En una base militar ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, se registró un reencuentro familiar en medio del servicio militar. El soldado Juan Daniel Manco Agudelo, de 20 años, integrante del Batallón de Infantería N.° 32 Pedro Justo Berrío, recibió una visita inesperada mientras cumplía sus labores en esta unidad.Hasta ese lugar llegó su hermana, la soldado Manuela Manco Agudelo, quien también presta su servicio militar, adscrita al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 4, con sede en la ciudad de Medellín. El encuentro se produjo luego de un desplazamiento aéreo de aproximadamente una hora, que permitió que ambos hermanos se reencontraran tras seis meses sin verse.La visita tuvo como propósito entregar un mensaje de Navidad enviado por su madre, Doralba Agudelo Zapata, quien no pudo desplazarse hasta la base debido a la ubicación y a las condiciones del terreno. El mensaje fue entregado en persona por Manuela a su hermano menor, en un momento que marcó la jornada para ambos soldados.El reencuentro también fue compartido con su madre a través de una videollamada, durante la cual pudo ver nuevamente a sus hijos juntos. Aunque lejos de su hogar, la mujer expresó su orgullo al observarlos cumpliendo su servicio militar en distintas unidades, en una fecha tradicionalmente reservada para la reunión familiar.Además del encuentro entre los hermanos, la jornada permitió la entrega de bolsas de moral a los soldados del batallón, como parte de las actividades realizadas durante la temporada navideña para quienes permanecen en zonas apartadas del país.La historia de los hermanos Manco Agudelo refleja la realidad de muchas familias colombianas que, durante las festividades de fin de año, permanecen separadas debido a compromisos laborales y de servicio, especialmente en regiones de difícil acceso donde continúan las operaciones de seguridad y presencia institucional.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este miércoles, 24 de diciembre, se registraron tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, en el departamento del Cauca.Las emisiones se registraron alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles y fueron captadas por la cámara térmica Mina, ubicada a aproximadamente dos kilómetros del volcán, la cual registró la emisión de gases y ceniza desde el Puracé.El volcán Puracé se mantiene en estado de alerta Naranja, y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió que es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad, las cuales pueden intensificarse o disminuir en relación con los reportes anteriores.No obstante, la entidad aclaró que estas fluctuaciones no implican que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para que se produzca un cambio a alerta Amarilla, es necesaria una evaluación integral de todos los parámetros monitoreados durante un periodo prudencial, que permita identificar tendencias claras hacia una actividad más estable.¿Qué debe tener en cuenta ante las emisiones del volcán Puracé?El Servicio Geológico Colombiano alertó que, aunque aún no se decrete una alerta amarilla por la actividad volcánica, sí se deben aplicar ciertas recomendaciones para prevenir afectaciones ala comunidad. Además, la entidad aseguró que seguirá la evolución del fenómeno e informará sobre los cambios que presente el volcán a través de sus canales oficiales."Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)", señaló la entidad.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este miércoles tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca.Según el organismo, se mantiene la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.Esta sismicidad se localizó bajo el cráter del volcán Puracé, a menos de un kilómetro de profundidad, y se relaciona con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.De estas señales sísmicas, tres se asociaron con "emisiones de ceniza que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil y que se dispersaron hacia el noroeste y noreste, alcanzando alturas de hasta 500 metros sobre la cima del volcán".Además, se mantuvo el registro de señales sísmicas de baja magnitud asociadas con procesos de la fractura de roca, ubicadas principalmente bajo los volcanes Puracé y Piocollo, con profundidades de entre uno y cuatro kilómetros.Igualmente, se continúan detectando valores importantes de emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera y se siguen registrando niveles de temperatura similares a los presentados en días anteriores en la zona del cráter, posiblemente asociados con la emisión de gases calientes desde el interior del volcán, añadió la información del SGC.Desde el pasado 29 de noviembre, el SGC cambió de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, debido a un "incremento notorio" en su actividad.El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán, la capital departamental del Cauca, y en su zona de influencia viven principalmente comunidades indígenas y campesinas.Es, además, uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos y "se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país", según el SGC.La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelantará un acompañamiento institucional de carácter preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025, relacionado con los derechos de la población recicladora y la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Según el Ministerio Público, la decisión proferida por la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, representa una oportunidad institucional para anticipar riesgos, preservar los avances en acciones afirmativas a favor de los recicladores y contribuir a la continuidad del servicio