Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde según el reporte oficial hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio Nancy Monje Trujillo, confirmó que tan pronto fueron alertados de la conflagración de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las cuatro y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva, las unidades de Bomberos oficiales al llegar al lugar y cuando lograron mitigar el incendio encontraron tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
La fractura en la izquierda colombiana quedó más expuesta tras la decisión de Carlos Caicedo de no participar en la consulta presidencial impulsada por sectores afines al Gobierno. En entrevista con Recap Blu, el exgobernador del Magdalena explicó que su retiro responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio, espacio que agrupa principalmente a figuras que han sido ministros, embajadores o congresistas del presidente Gustavo Petro.Caicedo intentó construir una consulta alternativa junto a Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Sin embargo, el proceso no avanzó por falta de avales y requisitos formales. Aunque él logró recoger cerca de 2,6 millones de firmas, los otros precandidatos no contaban con el respaldo necesario, lo que obligó a tomar una decisión antes del plazo legal.Las "incoherencias" para CaicedoEl exmandatario también confirmó que recibió una invitación directa del senador Iván Cepeda para sumarse al Pacto Amplio, propuesta que declinó tras una llamada ocurrida días atrás. Según Caicedo, participar en esa consulta implicaba respaldar sin matices al actual Gobierno, algo incompatible con su postura crítica. "Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores, gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores y les corresponde hacer una defensa a ultranza del Gobierno (...) Se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobernistas y son hoy inclusive los portavoces del propio Gobierno", afirmó.En sus declaraciones, Caicedo fue más allá y cuestionó alianzas recientes del Gobierno en escenarios regionales, particularmente en el Magdalena, donde denunció acuerdos con sectores tradicionales como Cambio Radical y el Centro Democrático. Para él, estas decisiones contradicen el discurso progresista del Ejecutivo y explican por qué muchas reformas no han avanzado. "El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio para que fuera posible necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles”, sostuvo, al tiempo que criticó el centralismo del Gobierno y la falta de resultados concretos en las regiones.Finalmente, Caicedo defendió su propuesta como la de una “izquierda diferente”, enfocada más en resultados que en discursos. Aseguró que, aunque valora algunos logros del actual Gobierno, Colombia no puede quedarse en lo que llamó “una transición inconclusa”. Por eso, reiteró que seguirá adelante con su candidatura presidencial, abierto a eventuales coincidencias programáticas con otros sectores, pero firme en su decisión de no “maquillar errores ni legitimar falsas unidades” dentro de la izquierda.
A partir de 2026, el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más importantes para la formación de posgrado de colombianos en el exterior. Así lo confirmó la propia fundación a través de un comunicado oficial y mensajes publicados en sus redes sociales, en los que aclaró que la promoción 2025 será la última en recibir recursos públicos.La decisión marca el cierre de una alianza que se mantuvo durante dos décadas ininterrumpidas y que permitió que miles de colombianos accedieran a estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en todo el mundo, con el compromiso de regresar al país y aportar al desarrollo nacional.En su comunicado, Colfuturo explicó que, aunque el convenio con el Estado llega a su fin, la organización continuará operando de manera independiente y ya trabaja en un rediseño del programa para garantizar su sostenibilidad financiera a partir de 2026. Sin embargo, no será hasta los primeros meses del próximo año que se anuncie cómo funcionará el programa.El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como el más grande de su tipo en América Latina, de acuerdo con la fundación, que registra que gracias a la cooperación entre el Estado y Colfuturo, cerca de 25.000 colombianos y colombianas pudieron adelantar estudios de posgrado en el exterior.Durante estos 20 años, el Gobierno nacional y Colfuturo comprometieron 892 millones de dólares. “El objetivo siempre fue que los beneficiarios regresaran al país para contribuir con sus conocimientos al desarrollo económico, científico y social de Colombia”, señaló Colfuturo en el documento firmado por su director, Jerónimo Castro.La finalización del convenio implica que Colfuturo no contará con recursos del Gobierno nacional para nuevas cohortes a partir de 2026. Sin embargo, la fundación fue enfática en señalar que esta decisión no afecta a los estudiantes que ya fueron seleccionados ni a quienes están próximos a iniciar sus estudios.Según explicó la organización, todas las personas beneficiarias que actualmente están estudiando o que comenzarán su posgrado mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección, y los recursos necesarios para cumplir esos compromisos están garantizados.“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional, pero Colfuturo tiene asegurados los fondos para cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos”, indicó Castro.Ante este nuevo escenario, Colfuturo anunció que desde hace varios meses trabaja en el diseño de nuevas condiciones para el Programa Crédito Beca y en la gestión de fuentes de financiación adicionales.
