El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un caso de presunto maltrato infantil tiene consternada a la comunidad en Estados Unidos. Una mujer identificada como Jen Beam aceptó esta semana ante un tribunal su responsabilidad en la muerte de su hijo de 10 años, Braxton Smith, en medio de un proceso judicial que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales.Durante la audiencia, la mujer se declaró culpable y, según medios locales, rompió en llanto al reconocer los hechos. De acuerdo con la investigación de las autoridades, el menor habría sido sometido a castigos reiterados y condiciones de vida inadecuadas. Cuando fue trasladado a un centro asistencial, presentaba un delicado estado de salud, con signos evidentes de desnutrición y múltiples lesiones.Los reportes médicos forenses establecieron que la causa del fallecimiento fueron traumas craneales y hemorragias internas. El caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que el niño recibía educación en casa, situación que, según los investigadores, pudo dificultar que terceros detectaran a tiempo posibles señales de alerta sobre su estado físico.“Nadie más allá de la madre, el padre y la abuela conocía el alcance del abuso. Su hijo tenía tanta hambre que comía de la basura y la solución fue sujetarlo”, indcaron los investigadores del caso.En el marco del proceso judicial, la Fiscalía solicitó una condena de hasta 25 años de prisión contra Beam, tras un acuerdo de culpabilidad que modificó algunos de los cargos iniciales. Sin embargo, el proceso no termina allí: el padre del menor y su abuela también enfrentan cargos y deberán comparecer ante la justicia en procedimientos independientes.Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes mientras se define la sentencia. Por su parte, las comunidad exige que caiga todo el peso de la ley sobre la mujer y que se adopten medidas que frenen este tipo de casos de violencia contra los menores.
Este sábado 14 de febrero, la vía 40 se prendió como nunca para celebrar los 35 años del cumbiódromo. La Batalla de Flores cumplió con lo prometido: fue un verdadero "río de emociones" donde nadie se quedó sentado. Desde las 10:30 de la mañana, el desfile, que contó con al menos 14.000 danzantes, arrancó, mostrando que la tradición en "curramba" está más viva que nunca. La reina Michelle Char Fernández se lució desde lo alto de su carroza, lanzando flores y alegría a los miles de espectadores.Majestuosas carrozasEl desfile contó con 18 carrozas hechas por los maestros de la Fábrica de Carrozas, quienes se fajaron con diseños de hasta 7.5 metros de alto. Los diez bloques temáticos estuvieron bien organizados, con más de 160 grupos folclóricos entre comparsas, disfraces y danzas tradicionales. El Rey Momo, Adolfo Maury, desfiló con todo el "swing" escoltado por su danza del Congo Grande, que con sus 150 años de historia fue una de las más homenajeadas de la jornada.Los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, demostraron que el semillero está firme. Además. hubo casi 39 orquestas y artistas que pusieron a todo el mundo a brincar en los 59 trailers musicales, entre ellos de descataron el Checo Acosta, Mr. Black, Elder Dayán, Diego Daza, entre otros. También otros talentos como Caterine Ibargüen y Elianis Garrido.Blu Radio transmitió desde la vía 40Desde la 1:00 de la tarde hasta las 4:00, el equipo de periodistas de Blu Radio en Barranquilla transmitió desde el cumbiódromo de la vía 40 entregandole los detalles del desfile más importante del Carnaval.La carroza de Blu Radio y Caracol TelevisiónEste año, talentos de Blu Radio cómo Alberto Linero, Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Marina Granziera, Camilo Cifuentes, entre otros, alegraron a los barranquilleros tras su paso por el desfile de la Batalla de Flores 2026.Vea en imágenes detalles del desfile:
