La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
En diálogo con Blu Radio, Ghisliane Echeverry, la directora del IDEAM, indicó que las lluvias asociadas al reciente frente frío continuarán durante el fin de semana y podrían extenderse hasta el lunes."Las lluvias asociadas a este frente frío van a estar durante este fin de semana, seguramente hasta el día lunes... para la próxima semana también estaríamos esperando lluvias en el sur del país, en la Amazonía, especialmente por entradas de humedad", afirmó la funcionaria.Sobre la intensidad de las precipitaciones en febrero y el impacto en los cuerpos de agua, Echeverry explicó:"Aunque cesen las lluvias en este momento, la respuesta hidrológica tiene un regazo, es decir, aunque hoy dejara de llover, los ríos no van a bajar sus caudales inmediatamente... continuaría todavía los aumentos de caudales durante un tiempo".Para la región Caribe y Andina, la directora del IDEAM entregó un pronóstico esperanzador: "Estaríamos esperando que la próxima semana las lluvias bajen un poco en la región Caribe... y durante el resto del mes de febrero disminuyan de manera paulatina estas lluvias, insisto, principalmente en la región Caribe y en la región Andina"Respecto al Carnaval de Barranquilla, que se celebra esta semana, Echeverry señaló: "Para la próxima semana esperaríamos que disminuyeran paulatinamente sin que se ausentaran de todo, es decir, no vamos a tener totalmente un tiempo seco. Lo que sí esperamos es que no sean de la misma intensidad y con la misma fuerza que tuvimos el fin de semana pasado con el primer frente frío que estuvo afectando el país".Finalmente, sobre la situación crítica de los ríos y la importancia de mantener la vigilancia, la directora concluyó:"Sí, que disminuyan de nuevo, especialmente en la región Caribe y en la región Andina... cada región del país está con comportamientos diferentes, pero en este momento lo más crítico es en el Caribe, sí estamos esperando que disminuya".
En medio de la crisis que enfrentan los centros asistenciales públicos en Antioquia por las deudas de las EPS y algunas por daños en infraestructura, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, visitó varios municipios del Oriente antioqueño donde anunció nuevas inversiones por más de 11.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura física de los hospitales públicos de la región.Para el caso de Rionegro, esta cartera del Gobierno nacional entregó la resolución oficializando que destinó 3.096 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía del Hospital San Juan de Dios, lo que permitirá optimizar las condiciones locativas del centro asistencial, mejorar los espacios de atención para pacientes y aportar en las condiciones laborales del personal. "Nosotros hoy estamos recibiendo un vehículo de transporte extramural, que es para mejorar la accesibilidad de todos nuestros equipos básicos de atención de salud pública, a toda la las regiones, pues, de de nuestro municipio, al área rural, al área urbana. Hoy recibimos la maravillosa noticia del dinero necesario para unas adecuaciones en la infraestructura física de nuestra sede Gilberto Mejía Mejía, 3.200 millones de pesos, eso nos pone muy felices, beneficia tanto a la comunidad de Ríonegro y del Oriente antioqueño, y mejorar las condiciones físicas", detalló Diana Mejía, gerente de este centro asistencial. Durante su recorrido por El Carmen de Viboral, el ministro anunció la asignación de 7.922 millones de pesos para la adecuación de la infraestructura física de la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio.Según destacaron desde esta cartera del Gobierno nacional, estas inversiones se suman a las acciones adelantadas en Antioquia entre 2022 y 2026, en los que destinaron más de 1 billón de pesos para la red pública de salud del departamento, incluyendo 1.267 Equipos Básicos de Salud, 178 vehículos de transporte asistencial, promoción social, saneamiento de pasivos y atención a población migrante.En el Oriente antioqueño, además, resaltaron que se oficializó la entrega de 36 ambulancias en Rionegro y la asignación de recursos por 24.374 millones de pesos para este municipio, así como inversiones por 6.731 millones de pesos en La Ceja y 6.605 millones de pesos en El Carmen de Viboral para equipos básicos, transporte asistencial y promoción social.