La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
"Inicia la hora cero, solo atención a urgencias". Con esta frase escrita en varios carteles, los trabajadores de la red hospitalaria del Atlántico empezaron un cese de actividades en la previa de Navidad, debido a la falta de pagos a pesar de la intervención que hace tres meses realizó el Gobierno nacional. "La salud no se sostiene con promesas, se sostiene con salarios. Mes trabajado, mes pagado. De vocación no comemos. ¿Y los meses viejos para cuándo?", reza otro de los carteles ubicado en el hospital de la sede de Sabanalarga, donde reclaman por lo que serían cuatro meses de pagos pendientes por los que aún no hay desembolsos efectivos. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, este cese de actividades inició en la noche de este lunes 22 de diciembre en Sabanalarga y se alista para extenderse durante a las otras sedes para el 24 de diciembre. "Enfermeras, auxiliares de enfermería del Hospital ESE Universitario del Atlántico informamos que, debido al incumplimiento de nuestros honorarios por parte de la ESE UNA y empresa temporal, iniciaremos una jornada de protesta pacífica y cese de actividades el 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca llamar la atención sobre una situación que afecta nuestra dignidad y sustento y que, a su vez, pone en riesgo la continuidad de los servicios", indicó un equipo de enfermeras en un comunicado distribuido por redes sociales. El equipo, según manifiesta, está exigiendo pagos antes del 24 de diciembre, pues consideran que este ha sido un año de atropellos ante las constantes demoras en los pagos.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno nacional se alista para reanudar la erradicación de cultivos de hoja de coca mediante aspersión con glifosato usando drones, una modalidad que, según explicó, será terrestre, focalizada y bajo estrictos controles ambientales y de seguridad.De acuerdo con Idárraga, los primeros territorios donde se implementará esta estrategia están ubicados en el departamento del Cauca. “Hay predeterminados 17 municipios en el departamento del Cauca”, señaló el ministro, tras precisar que la decisión se adoptó luego de que el comité técnico interinstitucional PCAT aprobara la aspersión terrestre con siete votos a favor de los siete asistentes.El jefe de la cartera de Justicia explicó que, una vez surtida esta aprobación, el proceso pasa a la última revisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Cuándo y dónde comenzará la aspersión con glifosatoSi ese visto bueno se otorga, el Gobierno espera que las operaciones comiencen la próxima semana. “Esperaríamos que más tarde, la próxima semana arranquemos, reitero, por el departamento del Cauca”, afirmó.Idárraga aclaró que, aunque ya se habla de 17 municipios, la definición final de los puntos específicos estará a cargo del Ejército y la Policía, debido a que estas operaciones requieren acompañamiento y control de la Fuerza Pública en terreno. “Esa operación, sea en el Cauca o en cualquier otro lugar, requiere un cubrimiento de Ejército”, indicó.Sobre la modalidad, el ministro insistió en que no se trata de aspersión aérea, como la que en el pasado se hacía con avionetas. Según explicó, los drones operan a muy baja altura y son controlados visualmente desde tierra, lo que, desde el punto de vista técnico y normativo, los clasifica como aspersión terrestre. “No es masiva, es controlada y supervisada desde tierra”, dijo.El ministro también detalló que esta estrategia será complementaria a otras acciones contra los cultivos ilícitos y no reemplazará programas como la sustitución voluntaria. En ese sentido, aseguró que la fumigación con drones se enfocará únicamente en zonas donde, según el Gobierno, los campesinos están siendo obligados por estructuras criminales a sembrar hoja de coca. “No estamos involucrando territorios de grupos étnicos ni zonas donde hay sustitución voluntaria”, afirmó.Cómo se realizará la aspersión con glifosatoEn cuanto a la seguridad, Idárraga confirmó que las operaciones estarán custodiadas por la Fuerza Pública debido a los riesgos que persisten en estas zonas. Reconoció que, aunque el uso de drones reduce la exposición directa del personal, siguen existiendo amenazas como ataques o asonadas. Por ello, insistió en que la definición de los territorios será una decisión conjunta entre Ejército y Policía.El ministro explicó además que los drones serán operados por la Policía Nacional, entidad que los adquirió desde 2018 y que cuenta con personal entrenado para su manejo. Según Idárraga, esta tecnología permite reducir la llamada “deriva”, es decir, la dispersión del químico hacia cultivos o zonas no objetivo, lo que minimiza impactos ambientales.Finalmente, indicó que aún no es posible precisar cuántas hectáreas serán intervenidas bajo esta modalidad, debido a que se trata de una estrategia focalizada y no masiva. “Cuantificar el nivel de hectáreas a las que se le va a apuntar en este momento no es determinable”, concluyó.
