La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Para muchas parejas, comprar vivienda estando casado suele generar más dudas que certezas, especialmente cuando los ahorros provienen del esfuerzo individual de cada uno. Sin embargo, en Colombia, una práctica que durante años se consideró inofensiva puede terminar costando muy caro.Resulta que ocultar el estado civil al momento de adquirir un inmueble puede dejar a una persona literalmente en la calle. La ley es clara y las consecuencias pueden ser más drásticas de lo que muchos imaginan, al punto de dejar a algunos sin un solo peso.Ocultar el matrimonio lo dejaría en la calleAl firmar una escritura pública de compraventa, el comprador está obligado a declarar su estado civil real. Decir que es soltero cuando existe un matrimonio vigente no es un simple error: es una irregularidad que afecta directamente a la sociedad conyugal. Esta sociedad nace de manera automática con el matrimonio y agrupa todos los bienes adquiridos de forma onerosa durante la unión, sin importar quién haya aportado el dinero.Desde el punto de vista notarial y jurídico, registrar una propiedad ocultando al cónyuge constituye un ocultamiento de bienes. Esta situación suele salir a la luz en momentos críticos, como un divorcio o una separación definitiva, cuando se revisa con lupa el patrimonio que la pareja construyó a lo largo de los años.Qué pasaría si se demuestra ocultamiento de bienesLas consecuencias pueden ser bastante graves. Si el cónyuge afectado demuestra ante un juez que existió un ocultamiento deliberado, la sanción puede ser severa al momento de liquidar la sociedad conyugal. La ley contempla castigos que buscan desestimular este tipo de maniobras.Entre las posibles sanciones están:La pérdida de la cuota que le correspondería al infractor sobre ese bien.La obligación de restituir el doble del valor del inmueble, en casos donde se pruebe el dolo.Procesos adicionales por falsedad en documento público.En términos prácticos, quien intentó quedarse con el 100 % de la propiedad podría terminar sin derecho alguno sobre ella.Cómo proteger el patrimonio personalPor fortuna, el ordenamiento colombiano ofrece mecanismos legales para proteger los ahorros sin tener que mentir ni exponerse a sanciones.Las principales opciones son:Capitulaciones matrimoniales: permiten definir, antes del matrimonio, qué bienes no harán parte de la sociedad conyugal.Subrogación real: si la vivienda se compra con recursos provenientes de un bien adquirido antes de casarse, esto debe quedar expresamente consignado en la escritura.Asesoría legal previa: consultar antes de comprar evita errores costosos.Mentir en una escritura pública no solo pone en riesgo la vivienda, sino todo el patrimonio construido.
Este 7 de febrero Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias ‘Ñoño’, señalado como uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de Buenaventura, llegó a Colombia extraditado desde Chile. El hombre fue recibido por oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y entregado a las autoridades judiciales para que responda por múltiples delitos.Alias ‘Ñoño’ era requerido por la justicia colombiana, entre otros cargos, por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de apenas cuatro años de edad, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en uno de los casos más graves registrados en el puerto sobre el Pacífico.Además, Flórez Moreno enfrenta procesos pendientes por delitos como desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.De acuerdo con las investigaciones, Flórez Moreno fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’, una de las organizaciones ilegales con mayor influencia en Buenaventura.Su rol dentro de esta banda lo llevó a integrar el cartel de los más buscados en esa ciudad, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca había ofrecido una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera su captura.Tras huir del país, las labores de inteligencia y seguimiento se extendieron por más de un año. En ese periodo, las autoridades lograron establecer que alias ‘Ñoño’ se encontraba residiendo en el sur del continente, lo que derivó en la emisión de una circular roja de Interpol. Debido a su peligrosidad y al prontuario criminal que registraba en Colombia, también era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina.La captura y posterior extradición fueron posibles gracias a la cooperación internacional entre las autoridades colombianas, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, un trabajo articulado que permitió ubicarlo, detenerlo y concretar su entrega a Colombia.Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en los procesos penales que tiene en su contra y responder por los crímenes que se le imputan.La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que este caso “hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, y subrayó que fue posible gracias al trabajo conjunto entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas.