La promesa de hacer los trámites del Estado desde el celular vuelve a estar en el centro de la mesa y ha generado un debate sobre la posibilidad de lograrlo. Ante eso, el candidato al Senado por la Alianza Verde, Augusto Moreno, plantea una reforma profunda para que el Estado colombiano pueda operar con un sistema moderno y no como un enredo burocrático.Su propuesta parte de una idea que conecta con millones de ciudadanos: el problema no es la falta de talento, sino un modelo que no se adapta a la realidad digital del país. Desde allí, Moreno busca representar a emprendedores, freelancers, trabajadores digitales y jóvenes profesionales que hoy viven de internet, pero que día a día chocan con trámites lentos que parecen no terminar.Un Estado para la gente: así funcionaría la propuestaEl eje más llamativo de la propuesta es la digitalización total de los trámites públicos. Ante eso, Moreno propone que cualquier gestión con el Estado pueda hacerse una sola vez y desde el celular, sin filas ni formularios eternos.Entre los puntos clave de esta idea están:Trámites de una sola vez, sin repetir información.El Estado no vuelve a pedir datos que ya tiene.Acceso digital simple, pensado para el ciudadano.Transparencia total sobre el uso de los recursos públicos.La intención es que la tecnología deje de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta cotidiana para resolver necesidades básicas.Educación útil para los colombianosLa propuesta del candidato al Senado no se queda solo en el ámbito digital. Moreno también propone actualizar las reglas económicas para que reflejen cómo se trabaja hoy. El enfoque está en la economía digital, el trabajo remoto y los nuevos modelos de negocio:Reglas claras para emprendimiento e inversión.Libertad para plataformas digitales y trabajo remoto.Marco regulatorio moderno para cripto y nuevas tecnologías.En educación, el énfasis es validar las competencias más allá de los títulos, reconocer la formación en línea y apoyar a jóvenes, programadores, gamers y creadores de contenido.Campaña de código abierto y perfil del candidatoLa campaña de Moreno opera bajo un modelo de “código abierto”. Desde su plataforma web, cualquier ciudadano puede conocer las propuestas, hacer aportes y seguir el proceso político. El candidato, ingeniero industrial con formación internacional y experiencia en proyectos tecnológicos y sociales, insiste en que la política debe construirse con datos, evidencia y participación real.“No soy político. Soy ingeniero y emprendedor. Vengo a arreglar una máquina que claramente no está funcionando”, resume Moreno, quien busca llevar al Congreso una visión técnica, independiente y centrada en el ciudadano.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 7 de febrero de 2026:El doctor Alejandro Montoya Mejía, médico ginecólogo con enfoque en longevidad saludable, se refirió acerca de por qué aveces el gimnasio y las dietas no funcionan en nosotros.La doctora Alejandra Ruiz Arias, escritora y fundadora de Healthy Mind, profundizó sobre el ghosting y explicó por qué algunas personas recurren a esta práctica.Alejandro Bernal, gerente de nuevos canales de Caracol Televisión, dió detalles sobre un cambio significativo de un programa que llegará al canal.Escuche el programa completo aquí:
Bogotá sigue enfrentando serios problemas de seguridad vial en la capital, y es que, pese a las distintas maniobras del Distrito, los accidentes continúan siendo una de las principales deudas por atender. En ese contexto, un proyecto que busca implementar un protocolo obligatorio para medir y controlar la fatiga en conductores de transporte intermunicipal terminó en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que el Concejo de Bogotá negara las objeciones presentadas por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.La iniciativa, impulsada por el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, apunta a reducir los riesgos asociados al cansancio extremo, la somnolencia y el microsueño en trayectos que salen desde las terminales de transporte de la ciudad. El objetivo es claro: prevenir accidentes en rutas que, en algunos casos, pueden extenderse hasta por 22 horas continuas.Control de fatiga para conductoresEl proyecto propone armar un protocolo que aplique de manera obligatoria a los conductores que operan rutas intermunicipales desde las terminales Salitre, Norte y Sur. De acuerdo con Torrado, Bogotá concentra el mayor número de destinos del país, con más de 900 rutas activas, lo que hace indispensable un control estricto de las condiciones en las que los conductores inician sus