Autoridades en Medellín investigan un presunto caso de negligencia médica que habría provocado la muerte de una bebé de tan solo 14 meses en la capital de Antioquia. Al parecer, a la menor le negaron la atención en un servicio de urgencias y horas después falleció.Consternación en la comunidadLa comunidad en Medellín no sale del asombro y la consternación, luego de conocer la muerte de una bebé de 14 meses que fue llevada hasta un servicio de urgencias, luego de que la madre de la menor de edad evidenciara algunos quebrantos de salud que eran más notorios si se tenía en cuenta que la pequeño había nacido prematuramente.El relato de Yenifer Martínez Peñate, madre de la bebé, indica que, una vez llega a la Clínica Bolivariana, el personal médico le explica que su hija está estable y que, además, la clínica estaba colapsada por lo que le habrían indicado que lo mejor era regresar que la menor de edad a su vivienda.Le puede interesar: Murió en hospital de Medellín luego de ataque sicarial sobrino de exjefe paramilitar 'Cuco Vanoy'Sin embargo, la salud de la bebé de 14 meses continuaba empeorando con el pasar de las horas y por eso Martínez Peñate decide regresar nuevamente al centro asistencial porque la menor tenía coloración morada en algunas partes de su cuerpo, situación por la que la menor fue ingresada a reanimación donde minutos después lastimosamente falleció.Aunque se desconoce con exactitud cuáles fueron las causas de la muerte de la menor de edad, las autoridades ya comenzaron a hacer las indagaciones correspondientes para determinar si hubo negligencia médica al momento en que la bebé fue llevada por primera vez al centro asistencial y si esa acción precipitó su muerte.La familia de la pequeña de 14 meses espera el dictamen médico para poder entablar las acciones correspondientes, ya que aseguran que la menor pudo tener otro desenlace si hubiera sido atendida oportunamente por el personal médico que indicó no había capacidad para atender a la bebé que vivía en el barrio Blanquizal con su madre de 19 años.
En medio de la temporada navideña y mientras se empieza a configurar el tablero político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la senadora Clara López dejó claro que su eventual participación en la consulta del llamado Pacto Amplio dependerá de que ese mecanismo logre convocar no solo a la izquierda, sino también a sectores del centro político y corrientes liberales.A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, López señaló que “estaría dispuesta a participar en ella, siempre que dicho proceso logre convocar también a sectores del centro político, corrientes progresistas amplias, sectores liberales y a todas las fuerzas ciudadanas comprometidas con el rumbo de cambio que hoy demanda el país".López sostuvo que una eventual victoria del progresismo en 2026 exige una alianza sólida entre la izquierda democrática y el centro político, capaz de ofrecer gobernabilidad, serenidad y un proyecto de país compartido.La consulta del Pacto Amplio contempla por ahora la participación de Roy Barreras, Camilo Romero, Iván Cepeda y Daniel Quintero, aunque estos dos últimos podrían quedar por fuera del proceso, debido a su participación en la consulta realizada en octubre pasado. La última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la designación de exjefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco, Don Berna y Diego Vecino— como gestores de paz. En entrevista con Mañanas Blu, la defensora explicó las razones jurídicas y humanitarias que sustentan la acción.Según Marín, la figura de “gestores de paz” está reglamentada por la Ley de Justicia y Paz, cuyo marco normativo no coincide con la función que el Gobierno pretende otorgar a estos excombatientes. “Estas personas ya tuvieron su proceso en Justicia y Paz, ya se desmovilizaron y varios de ellos incumplieron sus compromisos”, afirmó.Riesgo para los derechos de las víctimasLa defensora advirtió que permitir nuevamente la interacción de estos exparamilitares con comunidades afectadas es una decisión que vulnera los avances logrados bajo supervisión judicial. “Aquí se desconoce completamente el marco jurídico y se pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes tampoco participan en estos procedimientos”, señaló.Además, enfatizó que la legislación previa establecía límites claros sobre el tipo de actividades que podían realizar los desmovilizados, siempre bajo vigilancia de un juez. La nueva designación, explicó, “abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios en actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial”.Falta de competencia y extralimitación presidencialUno de los puntos más sensibles de la demanda es la supuesta falta de competencia del presidente de la República para emitir la resolución que habilita estas gestorías. “No hay una norma habilitante; es decir, no es claro de dónde sale esta facultad del Presidente”, afirmó Marín, sosteniendo que existe una extralimitación de funciones por ausencia de sustento normativo.Medidas cautelares y urgencia del falloLa Defensoría solicitó al Consejo de Estado un trámite de urgencia y la suspensión provisional de la resolución mientras se toma una decisión de fondo. “Sí, pedimos la suspensión por todas estas razones”, confirmó la defensora.Nombramiento de negociadores de paz vinculados a delitos gravesEl debate no se limita al paramilitarismo. La entrevista también abordó el polémico nombramiento como negociadores de paz de cuatro integrantes del EMC, entre ellos alias Samir —buscado por el asesinato de 13 policías en Amalfi— y alias 'Danilo Alvizú', mencionado en conversaciones filtradas sobre la campaña presidencial de 2022.Frente a estos casos, Marín precisó que la ley sí permite suspensiones de órdenes de captura durante procesos de paz, pero advirtió que el Gobierno tiene la obligación de usar estas facultades con responsabilidad. “No puede usar la facultad de manera que permita una mayor expansión de los grupos que continúan delinquiendo”, dijo.La defensora destacó que, aunque los procesos de paz involucran a personas que siguen en armas, el Estado debe garantizar que las medidas no fortalezcan su capacidad criminal. “Lo que estamos viendo con este grupo y con otros muchos es su expansión territorial”, afirmó, recordando que continúan con prácticas como reclutamiento de menores, economías ilícitas y control ilegal de comunidades.Incoherencia entre la realidad y los compromisos de pazEl periodista Ricardo Ospina planteó la aparente contradicción entre el asesinato de los 13 policías en Amalfi y la posterior designación de alias Samir como negociador. Marín coincidió en que los hechos no son fáciles de explicar: “¿Realmente estamos viendo avances, o lo que vemos son hechos que son más de guerra que de paz?”, cuestionó.La defensora también se refirió al reciente anuncio de una zona de ubicación temporal para los negociadores del EMC, cuyo plazo ya venció sin resultados. Según Marín, esto evidencia nuevamente una distancia entre lo prometido y lo ejecutado: “Tenemos dos fotos: la foto del papel y la foto de la realidad”, afirmó.Sobre el acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y las disidencias, Marín destacó que uno de los puntos más relevantes es la creación de un mecanismo de monitoreo, ausente hasta ahora. “Más vale tarde que nunca, pero es fundamental porque todo esto se queda en discusiones de impresiones si no hay verificación”, subrayó.También valoró el compromiso anunciado de poner fin al reclutamiento infantil, aunque advirtió que la verificación será clave: “La pregunta es si le creemos al papel o a la realidad”, concluyó.
