La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
En la madrugada de este sábado fueron recuperados otros dos cuerpos de los seis mineros fallecidos en la explosión en la mina Mata Siete, ubicada en Guachetá, Cundinamarca. Las autoridades confirmaron la identidad de Arnold Arias, un hombre de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años. Con este nuevo reporte, ya son cuatro los cuerpos encontrados en la mina.De acuerdo con la información entregada por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, durante la noche y la madrugada ingresaron varias cuadrillas de socorristas a la mina. A las 11:10 de la noche entró el primer equipo de rescate; hacia las 2:10 de la mañana se logró recuperar el cuerpo sin vida del tercer minero y, posteriormente, a las 4:20 de la mañana, ingresó una segunda cuadrilla para continuar con las labores. Más tarde, a las 7:00 de la mañana, una tercera cuadrilla entró a apoyar la operación y, a las 7:22, se confirmó la recuperación de otro de los cuerpos.Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó a través de su cuenta en X que los dos mineros que aún faltan por recuperar de la mina fueron ubicados visualmente en su interior por los equipos de socorro. Se estima que los cuerpos de los trabajadores, que se encontraban en turno al momento de la explosión, estaban a más de 170 m bajo tierra.El alcalde de Guachetá, Pablo Caquizán, confirmó en entrevista con Blu Radio que el operativo ha sido especialmente complejo por la presencia de gas metano en el interior de la mina, lo que representa un alto riesgo para los rescatistas. Por esta razón, el ingreso se ha tenido que hacer de manera progresiva y controlada, avanzando en tramos de aproximadamente 15 metros.Según indicó el alcalde, junto con técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han instalado ductos de ventilación para extraer los gases acumulados y permitir que los equipos puedan seguir avanzando de forma segura dentro de la mina, puesto que la explosión fue provocada por la acumulación de gas metano en el interior del socavón.Además, este punto ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, ya que la mina tenía procesos sancionatorios abiertos por falta de permisos.
Tener el cabello ideal es un sueño que muchas mujeres quisieran alcanzar; sin embargo, lograr un liso perfecto sigue siendo una tarea difícil. Ya no se trata solo de someter el pelo a procesos agresivos para obtener un resultado inmediato, sino de cuidarlo y repararlo para mantenerlo sano.Esta nueva visión del liso pone el bienestar capilar por delante de otras técnicas y ubica a Colombia como un actor relevante dentro de la conversación global sobre el cuidado del cabello.Y es que quienes buscan un liso impecable quieren brillo natural, movimiento y control del frizz, pero sin sacrificar la salud capilar. Esa necesidad ha llevado a la industria de la belleza a replantear tratamientos tradicionales como la keratina, que hoy se entiende más como una herramienta de reparación que como un simple alisador.Cómo conseguir un liso perfecto en 2026El liso del futuro no depende de la plancha, sino que se trabaja desde el interior del cabello. En lugar de fórmulas invasivas, la tendencia apunta a tratamientos que fortalecen la fibra capilar y mejoran su apariencia de manera progresiva. La clave está en procesos que hidratan y protegen el cabello, permitiendo un resultado natural y más duradero.Entre los pilares de este nuevo enfoque se destacan:Hidratación profunda y prolongada.Reparación real de la fibra capilar.Brillo sin rigidez ni efecto acartonado.Control del frizz y protección térmica.El nuevo liso: reparación y bienestar del cabelloPara 2026, el cuidado del cabello se parece cada vez más al cuidado de la piel. Las consumidoras buscan ingredientes funcionales, fórmulas claras y resultados que mejoren con el uso continuo. La keratina, que durante años fue sinónimo de alisado químico, ahora evoluciona hacia tratamientos enfocados en cuidar el cabello y potenciar su resistencia.Dentro de esta transformación, Colombia empieza a destacarse como un centro de innovación capilar. El desarrollo de tratamientos formulados y producidos en el país refleja una industria que combina ciencia, talento local y procesos responsables.Este enfoque no solo impulsa resultados de alto desempeño, sino que también genera empleo, conocimiento y valor agregado nacional. En 2026, el liso perfecto ya no nace del maltrato capilar, sino de la reparación y una belleza consciente que pone a Colombia en el radar internacional.
