La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medidas preventivas y suspendió la actividad de fundición a tres empresas ubicadas en la vereda La Chacua, en el municipio de Soacha. La suspensión se dio después de que la autoridad ambiental evidenciara presuntas infracciones a la normativa ambiental relacionadas con la contaminación del aire y la operación de hornos sin los permisos requeridos.De acuerdo con la autoridad ambiental, durante una visita técnica se evidenció que las tres empresas operaban hornos sin contar con permisos de emisiones atmosféricas, situación que estaría generando afectaciones tanto al recurso aire como al suelo. Además, las empresas no suministraron información sobre su capacidad diaria de fundición, datos importantes para determinar el tipo de autorización ambiental que deben tramitar.El director de la regional Soacha de la CAR, César Augusto Rico Mayorga, señaló que “la afectación principal y directa es al recurso aire, al no cumplir con los parámetros ambientales. La medida tiene como objetivo la suspensión inmediata”. Es decir, las actividades de las empresas deberán permanecer detenidas mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.En una de las empresas, la CAR encontró que el horno no cuenta con chimenea ni con un sistema de control de emisiones que permita reducir las concentraciones de material particulado ni de los gases generados durante la combustión, lo que representa un riesgo directo para la calidad del aire del municipio.En otra de las fundidoras sancionadas, el humo producto de la combustión era conducido hacia un sistema de control artesanal, que funciona mediante un aumento del caudal de la emisión por un dispositivo tipo ciclón. Según el informe técnico, este sistema presenta una velocidad menor en su parte central, lo que provoca el sedimento del material particulado y permite la salida de las emisiones por la parte superior, a través de una chimenea igualmente artesanal, construida con tambores metálicos usados que presentan fisuras.En el caso de la tercera empresa, la CAR estableció que estaba operando hornos sin demostrar cumplimiento normativo. La fundidora no presentó resultados que permitieran verificar la calidad del aceite usado que consumía, no acreditó su capacidad de producción, no contaba con permiso de emisiones atmosféricas, incumplió las mediciones obligatorias de contaminantes y presentó un manejo inadecuado de residuos peligrosos.Aunque las empresas no entregaron información técnica sobre sus procesos, la Corporación presume que la capacidad de los hornos estaría entre dos y tres toneladas diarias por cada fundidora, lo que implica, según la normativa vigente, la obligación de contar con permiso de emisiones atmosféricas. El informe técnico también advierte que ninguna de las compañías cuenta con registro como generador de residuos peligrosos.Finalmente, la CAR advirtió que el incumplimiento de la medida preventiva impuesta será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, dentro de los procesos sancionatorios que se adelanten por estas presuntas infracciones.
La emergencia por lluvias en el Urabá antioqueño está poniendo a prueba el traslado de pacientes vía terrestre. Con vías inundadas, derrumbes y municipios incomunicados, la Secretaría de Salud de Antioquia decretó alerta naranja y activó un plan especial para garantizar la atención médica, también ante las dificultades de transitar por las inundaciones.La secretaria de esa dependencia, Marta Cecilia Ramírez, explicó que el mayor reto ha sido el colapso de las vías, lo que ha obligado a coordinar cambios de ambulancia en carretera, habilitar trayectos alternos y, en los casos más complejos, gestionar evacuaciones aéreas. De hecho, algunos pacientes han sido trasladados en helicóptero desde zonas donde el acceso terrestre es imposible.Ramírez indicó que las remisiones se han realizado hacia Montería, Medellín y otros municipios con