El Instituto Nacional de Cancerología (INC) dio un paso trascendental en la lucha contra el cáncer al implementar por primera vez en Colombia la braquiterapia de próstata de alta tasa con planificación y ajuste en tiempo real, un procedimiento que eleva significativamente la precisión del tratamiento y mejora la seguridad y calidad de vida de los pacientes. Este avance ubica al país en el grupo de naciones que cuentan con tecnologías oncológicas de última generación, al nivel de los principales centros especializados del mundo.La incorporación de esta técnica forma parte del proceso de modernización de la Unidad de Radioterapia del INC, una apuesta institucional para ofrecer tratamientos más efectivos, personalizados y sostenibles. Con esta innovación, los especialistas pueden planificar y ajustar la dosis de radiación en vivo, mientras el paciente permanece en el mismo lugar, evitando traslados innecesarios y reduciendo riesgos asociados al procedimiento.Un avance clave frente a una enfermedad de alta incidenciaEl cáncer de próstata representa uno de los mayores desafíos de salud pública en Colombia. Según cifras de la Cuenta de Alto Costo, hasta abril de 2024 se registraban más de 60.500 casos prevalentes en el país. A nivel internacional, el Observatorio Global del Cáncer reportó en 2022 más de 1,4 millones de nuevos diagnósticos, lo que convierte esta enfermedad en la segunda más frecuente entre los hombres.Este contexto hace aún más relevante la llegada de la braquiterapia prostática de alta tasa con planificación en tiempo real, una técnica que optimiza la administración de radiación directamente en el tumor, minimizando el impacto en los tejidos sanos cercanos.¿En qué consiste esta innovadora técnica?La braquiterapia es un procedimiento que se utiliza desde hace décadas en el tratamiento del cáncer de próstata. En sus primeras versiones, implicaba la implantación permanente de múltiples semillas radiactivas en la glándula prostática. Aunque eficaz, este método presentaba limitaciones, entre ellas la permanencia de material radiactivo dentro del cuerpo del paciente.La nueva braquiterapia de alta tasa transforma este proceso al emplear una única fuente radiactiva temporal, del tamaño aproximado de un grano de arroz, que se introduce mediante agujas especializadas. Esta fuente libera la radiación necesaria en un lapso cercano a los 15 minutos y luego se retira completamente, lo que significa que el paciente no queda radioactivo ni representa riesgo para quienes lo rodean.La principal innovación implementada por el INC es la capacidad de realizar todo el procedimiento con planificación, visualización y ajuste en tiempo real. Esto permite a los médicos adaptar la dosis con máxima precisión durante la intervención, mejorando los resultados clínicos.Beneficios para los pacientesEsta nueva modalidad ofrece múltiples ventajas frente a los esquemas tradicionales. Entre los principales beneficios se destacan:Mayor precisión en la aplicación de la radiaciónMenor tiempo bajo anestesiaReducción significativa del tiempo total del procedimientoProtección más efectiva de los tejidos sanosRecuperación más rápidaMejor calidad de vida tras el tratamientoAdemás, el procedimiento completo puede realizarse en aproximadamente dos horas y media, en contraste con los métodos convencionales que pueden extenderse hasta siete horas debido a los traslados entre diferentes áreas médicas.La implementación de esta tecnología no solo beneficia a los pacientes, sino que también representa un avance en eficiencia para el sistema de salud. Al reducir los tiempos de intervención y optimizar el uso de quirófanos y equipos, el INC podrá atender a más pacientes en menos tiempo, con menores costos operativos y mayor aprovechamiento del talento humano especializado.Esta optimización contribuye a la sostenibilidad del sistema, al tiempo que mejora la calidad del servicio ofrecido a los colombianos.Como parte de esta innovación, el Instituto incorporó sistemas tecnológicos avanzados como Flexitron y el software Oncentra Prostate, que permiten realizar ajustes precisos en tiempo real durante el tratamiento. Estas herramientas fortalecen la seguridad clínica y garantizan una administración más exacta de la radiación.Asimismo, el INC impulsa la formación de profesionales mediante un programa de entrenamiento especializado que cuenta con la participación del reconocido oncólogo radioterápico colombiano Álvaro Martínez, referente mundial en braquiterapia, y del físico médico Roberto Chumbimuni, experto en planificación dosimétrica avanzada.El doctor Eduardo Guerrero, coordinador del Servicio de Radioterapia del INC, destacó que la incorporación de esta técnica abre nuevas oportunidades para ofrecer tratamientos con estándares internacionales, directamente en beneficio de los pacientes colombianos.
