias están diseñadas tanto para realizadores con experiencia como para nuevos participantes que buscan ingresar al sector. En ese sentido, existen estímulos que requieren únicamente una idea en etapa inicial, mientras que otros exigen proyectos más avanzados con guiones estructurados y propuestas técnicas definidas.Camila Muñoz, líder de fomento de la Cinemateca, explicó que la intención es facilitar el acceso a estos recursos y motivar la participación de un mayor número de interesados. Según detalló, cada convocatoria cuenta con requisitos específicos que deben ser revisados cuidadosamente por los postulantes para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas.Además del componente económico, el programa incorpora herramientas de acompañamiento técnico que buscan mejorar la calidad de las postulaciones. Entre estas se encuentran los consultorios virtuales, espacios diseñados para orientar a los participantes en la formulación de sus proyectos y en el proceso de inscripción. Estas sesiones, que se desarrollarán de forma semanal, permiten resolver inquietudes y ofrecer asesoría personalizada.La estrategia también incluye acciones dirigidas a la circulación de contenidos. En este frente, se destacan las becas de curaduría, orientadas a facilitar la exhibición de las obras en distintos escenarios de la ciudad. Este componente busca generar conexiones entre los realizadores y el público, promoviendo el acceso a producciones locales en diversos espacios culturales.Según la Cinemateca, en los últimos años se ha registrado un incremento en la participación de iniciativas relacionadas con el cine comunitario y los contenidos dirigidos a audiencias infantiles. Estas tendencias reflejan una ampliación en los enfoques narrativos y una mayor diversidad en las propuestas que integran el panorama audiovisual de Bogotá.El PDE 2026 se consolida así como una de las principales plataformas de estímulo para el sector en la ciudad, al articular recursos económicos, acompañamiento técnico y oportunidades de circulación. Con esta nueva edición, Idartes mantiene su apuesta por fortalecer las capacidades creativas y productivas del ecosistema audiovisual, en línea con las dinámicas culturales contemporáneas.Las inscripciones para las convocatorias ya se encuentran abiertas, y los interesados pueden consultar los detalles a través de los canales oficiales de la Cinemateca de Bogotá.
Un trágico accidente aéreo ocurrido este lunes 23 de marzo enlutó al país, luego de que un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitara a tierra en el departamento del Putumayo.La aeronave, identificada como FAC 1016, transportaba a 125 personas y había despegado desde el municipio de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís. Sin embargo, hacia las 9:50 de la mañana, por causas que aún son materia de investigación, el avión cayó a tierra y posteriormente se incendió.En medio de la emergencia, las autoridades confirmaron un balance preliminar de 66 personas fallecidas: seis tripulantes de la FAC, 58 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.Se conocieron las primeras identidades de los seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que perdieron la vida en cumplimiento de su deber:Teniente coronel Juan Pablo Amador PinillaMayor Jaime Alexander Fernández CamargoMayor Natalia Rojas VelandiaSubteniente Julián David González HerreraTécnico primero Javier Fernando Méndez TorresTécnico segundo Jhonathan Stid Pinzón ReyesA esta lista se suman dos miembros de la Policía Nacional que también fallecieron en el siniestro, cuyas identidades fueron confirmadas a través de una pieza conmemorativa:Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara (1989–2026)Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (2001–2026)A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana lamentó profundamente lo ocurrido. “La Fuerza Aeroespacial Colombiana se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”, aseguró la FAC.Según información de la institución, en la aeronave viajaban militares del Ejército, tripulantes de la Fuerza Aérea y miembros de la Policía Nacional. El siniestro se registró poco después del despegue en esta zona.
Los dos ocupantes de un pequeño helicóptero murieron este lunes al estrellarse la aeronave contra un almacén en Boynton Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), a unos 90 kilómetros al norte de Miami.El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén, como mostraron imágenes aéreas del lugar.El Departamento de Policía de Boynton Beach y el cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hacia el mediodía.A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo.Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán las causas del siniestro.Este accidente se suma a otro ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, ocasionando la muerte del piloto y el copiloto, en un hecho que también está bajo investigación.