capacidad hospitalaria, de acuerdo con información del DAGRAN y el Puesto de Mando Unificado."Con el proyecto Contigo, que es el de Telesalud, hemos acompañado mucho a los médicos en el territorio para que resuelvan allí y no tengan que trasladar a los pacientes. Pero aquellos que se han trasladado, a veces hay que hacer transbordos de ambulancias, hay que buscar vías alternas. Hemos tenido que sacar pacientes en helicóptero de los sitios donde se puede, o sea, ha habido que hacer una logística donde haya afectación de las vías, pues, como lo he dicho ya, ha habido que buscar circulación alterna", detalló.Aunque no se registran lesionados directos por las emergencias invernales, el riesgo sanitario crece por enfermedades respiratorias, diarreicas, proliferación de vectores y accidentes ofídicos, en medio de las más de 9.000 familias damnificadas y varias instaladas en albergues.Ramírez aseguró que no hay suspensión de servicios hospitalarios, pese a afectaciones como la inundación recurrente del hospital de Murindó y daños menores en la sala de partos de San Pedro de Urabá. También se analiza la posibilidad de implementar ambulancia acuática para municipios con acceso fluvial."No ha habido suspensión de servicios. La afectación, como siempre, Murindo, que es un hospital que se inunda. Murindó, como municipio, tiene una orden de traslado que se viene trabajando desde hace varios años, que hay que concertar con la comunidad. Ese hospital siempre se inunda. Sus planes de contingencia ya están adaptados para eso, pero vamos a mirar cómo se le ayuda. Ha dispuesto el gobernador realmente en esta emergencia, que miremos la posibilidad de tener desde la Gobernación, ambulancia acuática que le pueda prestar servicio a todos estos territorios cuando haya dificultades", expuso la secretaria. Finalmente, la secretaria reiteró que la alerta naranja, que fue decretada en las últimas horas, mantiene activa a toda la red hospitalaria para "responder de manera integral a la emergencia".
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Édison Javier Castillo Cortés y Franklin Daniel Angulo Cortés, señalados de integrar la autodenominada columna móvil Mariscal Sucre, estructura de las disidencias de las Farc que delinque en el municipio de Barbacoas, Nariño.De acuerdo con la investigación, Castillo Cortés habría ejercido como cabecilla de una comisión urbana desde octubre de 2024, rindiendo cuentas a ‘alias Cortés’ y, luego de que este fuera capturado, empezó a rendirle cuentas a ‘alias Yoli’. Mientras tanto, Angulo Cortés estaba encargado de realizar labores de inteligencia. La fiscal del caso explicó los roles de estos dos hombres. “En el desarrollo de las labores investigativas, se pudo establecer que el señor Édison es conocido con el alias de ‘Cuello tortuga’, justamente por la cicatriz que presenta a la altura del cuello. El señor Franklin Daniel es conocido con el alias de ‘Doble A’, quien era el encargado de realizar labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, para que otros integrantes de esta organización criminal pudieran adelantar homicidios selectivos”, indicó.Las investigaciones revelan que la organización estaría conformada por cerca de 150 personas y que ejercía control territorial mediante intimidaciones, extorsiones al comercio y acciones armadas con armas de corto y largo alcance. A los procesados se les atribuye su posible participación en homicidios, secuestros, torturas y exigencias económicas a contratistas y comerciantes de la región.Entre los hechos investigados figura un crimen ocurrido en marzo de 2025, así como la retención ilegal de personas y presiones económicas a comerciantes para permitirles desarrollar sus actividades.Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura, extorsión y secuestro.Los procesados no aceptaron los cargos y un juez los envió a la cárcel, mientras avanzan las investigaciones para desarticular esta estructura criminal.