La presunta infiltración de las disidencias de las Farc en instituciones de seguridad colombianas con la supuesta complicidad de un general del Ejército y de un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) ha provocado la condena generalizada en el país por las implicaciones que tendría en el conflicto armado.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, minimizó la investigación periodística de Noticias Caracol, e intentó dar por zanjada la situación con el argumento de que son "supuestos informes de inteligencia" que atribuyó a la CIA y además "falsos" para "purgar" a quienes le han "ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos".Las siguientes son las claves de este escándalo:1. El origenTodo comenzó el 23 de julio de 2024 en una carretera del departamento de Antioquia, donde fueron detenidos varios miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las antiguas Farc, que se movilizaban en siete camionetas de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP).En las camionetas, los militares hallaron computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas, mientras que tres de los detenidos fueron liberados por la Fiscalía ya que sus órdenes de captura fueron suspendidas por estar en negociaciones de paz con el Gobierno.Entre ellos estaba Alexander Díaz, alias 'Calarcá', jefe del EMBF y negociador de paz.2. La informaciónNinguna autoridad se preocupó por examinar a fondo la información guardada en los dispositivos decomisados, pero sí lo hizo la unidad de investigación de Noticias Caracol, dirigida por el periodista Ricardo Calderón, ganador de numerosos premios internacionales, entre ellos dos Rey de España y el María Moors Cabot.En los correos revelados por el canal de televisión hay uno del 8 de febrero de 2024, en el que Calarcá instruye a uno de sus hombres para que se reúna con el general retirado Juan Miguel Huertas.El objetivo era crear una empresa de seguridad de fachada para que los disidentes pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente cuando fracasaran los diálogos de paz, indica el correo sobre el contacto con el general, que además les ofreció protección para sus desplazamientos, dada su cercanía con Petro.3. Disidencia de las disidenciasEl EMBF fue formado por guerrilleros de las antiguas Farc que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Gobierno el 26 de noviembre de 2016.En un principio, el EMBF conformó una disidencia mayor, llamada Estado Mayor Central (EMC), dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, pero en 2024 se escindió de ese grupo para seguir por su cuenta diálogos de paz con el Gobierno.El EMBF opera en varias partes de Colombia, entre ellas el Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño y departamentos del centro y sur del país, donde se dedica al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.4. Alias CalarcáEl jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba o solo Calarcá, un guerrillero de 43 años, 17 de ellos en las Farc, en las que hizo parte de Bloque Oriental, el más poderoso de la antigua guerrilla.Con la formación de las disidencias, se sumó al Bloque Jorge Suárez Briceño, uno de los que hacen parte del EMBF, cuya dirección plena asumió en 2022.5. General Juan Miguel HuertasEl que aparece como principal enlace con las disidencias de las Farc es un oficial del arma de artillería que, según el Ejército, "desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del gobierno nacional".Según medios locales, Huertas fue llamado a retiro por informaciones de Estados Unidos que lo relacionaban con grupos armados ilegales. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vinculó a un caso de "falsos positivos", como se conoce a las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército para ser presentados como guerrilleros muertos en combate.En 2022, se sumó con otros dos generales retirados a la campaña electoral de Petro, quien en agosto pasado lo reintegró al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército.En una carta publicada ayer, Huertas negó tener vínculos con organizaciones armadas ilegales.6. Wilmar MejíaLas comunicaciones reveladas por Noticias Caracol también mencionan a Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que, por su cercanía con Petro, fue nombrado director de Inteligencia Estratégica en la DNI, cargo que ejerce en paralelo con el de representante del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.Mejía negó también haber participado "en actividades orientadas a compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales".