El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con un fuerte arraigo cultural. Su nombre, ligado a la identidad paisa, ha sido clave en su posicionamiento entre miles de apostadores que cada noche revisan los resultados con la expectativa de acertar.Resultado oficial del chance Paisita Noche 14 de febrero de 2026En el sorteo más reciente, el número ganador fue: 3154 - Toro.Número ganador: 3154Animal: ToroDos últimas cifras: 54Tres últimas cifras:154Los datos publicados corresponden exclusivamente al último sorteo realizado y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta. Por ello, se recomienda verificar siempre la información en canales oficiales antes de validar cualquier premio.Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas.Esta modalidad no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. De esta manera, el sorteo mantiene su mecánica original mientras ofrece una opción adicional para incrementar el premio potencial.Uno de los factores que explica la popularidad del chance Paisita Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada elegida. Esta dinámica sencilla, sumada a la frecuencia diaria de los sorteos, mantiene al Paisita Noche entre los chances más seguidos del país.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:Lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Estos horarios permanentes permiten que los jugadores planifiquen sus apuestas con anticipación y consulten los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.Modalidades de juego del Paisita NocheEl chance Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, estrategia y expectativa de premio.Cómo jugar chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance en línea puede jugarse de manera legal únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad estatal encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red, Apuestas Cúcuta 75, entre otros, cuentan con portales web o aplicaciones móviles habilitadas para realizar apuestas de forma virtual.El proceso general para jugar chance en línea incluye los siguientes pasos:Registro en una plataforma autorizada por Coljuegos.Verificación de identidad, requisito obligatorio para cumplir con la normativa vigente.Recarga de saldo mediante medios electrónicos como transferencias, PSE o billeteras digitales, según el operador.Selección del sorteo, número y modalidad de juego.Confirmación de la apuesta y conservación del comprobante digital.Requisitos para reclamar un premio del Paisita NocheEl procedimiento para reclamar un premio del Paisita Noche depende del monto ganado. No obstante, existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.Documentos básicosTiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio (UVT)Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago de los premios se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Las autoridades y operadores recomiendan verificar siempre la información en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para evitar inconvenientes.Sorteo Paisita Noche sábado 14 de febrero de 2026Últimos resultados del Paisita NocheSorteoFechaResultadoPaisita Noche13 Febrero 20268865 - TigrePaisita Noche12 Febrero 20260294 - ConejoPaisita Noche11 Febrero 20261580 - LeónPaisita Noche10 Febrero 20260846 - CabraPaisita Noche9 Febrero 20267127 - TigrePaisita Noche8 Febrero 20267779 - ToroPaisita Noche7 Febrero 20268786 - CaballoPaisita Noche6 Febrero 20264012 - CaballoPaisita Noche5 Febrero 20261709 - Conejo