Un episodio alarmante sacudió a los aficionados en el estadio durante un partido de fútbol, dejando a todos los asistentes impresionados.Un jugador se desplomó en pleno campo y sufrió convulsiones, lo que obligó a detener el encuentro y movilizar de inmediato al cuerpo médico. La escena generó gran preocupación entre compañeros, rivales y espectadores, que asistieron impotentes mientras se brindaba atención de urgencia.Se trata de Alexandre, futbolista de Sampaio Corrêa, quien cayó a los ocho minutos del primer tiempo mientras disputaba un balón por el sector derecho de la cancha. El árbitro detuvo el juego y el jugador fue inmovilizado y retirado en camilla, siendo trasladado en ambulancia a un hospital cercano. El partido permaneció detenido casi 20 minutos y se reanudó solo a los 27 minutos, aunque la atención de todos seguía centrada en su estado de salud.Este es el videoMomento em que o jogador Alexandre, do Sampaio Corrêa, cai em campo com convulsões. Jogo contra o Flamengo pelo campeonato Carioca 2026. Melhoras e plena recuperação para ele. pic.twitter.com/UyhHlHsiPj— MArc Kevinho. (@MPz1963) February 8, 2026 Horas más tarde, el club informó que Alexandre fue sometido a una serie de exámenes médicos que descartaron lesiones cardiológicas y neurológicas. A pesar de la tranquilidad que esto generó, el jugador permanecerá en observación al menos 24 horas, a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.Este episodio revive la historia reciente del futbolista, quien en enero de 2024 sufrió un grave accidente de motocicleta que casi lo dejó tetrapléjico. Tras un largo proceso de recuperación, logró regresar a las canchas un año después, experiencia que él mismo había relatado en entrevistas con medios brasileños.En lo deportivo, el equipo del jugador cerró la fase de grupos en el último lugar y deberá disputar un cuadrangular por la permanencia, mientras que su rival avanzó a los cuartos de final del torneo. Este incidente recuerda que, aunque el fútbol sea espectáculo y emoción, la salud de los jugadores siempre debe ser la prioridad.
Vivir en un conjunto residencial implica que se establezcan acuerdos de convivencia entre los copropietarios y habitantes de la propiedad horizontal y, ante ello, siempre existe un tema sensible que despierta disputas: los parqueaderos. Lo que para muchos parece una acción normal, como usar de forma permanente un espacio para visitantes, en realidad tiene límites claros desde el punto de vista legal.Según lo confirmado por el Ministerio de Vivienda, al precisar cómo debe aplicarse la Ley 675 de 2001 en la propiedad horizontal, la intención es unificar criterios y frenar conflictos entre residentes y administraciones, especialmente por el uso indebido de zonas comunes. Ante eso, los residentes no pueden usar cualquier parqueadero, aunque este se encuentre desocupado.Ley 675 de 2001 define uso de parqueaderosDe acuerdo con el concepto técnico del Ministerio, los parqueaderos hacen parte de los bienes comunes cuando así lo establece el reglamento de propiedad horizontal. Estos espacios pertenecen a todos los copropietarios y su finalidad es garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de la copropiedad.De esta manera, su manejo no puede ser arbitrario ni definido de forma informal. Cualquier cambio en su uso debe estar respaldado por la ley y por decisiones adoptadas en asamblea general. Esto busca evitar interpretaciones erróneas que terminan generando roces entre vecinos o sanciones innecesarias.Parqueaderos de visitantes no son de uso exclusivoUno de los puntos que más genera debate tiene que ver con el uso de los parqueaderos destinados a visitantes. El Ministerio señaló que estos espacios no pueden asignarse como exclusivos para un residente, incluso si no están siendo utilizados de manera permanente.El motivo es sencillo: su función es permitir el acceso temporal de terceros a la copropiedad. Por eso, deben conservar su carácter comunitario. En la práctica, esto significa que:No pueden ser apropiados por un solo copropietario.No deben arrendarse sin autorización de la asamblea.No pueden destinarse a un uso distinto al aprobado en el reglamento.Reglamentos internos sí pueden establecer reglasEn contraste, los parqueaderos asignados a residentes sí pueden ser de uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo y respete las normas urbanísticas. Adicionalmente, las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los bienes comunes.Estos documentos pueden establecer:Horarios y condiciones de acceso.Restricciones de uso.Sanciones por incumplimiento.Cobros o aprovechamiento económico, siempre con aval de la asamblea.