de aseo en la capital del país.Recordemos que la Corte amparó “los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” de los recicladores, porque varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan sus condiciones de vida y laborales.A más tardar el 25 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, pidió la Corte, debido a que el Distrito implementará el cambio de modelo. Esto, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.La Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y destacó la importancia de los desarrollos regulatorios que permitan una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, bajo los principios de progresividad y no regresividad.La entidad aclaró que su actuación estará enfocada en la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar ni interferir en las competencias técnicas, regulatorias o administrativas de otras autoridades.También reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación interinstitucional, realizar el seguimiento ordenado por la Corte Constitucional y contribuir a la efectividad de las decisiones judiciales, en defensa del interés general, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló "muchas más veces" de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia."Para su información, queríamos comunicarles que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que teníamos conocimiento)", escribe en un correo electrónico un fiscal del Distrito Sur de Nueva York.Ese mensaje que el fiscal envía a sus colegas se presentó como prueba en el juicio contra Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein que fue sentenciada a 20 años de cárcel por ayudar al financiero a reclutar, abusar y prostituir a chicas menores de edad.Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.Trump voló con Epstein en su avión privado en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, según el fiscal."Hay registros de que viajó con, entre otros y en distintas ocasiones, con (su exmujer) Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric. En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y (una pasajera cuyo nombre aparece censurado) de 20 años en ese entonces", prosigue el mensaje.El correo añade que "en otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Maxwell".Los documentos recién publicados también incluyen varios aparentes indicios, que se desconoce si posteriormente fueron investigados, recopilados por el FBI sobre la supuesta participación de Trump en fiestas realizadas en propiedades de Epstein a principios de la década de 2000.El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020"."Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra", añade el texto.El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.
Previo a que Bogotá celebre la Navidad, muchos ciudadanos ya empiezan a pensar en la cena de Nochebuena o en el tradicional asado del día siguiente. Por eso, resulta clave planear con tiempo qué ingredientes comprar para preparar una buena comida y compartir en familia. Esa expectativa se refleja, como cada año, en el movimiento que vive Corabastos, el principal centro de abastecimiento del país.Este miércoles 23 de diciembre, la central mayorista reportó el ingreso de 1.499 vehículos con 11.203 toneladas de alimentos, una cifra que busca garantizar el abastecimiento no solo de supermercados y tiendas de barrio, sino también de los hogares que alistan las cenas de Navidad y Año Nuevo. La mercancía disponible, según el balance, permite mantener precios estables en medio de una de las temporadas de mayor consumo.Corabastos cerrará por NavidadDe cara a las festividades, Corabastos confirmó que cerrará sus puertas durante Navidad. El cierre comenzará el miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta el jueves 25 de diciembre de 2025 a la misma hora. Durante ese lapso no habrá actividad comercial en la central.Ante este panorama, la recomendación para quienes aún no han hecho mercado es clara: realizar las compras temprano el miércoles 24, para evitar contratiempos de última hora. Además, Corabastos recordó que, como ha ocurrido durante los últimos 53 años, el 1 de enero tampoco habrá servicio en la central mayorista.Esta información cobra especial relevancia para quienes dependen de Corabastos para abastecerse, ya sea para consumo familiar o para pequeños negocios de comida que trabajan en estas fechas.Precios en Corabastos para la cena navideña y el asado del 25Gracias al buen nivel de abastecimiento, Corabastos aseguró que los bogotanos podrán encontrar productos a precios favorables, tanto para el tradicional ajiaco del 24 como para el asado del 25 de diciembre. Eso sí, el llamado es a comprar antes de las 4:00 de la tarde del miércoles 24.Estos son algunos precios según Corabastos:Para ajiaco y cenas:Arveja verde: $10.000 la libra.Papa criolla: $2.500 la libra.Papa de año: $1.400 el kilo o $60.000 el bulto.Huascas: $5.000 el paquete.Mazorca: entre $4.000 y $5.000 el paquete.Jamones de cerdo o pavo: desde $17.000 la libra.Pechuga rellena: entre $10.000 y $12.000 la libra.Para el asado del 25:Carnes (cadera o filete): entre $18.000 y $20.000 la libra.Chorizos: $17.000 el paquete por 10 unidades.Morcilla: $7.500 el paquete por cinco unidades.Chunchullo: $10.000 el kilo crudo y $12.000 el precocido.Plátano hartón: entre $3.000 y $4.000 el kilo.En cuanto a las plazas distritales de mercado, la mayoría operará con normalidad los días 24 y 31 de diciembre, pero permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero, con algunas excepciones puntuales. La recomendación general es anticipar las compras y así evitar filas, precios elevados o la falta de productos clave para las celebraciones.
El accidente de tránsito registrado el pasado 14 de diciembre en el nordeste antioqueño dejó en evidencia graves fallas en los controles de seguridad del transporte de turismo. Ese día, un bus que prestaba servicios de turismo y trasladaba a un grupo de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitó a un abismo de más de 40 metros en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Segovia y Remedios.El accidente ocurrió cuando los jóvenes regresaban de su excursión de grado en Tolú, Sucre, y dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor del vehículo. Además, otras 20 personas resultaron heridas y fueron atendidas en centros asistenciales de la región.Tras las labores de rescate y recuperación del automotor, la Superintendencia de Transporte adelantó una inspección técnica que arrojó resultados alarmantes. Según informó el superintendente Alfredo Piñeres, el vehículo no cumplía ni siquiera con el 20 % de los requisitos técnico-mecánicos exigidos por la normativa vigente. Según el superintendente, estas fueron las principales fallas encontradas:Deficiente estado exterior del vehículo, visible en la inspección sensorial externa.Llantas en mal estado, según lo observado en los registros en video.Sillas sin cinturones de seguridad para los pasajeros.Ausencia de extintores dentro del vehículo.Falta de equipos de emergencia para las salidas de evacuación.Deficiencias en el sistema de frenos, detectadas en la revisión técnica.Problemas en la suspensión, que no cumplían con las condiciones exigidas.Hay que recordar que uno de los sobrevivientes del siniestro, David Rua, quien avisó al conductor de una tractomula que el bus acababa de accidentarse, habló en Noticias Caracol sobre el accidente. Según dijo, vio cómo reparaban la batería antes de iniciar el trayecto. “El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”, afirmó el menor.Pese a estas condiciones, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisúper había emitido un certificado de revisión técnico-mecánica que autorizaba la circulación del vehículo, omitiendo irregularidades que ahora son materia de investigación.Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la suspensión por seis meses tanto de la empresa Precoltur, propietaria del bus, como del CDA que avaló su operación. Paralelamente, continúan las investigaciones que podrían derivar en la cancelación definitiva de las licencias de funcionamiento.En cuanto a los sobrevivientes, la Secretaría de Salud de Antioquia confirmó que seis jóvenes permanecen hospitalizados en centros de alta complejidad como el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Las Américas, donde reciben atención especializada y presentan una evolución lenta pero estable.
En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exministro del Interior en los Gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, y ahora precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, habló de la actualidad política nacional. Su análisis se centró en el desempeño del Ministerio del Interior, respondió a declaraciones recientes de su actual titular y se refirió a las perspectivas de una consulta electoral de centroizquierda.Al ser consultado sobre el perfil público del actual ministro, Armando Benedetti, quien ha asumido una amplia vocería gubernamental incluso en temas económicos, Cristo contextualizó el rol histórico de la cartera. "El ministro del Interior en Colombia desde hace mucho tiempo (...) siempre ha sido la figura más importante de todos los gabinetes", señaló, recordando casos como los de Horacio Serpa o Germán Vargas Lleras.Cristo destacó que la alta rotación en el cargo es común, dada su responsabilidad central en la relación con el Congreso. Para él, la métrica clave debe ser la agenda legislativa y sus resultados. Sobre el activismo público de Benedetti, el exministro lo asoció a una "situación distinta" marcada por el protagonismo en redes sociales, que ha llevado a que el titular de Interior asuma una vocería global del Gobierno, un rol que en administraciones anteriores solía distribuirse entre varios portavoces.La consulta del Pacto AmplioSobre el escenario electoral, y ante la pregunta directa de si se unirá a la consulta que promueven sectores como el Pacto Histórico y la izquierda democrática, denominada Pacto Amplio, Cristo fue enfático en plantear condiciones previas.El precandidato reveló que el 26 de octubre envió una carta a líderes de esa coalición, como Iván Cepeda y Roy Barreras, proponiendo la necesidad de llegar a "acuerdos programáticos y políticos claros" antes de definir