Un nuevo caso de violencia tiene consternados a los habitantes de Barranquilla, luego de que se conocieran detalles —incluida la identidad— de una mujer de 24 años que fue presuntamente asesinada por un falso domiciliario frente a su familia.La víctima fue identificada como Yeinis Paola Contreras Orozco, quien perdió la vida el viernes 13 de febrero de 2026 hacia las 2:10 de la tarde, tras recibir dos impactos de bala en el barrio Los Ángeles II.De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana a Caracol Televisión, la joven falleció debido a la gravedad de las heridas. “Los hechos se registraron en la carrera 11 con calle 111A-18, momentos en que un sujeto, con la fachada de domiciliario y llevando consigo un ramo de flores, esgrime un arma de fuego y atenta contra la humanidad de la víctima. Se adelanta verificación y revisión de cámaras en el lugar para establecer móviles y responsables”, señalaron las autoridades.Según versiones preliminares, la mujer se encontraba en su vivienda cuando el supuesto domiciliario llegó en motocicleta con un ramo de flores. La víctima salió hasta la terraza y, en ese momento, el hombre le disparó. Tras cometer el ataque, el agresor habría corrido hacia la moto y huyó del lugar.Aunque fue trasladada de inmediato a la Clínica Camino El Pueblo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y se confirmó su fallecimiento. El caso se suma a los recientes hechos de violencia que han generado preocupación en la ciudad.La modalidad delictiva ha llamado la atención de las autoridades, ya que en los últimos meses se han registrado casos en los que los agresores utilizan fachadas para acercarse a sus víctimas. Un antecedente que generó conmoción ocurrió en México con la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada presuntamente por un hombre que se presentó como domiciliario con un ramo de rosas.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
En medio de las definiciones que se están haciendo sobre el mecanismo de negociación hacia la “paz total”, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que el máximo cabecilla de la estructura autodenominada Segunda Marquetalia, alias ‘Iván Márquez’, fue víctima de una estrategia de entrampamiento para destruir el acuerdo con las Farc.El Gobierno tiene como sustento para defender esa teoría, las pruebas que reveló el presidente Petro mientras se desempeñó como senador, según las cuales hubo una estrategia conjunta de la DEA y de algunos funcionarios del Estado colombiano, para facilitar el pedido de extradición de alias ‘Jesús Santrich’ al vincularlo con negocios de narcotráfico.Esta definición es clave para el futuro de una eventual negociación política con ‘Iván Márquez’, quien, según se supo, permanece en territorio venezolano en delicado estado de salud, luego de haber sufrido un atentado en su contra.Tras hacer análisis de inteligencia y de la situación, para el Gobierno colombiano prácticamente desapareció la estructura armada de ‘Iván Márquez’, tras haber sido abatidos sus máximos jefes como alias ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y ‘Jesús Santrich’.Sobre las disidencias de las Farc, grupo cuyo cabecilla actual es alias ‘Iván Mordisco’, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que tienen tratamiento de enemigos en Venezuela y como tal, han sido combatidas por las fuerzas armadas venezolanas.Sobre la intención de incluir en la paz total a grupos de narcotraficantes, el presidente Gustavo Petro ha recibido múltiples cartas de los jefes de esas estructuras criminales, anunciando su intención de sumarse a esa iniciativa.El Gobierno decidió dividir en dos grupos el avance de la paz total: uno con grupos que tuvieron origen político como el ELN y los otros que tuvieron origen en la ilegalidad, particularmente en el microtráfico y en el narcotráfico.En el caso de los grupos que no tienen origen político, se les aplicará la ley de sometimiento, que en cualquier caso será colectivo, avalado por la Fiscalía y los jueces, siempre y cuando cumplan con los principios de verdad, justicia y reparación.Sobre uno de los puntos más controvertidos, el Gobierno sigue evaluando una propuesta que contempla la posibilidad de dejar en manos de los jefes de las bandas criminales, hasta el 10% de la totalidad de bienes adquiridos con dineros de origen ilícito.Paz totalDesde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, el presidente Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las Farc, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.La legislación, hasta la aprobación del proyecto de la "paz total", solo permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.