Un pequeño mensaje escrito a mano dentro de una caja de repuestos industriales despertó curiosidad en Colombia tras un viaje que inició en España y terminó en Medellín. Detrás de esa nota aparece Camilo Andrés Martínez Marín, un colombiano nacido en Pereira que reside en Europa desde la infancia y que, sin imaginarlo, logró conectar dos países por medio de su trabajo.Camilo tiene 28 años, vive en España desde los nueve años y actualmente reside en Granollers, un municipio cercano a Barcelona. Trabaja como mecánico industrial en una empresa especializada en la fabricación de repuestos para sistemas ferroviarios y tranviarios. Cuando en su lugar de trabajo surgió un pedido con destino a Colombia, tomó la decisión de asumirlo de forma directa.Durante ocho años de experiencia en esa empresa, nunca apareció un encargo con destino a su país de origen. Por esa razón, el pedido tomó un valor especial para él. Camilo quiso aportar sus conocimientos técnicos y su experiencia en la elaboración de un repuesto clave para el mantenimiento de un sistema de transporte colombiano.El producto en cuestión corresponde a ténsorex para catenarias, componentes fundamentales en los sistemas eléctricos de trenes y tranvías. Estos dispositivos garantizan la tensión adecuada en los cables que suministran energía a los vehículos ferroviarios, lo cual resulta esencial para la seguridad y el funcionamiento continuo del sistema.La empresa donde trabaja Camilo produce este tipo de repuestos para diferentes países. Según su relato, el envío de ténsorex suma cerca de 13.000 unidades con destino a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, China y Colombia, entre otros mercados.Su dominio técnico lo llevó incluso a China, donde capacitó personal local en procesos de fabricación y control de calidad. En la actualidad, Camilo recibe los productos terminados, aplica procedimientos de medición de calidad, capacidad y durabilidad, y los prepara para su envío internacional.En una de esas etapas finales, decidió escribir un mensaje breve, lo colocó dentro de la caja del repuesto y selló el paquete: "Fabricado por un colombiano al otro lado del charco ¡Saludos y gracias! Camilo". Luego, el cargamento salió rumbo al puerto de Barcelona, desde donde inició un trayecto marítimo de alrededor de 15 días hasta Cartagena. Posteriormente, la carga continuó su recorrido hasta Medellín. La nota generó sorpresa entre quienes recibieron el repuesto, no solo por el gesto, sino por la historia personal detrás del mensaje.Por otro lado, Camilo contó que solo utilizó el Metro de Medellín en una ocasión, cuando tenía siete u ocho años, durante una visita a la ciudad natal de su padre. Poco tiempo después, viajó con su familia a España para comenzar una nueva etapa. Desde entonces, el vínculo con Colombia permanece intacto, aunque solo ha visitado su país una sola vez. En la actualidad, Camilo está casado y recientemente se convirtió en padre. Aunque su vida transcurre en Europa, expresa un fuerte apego por Colombia y mantiene la ilusión de regresar. Mientras tanto, continúa enfocado en su crecimiento profesional con el objetivo de avanzar lo más lejos posible en su carrera.
En Sogamoso, Boyacá, Yeison Tibavija Monroy sería responsable de agredir sexualmente, al menos, a dos menores en distintos periodos. De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2013 el hombre habría sometido a diferentes vejámenes a una niña que para entonces tenía 12 años de edad.Además, las autoridades señalaron que en julio de 2022 el procesado presuntamente agredió sexualmente a un niño de apenas nueve meses, un hecho que agravó su situación judicial y reforzó las líneas de investigación en su contra.En el marco de procedimientos realizados por unidades de la Policía Nacional entre noviembre y diciembre de 2025, a Tibavija Monroy le fue incautado un teléfono celular en el que se encontraron 10 videos y 4.551 fotografías de actividades de tipo sexual. De ese material, al menos 365 imágenes corresponderían a contenido en el que se observa la participación de menores de edad.Con base en estos hallazgos y tras recopilar otros elementos materiales probatorios, la Fiscalía ordenó su captura. Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años.Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.