El despliegue tecnológico en los cielos de Oriente Medio ha dado un giro radical con la aparición en escena de herramientas de aviación no tripulada que parecen sacadas de una película de ingeniería avanzada. Recientemente, se ha difundido material audiovisual que pone el foco sobre el lanzamiento de una flotilla de drones de última generación, los cuales han sido protagonistas en acciones dirigidas hacia puntos estratégicos, específicamente en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión, la principal terminal aérea de Israel.Estamos hablando de piezas de alta tecnología diseñadas para cubrir distancias que desafían la logística convencional. Uno de los nombres que más resuena en estos reportes es el del Arash 2.Este dron no solo destaca por su diseño aerodinámico, sino por una capacidad operativa impresionante: posee un alcance de 2.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia permite que el equipo sea lanzado desde puntos muy remotos y aun así logre alcanzar objetivos precisos, como ocurrió con una instalación vinculada a la industria aeronáutica situada justo al lado del aeropuerto Ben Gurión.Las imágenes captadas por la Guardia Revolucionaria muestran el momento exacto en que decenas de estos aparatos son enviados al aire, creando una estampa que subraya la magnitud del arsenal disponible. Lo que hemos visto hasta ahora, según fuentes locales, es apenas la punta del iceberg de un inventario mucho más vasto. La operación no se limitó a un par de unidades aisladas, sino que se describió como una auténtica lluvia de proyectiles y dispositivos que cruzaron el firmamento. Este evento no ocurrió en el vacío, ya que se enmarca en una serie de intercambios de fuerza donde también se ha mencionado el uso de misiles capaces de evadir sistemas de defensa tradicionales como los Patriot.La sofisticación de estos ataques sugiere que la tecnología de drones ha alcanzado un nivel de madurez donde la detección y la intercepción se vuelven retos constantes para cualquier sistema de seguridad.El panorama se vuelve aún más complejo cuando observamos las reacciones en otros puntos del mapa. Mientras estos drones surcaban el aire, se reportaban acciones contra complejos estratégicos, incluyendo centros de energía nuclear en territorio iraní por parte de fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, a lo cual Teherán respondió alcanzando ciudades con centros nucleares importantes.La escala de estas operaciones ha llevado a que se hable de ataques de gran envergadura contra la capital iraní, Teherán, marcando un ritmo de eventos que no da respiro a los analistas internacionales.Incluso dentro de las esferas militares de las potencias involucradas, como en el caso de Estados Unidos, existe un debate interno sobre las estrategias a seguir. Algunos efectivos han manifestado sus dudas respecto a las tácticas implementadas en esta región, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.Lo cierto es que el Arash 2 y sus contrapartes han demostrado que la distancia ya no es un impedimento para la proyección de fuerza. Con un alcance tan extendido, estos drones de última generación se posicionan como el elemento central de una nueva era tecnológica donde la precisión y el largo alcance definen quién tiene la ventaja en el aire
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, en total 35 integrantes de las estructuras disidentes han sido neutralizados en los últimos días como parte de una ofensiva que busca recuperar el control territorial y debilitar el poder armado de los grupos que operan en esas zonas.En el caso de Arauca, las autoridades reportaron nueve disidentes abatidos y un capturado, en medio de los combates registrados entre tropas del Ejército Nacional y miembros del grupo residual que responde al mando de alias ‘Antonio Medina’, uno de los cabecillas más buscados de la estructura que encabeza alias ‘Iván Mordisco’.Fuentes oficiales señalaron que Medicina Legal avanza en los procesos de identificación de los cuerpos hallados tras los enfrentamientos, con el fin de establecer si entre los fallecidos se encuentra el propio ‘Antonio Medina’, quien habría estado al frente de las operaciones en esa zona del oriente del país.Las autoridades destacaron que las acciones militares en Arauca hacen parte de una estrategia más amplia de presión sobre las disidencias, con el objetivo de reducir su capacidad de movilidad y control sobre las comunidades rurales, y reafirmaron que continuarán las operaciones conjuntas entre Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional.