El presidente Gustavo Petro, cree que la campaña de presión militar del Gobierno estadounidense que preside Donald Trump en el Caribe se centra más en conseguir acceso al petróleo venezolano que en la lucha contra el narcotráfico.En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Petro habló del aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y los ataques de la armada de este país contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico venezolano.“(El petróleo) es el meollo del asunto”, declaró Gustavo Petro, ya que Venezuela posee las consideradas mayores reservas de petróleo del mundo.“Entonces, se trata de una negociación sobre petróleo. Creo que esa es la lógica de (el presidente estadounidense, Donald Trump. No está pensando en la democratización de Venezuela y, mucho menos, en el narcotráfico”, precisó.Pedro agregó que Venezuela no es considerado un gran productor de drogas y que solo una porción relativamente pequeña del tráfico mundial de narcóticos fluye a través del país.Y dijo que “El problema del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se llama democracia… la falta de democracia”, declaró Petro a CNN, y agregó que “ninguna investigación colombiana… nos ha demostrado una relación entre el narcotráfico colombiano y Maduro”.La cadena recuerda que Petro ha estado en desacuerdo con Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En el último año, el líder colombiano ha criticado duramente las políticas migratorias del gobierno estadounidense, su apoyo a Israel y su actividad militar en Latinoamérica.Al preguntársele si tenía algún mensaje para el pueblo estadounidense, Petro respondió: "Mi mensaje es el que se da a todos los miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos: Su función, como dicen en los juramentos, es luchar contra la opresión. Lo repetí en las calles de Estados Unidos, y también me costó caro", declaró Petro.Se refería a la revocación de la visa por parte del Departamento de Estado de EE.UU. al concluir la Asamblea General de la ONU en septiembre, después de que llamara públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump y a "no apuntar sus fusiles contra la humanidad".Pero esta es sólo una de las muchas medidas que la administración Trump ha tomado contra el líder colombiano en los últimos meses.En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petro, acusándolo de desempeñar un "papel en el tráfico ilícito mundial de drogas", una acusación que el líder colombiano ha rechazado.Las sanciones se impusieron días después de que Trump anunciara que suspendería todos los pagos y subsidios estadounidenses a Colombia, alegando que Petro "no hace nada para detener" la producción de drogas en su país.Petro defendió sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, declarando a CNN que su gobierno había incautado más cocaína que ningún otro en la historia."Tanto es así que en los últimos años he logrado que el crecimiento de los cultivos, que está estancado, sea ampliamente superado por el crecimiento de las incautaciones", afirmó.
En un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró responsable al Estado por la tragedia de Mocoa que dejó un trágico saldo de 700 personas muertas y arrasó 17 barrios, además de daños incalculables en viviendas, infraestructura y medios de subsistencia. En ese sentido, señaló el Tribunal que era presivible y evitable y que varias autoridades estatales omitieron adoptar medidas de prevención.Aquí el tribunal fue tajante y declaró responsable de manera solidaria a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Corpoamazonía, al Departamento del Putumayo y al municipio de Mocoa porque para el Tribunal incurrieron en una "omisión multiple y concurrente" al no ejecutar acciones de forma adecuada de la gestión del riesgo e implementar sistemas de aleta temprada ante una eventual calamidad."El fallo resalta que, pese a que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos en las cuencas hídricas de la zona, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, el Tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos", se lee en el fallo.Ahora, en términos de dinero, la millonaria indemnización que deberán pagar la UNGRD y las demás entidades asciende a más de 89.000 millones de pesos.Según el fallo del Tribunal, "se debe pagar una indemnización de sesenta y tres mil ciento cuarenta y ocho (63.148) salarios mínimos legales mensuales vigentes al grupo afectado".Esta sentencia reconoció los perjuicios morales y materiales para las cientos de víctimas que enlutó al país entero en 2017, por ello, el Tribunal acogió el criteiro de indemnización colecitva fundamentato principalmente en la gravedad del suceso.Esta acción de grupo accede a las pretensiones y ordena la reparación de los daños que sufrieron las víctimas, sin embargo, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca viene conociendo e igualmente a condenado al Estado por fallas en el sistema de alertas tempranas, instauradas por las personas afectadas por la avalancha.