Las mujeres de un popular barrio de Bogotá que sueñan con ampliar sus oportunidades laborales ahora tienen una nueva puerta abierta. La Alcaldía de Ciudad Bolívar lanzó una convocatoria para acceder a un curso gratuito de conducción que incluye tanto la formación teórica y práctica como la expedición de la licencia C1, un documento clave para ingresar a sectores con alta demanda de empleo en Bogotá.Esta iniciativa, que empezó en febrero de 2026, se enmarca en la estrategia distrital ‘Mujeres con autonomía económica’, orientada a reducir brechas de género y facilitar el acceso de las mujeres a oficios tradicionalmente ocupados por hombres, como el transporte, la logística y los servicios empresariales.En el mercado actual, obtener una licencia de conducción puede costar más de 1.500.000 pesos, una inversión que para muchas mujeres resulta difícil de asumir. Con este programa, el Distrito cubre la totalidad de los gastos, lo que convierte la iniciativa en una alternativa real para quienes buscan mejorar su empleabilidad o iniciar un emprendimiento.¿Cuál es la licencia C1?La licencia C1 permite conducir automóviles, camionetas, camperos y microbuses de servicio particular, lo que abre posibilidades en áreas como mensajería, transporte corporativo, turismo y reparto urbano. Según la Alcaldía Local, este tipo de formación responde a la necesidad de conectar a las mujeres con sectores productivos que hoy requieren mayor mano de obra calificada.Otros cursos disponibles dentro de la estrategiaAdemás del curso de conducción, la administración local incluyó tres programas más pensados para fortalecer habilidades laborales y fomentar el emprendimiento femenino:Formación en emprendimiento e innovación digital (para mayores de 18 años).Capacitación en vigilancia.Curso de cuidado estético de manos y pies (desde los 14 años).Estas ofertas buscan responder a las dinámicas económicas de la localidad y ampliar las alternativas de ingreso para las mujeres de Ciudad Bolívar.Requisitos para acceder al curso gratuito de conducciónLas interesadas deberán cumplir con algunos criterios básicos y presentar documentos que certifiquen su identidad y residencia. Entre los requisitos exigidos están:Documento de identidad.Certificado del Sisbén.Recibo de servicio público que acredite residencia en Ciudad Bolívar.Certificado de afiliación a salud expedido por la ADRES.La inscripción será presencial en la sede de la Alcaldía Local, en fechas y horarios establecidos por la entidad. Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de estos requisitos no garantiza automáticamente el cupo, ya que los cupos son limitados.¿Quiénes tendrán prioridad en la convocatoria?El proceso dará prioridad a mujeres que pertenezcan a grupos con enfoque diferencial, entre ellos:Mujeres cuidadoras.Mujeres con discapacidad.Mujeres indígenas.Mujeres víctimas del conflicto armado.Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz.Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras.Mujeres con medidas de protección vigentes.Para acceder a esta priorización, será necesario presentar los soportes correspondientes al momento de la inscripción.La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres entre los 18 y los 60 años que residan en Ciudad Bolívar. No se exige experiencia previa en conducción, lo que amplía las posibilidades de participación.Con esta apuesta, la administración distrital busca impulsar la autonomía económica femenina y facilitar el acceso a empleos formales, aportando al desarrollo social y productivo del sur de Bogotá.
Son seis hombres adultos y un adolescente, presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Flacos', los que estarían detrás del doble homicidio registrado registrado hace tres semanas en Ansermanuevo, donde fueron asesinados los adolescentes Yair Fernando Henao de 14 años y Geraldine Giraldo de 17, cuyos cuerpos fueron abandonados en una vía rural.Estos sujetos fueron detenidos en medio de un operativo realizado en el corregimiento de Villa Nueva del municipio de El Águila, después de seis allanamientos. Entre los detenidos se encontraban alias 'El Chamo', señalado como presunto dinamizador de homicidios selectivos, y el adolescente detenido es conocido con el alias de 'Demonio'."Se les encontraron varias armas de fuego, estupefacientes y celulares, elementos probatorios que nos permitían inferir que hacían parte de la banda criminal 'Los Flacos', que permanecen en disputa con la banda criminal 'La Nueva Generación'", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Tras las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, la juez del caso decidió dejar a estas siete personas en libertad. Situación que genera temor entre la comunidad en el norte del departamento, teniendo en cuenta que varios de ellos son conocidos en la zona por realizar intimidaciones y amenazas.