recorridos.El concejal celebró que la plenaria del Concejo rechazara las objeciones del Distrito y aseguró que se trata de una medida con impacto nacional. “Si logramos que estos protocolos se implementen en Bogotá, vamos a salvar vidas, no solo de bogotanos, sino de quienes viajan desde y hacia la ciudad”, afirmó.Por qué la Alcaldía objetó el proyecto de control de fatigaDesde la Administración Distrital, la principal objeción se basó en un tema de competencias. La Secretaría de Movilidad argumentó que la regulación del transporte intermunicipal corresponde al Ministerio de Transporte y no al Concejo de Bogotá, incluyendo lo relacionado con empresas transportadoras y terminales.Frente a esto, Torrado sostuvo que el proyecto cuenta con respaldo jurídico y recordó que el Concejo tiene facultades para dictar normas de tránsito y transporte dentro de la jurisdicción del Distrito Capital, así como para orientar acciones de control sobre el transporte intermunicipal que opera en la ciudad.Qué incluiría el protocolo de fatiga y cansancioEl texto del proyecto contempla una serie de medidas concretas que buscan ir más allá de una recomendación general. Entre los puntos clave se destacan:Fases de prevención, monitoreo y control del cansancio.Espacios adecuados de descanso para los conductores.Mecanismos de rotación del personal.Identificación y registro de los conductores que salen de las terminales.Información actualizada sobre el estado de los vehículos.Modernización de sistemas de detección de fatiga.Identificación de patrones de cansancio.Análisis de la siniestralidad vial en rutas intermunicipales.Ahora será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el encargado de definir si este proyecto puede convertirse en una herramienta obligatoria para mejorar la seguridad vial en la ciudad y en las rutas que conectan a Bogotá con el resto del país.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Este lunes, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata, en Bogotá, se presentó la exposición ‘Semillas de Paz’, el resultado de diversos procesos de formación en fotografía realizados por el Colectivo Miradas entre 2021 y 2024. Allí trabajaron firmantes de paz del acuerdo del año 2016 y sus familias."Hace ocho años, cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las antiguas Farc - EP, se sembraron muchas semillas en montañas y ciudades de Colombia. Semillas de vida que apostaron por la paz. Esta exposición cuenta algunas de las historias de esas semillas de paz", explicaron desde la Misión de Verificación de la ONU.>>> Lea también: Oficina del consejero Comisionado de Paz: "Alias 'Pichi' no es gestor de paz"El Colectivo Miradas está conformado por nueve fotógrafos y fotógrafas firmantes del acuerdo de paz y cuatro fotógrafos comunitarios, quienes retratan las iniciativas y la construcción de paz en los territorios."En Semillas de Paz están presentes trochas, ríos, calles, sonrisas, llantos, dibujos y cicatrices; también ausencias y duelos, como los de Argelia, Cauca, donde el proceso fotográfico no se pudo realizar. Las historias que se reúnen aquí no son el final de un proceso, son pequeños comienzos, promesas de algo nuevo y valioso que, como una semilla, requiere cuidado, paciencia y el terreno adecuado para crecer", agregó la ONU.
A propósito de las declaraciones del comisionado de paz Otty Patiño sobre un cierre de la Justicia Especial para la Paz, por ser una justicia transicional y transitoria y de las advertencias de la JEP, hechas por su presidente Roberto Vidal, sobre falta de recursos, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre los riesgos de limitar los recursos para este sistema.Para el Ministerio Público reducir el alcance y presupuesto de la JEP, “Comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado, pero además limitaría sus funciones y afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”.Por eso, el órgano de control hizo un llamado a la autoridades recordando su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP.“Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, mencionó en un comunicado.Cabe mencionar que las tensiones entre JEP y Gobierno nacional comenzaron luego de una declaración del comisionado de paz, Otty Patiño, en la que sugirió el cierre de esta justicia argumentando que es transicional y transitoria.Para apagar el incendio generado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el Gobierno nacional no quiere tocar de ninguna manera a la JEP. Sin embargo, sí pidió más celeridad y eficacia en las sanciones a excombatientes y exmiembros de la fuerza pública.