La Cooperativa de Caficultores de los Andes, una de las organizaciones solidarias más importantes del suroeste antioqueño, retomará sus operaciones. La decisión habilita a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para firmar y acompañar el acuerdo de acreedores que garantiza el rescate de la entidad, después de casi seis años en proceso de liquidación.La reapertura se da tras meses de trabajo técnico y jurídico entre los ministerios de Hacienda, Agricultura, la Superintendencia de Economía Solidaria y la FNC. Fruto de ese proceso, el Gobierno nacional dio viabilidad al acuerdo de acreedores que ahora será tramitado ante la Asamblea correspondiente, para firmar un acuerdo final.María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, indicó que es un acuerdo histórico pues, por primera vez, un sector solidario sale de un proceso de liquidación. “Esta decisión recupera el sistema cooperativo cafetero para los pequeños productores y devuelve la gobernanza a sus verdaderos dueños”, aseguró.El acuerdo garantiza que los caficultores, especialmente los pequeños, que representan el 79 % de las 3.907 familias protegidas, no perderán sus tierras ni enfrentarán embargos derivados de decisiones ajenas a ellos. Además, preserva el patrimonio, la infraestructura y el futuro de la entidad.El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y aseguró que el Estado acompañará el proceso para garantizar total transparencia en la ejecución del acuerdo y la reactivación administrativa de la cooperativa.“Este acuerdo protege a casi 4.000 familias cafeteras y asegura que la tierra y la gobernanza regresen a quienes producen el café”, afirmó.De igual forma, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó el hito como un logro para la dignificación del trabajo cafetero y la protección de las comunidades rurales. “Este es un logro de la política pública del Gobierno Nacional en defensa de las comunidades rurales, de la protección del productor y de la dignificación del trabajo cafetero en Antioquia y en todo el país. Hoy se da un paso decisivo para rescatar un activo social fundamental y devolver la tranquilidad a miles de familias que viven del café”, señaló la ministra.Lo que sigue para los caficultoresCon la luz verde del Comité Nacional de Cafeteros, el proceso entra ahora en su fase operativa: ejecución del acuerdo económico, restablecimiento de actividades y reactivación completa de la cooperativa.Tras años de incertidumbre, la reapertura permitirá recuperar beneficios, estabilidad comercial y acompañamiento técnico para miles de familias cuya economía depende del café.La Cooperativa de Andes, fundada en 1961, vuelve así a ponerse en pie como un eje solidario clave para la caficultura regional y un símbolo de que es posible recuperar las organizaciones construidas por las comunidades campesinas.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Con arengas y pancartas, alrededor de 400 empleados de una IPS en Neiva adelantaron un plantón exigiendo a la Nueva EPS que gire los recursos a la entidad prestadora de salud, quienes llevan cinco meses sin recibir sus honorarios y demás prestaciones como trabajadores.En diálogo con Blu Radio, la fisioterapeuta Alison Valencia dijo que desde hace un año se han presentado dificultades en los pagos de la Nueva EPS con la IPS que brinda sus servicios de fisioterapia y agregó que desde hace cinco meses no reciben el pago de sus salarios, situación que los ha obligado a suspender los servicios como profesionales de la salud.“Es injusto que en plena fecha de Navidad ,quienes venimos trabajando todo el año y todos los días, nosotros le brindemos todos los servicios a nuestros pacientes y la EPS no responda con los recursos económicos, por eso entramos en protesta. Desde el día de hoy suspendimos parcialmente nuestros servicios, pero si no hay una solución urgente, la decisión que tomaría la IPS es cerrar los servicios para todos los usuarios y son más de 1.500 usuarios afectados en todo el Huila”, advirtió la trabajadora profesional.De acuerdo con la profesional de la Salud, Alison Valencia, la IPS Fisiohome presta sus servicios especializados en Neiva y en todo el departamento del Huila, donde laboran fisioterapeutas, psicólogos, médicos generales y administrativos, entidad que depende del flujo de recursos por parte de las EPS a las que están afiliados sus pacientes.Blu Radio también habló con Tania Marcela Tovar, madre de un niño con autismo y expresó que, con esta protesta de los trabajadores de la salud, se afectan al menos 150 pacientes menores de edad que reciben terapia en todas las especialidades en la IPS Fisiohome.“Yo tengo un hijo que debe recibir como control de terapias constantes, hoy vine a control con mi niño y me encontré que los fisioterapeutas no están trabajando porque les deben varios meses de salarios y eso para nosotros como usuarios y pacientes es bastante preocupante” dijo con angustia la madre de familia.A raíz de la protesta y del cese de labores de los profesionales de la salud de la IPS especializada en fisioterapia, se han visto afectados al menos 150 niños en su mayoría con autismo y otras enfermedades que deben recibir terapias permanentes, expresaron con preocupación algunos padres de familia y pacientes.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
Muchos hogares en Colombia dependen, en buena medida, del Sisbén. No es una exageración: los subsidios y apoyos en salud que se asignan a través de este sistema alivian el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, un trámite que suele pasarse por alto podría obligar a más de uno a pensarlo dos veces, ya que una información desactualizada puede significar la pérdida de ayudas económicas clave.El Sisbén no entrega dinero de manera directa, pero sí funciona como la principal puerta de entrada a los programas sociales del Estado. A través de una encuesta estandarizada, el sistema clasifica a los hogares según sus condiciones socioeconómicas, lo que permite identificar quiénes necesitan mayor apoyo y priorizar la inversión social.Esa información es utilizada principalmente por Prosperidad Social para focalizar programas de transferencias monetarias, subsidios y otros beneficios. Por esta razón, cualquier dato que no refleje la realidad actual del hogar puede generar inconsistencias en la clasificación y afectar la continuidad de las ayudas. En la práctica, no actualizar