mecanismos de consulta. "La consulta no puede ser un simple mecanismo para escoger un candidato sin un programa", afirmó.Cristo señaló que cualquier coalición seria debe incluir propuestas para profundizar las reformas sociales, pero también para "rectificar caminos" en temas donde, a su juicio, el gobierno actual ha fallado, como la lucha contra la corrupción, la seguridad, donde afirmó que "la paz total definitivamente no funcionó", y la crisis de salud."Si es una consulta solo de la izquierda democrática, creo que no sería una consulta amplia. Si logramos construir un programa de centroizquierda, (...) seguramente nos animaríamos a participar", concluyó, advirtiendo que aún no se ha dado la primera reunión sustantiva para ese debate. El plazo para inscribir las consultas ante la Registraduría vence el 6 de febrero, por lo que las definiciones deberán darse en las próximas semanas.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
Una operación adelantada por la Fuerza Pública en el departamento del Cauca permitió desarticular una de las principales capacidades ofensivas del frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias que delinque en esta zona del país.Según confirmó el general Henry Bello, comandante de la Región de Policía número 4, se logró la desactivación de cuatro vehículos cargados con explosivos de alto poder, así como la destrucción de una bodega clandestina utilizada para almacenar material explosivo destinado a ataques mediante drones.“Como resultado de esta acción operacional, se logró desactivar cuatro vehículos que estaban acondicionados con explosivos de alto poder, artefactos explosivos improvisados. Se logra la destrucción de una bodega que servía como almacenamiento de explosivos para la utilización de drones contra la Fuerza Pública y la población civil de los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales y Cajibío”, señaló el general Bello.Las autoridades explicaron que estos artefactos eran preparados para ser utilizados tanto en vehículos como en motocicletas, una modalidad recurrente de este grupo armado criminal para ejecutar atentados en el departamento. En el operativo, además, se logró la incautación de más de 1.500 kilogramos de explosivos de alto poder, material que representaba una amenaza directa para uniformados y comunidades civiles.Entre los elementos incautados se encuentran cuatro vehículos adaptados como carros bomba, algunos de ellos con antecedentes recientes de ataques. Según el reporte oficial, una volqueta de color amarillo había sido utilizada ocho días antes en un atentado contra la estación de Policía del municipio de Buenos Aires. También fue ubicado un furgón color vinotinto, acondicionado con rampas para el lanzamiento de cilindros explosivos de 40 y 100 libras.La operación permitió, además, la incautación de una camioneta KIA blanca, equipada con dos cilindros de 100 libras y un sistema de activación por radiofrecuencia, así como un automóvil tipo sedán Chevrolet Spark negro, que contenía cilindros explosivos de 40 libras listos para ser utilizados en acciones terroristas.
La Procuraduría General de la Nación sancionó al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses, por facilitar y colaborar con el tráfico de migrantes.Según el ente de control, el funcionario utilizó de manera indebida sellos oficiales y documentación pública para permitir la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos que tenían como destino Panamá y Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2023.Palacios Pinilla estaba adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, desde donde habría facilitado en repetidas ocasiones el tránsito ilegal de estas personas.Para la Procuraduría, el comportamiento del funcionario no solo vulneró los controles migratorios del país, sino que afectó directamente los fines esenciales del Estado, por lo que calificó los hechos como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