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La extinta guerrilla de las Farc en el año 2020 envió una carta a la JEP atribuyéndose el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Algunos exguerrilleros que hicieron parte del antiguo secretariado han asistido ante la jurisdicción para entregar su versión sobre el caso, pero los familiares de Gómez Hurtado consideran que los aportes no son novedosos, no han ayudado al esclarecimiento de la verdad y por el contrario sienten que han entorpecido las investigaciones.La Sala de Reconocimiento de la JEP le dio a las víctimas un plazo para que expliquen si consideran que el tribunal debería o no asumir el caso, pues ya culminó la etapa de práctica de pruebas dentro del proceso de aporte temprano a la verdad del antiguo secretariado.En un documento de 14 páginas los familiares de Gómez Hurtado se refirieron al caso, primero, asegurando que la JEP no ha tenido en cuenta la información que reposa en un informe entregado a la jurisdicción sobre el magnicidio."Si se desconoce la visión de las víctimas sobre este hecho, que se soportó con un informe con los requisitos debidos, solo queda por decir, que la participación de los agraviados es decorativa e instrumental. Por eso, se vuelve a reiterar que el desconocimiento del informe, junto con la falta de su análisis y contrastación por lo dicho por los victimarios, hace que el despacho ignore de manera tajante la versión sustentada con pruebas de las víctimas sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, que se condensa en ese informe", señalan los familiares en el documento.Posteriormente se empiezan a referir a las versiones entregadas por los excomandantes de la guerrilla, la del senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y también la de la fallecida senadora Piedad Córdoba. Para los familiares del líder conservador no hubo aportes de documentación, pruebas, informes u otros material probatorio que permita ir más allá de la adjudicación del crimen."Para poder darle credibilidad a una versión de esta magnitud, lo mínimo que puede hacerse es aportar pruebas contundentes que, a su vez, también logren desvirtuar 25 años de investigaciones, pruebas y testimonios de grandes narcotraficantes y paramilitares que, con alto grado de detalle, señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se llevó el iter criminis en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cosa que no sucedió con las diligencias de los miembros del secretariado de las Farc ante la JEP en este caso", señala el documento.Sobre la versión de Carlos Antonio Lozada explican que maneja un discurso ambiguo, con apreciaciones subjetivas y señalando que la única justificación que tuvieron para cometer el crimen fue un debate en el congreso en 1960, además, Lozada no habría tenido participación directa en los hechos, según su relato. Cuestionan además el hecho de que las Farc no se hayan atribuido el magnicidio una vez sucedió, ya que se suponía que Gómez era un "objetivo de alto valor militar"."Resulta inverosímil concebir que después de tanto tiempo transcurrido entre el debate del congreso, el homicidio de AGH y la reivindicación del hecho el pasado octubre de 2020 se valide esta hipótesis carente de cualquier soporte probatorio en contravía de todas las pruebas que la Justicia Ordinaria ya ha practicado y que reiteran la autoría de narcotraficantes con participación de altos miembros de la administración de Ernesto Samper como fuera reconocido por la Fiscalía General de la Nación al declarar el magnicidio que nos ocupa como crimen de lesa humanidad", cuestionan los familiares.Por último, consideran que el desconocimiento de detalles de la operación por parte del antiguo secretariado, la ausencia de detalles sobre las fuentes de inteligencia y la condición de fallecidos de todos los supuestos responsables no permite considerar como verosímil la hipótesis planteada por la extinta guerrilla de las Farc. También, cuestionaron a la JEP porque los familiares de Gómez Hurtado han solicitado a la Sala de Reconocimiento la práctica de algunas pruebas, que han sido negadas, como el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por lo que reclaman que les han restringido su participación.“El factor material de competencia no está plenamente demostrado, pero que tampoco se ciñe alguna inferencia razonable de autoría o participación en cabeza de la red urbana Antonio Nariño de las Farc, no se dan los requisitos referentes a la competencia material para que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma la competencia en el presente asunto. Frente a la responsabilidad de Ernesto Samper si existe por el contrario una inferencia razonable de autoría o participación como se documenta en el informe. Sin embargo, la JEP se encuentra imposibilitada para investigar a los expresidentes, razón por la cual tampoco podría asumir conocimiento en la presente causa”, señala el documento.Ante esta situación los familiares de Álvaro Gómez le piden a la JEP que se abstenga de asumir competencia en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, también le piden a la jurisdicción abrir un incidente de incumplimiento para evaluar si se sanciona, o no, a algunos miembros del antiguo secretariado que podrían estar incumpliendo su deber de aportar verdad plena. Por último, solicitan que se devuelvan las diligencias a la Fiscalía.