Durante 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recopiló 19 registros audiovisuales que muestran actos de violencia física, trabajos forzados, inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. Las víctimas fueron obligadas a exhibirse con mensajes de arrepentimiento y a realizar labores forzadas como forma de castigo.De acuerdo con la ONU, estos hechos se atribuyen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado que mantiene control territorial en zonas rurales de Santa Marta y la Sierra Nevada. Entre las víctimas hay mujeres sometidas a agresiones y humillaciones que, según el organismo, podrían considerarse formas de violencia de género y tortura simbólica.El informe advierte que estas prácticas vulneran el Derecho Internacional Humanitario y tratados como la Convención contra la Tortura, lo que podría configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad. La ONU también alertó que estas acciones socavan la gobernabilidad local y refuerzan el control social violento de los grupos armados.El organismo internacional pidió al Estado colombiano investigar, sancionar y prevenir estos hechos, garantizar la protección de las comunidades afectadas y reforzar la presencia institucional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, instó a aplicar de manera efectiva la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con énfasis en la protección de la población civil.
El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Con el crimen de José Efrén Vallejo Ruiz, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de Patía, Cauca, ya son 166 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. Vallejo Ruiz era un reconocido dirigente comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de El Hoyo, y promovía procesos de organización rural y convivencia en su comunidad.Riesgos advertidos por la Defensoría del PuebloLa Defensoría del Pueblo había advertido del peligro en la zona a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye al municipio de Patía por el avance de grupos armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal. La entidad señaló que la presencia del Frente Carlos Patiño —estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc—, así como el posible ingreso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y células del ELN, generan un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos.Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana 008 de 2025, que ya documentaba amenazas, desplazamientos individuales y control social ejercido por actores armados en el sur del Cauca, y a la AT 019 de 2023, que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo social en el país.Violencia persistente en el sur del CaucaLos hechos en Patía se enmarcan en un contexto de reconfiguración armada y disputa territorial entre el Frente Carlos Patiño, el ELN y bandas locales. En esta zona, bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, las comunidades rurales conviven entre la presión de los grupos ilegales y la limitada presencia institucional.Organizaciones de derechos humanos han reiterado que la ausencia de garantías y la falta de respuesta efectiva del Estado han dejado a los líderes comunitarios expuestos a la violencia y la persecución.Un país que sigue perdiendo a sus líderesEl homicidio de José Efrén Vallejo Ruiz vuelve a poner en evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia. En lo que va de 2025, cada semana ha sido asesinada al menos una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana o el trabajo comunitario.La muerte de Vallejo Ruiz no solo representa una pérdida para su comunidad en Patía, sino también un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección, presencia institucional y acciones concretas que garanticen el derecho a la vida y al liderazgo social en todo el territorio nacional.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 018 de 2025 para el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, debido al riesgo extremo que enfrentan las comunidades por el accionar del Frente Jaime Martínez (FJM), estructura disidente adscrita al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) del Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC).Según la entidad, el grupo armado ejerce una gobernanza ilegal y violenta sobre zonas rurales y urbanas, imponiendo normas, cobrando “impuestos” y reemplazando funciones estatales. Su dominio responde a la ubicación estratégica del municipio como corredor para la movilidad de combatientes y la obtención de rentas derivadas de cultivos ilícitos y minería de oro.La alerta advierte que el nivel de riesgo es extremo y abarca la cabecera municipal, 52 veredas, 9 consejos comunitarios y 4 resguardos indígenas. Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas y afrocolombianas, campesinos, liderazgos sociales, mujeres y firmantes del acuerdo de paz.La Defensoría identificó graves violaciones al derecho internacional humanitario, como el uso de artefactos explosivos improvisados, tatucos y drones modificados con explosivos en áreas habitadas, incluso cerca de la represa La Salvajina, así como asesinatos selectivos, torturas, desmembramientos y reclutamiento forzado de menores de edad.Además, el documento advierte sobre explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, y trata de personas, delitos que agravan la crisis humanitaria. Estas dinámicas, sumadas a la débil presencia estatal y la pobreza estructural, han generado desplazamientos y confinamientos masivos.La Defensoría formuló 28 recomendaciones en ocho ejes temáticos, dirigidas a entidades nacionales y territoriales, para que implementen acciones bajo un enfoque de seguridad humana. Entre ellas, se pide al Ministerio de Defensa reforzar capacidades antidrones y antiexplosivos; a la Fiscalía General, asignar un fiscal permanente en Suárez; y al ICBF y la Gobernación del Cauca, fortalecer los entornos protectores de la niñez y apoyar a las guardias indígenas y cimarronas.Con esta alerta, la Defensoría del Pueblo busca que el Estado adopte medidas inmediatas de protección, prevención y no repetición, que garanticen la vida, integridad y derechos de las comunidades del norte del Cauca, hoy bajo el asedio del Frente Jaime Martínez.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Gaitanistas que se están enfrentando en Aracataca, Magdalena, para que respeten de manera “irrestricta” el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos de las comunidades indígenas arhuacas.Según la entidad, desde el pasado 6 de marzo se han registrado enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales en cercanías de las comunidades de Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku, lo que ha generado graves afectaciones a la población civil.La ONU indicó que está dando seguimiento a la situación y manifestó su “profunda preocupación” por los presuntos abusos a los derechos humanos y las infracciones al DIH reportadas en las últimas horas.Entre los hechos denunciados se encuentran la muerte de una persona civil, la desaparición de mujeres de la comunidad, personas heridas, entre ellas un niño, además de amenazas y malos tratos contra la población.Ante este panorama, la oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades colombianas a redoblar las acciones para garantizar la protección de la vida y los derechos del pueblo arhuaco y de todas las comunidades afectadas por la violencia en la zona.La ONU señaló además que seguirá monitoreando la situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, brindando asistencia técnica al Estado, acompañamiento a los pueblos indígenas y promoviendo una respuesta institucional coordinada que permita garantizar los derechos humanos en el territorio.Finalmente, la entidad reconoció los esfuerzos que han adelantado la Gobernación del Magdalena, la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo para atender esta situación e indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades para dar seguimiento a la crisis humanitaria.
Las labores se concentraron en 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde, según la entidad, habrían sido inhumadas clandestinamente personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos de los cuerpos fueron enterrados en condiciones precarias: algunos dentro de cajones de madera improvisados y otros envueltos en plástico, sin registros ni rituales funerarios que permitieran su identificación.El cementerio está ubicado frente al mar Caribe y la erosión costera comenzó a afectar la zona, poniendo en riesgo los sitios donde podrían encontrarse más restos humanos. Según la entidad, el avance del mar amenaza con arrastrar parte del terreno y borrar posibles evidencias clave para la búsqueda.En total, la UBPD ha realizado tres fases de intervención en este lugar. En la primera, desarrollada en 2025, se recuperaron seis cuerpos. En la segunda fase se hallaron 16 más y, finalmente, en febrero de 2026, se logró la recuperación de otros 19.La mayoría de las personas inhumadas en este lugar provenían de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregimientos del municipio de Necoclí, lo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera”, afirma la UBPD.“A hoy seguimos buscando a los más de 1000 desaparecidos de la zona norte, y además agradeciendo a cada familia, a cada líder, a cada lideresa y a cada persona que se ha unido a la búsqueda por el avance que hoy estamos teniendo y continuamos fortaleciendo el plan regional para seguir dándole resultados y aliviar el sufrimiento de las familias”, aseguró Marly Lozada, funcionaria de la UBPD.Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde avanzan los procesos de identificación. Una vez se logre establecer su identidad, la Unidad de Búsqueda iniciará los procedimientos para la entrega digna a sus familias.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.