A casi dos meses del asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido tras una fiesta de Halloween en Bogotá, el caso continúa captando la atención de la opinión pública. Lejos de cerrarse, la investigación ha sumado nuevos elementos que mantienen el debate abierto. En las últimas horas se conoció el contenido de una carta que habría dejado Kleidymar Fernández Sulbarán, conocida mediáticamente como la “mujer del disfraz azul”, poco antes de desaparecer.El mensaje, dirigido a su madre, volvió a poner el foco sobre una historia marcada por versiones cruzadas, denuncias de amenazas y una búsqueda que ya trascendió las fronteras del país. La revelación del contenido de la nota plantea nuevas preguntas sobre el estado emocional de Fernández Sulbarán y el contexto previo a su salida del radar de las autoridades.¿Qué dice la carta que dejó la mujer de azul?Según información revelada por medios como El Tiempo, la carta es breve, pero cargada de significado. “Mami, voy a estar bien. La amo”, fue el mensaje que, de acuerdo con la familia, dejó Kleidymar antes de desaparecer. Para su madre, Tamara Sulbarán, ese texto representa el último contacto directo que tuvo con su hija, pues desde entonces no volvió a recibir llamadas ni mensajes.La aparición de la nota se dio en medio de un ambiente de alta tensión. La familia denunció que, en los días posteriores al crimen, comenzó a recibir mensajes intimidantes con amenazas de muerte. Ese contexto, aseguran, incrementó el temor y la sensación de riesgo alrededor de Kleidymar Fernández Sulbarán.Tamara Sulbarán también relató que su hija habría sido perseguida días antes de su desaparición. Según su testimonio, dos hombres en motocicleta la siguieron hasta un parque del centro de Bogotá, situación que la obligó a huir entre la multitud para evitar una posible agresión. La madre sostuvo que existía un presunto plan para atentar contra la vida de su hija, versión que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y hace parte del expediente.¿Dónde se encontraría Kleidymar Fernández Sulbarán?Las investigaciones adelantadas por las autoridades colombianas indican que la mujer conocida como la “mujer del disfraz azul” podría estar fuera del país. Los primeros datos recopilados señalan que Fernández Sulbarán habría salido de Colombia en noviembre y que, presuntamente, se encontraría en Venezuela, su país de origen. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial.Mientras tanto, sobre Kleidymar Fernández Sulbarán pesa una orden de captura por el delito de homicidio agravado, al ser señalada como presunta determinadora del crimen de Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía General de la Nación avanza en los trámites para la emisión de una circular roja de Interpol, lo que permitiría su localización y búsqueda en 196 países.El caso sigue abierto y rodeado de interrogantes. La carta, lejos de cerrar el capítulo, profundiza la incertidumbre y refuerza la necesidad de esclarecer qué ocurrió antes y después del crimen, así como el paradero actual de una de las figuras centrales de esta investigación que aún estremece a Bogotá.
Mientras se encontraba laborando en una estación de servicio del municipio de Algeciras, Huila, una joven identificada como Camila Andrea Camacho Betancourt, fue abordada por varios hombres en motocicleta quienes sin media palabra alguna le dispararon en repetidas ocasiones.De acuerdo con información de algunos testigos y también de versiones oficiales, el grave hecho de violencia se registró en una de las estaciones de combustibles ubicada en la salida hacia el centro poblado de El Paraíso de esa localidad, hasta donde llegaron los pistoleros y asesinaron a la joven.El comandante de Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, dijo que, de inmediato, se dispuso de personal judicial y, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se adelantan las investigaciones a través de recolección de pruebas y demás evidencias que les permita identificar a los responsables.“Desde el mismo momento que se tuvo conocimiento de este lamentable crimen, mientras la joven Camila Andrea se encontraba laborando en la estación de servicio, de inmediato activamos todas nuestras capacidades investigativas y operativas para esclarecer lo sucedido. La información que tenemos es que la víctima fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Lamentamos profundamente este crimen y nos solidarizamos con su familia", expresó el comandante de Policía Huila.Agregó el oficial de la Policía que peritos judiciales adelantan todas las investigaciones de rigor para esclarecer los móviles de este asesinato que enluta a una familia de Algeciras en plena celebración de la Navidad, hecho que, además, generó repudio y dolor entre la comunidad de ese municipio.En cuanto a estadísticas de homicidios, solo en Algeciras, Huila, según datos oficiales, van 28 personas asesinadas en la vigencia 2025, cifra superior a casos de homicidios que se registraron en el año 2024. Dentro de las víctimas hay cuatro mujeres y el más reciente hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre en zona rural de Algeciras, donde fue asesinada Nohora Lamilla, cuando llegaba a su finca en motocicleta.