A 10 años de implementación del programa de participación y reparación colectiva de las víctimas de conflicto armado en Colombia, la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) entregaron un balance de lo que se ha logrado en este tiempo de acompañamiento a este grupos de personas.Informaron que se han implementado 43 proyectos que tienen que ver con reparación colectiva, 28 con sistema de paz y 16 de género, pero solo van 2 de desaparición forzada relacionadas con mesa nacional de víctimas.Marco Romero, director de Codhes, resaltó que el objetivo de este programa es entregar herramientas a las víctimas para que puedan exigir sus derechos."Este programa ayudó a que las víctimas pudieran presentar informes a la Comisión de la Verdad, a la JEP, que pudieran defender un estatuto de participación en el momento en que se implementará el acuerdo de paz, a que pudieran exigir reparación colectiva", dijo el director de Codhes.Este programa se ha implementado en 18 municipios del país. Adonay Rincón, coordinadora de la mesa de víctimas en el sur de Tolima, contó que el acompañamiento ha sido permanente durante estos 10 años y ha servido para superar la estigmatización que tiene esa región del país.“A raíz de estos programas que ellos formaron, nos capacitaron en derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de la mujer, de la población LGBTIQ+, hemos hecho el trabajo de visibilización porque pasaban cosas y no se sabía, nos enseñaron hacer tutelas y para qué sirve", dijo Adonay Rincón, coordinadora de la mesa de víctimas.Más del 75 % de los proyectos han sido ejecutados en el territorio nacional y el 20 % promovieron procesos de reparación colectiva que significa el derecho fundamental de un pueblo o grupos frente a la violación de derechos colectivos. Más de 1 millón de dólares se han dado para regiones complejas como Buenaventura, Nariño, Chocó, Montes de María y Tolima.
La delegada del Gobierno colombiano en las negociaciones con el ELN, Vera Grabe, se mostró este martes confiada en que los diálogos en La Habana sirvan también para "pensar el horizonte" de la guerrilla "en paz".En unas declaraciones difundidas a los medios con motivo de la instalación formal de la mesa del sexto ciclo de diálogos de paz en la capital cubana, Grabe abogó también por un "diálogo franco" y por mantener y profundizar en lo acordado en las cinco rondas de negociación previas."Esperamos no solamente mantener lo acordado sino profundizarlo", señaló Grabe, que dijo que la cita, que se prolongará por más de dos semanas contribuya asimismo "a pensar el horizonte del ELN en la paz".Los temas en los que se va a trabajar, agregó, "tienen que ver con el cese al fuego, la misión de verificación, la prórroga del cese al fuego, el desarrollo de las zonas críticas, el fortalecimiento de los procesos de participación, de atención a temas humanitarios como las cárceles y las zonas donde se afecta a la población por el conflicto armado"."Esperamos que, en un diálogo franco, en buscar puntos de acuerdo, avancemos en este sentido y avancemos así en el proceso de paz", concluyó Grabe.Sus declaraciones se difundieron poco después de que el alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, anunciase que ya hay un acuerdo para prolongar otros seis meses el cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el ELN, que acababa inicialmente el 29 de enero y era el principal punto de las conversaciones en La Habana."Ya hay un acuerdo, falta que ahora el Gobierno emita el decreto y que ellos (el ELN) den la orden del cese al fuego", dijo Patiño en declaraciones a EFE en Tumaco, en el Pacífico colombiano, adonde se trasladó esta semana el gabinete del presidente colombiano, Gustavo Petro.Fuentes del ELN, por su parte, matizaron a EFE que "hay un acuerdo sobre la posible extensión del cese", por lo que todavía no es una decisión firme, ya que las dos partes instalaron hoy mismo en La Habana con una sesión plenaria el sexto ciclo de diálogos de paz.En México, en el quinto ciclo, ya se acordó la creación de condiciones para la prórroga, pero ahora sobre la mesa las partes tienen que definir los detalles, las condiciones e incluso la duración.La prórroga del cese al fuego supondrá la extensión del mayor cese al fuego acordado entre el Gobierno y la última guerrilla de Latinoamérica, que entró en vigor el 3 de agosto de 2023.En estos seis primeros meses, el cese al fuego ha resultado en una reducción de la violencia pero ha tenido altibajos, sobre todo cuando se conoció el secuestro por parte de la guerrilla de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.Las partes llegaban a La Habana con la voluntad de renovarlo, pero con condiciones: el ELN pedía "garantías" de que el cese cumpliera "su función principal", que era mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil, mientras que el Gobierno quería ampliar los términos y lo que implicaba el cese de hostilidades.El actual cese al fuego se limita a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".