el Sisbén equivale a quedar mal ubicado dentro del sistema.Actualizar el Sisbén: un trámite clave para no perder subsidiosLa actualización de los datos del Sisbén es obligatoria cuando se presentan cambios relevantes en el hogar. No se trata de un proceso automático ni opcional. Entre las situaciones más comunes que deben reportarse se encuentran:Cambio de residencia o mudanza a otro municipio.Ingreso o retiro de integrantes del hogar.Variaciones en la situación laboral, como conseguir empleo o perderlo.Cambios en los ingresos mensuales.Modificaciones en las condiciones de la vivienda o en el acceso a servicios públicos.Cualquiera de estas novedades puede alterar el grupo asignado en el Sisbén. Si la información no se actualiza a tiempo, el sistema puede reflejar una realidad que ya no existe, lo que pone en riesgo el acceso a subsidios actuales o futuros.El trámite puede realizarse de forma virtual, a través de los canales oficiales del Sisbén, o de manera presencial en los puntos de atención definidos por cada alcaldía. En ambos casos, es fundamental suministrar datos veraces y completos, ya que estos son verificados antes de asignar o modificar la clasificación.Sisbén IV: cómo funciona la clasificación y por qué importaEl Sisbén IV organiza a los hogares en cuatro grandes grupos: A, B, C y D. Esta clasificación se construye a partir de variables como las condiciones de la vivienda, el nivel educativo, la situación laboral, los ingresos y el acceso a servicios públicos, entre otros indicadores sociales.Grupo A: hogares en situación de pobreza extrema.Grupo B: hogares en pobreza moderada.Grupo C: población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza.Grupo D: personas que no se consideran pobres ni vulnerables.Cada grupo cuenta con subcategorías que permiten una segmentación más precisa. En general, los hogares ubicados en los grupos A y B tienen prioridad en los programas de Prosperidad Social, debido a sus mayores carencias económicas.Desde el Gobierno se ha insistido en que no actualizar el Sisbén puede derivar en la suspensión o pérdida de beneficios. Por eso, revisar periódicamente la información y reportar cualquier cambio se ha convertido en una tarea indispensable para no quedar por fuera de los apoyos del Estado.
Tras una reunión informal de los 9 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional, los togados determinaron que sí estudiarán el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, una vez retomen labores luego de la vacancia judicial, es decir, hasta el 13 de enero del próximo año.Mediante un comunicado, la Corte Constitucional explicó que este control debe ejercerse conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Constitución y en las normas que regulan la administración de justicia, garantizando principios como el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de audiencia.En ese sentido, el alto tribunal precisó que, durante la vacancia judicial, deben respetarse las reglas legales que regulan las situaciones administrativas de los servidores judiciales, lo que genera un efecto operativo que solo puede restablecerse legalmente una vez concluya dicho receso, es decir, el próximo año.Como antecedente, la Corte citó el caso del Estado de Emergencia declarado en diciembre de 2009, cuyo decreto fue estudiado por el alto tribunal una vez se retomaron las labores judiciales en enero de 2010.Con esta decisión, la Corte Constitucional dejó para el 2026 el conocimiento de este caso y asimismo se hará el reparto por sorteo que corresponde para conocer a qué magistrado le corresponde ser ponente.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
La retención de 18 militares del Ejército en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, ocurrida en la tarde del domingo 21 de diciembre, volvió a encender las alarmas sobre el accionar del ELN en el norte del departamento. Detrás del episodio, en el que una multitud de cerca de 200 personas interceptó la operación militar, aparece el nombre de alias ‘Ramiro’, identificado como tercer cabecilla de la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’, estructura del Frente de Guerra Occidental del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Ramiro’, cuyo nombre figura como Luis Eduardo David Manco, tiene más de una década de trayectoria criminal (11 años) dentro de la organización armada. Ha ocupado cargos de mando de forma sostenida desde 2012, cuando fue señalado como cabecilla de comisión, y posteriormente ascendió hasta convertirse en tercer cabecilla de la estructura que opera en Chocó. Su influencia se extiende a residencias y corredores estratégicos en municipios como Alto Baudó, Medio Baudó y Quibdó, zonas clave para la movilidad y el control territorial. El prontuario atribuido a este cabecilla incluye hechos de alto impacto: la incineración de vehículos en ejes viales, homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública, desplazamientos forzados de comunidades y la activación de artefactos explosivos improvisados, incluso con afectaciones a menores de edad. Estos antecedentes configuran un patrón de presión armada y coacción social que, según autoridades, se replica en escenarios donde el ELN busca obstaculizar operaciones militares y preservar áreas de influencia.Ese patrón se reflejó en Carmen de Atrato. Según denunció el Comando de la Décima Quinta Brigada, durante una operación contra el ELN, dos suboficiales y 16 soldados fueron conducidos a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la misión constitucional. La modalidad, retención colectiva con participación de civiles, coincide con prácticas documentadas de la estructura, que recurre a movilización social forzada para frenar el avance de la Fuerza Pública. Los informes de inteligencia señalan que la Compañía ‘Néstor Tulio Durán’ ha buscado mantener su presencia mediante intimidación, control de rutas y disuasión armada, a pesar de golpes operacionales que, en otros momentos, debilitaron su direccionamiento. En ese contexto, alias ‘Ramiro’ aparece como un actor clave para sostener la cohesión y la capacidad de respuesta del grupo en el norte del Chocó.El caso vuelve a poner el foco sobre la estructura de mando del ELN en Chocó y el rol de cabecillas como alias ‘Ramiro’, cuya trayectoria criminal explica, en buena medida, la persistencia de hechos que comprometen la seguridad y la estabilidad en la región.