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde, según el reporte oficial, hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio, Nancy Monje Trujillo, confirmó que, tan pronto fueron alertados de la conflagración, de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales, quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las c4:30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en la calle 6 No 1H – 41, del barrio San Pedro en el centro de Neiva. Las unidades de Bomberos oficiales, al llegar al lugar, y cuando lograron mitigar el incendio, encontraron tres personas fallecidas, entre ellas, dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Le puede interesar: Grave incendio en institución educativa en el Salitre, en Bogotá: esto se sabeAgregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo, Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático y su candidata presidencial, Paloma Valencia, presentarán este 24 de diciembre una tutela contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, señaló Uribe.Es importante recordar que este decreto ha generado una fuerte polémica en el país, pues desde el Gobierno aseguran que se necesitan recursos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso; sin embargo, otros sectores consideran que es una extralimitación que afectará a los colombianos.Por su parte, la Corte Constitucional no va a hacer sesiones extraordinarias, sino que revisará el tema después del 13 de enero, cuando termine la vacancia judicial.
En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, analizó la situación de orden público en el departamento tras los incidentes registrados en la vía que comunica a Pasto con Chachagüí. El mandatario calificó las acciones de los grupos armados como parte de una "guerra híbrida", la cual busca generar una percepción de control territorial que, según sus declaraciones, estas organizaciones no poseen.Vía PanamericanaFrente a los reportes de población civil atrapada en combates, el gobernador aclaró que lo ocurrido fue una respuesta controlada del Ejército Nacional ante el hallazgo de un artefacto explosivo ubicado en una alcantarilla. Escobar enfatizó que, gracias a la inteligencia militar y policial, se logró detectar la amenaza y detener el tráfico de forma preventiva.Para sustentar su visión de seguridad, el gobernador presentó cifras comparativas: de 63 eventos ocurridos en la vía Panamericana, 60 han tenido lugar en el departamento del Cauca y solo tres en Nariño, los cuales han sido controlados. En este contexto, destacó como un golpe contundente a las estructuras criminales la reciente captura de alias 'Jimmy', un líder terrorista de alto impacto en la región.Procesos de paz y el reto de la sustituciónA diferencia de la situación en departamentos vecinos, Escobar resaltó que en Nariño avanzan dos procesos de paz con los grupos Comuneros del Sur y la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, involucrando el tránsito a la vida civil de unos 260 combatientes. No obstante, reconoció que la columna Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), no hace parte de estos diálogos y es la responsable de los intentos de ataque en la zona de la cordillera.En cuanto al problema de las drogas ilícitas, el panorama sigue siendo desafiante. Nariño cuenta con aproximadamente 65,000 hectáreas de hoja de coca. Aunque existe un plan para sustituir 20,000 hectáreas, el gobernador admitió que hasta el momento solo se han sustituido entre 400 y 500 hectáreas voluntariamente. Escobar defendió la inversión en infraestructura, como la carretera Roberto Payán-La Guayacana, como el camino para hacer viables productos lícitos como el cacao y la palma.Oposición al glifosato y enfoque en insumosEl mandatario departamental manifestó su rotunda oposición al uso de glifosato mediante drones, asegurando que aún no ha sido notificado oficialmente de tal medida por el Ministerio de Justicia. En su lugar, propuso una estrategia basada en la inteligencia económica."El problema no es el glifosato, el problema es la gasolina y el cemento", afirmó Escobar, explicando que estos son los insumos críticos para la producción de cocaína. Según el gobernador, el control estricto del flujo de combustible y materiales de construcción en zonas de frontera sería suficiente para desarticular el negocio del narcotráfico sin necesidad de disparar un solo tiro.Escuche aquí la entrevista:
Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde según el reporte oficial hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio Nancy Monje Trujillo, confirmó que tan pronto fueron alertados de la conflagración de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.“Sobre las cuatro y 30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en el barrio San Pedro en el centro de Neiva, las unidades de Bomberos oficiales al llegar al lugar y cuando lograron mitigar el incendio encontraron tres personas fallecidas, entre ellas dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