El pasado 31 de diciembre, de 2023, se desarrolló una operación del Ejército en Roberto Payán, Nariño, en contra de la Segunda Marquetalia, grupo disidente al mando de alias 'Iván Márquez'. Luego del operativo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó la muerte de alias 'Allende', cabecilla de la Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño.Sin embargo, este lunes, 22 de enero, se conoció que alias 'Allende' grabó un vídeo en el que se refería a dicho operativo, con fecha del 2024. Lo que ha explicado el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, es que, según información de inteligencia, este hombre estaba en la zona."De acuerdo a información suministrada por diferentes agencias de inteligencia, este sujeto se encontraba en la zona en donde se desarrolló la operación militar, amedrentando a la población civil y haciendo un control delictivo de las economías ilícitas”, señaló Giraldo.Lo que habría sucedido es que las autoridades no lograron entrar a la zona a realizar la inspección del cuerpo de un disidente, que murió durante los combate, y que la información de inteligencia daba cuenta de que la persona fallecida era alias 'Allende'."Durante el desarrollo de esta operación militar varias personas vestidas de civil, al parecer integrantes de este grupo armado organizado, irrumpieron en la zona para impedir que se adelantaran los actos urgentes y los procedimientos judiciales que permitieran la identificación de este sujeto muerto en desarrollo de la operación militar", explicó Giraldo.¿Cómo fue el operativo en el que "murió" alias 'Allende?Fue en diciembre de 2023 cuando el Ejército Nacional llegó hasta el departamento de Nariño luego de que información de inteligencia informara la ubicación de alias 'Allende'. Tras un intercambio de disparos había "caído" el máximo cabecilla del frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, según dijeron autoridades en ese momento."Hoy 31 de diciembre de 2023, las Fuerzas Militares, en desarrollo de una operación conjunta, coordinada e interinstitucional con el Ejército, la Armada, la FAC y la Policía, sostuvieron un fuerte combate contra criminales de la estructura Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia de las Disidencias de la Farc, en la vereda Yayaral - Guañambi, zona rural de Roberto Payan, Nariño", informó ese día el Ejército.