Sebastián Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Victimas de las Farc. Habló en Noticias de la Mañana de Blu Radio denunció un ataque sistemático y planeado de esta guerrilla hacia la JEP. Según Velásquez, la Justicia Especial para la Paz fue creada dentro de los acuerdos de paz y tiene el carácter de estar en el bloque de constitucionalidad de Colombia. Sin embargo, las amenazas y ataques contra esta justicia no se comprenden, ya que se espera recibir una resolución de conclusiones en varios casos importantes.Velásquez también hace referencia a la aproximación de la justicia especial para la paz en la presentación de sentencias de casos relevantes. Aunque no se conocen los detalles de estas sentencias, se espera que sean decisiones de fondo. Por otro lado, criticó las garantías y beneficios que tienen los ex guerrilleros de las Farc, como el caso de Timochenko, quien tiene todas las garantías legales, mientras que se ataca a la justicia especial para la paz.sobre la JEP, Justicia Especial para la Paz, y su relación con el Gobierno, Velásquez mencionó que el Gobierno no está interesado en esta justicia y ha manifestado su intención de cerrarla en el futuro. Además, critica los intentos del Gobierno de retirar recursos destinados a la JEP, que son necesarios para temas de justicia restaurativa.También mencionó la importancia de que las personas que hicieron parte de las Farc cuenten la verdad y asuman sus responsabilidades. Destacó que la JEP es un mecanismo, donde se les pregunta sobre los hechos ocurridos y deben hacer una narración amplia. Sin embargo, muchos exguerrilleros han evadido responsabilidades y han contado verdades a medias."La paradoja el Gobierno del presidente Gustavo Petro en su campaña y todas las personas que acompañan el Pacto Histórico, el cuento de los cuatro años del expresidente Duque, es que era él iba a hacer trizas los acuerdos y que él era el que iba a sacar adelante los puntos del acuerdo final y eso no ha sido cierto”, enfatizó.Y agregó, “Ahora quieren y pretenden retirar unos recursos del presupuesto general de la nación destinados a la JEP para los temas de justicia restaurativa y nosotros, a pesar de que participamos en la jurisdicción, no somos el comité de aplauso de la jurisdicción, pero si uno encuentra que quien ha sido beneficiario absolutamente de lo que son los señores excombatiente de las Farc que cuando van a una versión libre, los que terminan diciendo es no sé, no me acuerdo, no lo hice, eso lo hizo otra persona. Entonces necesitamos que esas otras personas que ellos señalan como responsables por mando, que seguían los mandos medios de los bloques y de los frentes, comparezcan"."Verdades a medias en la JEP"Finalmente, Velásquez resaltó la importancia de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de las Farc. Denunció los ataques sistemáticos a la justicia especial para la paz y critica la falta de colaboración por parte de los exguerrilleros. Además, destacó que la JEP no cumple con el objetivo de evitar hechos de repetición, ya que los grupos armados ilegales continúan delinquiendo en el país."Hoy lo que vemos es que no hay unas Farc, hay cinco frentes diferentes estructuras en el país, todas negociando con el Gobierno, con el carácter de gestores de paz, pero continúan delinquiendo. No es sino ver a Urías Perdomo en Caquetá, gestor de paz, amenazando y extorsionando, al señor Calarcá haciendo lo mismo, al señor Andrey haciendo lo mismo al señor Joan Márquez y su estructura, tomándose el territorio. O sea que esto no está funcionando desde el Gobierno, no sé cuál es el propósito para enredar el funcionamiento a la justicia"Escuche la entrevista completa acá:
“No haremos nada a puerto cerrada”, mencionó alias ‘Araña’, jefe de Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia en el suroccidente del país, sobre los diálogos de paz que, este grupo, adelanta con el Gobierno del presidente Petro.Este hombre reaparece casi 70 días después de firmar el primer acuerdo con el Gobierno en Caracas, Venezuela. Según expertos, el pronunciamiento de alias ‘Araña’ descarta división al interior de este grupo frente a los diálogos que se espera se reanuden en La Habana, Cuba, en la tercera semana de octubre.Por otro lado, Blu Radio conoció un video donde se ve a alias ‘Araña’ acompañado de otros disidentes reunidos en el corregimiento de Sucumbios, zona rural de Ipiales, Nariño, en los límites con el departamento de Putumayo.“El dialogo de paz debe ser con la comunidad y todo punto que se acuerde debe ser socializado y aprobado por las comunidades o sino este proceso no funciona (…) Todo va a ser con la participación de la comunidad y ustedes deben estar enterados de todo lo que se haga con el Gobierno nacional dentro del proceso de paz”, dijo.Asimismo, aseguró que todo lo que se acuerde con las comunidades se tendrá que cumplir y serán “garantes” de que sea así. La Segunda Marquetalia insistió en que “seguirá creyendo en la voluntad de paz del presidente Gustavo Petro”, pero criticaron la postura de algunos funcionarios y miembros de las Fuerzas Militares.“Vamos a ser muy serios en este proceso, si se da pues se da y, si no, pues nos toca seguir como estamos, pero queremos que la comunidad esté informada de todo lo que se habla con el Gobierno nacional”, aseguró.Mientras tanto los habitantes del consejo comunitario Nuevo Renacer del corregimiento de Cofania Jardines de sucumbíos, en la zona rural de Ipiales, respaldaron el proceso de paz y pidieron de las autoridades que no los estigmatice más porque ellos viven de los cultivos ilícitos por pura necesidad porque tienen la fe y esperanza que este proceso por fin dé algo positivo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.