La fractura en la izquierda colombiana quedó más expuesta tras la decisión de Carlos Caicedo de no participar en la consulta presidencial impulsada por sectores afines al Gobierno. En entrevista con Recap Blu, el exgobernador del Magdalena explicó que su retiro responde a profundas diferencias políticas y a lo que calificó como “incoherencias” dentro del llamado Pacto Amplio, espacio que agrupa principalmente a figuras que han sido ministros, embajadores o congresistas del presidente Gustavo Petro.Caicedo intentó construir una consulta alternativa junto a Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Sin embargo, el proceso no avanzó por falta de avales y requisitos formales. Aunque él logró recoger cerca de 2,6 millones de firmas, los otros precandidatos no contaban con el respaldo necesario, lo que obligó a tomar una decisión antes del plazo legal.Las "incoherencias" para CaicedoEl exmandatario también confirmó que recibió una invitación directa del senador Iván Cepeda para sumarse al Pacto Amplio, propuesta que declinó tras una llamada ocurrida días atrás. Según Caicedo, participar en esa consulta implicaba respaldar sin matices al actual Gobierno, algo incompatible con su postura crítica. "Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores, gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores y les corresponde hacer una defensa a ultranza del Gobierno (...) Se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobernistas y son hoy inclusive los portavoces del propio Gobierno", afirmó.En sus declaraciones, Caicedo fue más allá y cuestionó alianzas recientes del Gobierno en escenarios regionales, particularmente en el Magdalena, donde denunció acuerdos con sectores tradicionales como Cambio Radical y el Centro Democrático. Para él, estas decisiones contradicen el discurso progresista del Ejecutivo y explican por qué muchas reformas no han avanzado. "El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio para que fuera posible necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles”, sostuvo, al tiempo que criticó el centralismo del Gobierno y la falta de resultados concretos en las regiones.Finalmente, Caicedo defendió su propuesta como la de una “izquierda diferente”, enfocada más en resultados que en discursos. Aseguró que, aunque valora algunos logros del actual Gobierno, Colombia no puede quedarse en lo que llamó “una transición inconclusa”. Por eso, reiteró que seguirá adelante con su candidatura presidencial, abierto a eventuales coincidencias programáticas con otros sectores, pero firme en su decisión de no “maquillar errores ni legitimar falsas unidades” dentro de la izquierda.
A partir de 2026, el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más importantes para la formación de posgrado de colombianos en el exterior. Así lo confirmó la propia fundación a través de un comunicado oficial y mensajes publicados en sus redes sociales, en los que aclaró que la promoción 2025 será la última en recibir recursos públicos.La decisión marca el cierre de una alianza que se mantuvo durante dos décadas ininterrumpidas y que permitió que miles de colombianos accedieran a estudios de maestría y doctorado en universidades de alto nivel en todo el mundo, con el compromiso de regresar al país y aportar al desarrollo nacional.En su comunicado, Colfuturo explicó que, aunque el convenio con el Estado llega a su fin, la organización continuará operando de manera independiente y ya trabaja en un rediseño del programa para garantizar su sostenibilidad financiera a partir de 2026. Sin embargo, no será hasta los primeros meses del próximo año que se anuncie cómo funcionará el programa.El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como el más grande de su tipo en América Latina, de acuerdo con la fundación, que registra que gracias a la cooperación entre el Estado y Colfuturo, cerca de 25.000 colombianos y colombianas pudieron adelantar estudios de posgrado en el exterior.Durante estos 20 años, el Gobierno nacional y Colfuturo comprometieron 892 millones de dólares. “El objetivo siempre fue que los beneficiarios regresaran al país para contribuir con sus conocimientos al desarrollo económico, científico y social de Colombia”, señaló Colfuturo en el documento firmado por su director, Jerónimo Castro.La finalización del convenio implica que Colfuturo no contará con recursos del Gobierno nacional para nuevas cohortes a partir de 2026. Sin embargo, la fundación fue enfática en señalar que esta decisión no afecta a los estudiantes que ya fueron seleccionados ni a quienes están próximos a iniciar sus estudios.Según explicó la organización, todas las personas beneficiarias que actualmente están estudiando o que comenzarán su posgrado mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección, y los recursos necesarios para cumplir esos compromisos están garantizados.“La promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno Nacional, pero Colfuturo tiene asegurados los fondos para cumplir cabalmente con todos los compromisos adquiridos”, indicó Castro.Ante este nuevo escenario, Colfuturo anunció que desde hace varios meses trabaja en el diseño de nuevas condiciones para el Programa Crédito Beca y en la gestión de fuentes de financiación adicionales.