Los organismos de socorro y la fuerza pública intensificaron las labores de atención a las comunidades golpeadas por la emergencia invernal en zona rural de Lebrija, Santander, donde las lluvias y el desbordamiento del río han dejado familias damnificadas, viviendas afectadas y sectores de difícil acceso.En medio de las labores de rescate, la Defensa Civil, con apoyo de campesinos de la región, logró salvar a tres personas que habían quedado atrapadas sobre una camioneta en medio de la creciente. Utilizando cuerdas y chalupas, los socorristas consiguieron ponerlas a salvo, en una operación compleja debido a las condiciones del terreno y la fuerza del agua.De manera paralela, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, junto a un pelotón de Atención y Prevención de Desastres, se desplegaron hacia el centro poblado de la vereda Vanegas para apoyar las labores humanitarias tras el desbordamiento del río, que arrastró viviendas y dejó varias familias afectadas.Durante la jornada, los uniformados ingresaron alimentos, entregaron ayudas básicas y brindaron atención médica prehospitalaria a los habitantes, además de mantener acompañamiento permanente y respaldo institucional en la zona.El coronel Jeisson Albeiro Gerenas Díaz, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5, señaló que el personal continuará apoyando las acciones de gestión del riesgo y asistencia a la población mientras se supera la emergencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la solidaridad ciudadana y a mantener las medidas de prevención ante la temporada de lluvias, especialmente en las veredas donde el acceso sigue siendo limitado.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Este viernes, durante un evento de reconocimiento público por parte de Salvatore Mancuso, en Bogotá, algunas víctimas manifestaron su inconformidad con el exjefe paramilitar e, incluso, con la Unidad de Víctimas, entidad que estaba organizando el evento.Primero, mientras Mancuso hablaba, algunas de las víctimas que estaban escuchando hicieron un reclamo al exjefe paramilitar, pues aseguraron que esos reconocimientos deben hacerse en los territorios afectados. En ese momento, la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, intervino y le pidió a una de las mujeres que hacía el reclamo hablar en privado con Mancuso.“Ella va a hablar con él, vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él”, señaló Solano.En ese momento, Mancuso bajo del escenario para hablar con la mujer, quien pedía que el exjefe paramilitar también se comprometiera con la búsqueda de los desaparecidos.En ese momento, algunos de los asistentes también apoyaron a la mujer que pedía hablar con Mancuso y, posteriormente, otra de las asistentes aseguró que a las víctimas no las están teniendo en cuenta en estos escenarios.“Fuimos víctimas de este conflicto y hoy nos duele porque esto nos toca el corazón. Esto -el evento- nos lleva a recordar algo que pasamos y que vivimos en nuestra comunidad y que fue ejecutado por el señor Mancuso. Me duele porque no nos han tenido en cuenta como víctimas y como personas que hemos venido de regiones que fueron azotadas por el conflicto y nos sentimos excluidos de estos procesos”, aseguró Neida Narváez, de El Salado, Bolívar.
Las palabras del presidente Gustavo Petro durante un acto de entrega de tierra a campesinos victimas del conflicto, en Córdoba, generaron polémica, pues allí planteó “la reactivación de la mesa de paz” con exjefes paramilitares y habló de "traición" en algunos procesos de extradición.Según dijo el mandatario, “el proceso no ha terminado” porque muchos de los bienes no han sido entregados por parte de la justicia; aquí se refirió a la Fiscalía del exfiscal Francisco Barbosa.El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se pronunció en Mañanas Blu sobre parte del discurso del presidente Petro, ya que, según mencionó, envió un mensaje “muy fuerte”, pero que, insistió, tiene que ir más allá y resolver lo que realmente necesita el país en materia de paz y reparación.Incluso, Zuleta se refirió a la actuación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien estuvo en el evento e intercambió un sombrero vueltiao con el jefe de Estado en un histórico gesto de perdón. El gobernador recalcó que, espera, Mancuso haya sido sincero y “tenga arrepentimiento”.“Independientemente de si el señor presidente intercambió un sombrero con Mancuso, el mensaje tiene que ir más allá. Vamos a conquistar la paz o este evento de ayer simplemente va a quedar como una legitimación a un criminal como lo fue Salvatore Mancuso”, puntualizó.Además, hizo hincapié en la necesidad de que los diferentes gobernantes, tanto a nivel nacional como territorial, tomen acciones concretas para garantizar la paz y la transformación de las regiones afectadas.En cuanto a las declaraciones de Mancuso sobre la pérdida de los bienes entregados, Zuleta afirmó que es falsa y que los pocos bienes entregados están en manos de las víctimas. Sin embargo, no se atrevió a asegurar si el exjefe paramilitar tiene una verdadera voluntad de paz, ya que no participa en la mesa de gestores de paz del Gobierno nacional.El gobernador hizo énfasis en la importancia de trazar una hoja de ruta clara y definida para la paz, con acciones y tiempos concretos. Asimismo, enfatizó que la paz no es solo responsabilidad del Gobierno, sino de todos los actores involucrados, incluyendo a los victimarios, la cooperación internacional y el sector privado.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el proceso de paz que se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no había tenido un cierre y por eso anunció una mesa de paz con los exAUC para culminar esas negociaciones. Asimismo, anunció a quienes serían los gestores de paz.“El proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso le propongo instalar una mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, le dijo Petro al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.Además el presidente Gustavo Petro se refirió a los exjefes paramilitares que serían gestores de paz en este proceso. Señalando a Carlos Mario Jiménez, conocido como alias 'Macaco', y a Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.“Nosotros nombraremos una representación del Gobierno para mirar cuáles son los vacíos y los incumplimientos del acuerdo que establecieron entre paramilitares y Uribe Vélez”, agregó Petro.Por su parte Salvatore Mancuso aseguró que aunque hace 20 años se entregaron las armas el proceso de las autodefensas no culminó como debería.“Es un proceso inconcluso, se entregaron las armas, pero jamás se cerró el ciclo, es un proceso que lleva más de 20 años sin cerrarse y apenas en este Gobierno se va a cerrar a través de este Gobierno que ha tenido la voluntad para hacerlo”, señaló Mancuso.
El Ministerio de Salud y Protección Social presentaron ‘Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria para la Convivencia y la No Repetición’, una iniciativa en donde los hospitales públicos serán responsables de llevar a cabo la rehabilitación psicosocial de las poblaciones afectadas por el conflicto armado en Colombia.Esta iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios y fomentar una convivencia pacífica y duradera en las regiones más impactadas. La estrategia se alinea con el punto cinco del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, resaltó que esta estrategia busca no solo la sanación emocional de las comunidades, sino también la reconstrucción de sus relaciones y el desarrollo de proyectos de vida en un entorno de paz."A través del fortalecimiento de capacidades comunitarias y el reconocimiento del sufrimiento causado por el conflicto armado, aspiramos a que las comunidades se recuperen y prosperen", afirmó.La implementación de la estrategia comenzó en septiembre de 2024 y se extenderá hasta junio de 2025, con una inversión total de 3.141 millones 51 mil 952 pesos destinados a hospitales ubicados en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.Entre las E.S.E. beneficiadas se encuentran:Antioquia: hospital San Vicente de Paul en Remedios y hospital San Juan de Dios de Anorí, con un valor asignado de $392.631.494 cada uno.Cauca: ESE Norte 2 en Miranda y ESE hospital Nivel I El Bordo, también con $392.631.494 asignados.La Guajira: hospital San Agustín en Fonseca, con la misma cifra.Cesar: hospital José Antonio Socarrás Sánchez en Manaure Balcón del Cesar.Tolima: hospital Centro ESE en Planadas.Guaviare: ESE hospital San José del Guaviare.La estrategia contempla diversas actividades, como la contratación de personal calificado que diseñará e impartirá talleres sobre manejo de conflictos y educación para la salud. Además, se realizarán ejercicios de memoria histórica y reuniones estratégicas entre excombatientes, víctimas de la violencia, organizaciones no gubernamentales y la comunidad, con el fin de desarrollar proyectos que beneficien a las poblaciones afectadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.