La periodista Camila Zuluaga expuso en Mañanas Blu, a las 10:30 a. m., una modalidad de estafa que inicia con una llamada telefónica en la que el delincuente se hace pasar por un supuesto funcionario de Meta, con el fin de solicitar datos personales o un código de verificación que llega al dispositivo de la víctima.Una vez el estafador obtiene dicho código, logra acceder a la cuenta de WhatsApp y comienza a contactar a los conocidos de la persona afectada para pedirles dinero prestado. Generalmente, solicita consignaciones a cuentas de Nequi bajo el argumento de que su línea personal se encuentra bloqueada.La conversación entre la periodista y el delincuente avanzó hasta el punto en que este último confesó la naturaleza del engaño, luego de percatarse de que no lograría obtener el código de WhatsApp. “Yo tengo un buen poder de convencimiento, pero la gente que lee y anda despierta como tú, obviamente no. Pero sí caen”, afirmó, al referirse a los guiones que utilizan para responder cualquier pregunta de las víctimas.Además, reveló que no actúa de manera individual, sino que hace parte de una red conformada por miles de personas. “Nosotros somos miles y ustedes son millones. Imagínate tú, todas las personas del mundo: Chile, España, Panamá, México, Ecuador. Si se dejan estafar los colombianos, ahora imagínate tú los otros”, aseguró.El diálogo tomó un giro inesperado cuando el estafador confesó su ubicación actual. “Corazón, estoy en la universidad”, dijo, usando este término para referirse a la cárcel. Ante la incredulidad de la periodista, respondió en tono burlón: “Ay, bobita, la cárcel”, y explicó que desde allí operan estructuras similares a centros de llamadas.El delincuente también intentó justificar sus acciones señalando que necesita dinero para sobrevivir dentro del penal. Según su testimonio, un almuerzo puede costar hasta “250 mil pesos”, lo que lo impulsa a realizar estafas con las que, afirmó, puede obtener hasta “20 millones de pesos” en cuestión de minutos.Finalmente, ante la pregunta de la periodista sobre si ella podría ingresar al grupo para hacer parte de la estructura, el estafador respondió que “una voz femenina ayuda a crear un vínculo de confianza con la víctima”, y llegó incluso a ofrecerle el envío de un “audio tutorial” para que aprendiera la dinámica del supuesto “negocio”.Esta es la llamada
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red delictiva señalada de enviar cocaína desde Bogotá hacia España, utilizando a viajeros como correos humanos y ocultando los cargamentos en equipajes de doble fondo y prendas de vestir. La organización, que se hacía llamar ‘Los Cómbita’, también estaría implicada en la venta local de estupefacientes en varias zonas del norte y sur de la capital.De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, el grupo ilegal contactaba a ciudadanos colombianos y extranjeros que tenían previsto viajar a España y los convencía de transportar cocaína a cambio de dinero. Los estupefacientes eran entregados minutos antes de los vuelos, en baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, desde donde los correos intentaban salir rumbo a Europa.En el curso de la investigación se acreditaron varios eventos delictivos en los que viajeros fueron descubiertos por las autoridades poco antes de abordar las aeronaves, lo que permitió identificar el patrón de operación de la organización y establecer su estructura criminal. Según la Fiscalía, estas maniobras evidencian un esquema coordinado y reiterado para el tráfico internacional de estupefacientes.Paralelamente, se estableció que ‘Los Cómbita’ no solo operaban en rutas internacionales, sino que también estarían involucrados en el acopio y distribución de drogas al menudeo en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con estas actividades ilícitas, la red habría invadido espacios públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios, generando un impacto directo en comunidades educativas y residenciales.El director de la Seccional Bogotá de la Fiscalía explicó que el actuar ilegal del grupo fue afectado con la judicialización de seis de sus presuntos integrantes, quienes estarían encargados tanto de la logística de los envíos internacionales como de la distribución local de narcóticos. Un fiscal de la estructura de apoyo de la seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Los capturados fueron detenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en procedimientos en los que también se incautaron diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar las sustancias, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, que serán analizados dentro del proceso penal.Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados. No obstante, por disposición de una juez de control de garantías, los seis deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.