Cuba expresó este lunes su deseo de que el sexto ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), recién iniciado en La Habana, logre "nuevos avances" para el proceso pacificador en el país suramericano."Esperamos que el Sexto Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre las Delegaciones del Gobierno de Colombia y del ELN, iniciado hoy en La Habana, propicie nuevos avances en el camino del hermano pueblo colombiano hacia la Paz, lo que Cuba seguirá apoyando", escribió en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.Este ciclo -el segundo de estas negociaciones que acoge la capital cubana- tiene el objetivo principal de renovar el cese al fuego bilateral. El cese, el más largo firmado entre las partes hasta la fecha, comenzó el 3 de agosto y finaliza en principio este 29 de enero, en medio de este nuevo ciclo previsto inicialmente hasta el 6 de febrero.Las delegaciones iniciaron esta mañana una serie de reuniones preparatorias, con el fin de ventilar algunas cuestiones preliminares, en tanto que la instalación formal de la mesa de diálogos en formato de plenaria podría retrasarse hasta este martes, según informaron a EFE fuentes de la negociación.El Gobierno colombiano aspira a prolongar el cese al fuego y ampliar el tipo de acciones prohibidas. El ELN, por su parte, afirmó que busca además garantías de que esa medida contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población civil en las regiones más afectadas por el conflicto.En el centro de este debate estarán los secuestros, un método de financiación para el ELN, especialmente después del que sufrió Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, un hecho que ha generado dudas en la sociedad colombiana sobre el cese al fuego y las negociaciones.Pero el Gobierno colombiano está apuntando en los diálogos hacia la dejación de las armas, como indicó el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, en una entrevista con EFE al vincular la renovación del cese al fuego con la voluntad del ELN de "abandonar la violencia de manera definitiva".Fuentes de la guerrilla, por su parte, subrayaron a EFE que el fin del conflicto está ligado a "la democratización del país" y a varias "transformaciones" pactadas en la agenda inicial común, algo que a su juicio se debe lograr con la participación de la sociedad civil.Las negociaciones de paz entre la administración del presidente Petro y el ELN comenzaron en 2022 en Venezuela, tras permanecer cuatro años paralizadas, durante la presidencia de Iván Duque en Colombia (2018-2022).Cuba -uno de los países garantes del proceso de paz- acogió entre mayo y junio del año pasado el tercer ciclo de encuentros luego de los celebrados en Venezuela y México, en 2022. Los siguientes ciclos de la Mesa de Diálogos retornaron a Caracas y Ciudad de México.El Gobierno de La Habana ha expresado reiteradamente su "invariable compromiso" con la paz en Colombia.Le puede interesar
El Gobierno colombiano y el ELN se reunirán una vez más en una nueva ronda de negociaciones que comienza este lunes en La Habana. Este escenario fue testigo de la concreción del cese al fuego bilateral más prolongado firmado entre ambas partes y es ahora el mismo lugar donde deberán discutir su extensión.El investigador en conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla habló en Sala de Prensa de Blu Radio y analizó cómo avanzan las negociaciones de paz con el ELN. Además, se refirió a lo que se puede esperar en este nuevo ciclo.“Bueno, pues en este ciclo que arranca en La Habana se va a tocar dos aspectos principales que tienen que ver, en primer lugar, con la continuidad del tema de la partida y la creación de una red nacional de participación para el proceso de paz. Esto es como una suerte de proselitismo. En segundo lugar, creo que el tema grueso y más complicado es el tema de la financiación del ELN, Lo que Antonio García ha puesto sobre la mesa como una suerte de condición o de exigencia para poder dar continuidad con el cese al fuego y para que ellos cumplan lo que se comprometieron de suspender los secuestros o las retenciones con fines económicos como ellos lo llaman”.Mantilla se refirió al pedido del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro para que cese las hostilidades en contra de la población civil colombiana y eso implica no llevar a cabo prácticas como el secuestro.Finalmente, habló del Mecanismo de verificación y lo que, según él, es un punto en el que la ciudadanía tiene más dudas en estos diálogos con la guerrilla del ELN.“Creo que ese es un reto enorme que golpea directamente la confianza que tiene la ciudadanía, la paz total y la legitimidad de los procesos de paz. En los mecanismos de verificación yo creo que se requiere que haya una mayor claridad de su composición, como también una instancia que se le pueda comunicar a la ciudadanía, que es lo que se ha encontrado para esclarecer estos hechos. De momento, pues, si bien es muy claro que se han reducido y que se ha cumplido de alguna manera por parte de los grupos, el tema de cesar las acciones ofensivas contra la fuerza pública no ha sido así”, concluyó.El vigente cese al fuego bilateral, inició el 3 de agosto y llega a su fin el 29 de enero. Por esta razón, ambas delegaciones encaran este sexto ciclo de diálogos con la intención de renovar el acuerdo, aunque con algunas posturas opuestas.Escuche la entrevista completa acá: