El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Recientemente se desarrolló una nueva sesión de la audiencia de acusación, en el que esta vez la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó ante la juez de conocimiento la nulidad de la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el escándalo por el lote de Aguas Vivas en el barrio El Poblado, sur de la ciudad.La solicitud se realizó en medio de esta audiencia, luego de que otros dos defensores argumentaran deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena.Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.Así como lo había planteado la abogada Astrid Carvajal, Luis Arturo Hernández, defensor del exalcalde Quintero, solicitó, además, que se repita la audiencia de imputación que se había realizado ante el juez de control de garantías, a su criterio por encontrarse “vicios de fondo”."La única decisión jurídicamente válida y respetuosa del debido proceso en el presente caso, señora juez, es declarar la nulidad audiencia de formulación de imputación y ordenar su repetición o, mejor aún, que archive la investigación", sostuvo.Hernández agregó que hay un daño en la imagen de los involucrados en el caso: "Ya etiquetados injustamente de ladrones y que están pagando caro. Esta persecución insensata de la Fiscalía General de la Nación robaron a Medellín. Lo dije y lo repito y termino, señora juez: aquí Medellín no pagó un solo peso por Aguas Vivas".Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a por lo menos a cuatro de los imputados por este caso, expuso las fallas que según él tuvo la fiscal Mena determinando en qué medida habría cometido los delitos cada uno de los señalados y argumentó que este recurso no es una maniobra para dilatar el proceso."La Fiscalía considera que no anular esto sería algo que la beneficiaría. Creo que lo único que estaría haciendo o lo único que estaríamos haciendo, si me permite el plural, su señoría, es prorrogar la crónica de una nulidad anunciada, nulidad además, su señoría, que no se propone como una táctica aleatoria ni más faltaba", advirtió Trespalacios.Vale la pena mencionar que la solicitud de nulidad, que harán también otros dos abogados, pone en pausa el avance hacia el juicio oral. Con todos los elementos, la jueza de conocimiento deberá evaluar si la Fiscalía efectivamente falló en su deber de comunicación o si, por el contrario, los hechos están lo suficientemente claros para continuar con la lectura del escrito de acusación. La fiscal refutó que se estén exponiendo otros elementos, al parecer, personales, en los argumentos que sustentan la nulidad."Le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previsto por la ley y la jurisprudencia, y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada. Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar, este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución", dijo.Tras dos horas de la diligencia, los otros dos abogados defensores que faltan por participar con sus argumentos, indicaron a la jueza no tener suficiente tiempo para hacer sus exposiciones y solicitaron su intervención en las audiencias posteriores.Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados. Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas". En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita.Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso. Según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno. Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.La audiencia continuará el próximo 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, se anuló la fecha del 31 de marzo por ser Semana Santa y se coordinaron dos fechas más los mes de mayo y junio.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de febrero de 2026:Un alcalde local resultó herido en un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, en medio de alteraciones de orden público en Bogotá.Autoridades investigan el secuestro y paseo millonario contra Diana Ospina, de 35 años, quien fue raptada en una discoteca de Bogotá y liberada horas después en la vía a Choachí.El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Cartagena para definir medidas frente a la nueva emergencia económica.Dos vías nacionales permanecen cerradas en Antioquia por derrumbes e inundaciones.La Defensoría del Pueblo pidió a las entidades públicas reforzar la comunicación con las comunidades ante el recrudecimiento de las lluvias.Escuche el programa completo aquí:
El Servicio Nacional de Aprendizaje volvió a mover el mercado laboral con una convocatoria que llama la atención por el lugar donde se desempeñarían las labores y por el salario. Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE), la entidad lanzó el programa TEAM 6.1, iniciativa cuyo nombre se traduce como Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania.El objetivo es claro: conectar el talento nacional con vacantes formales en Alemania, bajo un esquema de migración legal y organizada. La apuesta no es masiva, pero sí busca ser estratégica y enfocarse en perfiles altamente calificados.Perfiles para TEAM 6.1: estas son las vacantesEn esta oportunidad, el programa ofrece cuatro vacantes para profesionales en enfermería que deseen radicarse en Berlín. El perfil requerido incluye:Título profesional en enfermería.Diploma de grado y tarjeta profesional vigente.Mínimo 24 meses de experiencia laboral.Las condiciones contractuales también están definidas:Contrato: término fijo durante el proceso de homologación y luego indefinido.Salario inicial: 2.828 euros brutos mensuales (aproximadamente $12,3 millones).Salario con título homologado: 3.600,40 euros brutos (cerca de $15,6 millones).Jornada: 38,5 horas semanales.Las funciones estarán centradas en el apoyo al cuidado de pacientes, bajo supervisión y en coordinación con equipos médicos alemanes. Entre las tareas se encuentran:Recolección de información clínica.Observación de signos vitales y estado físico y psíquico.Apoyo en la planificación y ejecución de cuidados.Participación en la evaluación de los tratamientos.Cómo aplicar a la convocatoria del SENAEl proceso de postulación se realiza únicamente por medio de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Los pasos son:Registrar la hoja de vida en la plataforma oficial.Postularse a la vacante específica en TEAM 6.1.Cabe señalar que solo pueden aplicar personas que vivan en Colombia. Los preseleccionados serán citados a entrevista presencial en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo de 2026; los resultados serán publicados el 5 de junio.Quienes superen el proceso deberán iniciar formación en idioma alemán antes de su traslado, previsto para 2028. En un contexto donde miles de profesionales buscan mejores oportunidades, esta convocatoria representa una opción formal, estructurada y con respaldo institucional.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Tras el limbo jurídico en el que está el proyecto que crea 16 circunscripciones especiales de paz, los partidos políticos llegaron a un acuerdo para presentar una reforma constitucional que permita darles representación a las víctimas en la Cámara de Representantes.“Cada partido político designará a su o sus representantes y estos equipos técnicos comenzarán a reunirse pasado mañana en la Presidencia del Senado de la República con delegados también del Ministerio del Interior”, explicó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien se reunió con una comisión de senadores de cada partido político.Lea también: Aunque avalen circunscripciones especiales, representantes no se elegirían en marzo.El propósito es presentar la iniciativa en el mes de marzo y darle celeridad para que haya elecciones atípicas en octubre de este año.El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que apoyaría esta iniciativa en caso de que se hundan las 16 circunscripciones especiales, aunque confió en que la justicia actuará a favor del Gobierno y las víctimas.“El Gobierno no se ha resignado y confía en que el Consejo de Estado dé la razón a sus argumentos jurídicos, así como lo hizo el Tribunal de Cundinamarca. Seguimos creyendo que ese proyecto fue aprobado”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.La comisión que llegó a este consenso de darle representación a las víctimas, quienes presentarían las planchas de sus candidatos, está integrada por los senadores liberales Luis Fernando Velasco y Sofía Gaviria; Juan Manuel Corzo; del Partido Conservador; Doris Vega, Opción Ciudadana; Jaime Amín, Centro Democrático; Juan Carlos Restrepo, Cambio Radical; Manuel Henríquez Rosero, Partido de la U, y Alexander López del Polo Democrático.
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Gustavo Bell, reiteró la voluntad de reactivar el cese al fuego que llegó a su fin el martes y dijo que también hay interés de negociar un nuevo cese con la guerrilla del ELN.Además, advirtió que varios de los componentes de la misión de Naciones Unidas están regresando a sus países. Vea también Continúan ataques del ELN: confirman hostigamientos en Arauca y Norte de Santander“Naciones Unidas nos ha expresado que, para que ellos puedan mantener el esquema de verificación, requieren que se les informe prontamente sobre la decisión de reanudar el cese al fuego”, explicó Bell.Además, anunció que el presidente Juan Manuel Santos le pidió estar presente a la reunión que sostendrá con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el próximo viernes.“El presidente me ha pedido que asista a esta reunión para continuar evaluando el proceso. Permaneceré en Bogotá en espera de las instrucciones que reciba del señor presidente al término de la reunión con el Secretario General de la ONU”, complementó.Finalmente, advirtió que las Fuerzas Armadas “seguirán actuando para proteger la vida y honra de los colombianos, como ordena la constitución”. Esta es la declaración completa de Gustavo Bell, jefe del equipo negociador del Gobierno: Quiero ante todo reafirmar y hacer propia la voluntad de paz que ha expresado y liderado el Presidente Santos a lo largo de su mandato. Alcanzar la paz es indispensable para garantizar un mejor futuro para los colombianos.El lunes pasado llegué a Ecuador por primera vez con el nuevo equipo negociador para iniciar el quinto ciclo de diálogos. Esa misma noche nos reunimos con Pablo Beltrán, Aureliano y Bernardo del ELN. Me acompañaron Alberto Fergusson y Alejandro Reyes de la delegación de gobierno.En esa reunión se habló en términos esperanzadores sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo final antes del fin del mandato del presidente santos. La reunión terminó en un ambiente positivo y quedamos de instalar oficialmente la mesa el miércoles 10 de enero.Deploramos que, a pesar del clamor de la comunidad nacional e internacional y nuestra disposición expresa por mantener y prorrogar el cese al fuego, el ELN haya optado por reanudar sus acciones ofensivas en la madrugada de ayer contra la comunidad, las fuerzas armadas, y la infraestructura del país.Condenamos el asesinato del soldado Luis Guillermo Ascencio Alape en Arauquita y el ataque al puesto de infantería de marina donde resultaron dos infantes heridos. Nuestra solidaridad está con sus familias. De igual manera lamentamos los ataques al oleoducto. Estas acciones son ante todo una afrenta contra las comunidades y contra el medio ambiente.Ante el llamado de la iglesia, organizaciones sociales, países amigos, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que el día de ayer expresó “su esperanza de que el gobierno de Colombia y el Eln reanuden los esfuerzos para acordar una renovación y fortalecimiento del cese al fuego para evitar el retorno al conflicto y proteger los logros humanitarios alcanzados en los últimos tres meses”, el gobierno reitera su voluntad de reactivar el cese al fuego y negociar uno nuevo. Llamamos la atención que el mandato a las naciones unidas para supervisar el cese al fuego que venció el pasado 9 de enero, y ya varios de los componentes de esa misión están regresando a sus países. Naciones Unidas nos ha expresado que, para que ellos puedan mantener el esquema de verificación, requieren que se les informe prontamente sobre la decisión de reanudar el cese al fuego.Este es uno de los muchos temas que el Presidente Juan Manuel Santos abordará con Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, durante la visita de este último a Colombia pasado mañana. El presidente me ha pedido que asista a esta reunión para continuar evaluando el proceso. Permaneceré en Bogotá en espera de las instrucciones que reciba del señor presidente al término de la reunión con el Secretario General de la ONU. Mientras tanto, como lo señaló el señor Presidente de la República ayer, las Fuerzas Armadas seguirán actuando para proteger la vida y honra de los colombianos, como ordena la constitución nacional. El gobierno reitera una vez más su voluntad de llegar a un acuerdo para terminar el conflicto armado con el ELN. Esta disposición del gobierno nacional requiere hechos inequívocos de paz que permitan alivios humanitarios en beneficio del bienestar y la tranquilidad de las comunidades y la construcción de confianza para adelantar el proceso.
A través de un video, el ELN realizó un pronunciamiento en el que alias ‘Gabino’ se refirió a los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.‘Gabino’ aseguró que la guerrilla fue “clara” desde el principio en cuanto a que no aceptarían “imposiciones y todo tipo de acuerdo tenía que tener un carácter bilateral”.Le puede interesar: FF.MM. envían refuerzos para evitar que el ELN continúe hostigando a civiles. Afirmó que el ELN “ha honrado la palabra y cumplido todo lo acordado”, pero asevera que no se ha “visto la misma conducta del Gobierno Nacional”.“En el caso del cese bilateral, el Gobierno, de manera perversa, lo aprovechó para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja cultivos de uso ilícito”, dijo.Agrega que tampoco se “permitió mejorar la situación humanitaria de la población debido a que el genocidio, lejos de parar, aumentó”.Dijo que la mesa de diálogo no puede ser interrumpida porque el cese al fuego culmine el 9 de enero, “por el contrario, debe fortalecerse”.“La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades, el ELN no renuncia a la paz y por lo tanto, no se levanta de la mesa”.Escuche el pronunciamiento completo:
El ELN, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que el Mecanismo Nacional de Veeduría y Verificación del cese al fuego bilateral, está colapsado y acusó a los delegados del presidente Juan Manuel Santos de adoptar "posiciones intransigentes", lo que hace más complejo y riesgoso cumplir este acuerdo que está contemplado hasta el próximo 9 de enero. Incluso señala que tampoco pudo entregar recomendaciones al gobierno y al ELN para prevenir violaciones al cese al fuego bilateral.Lea también Capturan a presunto miembro del ELN en Cesar Y sobre el nombramiento del ex vicepresidente, Gustavo Bell, como jefe del equipo negociador, este grupo señala que coincidió con el retiro de sus representantes en el mecanismo "como protesta por el colapso en que se encuentra este organismo tetrapartito (ONU, iglesia, gobierno, ELN)".“El Gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el ELN. El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander”, advierte un trino.Finalmente el ELN anunció que en el quinto ciclo de conversaciones en Quito, con una evaluación previa, estaría dispuesto a discutir y pactar otro cese al fuego bilateral.Escuche en el siguiente audio información de otras noticias-Habitantes del barrio La Privavera en Ocaña solicitaron al Gobienro local que reubiquen estación de la Sijin -17 personas resultaron heridas en una racha de accidentes de tránsito en Bucaramanga-Un sismo afectó la ciudad de Acapulco y Ciudad de México.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.