Este martes se reúnen en Caracas (Venezuela) el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo, Nicolás Maduro, en el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que el jefe de Estado colombiano asumió el máximo cargo en el Ejecutivo.Allí discutirán sobre las relaciones bilaterales de los dos países, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y la relación bilateral entre ambos países. Sin embargo, también hablarán sobre el proceso de paz total que adelanta el gobierno Petro y los diálogos que reiniciarán este mes con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Carlos Velandia fue guerrillero del ELN, ha sido gestor de paz y se refirió a las implicaciones que tiene la participación de Venezuela como garante de los diálogos con este grupo armado ilegal. En un primer momento aseguró que es determinante que el vecino país participe en los diálogos debido a la situación que se vive en la zona frontera."El 70% del ELN y de su fuerza global están recostados sobre la frontera; allí en territorio venezolano hay guerrilleros del ELN defendiendo la revolución bolivariana la cual asumen como propia, de modo que Venezuela no solamente va a cumplir un papel de acompañante o garante, sino en cierta forma también es parte en este conflicto, de modo que tiene intereses en que el conflicto se resuelva", dijo Velandia.No obstante, el excombatiente advirtió que el conflicto es entre colombianos y debe resolverse entre colombianos, pero que a Venezuela le corresponde también una parte importante, especialmente porque en ese territorio hay presencia de la guerrilla. Por eso es que Velandia también considera que el papel del vecino país no solo será esencial en los diálogos con el ELN, sino en el proceso de paz total, pues hay otros grupos que delinquen en zona de frontera."Los dos gobiernos tendrán que avocarse a resolver los problemas comunes que tienen sobre todo a lo largo de la frontera, que es un problema grave y serio porque hay cuatro crisis humanitarias; la de la pandemia, la encrucijada de violencia porque allí están todos los grupos armados violentos, también hay hambre y pobreza y el impacto de la migración en masa", señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y por qué la alcaldesa Claudia López no asume su responsabilidad por la situación de Bogotá:
Humberto López, representante de la Unión Nacional Unitaria Agropecuaria, se refirió en Mañanas Blu acerca de la entrega de la finca Támesis, de 590 hectáreas, la cual operó como uno de los mayores centros del accionar paramilitar de las Autodefensas Unidas Campesinas (AUC) de la familia Castaño. "Tiene una historia muy grande a partir de los años noventa. Támesis era un centro de acopio paramilitar. Los Castaño hacían allí fiestas, inclusive puede haber fosas comunes en ese territorio. Ese era uno de los epicentros de las Autodefensas donde descansaban", sostuvo López. De acuerdo con el vocero, Támesis llevaba bastantes años en extinción de dominio y solo hasta el actual Gobierno se entregó a víctimas. "Támesis hace rato que la tenían ahí en extinción de dominio, ahora que llegó este Gobierno de Petro se la están dando a los campesinos. Inclusive, el mismo Estado la tenía arrendada a terceros. No recuerdo el nombre, pero creo que la tenían arrendada para particulares que la utilizaban para la ganadería", sostuvo López. Según López, no tiene claridad sobre si la entidad que tenía la hacienda Támesis en arriendo era la Fiscalía o la Sociedad de Activos Especiales (SAE). "El presidente lo que hizo fue una entrega ese día, la finca en general, pero no hay quien haga divisiones, eso lo tiene que hacer Fensuagro. No sabemos, para las organizaciones que hay, cómo se va a dividir. Entregaron la finca, pero no se ha repartido", indicó López. El representante de la Unión Unitaria Agropecuaria, dijo que aspira a recibir tierra, pero no en la hacienda Támesis, porque estas se priorizarán para mujeres cabeza de familia. "Estoy dentro del asentamiento, del humedal Berlín. Lo cierto es que vamos a ser reubicados", señaló. Acerca del bien recuperado de la mafia y que fue entregado a familias campesinas, el presidente Gustavo Petro aclaró que no se trata de limosnas. "Esto que estamos haciendo aquí es una política social completamente diferente. No estamos entregando una limosna. Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación, que es la tierra. La tierra es un instrumento de producción", indicó el mandatario durante el acto de entrega.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, en diálogo con Blu Radio, explicó que el proyecto de paz total, aprobado anoche en el Congreso de la República, contempla dos posibilidades: negociaciones políticas con grupos al margen de la ley, al estilo del que se hizo con las Farc, y acercamiento con estructuras armadas organizadas para el acogimiento a la justicia, sin diálogo político.El ministro manifestó que un equipo de diálogo, encabezado por el presidente de la República, será el que determine qué tipo de tratamiento se le dará a cada organización armada.“No personalizamos, nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, sino la violencia. La ley crea una comisión, que la integrará el ministro de defensa, el director de inteligencia y el alto comisionado para la paz, orientada por el presidente de la República. (...) Si es una organización criminal, deberá avanzar al sometimiento por la vía judicial. Si le reconocemos el estatus político avanzará hacia el diálogo político y al acuerdo de paz", dijo.A la pregunta de si las disidencias de las Farc pueden tener tratamiento político, el ministro respondió que sí: “Lo pueden tener. Claramente lo pueden tener (tratamiento político). Hay alguna probabilidad de que reúnan los requisitos. (quién toma la decisión) es la comisión de alto nivel y finalmente el presidente de la República”.El ministro manifestó que el Congreso no cerró la puerta a ningún diálogo que permita pacificar territorios enteros y, por esa razón, no da lo mismo cumplir o no un proceso de paz, como es el cado de ‘Iván Márquez’. Sin embargo, aclaró que no se puede negociar en condiciones iguales con quien ha traicionado un proceso de paz.¿Qué pasará con ‘Iván Márquez’?Al respecto, el ministro explicó que el proyecto no personaliza sobre casos en particular, como el del exnegociador de paz de las Farc en La Habana, pues lo que realmente importa es la pacificación de los territorios.“Nosotros no personalizamos. Nuestro problema no se llama ‘Iván Márquez’, para ser claros, sino las organizaciones que están operando en los territorios, que pueden tener un mando allí, pero que obedecen a procesos que no queremos ignorar porque ignorarlos es someter a estas regiones a un baño de sangre más, como ocurrió con las Farc por 50 años”, puntualizó.Prada fue enfático en señalar que los acuerdos de paz con las Farc no se “tocarán”, se respetarán y que el compromiso del Gobierno es cumplirlos, pues, en virtud de que son una política de Estado.“Cuando incorporamos el concepto de paz total, como paz de Estado, es respetar el entorno de lo que allí se decidió. Nuestro compromiso es cumplirlos. Quedan vinculados a los planes de desarrollo”, puntualizó.Prada manifestó que no habrá impunidad, sino por el contrario, estos procesos incluyen justicia transicional.
La JEP realizó audiencias a exguerrilleros que pertenecieron al Comando Conjunto Central de las antiguas Farc. En dichas diligencias, se ventilaron detalles de 181 crímenes cometidos por esa estructura que involucran al menos a 304 víctimas. Tras las declaraciones, la Procuraduría envió un documento de observaciones a la Sala de Reconocimiento de la justicia transicional, encargada de llevar a cabo las investigaciones.En el texto, el Ministerio Público mostró preocupación por la versión de Víctor Silva Eric, conocido en la guerra como 'El Chivo', ya que la diligencia aceptó haber tenido bebés secuestrados para cobrar por su libertad. En ese sentido, la Procuraduría explica que este es un caso que se debe abordar con más profundidad para aclarar lo sucedido."El Ministerio Público no puede dejar pasar por alto las implicaciones de esta afirmación, pues si bien queda claro que el secuestro de menores fue una conducta reiterada de esta estructura, aún persisten la duda respecto a si esto esto involucró propiamente a bebés o menores en la primera infancia que fueron instrumentalizados para alcanzar fines financieros de control o de cualquier otro tipo", se lee en el documento.Por otro lado, se explica que tras las versiones de los comparecientes queda claro que en algunos de estos crímenes se presentó el delito de esclavitud con los secuestrados, pero además insiste en que no hubo solo 3 finalidades de secuestro por parte de las Farc (financiero político o canje