Las afectaciones por las fuertes lluvias en Antioquia siguen creciendo y el más reciente reporte muestra un desolador panorama para el sector agropecuario del departamento que ya lanzó las alertas correspondientes al Gobierno nacional. Las pérdidas más grandes están en los cultivos pues hay casi 16.400 hectáreas con daños irreparables.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, está en el Urabá antioqueño en donde se refirió a la preocupante situación de San Juan de Urabá que tiene cerca del 50 % de sus cultivos bajo el agua, situación por la que los precios ya se empiezan a subir, por ejemplo a la Plaza Minorista de Medellín ha entrado 70% menos de banano y plátano, aumentando los precios de 800 a 2.200 pesos el kilo. "También aquí, en San Juan, por ejemplo, que es un municipio que vive, básicamente, del cultivo de plátano, hay, de doce mil hectáreas que tiene, se estima que se le pudieron haber afectado más de 5.000", indicó.Por su parte, hay que mencionar que el sector más afectado es el bananero, ya que sus cultivos cumplen más de 120 horas bajo el agua, afectando a la fecha 1.200 hectáreas de plátano según reconocieron desde la Asociación de Bananeros de Colombia.La gravedad de la situación se ve plasmado en que en la subregión hay una marea alta de 95 centímetros que, sumada a los fuertes vientos, actúa como un tapón hidráulico que impide que los ríos desemboquen de manera rápida y eficiente en el mar. El presidente de Augura, Emerson Aguirre."La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, emite una alerta nacional ante la crítica situación por el fenómeno de la lluvia que se está presentando en la zona de Urabá. Hoy tenemos un censo de más de mil doscientas hectáreas afectadas, estamos hablando el riesgo de pérdida de más de mil doscientos empleos de manera directa", indicó. Pero no solo son los cultivos, las reses también se están viendo gravemente damnificados en municipios como Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Carepa, Apartadó, El Bagre y Zaragoza en donde hay 48 veredas afectadas y cerca de 900 fincas totalmente inundadas por el agua.Aunque ya el panorama es alarmante, las cifras preliminares entregadas por los ganaderos muestran que son 48.600 animales afectados, muchos de ellos en riesgo inminente de morir, siendo los municipios más golpeados Arboletes (13.475) y San Pedro de Urabá (12.241).
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
Este martes en La Habana, Cuba, se llevó a cabo el cierre del sexto ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Se dio la prórroga del cese al fuego bilateral por seis meses más y se anunció la creación de un fondo multidonante, el cual tendría como objetivo hacer sostenible el proceso que se lleva a cabo.Muchas fueron las reacciones y al respecto senador y negociador del proceso de paz con el ELN, Iván Cepeda, aseguró que “no se trata de una financiación sin controles sin ninguna clase de auditoria”. En ese sentido, aclaró que lo que se está financiando “son hechos de paz”.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador Cepeda explicó varios puntos para tener en cuenta sobre este nuevo fondo para la paz. Según dijo, es una discusión que ya se había tenido en negociaciones anteriores, incluso, años atrás.“El ELN siempre ha sido insistente en la necesidad de crear un fondo para poder hacer el tránsito a la paz y hemos estado analizando en la mesa de diálogos, en una discusión muy larga e intensa, este asunto y creemos que es necesario efectivamente propiciar con los controles más rigurosos, con la transparencia máxima, que haya recursos para el cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿cuáles acuerdos? Pues ahí están públicos, la participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cese al fuego, las dinámicas y zonas humanitarias; todo eso requiere por supuesto, apoyo”, detalló.Cepeda recalcó que no solamente es responsabilidad del Estado colombiano, pues esto involucra a las Naciones Unidas, gobiernos que hacen parte de “este proceso en condición de garantes y acompañantes u otros países que quieran hacerlo”. De acuerdo con el senador, todos estos agentes “pueden entrar a participar” en el fondo multidonante.“Entonces es claro que aquí no es el problema del secuestro, es el problema de la paz lo que está en discusión y para eso vale la pena hacer esa inversión. Si y solo si, debo subrayarlo cuantas veces sea necesario, existan garantías de que esos recursos de los colombianos, de la comunidad internacional, de contribuyentes de otros países, van a ser destinados a la paz y no a la compra de armas o intensificar el conflicto armado de alguna manera”, preció.Aseveró que, hasta ahora, no se ha acordado nada y que lo único que se ha estipulado en este ciclo es la conformación del fondo, pero todavía no se ha pactado sobre los montos ni quiénes son los donantes ni cuál es todavía el mecanismo de administración de los recursos.“Ese es el asunto que habrá que desarrollar, obviamente, en un debate en el que seguramente van a poder participar muchas instancias (…) Lo que sí está claro son algunas cosas que debo dejar aquí ya enunciadas. Primero, que la naturaleza, el carácter del fondo, es para la paz, para financiar única y exclusivamente actividades de paz”, mencionó.¿Cuáles son esas actividades de paz?“Pues las que emanan de los acuerdos que hemos suscrito y las que tienen por propósito acabar el conflicto armado y provocar el tránsito a la paz. En segundo lugar, está claro que cualquier iniciativa de esta naturaleza está regida por un marco estricto de carácter normativo, que en este caso es aquel que opera para cualquier iniciativa de cooperación internacional que tiene unos controles”, respondió Cepeda.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
El Consejo de Seguridad de la ONU llega este miércoles a Colombia, en su tercera visita desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, para supervisar sus avances en un país donde hay abiertas otras dos negociaciones con la voluntad de acabar el conflicto armado."La visita del Consejo de Seguridad se da en un momento decisivo para la construcción de paz en el país, pues pese a los retos y desafíos, hay una voluntad política renovada frente a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y varios diálogos de paz en marcha en el marco de la política de paz total", señaló el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.Los quince representantes del Consejo de Seguridad manifiestan así su apoyo a una paz que ya sirvió para desmovilizar a las Farc y que ahora quiere pactar también con su principal disidencia, el Estado Mayor Central (EMC), y con la última gran guerrilla latinoamericana, el ELN.Ambos procesos han vivido -y viven- altibajos pero celebran un cese al fuego bilateral, del que la ONU es verificador, y el acuerdo de 2016, que sirvió para reducir notablemente la violencia en el país, tiene aún muchas demoras en su implementación en temas como reparación a víctimas o repartos de tierras.La implementación del acuerdo de 2016 Los representantes del Consejo de Seguridad se entrevistarán en los próximos tres días con autoridades y sociedad civil, visitarán un antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se llama a las zonas donde los guerrilleros hicieron su desmovilización, y también harán visitas a comunidades afrocolombianas para conocer su situación frente al conflicto.La ONU quiere dedicar especial atención al Capítulo Étnico del acuerdo de paz, pues es uno de los más demorados en su implementación, por lo que se reunirán con autoridades y líderes indígenas "para conversar sobre su importante papel en la construcción de la paz" y también con víctimas y jóvenes comprometidos con ese proceso.En los casi ocho años transcurridos desde la firma del acuerdo, de las 578 disposiciones contenidas