humanitario), sino que también se puede evidenciar que hubo plagios cuyo único fin era la explotación."Se han identificado al menos 6 hechos que agrupan a 21 víctimas cuyos secuestros no tienen otra finalidad que pueda subsumirse en un patrón diferente de secuestro con fines de explotación. Esto es por cuanto los secuestrados de esta categoría pretendieron una utilización del retenido con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, con fines de prostitución forzada transporte u otros. En esta estructura en particular- El Comando Conjunto Central- este patrón involucra a tres menores de edad", según la Procuraduría. Llama la atención al Ministerio Público que varios de los comparecientes manifestaran que ingresaron a las Farc cuando eran menores de edad y pide que esa información sea trasladada al macro caso 07, el cual investiga el reclutamiento, ya que considera que estas personas también podrían ser víctimas de reclutamiento forzado de menores, en algunos casos.La Procuraduría dijo que se evidenció que hubo secuestros con fines económicos o de financiamiento, otros con fines políticos, control territorial e incluye la categoría de secuestro con fines de explotación aportando un ejemplo. Estas retenciones buscaban, según el concepto, utilizar la fuerza de trabajo de las personas secuestradas para el transporte, construcción, prostitución forzada, entre otros."Un caso especial gravedad es el de la señora ... quien fue secuestrada bajo engaños para que prestará servicios médicos a varios guerrillero heridos. Estuvo 32 horas retenida mientras fue amenazada con el reclutamiento forzado de su hijo mayor. Como consecuencia de la imposición de estos trabajos forzados, la señora fue posteriormente víctima de grupos paramilitares quienes cometieron actos sexuales violentos y lesiones personales como represalia por colaborar con la guerrilla. Este caso en particular evidencia una de las circunstancias de este patrón de explotación", finaliza la Procuraduría.
El senador Ariel Ávila, uno de los autores de la prórroga de la ley de orden público de 1987 que ha facultado a presidentes para adelantar diálogos de paz, habló sobre el articulado aprobado este lunes en el Congreso. El legislador aclaró que la paz total no permitirá una nueva negociación con alias 'Iván Márquez', cabecilla de la disidencia Segunda Marquetalia, quien desertó del proceso con las Farc y se alzó nuevamente en armas en contra del Estado."Si se llegara a dar algo con 'Iván Márquez', tendría que haber una reforma constitucional. Está claro en la negociación, porque los acuerdos de paz fueron incorporados en la Constitución, que serán beneficiados los que firmaron y cometieron delitos antes del 1 de diciembre de 2016, no con posterioridad. Eso está clarísimo", indicó Ávila.El congresista, además, dejó en claro que el Gobierno quedó facultado para adelantar dos tipos de procesos: negociaciones de paz, como por ejemplo con el ELN, así acercamiento para sometimiento."Lo primero que se aprobó es que el Gobierno está facultado para hacer dos tipos de procesos: negociaciones de paz, por ejemplo con el ELN, así como procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia con organizaciones criminales. Se distinguieron los dos tipos de procesos. En segundo lugar, se crean las famosas regiones Paz, que son grupos de municipios, donde el Estado coherentemente va a invertir recursos económicos para superar las causas estructurales de la guerra", sostuvo.El congresista dijo que, adicionalmente, se creó el llamado se "gabinete para la paz", que busca que cada ministerio no haga lo que quiera o lo que piense, sino que se someta con coherencia al Estado para ver en qué se intervendrá en la materia de pacificación. "Va a tener un papel importante el alto comisionado para la paz, se crea la figura de los acuerdos parciales, cosa que nos va a permitir por ejemplo avanzar en la mesa técnica", declaró el legislador.La senadora Angélica Lozano declaró, por su parte, que podría darse el escenario, a la luz de la ley 418, en que se entre a buscar el desarme de todos los disidentes en armas. "La respuesta es sí, pero no. Sí se va a buscar el desarme y la reincorporación de las personas en armas, incluyendo los desmovilizados que incumplieron. Desmovilizados de todos los acuerdos, paras y guerrilla, pero eso no implica algo similar a La Habana", declaró la parlamentaria.