en él, 181 han sido completadas (menos de un tercio) y casi la mitad están en estado de implementación mínimo o no iniciado.Precisamente son el capítulo étnico -y el de género- los que tienen más retrasos, pues el 74 % de sus disposiciones llevan un avance mínimo o ni siquiera han empezado a implementarse, según el último informe de seguimiento del Instituto Kroc."Confiamos en que el 2024 será el año de la implementación del Acuerdo Final de Paz, y esta visita es un aliento de la comunidad internacional para que Colombia renueve sus compromisos y muestre al mundo su determinación en la construcción de la paz", añadió Ruiz Massieu, quien es también jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Hacia la "paz total" La visita de los miembros del Consejo de Seguridad, compuesto actualmente por EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia, China, Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona y Suiza, se produce también dos días después del anuncio de la extensión por 180 días del cese al fuego bilateral del Gobierno con el ELN.Se trata de una prórroga del ya de por sí cese al fuego más largo que se ha pactado con esta guerrilla, que comenzó el 3 de agosto, y que ahora además incluirá la decisión unilateral del ELN de suspender las "retenciones con fines económicos", como llama la guerrilla a los secuestros.Este cese al fuego se une al que también hay en pie con el EMC, que comenzó el 16 de octubre y fue también prorrogado por tres meses hasta el 16 de abril.La ONU, a través de la Misión de Verificación, actúa de mediadora y verificadora del cese al fuego en los dos procesos, que han tenido sus altibajos, pero que han conseguido hitos como el compromiso de ambos grupos de renunciar a los secuestros y que se ha traducido en una aparente disminución de algunas formas de violencia.Esta tercera visita del Consejo de Seguridad a Colombia, tras las de mayo de 2017 y julio de 2019, es, según el Gobierno, un reconocimiento al compromiso con la paz y una muestra del apoyo de la comunidad internacional "para superar las violencias por vías pacíficas y democráticas".
El Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este lunes un acuerdo para crear un "fondo multidonante para el proceso de paz" en la clausura del sexto ciclo de negociaciones, celebrado en La Habana.Las partes anunciaron este acuerdo un día después de que ambas pactaran ampliar por otros seis meses el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, a escasos minutos de que concluyera el plazo. El cese entró en vigor el 3 de agosto de 2023 y la semana pasada se prorrogó por siete días.En el sexto ciclo, que comenzó el 22 de enero, se alcanzaron asimismo acuerdos sobre el diseño de la participación de la sociedad civil y sobre las comunicaciones de la mesa.Sobre este tema, el jefe negociador de la guerrilla, alias ‘Pablo Beltrán’, agregó que es “para soportar el conjunto de la implementación de los acuerdos”. Añadió que ya no solo están presentes los países garantes y acompañantes, pues “es un fondo que está abierto a que otros donantes ayuden”.“Con eso contamos con un reto, el buen uso de los recursos porque desgraciadamente en gobiernos anteriores estos fondos de la paz también han sido objeto de alta corrupción”, indicó.¿El Estado podría financiar al ELN si dejan los secuestros extorsivos?En diálogo con Blu Radio, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, señaló que, de cumplirse el acuerdo de no más secuestros, el Estado sí podría llegar a financiar al ELN, pero no en sus actividades sino como un actor político en medio del proceso que se adelanta para ponerle fin al conflicto armado en el país. Sin embargo, recalcó que ni el Gobierno ni la comunidad internacional pueden financiar “una tregua a una organización si no se avizora el fin del conflicto, es decir, la voluntad no solamente verbal sino real, de que están en un proceso de finalizar” esta guerra.
El acuerdo se conoció horas después de que se pospusiese la clausura del sexto ciclo de diálogos de paz, prevista inicialmente para este lunes en La Habana, y que debía servir de cierre de esta tanda de negociaciones, que se desarrollaba en Cuba desde el pasado 22 de enero.El ELN se comprometió a suspender los secuestros extorsivos por un periodo de seis meses. Esta decisión, anunciada en un comunicado conjunto de las delegaciones del Gobierno y el ELN, marca una prórroga del cese al fuego bilateral y nacional, que inicia el 6 de enero y se extiende hasta el 3 de agosto.En la comunicación se habla de que el ELN se comprometió a suspender las "retenciones de carácter económico", comúnmente conocidas como secuestros extorsivos.Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo guerrillero, había mencionado la posibilidad de suspender los secuestros y había abordado también temas críticos como la financiación de la guerrilla y su actividad política.Se informó que los avances de este acuerdo serán evaluados en el séptimo ciclo de conversaciones en abril. Aunque no se abordaron otros asuntos clave en el texto firmado, estos serán probablemente discutidos en la clausura del ciclo.Cese el fuego extendido por seis mesesLa prórroga del cese al fuego era el punto fundamental de las negociaciones de paz en Cuba. Ambas partes pusieron por escrito al término del quinto ciclo, celebrado en México, que tenían la "voluntad" de mantenerlo, pese a sus diferencias en cuanto a los detalles.El ELN pedía "garantías" de que el cese al fuego cumpliera "su función principal", que desde su punto de vista es mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.El Gobierno, por su parte, quería ampliar los términos y el conjunto de acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades, en referencia, especialmente, a las retenciones económicas o secuestros.El cese al fuego se limitaba hasta ahora a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".El cese al fuego, que entró en vigor el 3 de agosto, había supuesto una reducción general de la violencia en Colombia, aunque tuvo altibajos que generan incertidumbre sobre el conjunto del proceso de paz, como el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.Le podría interesar:
El Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este lunes un acuerdo para prorrogar seis meses más el actual cese al fuego bilateral, nacional y temporal, a minutos de que concluyesen el que habían pactado por seis meses y prolongado siete días más la semana pasada.El acuerdo destaca que el ELN se compromete además durante ese período de tregua a "suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico", una decisión inédita de la guerrilla."El avance de este compromiso está articulado al progreso del conjunto de los acuerdos y a la resolución de los factores críticos que afectan" el cese al fuego, subraya el compromiso entre las partes.El acuerdo se conoció horas después de que se pospusiese la clausura del sexto ciclo de diálogos de paz, prevista inicialmente para este lunes en La Habana, y que debía servir de cierre de esta tanda de negociaciones, que se desarrollaba en Cuba desde el pasado 22 de enero.En el texto firmado por las dos delegaciones no se abordan los avances en otros asuntos clave que se han negociado en estas últimas dos semanas en la capital cubana, como la participación de la sociedad civil o las zonas críticas.Estos asuntos se abordarán probablemente en la clausura del ciclo, retrasada hasta este martes a las 10.00 hora local (16.00 GMT). Por el momento no se ha dado a conocer quiénes participarán en este acto en nombre de las partes ni qué otros acuerdos se han alcanzado.La prórroga del cese al fuego era el punto fundamental de las negociaciones de paz en Cuba. Ambas partes pusieron por escrito al término del quinto ciclo, celebrado en México, que tenían la "voluntad" de mantenerlo, pese a sus diferencias en cuanto a los detalles.El ELN pedía "garantías" de que el cese al fuego cumpliera "su función principal", que desde su punto de vista es mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.El Gobierno colombiano, por su parte, quería ampliar los términos y el conjunto de acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades, en referencia, especialmente, a las retenciones económicas o secuestros.El cese al fuego se limitaba hasta ahora a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".El cese al fuego, que entró en vigor el 3 de agosto, había supuesto una reducción general de la violencia en Colombia, aunque tuvo altibajos que generan incertidumbre sobre el conjunto del proceso de paz, como el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ONU DDHH) en Colombia se refirió a algunos hechos de violencia que se han registrado en el departamento del Cauca, uno de estos casos es el del homicidio de un menor de edad.Es el caso del menor Raúl Tenorio Mestizo, quien era un comunero del Pueblo Nasa de Toribio, en el Cauca."Expresamos profunda preocupación por las continuas vulneraciones de los derechos más fundamentales de niñas y niños por parte de actores armados no estatales en el departamento del Cauca”, señaló la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.Por otro lado, desde la ONU, hicieron un llamado para que sean liberados José Adelmo Chocue Tombe, quien es coordinador de la escuela de guardias indígenas de su resguardo, en Caldono Cauca, y María Eugenia Caviche, quien es comunera Nasa.“Fueron sacados de su vivienda por personas armadas en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo en Caldono. Reiteramos a los actores armados en el Cauca que la desaparición de personas civiles y/o protegidas es una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Reiteramos exigencia de respeto del DIH y de los Derechos Humanos”, señalaron desde Naciones Unidas.