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Con arengas y pancartas, alrededor de 400 empleados de una IPS en Neiva adelantaron un plantón exigiendo a la Nueva EPS que gire los recursos a la entidad prestadora de salud, quienes llevan cinco meses sin recibir sus honorarios y demás prestaciones como trabajadores.En diálogo con Blu Radio, la fisioterapeuta Alison Valencia dijo que desde hace un año se han presentado dificultades en los pagos de la Nueva EPS con la IPS que brinda sus servicios de fisioterapia y agregó que desde hace cinco meses no reciben el pago de sus salarios, situación que los ha obligado a suspender los servicios como profesionales de la salud.“Es injusto que en plena fecha de Navidad ,quienes venimos trabajando todo el año y todos los días, nosotros le brindemos todos los servicios a nuestros pacientes y la EPS no responda con los recursos económicos, por eso entramos en protesta. Desde el día de hoy suspendimos parcialmente nuestros servicios, pero si no hay una solución urgente, la decisión que tomaría la IPS es cerrar los servicios para todos los usuarios y son más de 1.500 usuarios afectados en todo el Huila”, advirtió la trabajadora profesional.De acuerdo con la profesional de la Salud, Alison Valencia, la IPS Fisiohome presta sus servicios especializados en Neiva y en todo el departamento del Huila, donde laboran fisioterapeutas, psicólogos, médicos generales y administrativos, entidad que depende del flujo de recursos por parte de las EPS a las que están afiliados sus pacientes.Blu Radio también habló con Tania Marcela Tovar, madre de un niño con autismo y expresó que, con esta protesta de los trabajadores de la salud, se afectan al menos 150 pacientes menores de edad que reciben terapia en todas las especialidades en la IPS Fisiohome.“Yo tengo un hijo que debe recibir como control de terapias constantes, hoy vine a control con mi niño y me encontré que los fisioterapeutas no están trabajando porque les deben varios meses de salarios y eso para nosotros como usuarios y pacientes es bastante preocupante” dijo con angustia la madre de familia.A raíz de la protesta y del cese de labores de los profesionales de la salud de la IPS especializada en fisioterapia, se han visto afectados al menos 150 niños en su mayoría con autismo y otras enfermedades que deben recibir terapias permanentes, expresaron con preocupación algunos padres de familia y pacientes.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
Muchos hogares en Colombia dependen, en buena medida, del Sisbén. No es una exageración: los subsidios y apoyos en salud que se asignan a través de este sistema alivian el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, un trámite que suele pasarse por alto podría obligar a más de uno a pensarlo dos veces, ya que una información desactualizada puede significar la pérdida de ayudas económicas clave.El Sisbén no entrega dinero de manera directa, pero sí funciona como la principal puerta de entrada a los programas sociales del Estado. A través de una encuesta estandarizada, el sistema clasifica a los hogares según sus condiciones socioeconómicas, lo que permite identificar quiénes necesitan mayor apoyo y priorizar la inversión social.Esa información es utilizada principalmente por Prosperidad Social para focalizar programas de transferencias monetarias, subsidios y otros beneficios. Por esta razón, cualquier dato que no refleje la realidad actual del hogar puede generar inconsistencias en la clasificación y afectar la continuidad de las ayudas. En la práctica, no actualizar el Sisbén equivale a quedar mal ubicado dentro del sistema.Actualizar el Sisbén: un trámite clave para no perder subsidiosLa actualización de los datos del Sisbén es obligatoria cuando se presentan cambios relevantes en el hogar. No se trata de un proceso automático ni opcional. Entre las situaciones más comunes que deben reportarse se encuentran:Cambio de residencia o mudanza a otro municipio.Ingreso o retiro de integrantes del hogar.Variaciones en la situación laboral, como conseguir empleo o perderlo.Cambios en los ingresos mensuales.Modificaciones en las condiciones de la vivienda o en el acceso a servicios públicos.Cualquiera de estas novedades puede alterar el grupo asignado en el Sisbén. Si la información no se actualiza a tiempo, el sistema puede reflejar una realidad que ya no existe, lo que pone en riesgo el acceso a subsidios actuales o futuros.El trámite puede realizarse de forma virtual, a través de los canales oficiales del Sisbén, o de manera presencial en los puntos de atención definidos por cada alcaldía. En ambos casos, es fundamental suministrar datos veraces y completos, ya que estos son verificados antes de asignar o modificar la clasificación.Sisbén IV: cómo funciona la clasificación y por qué importaEl Sisbén IV organiza a los hogares en cuatro grandes grupos: A, B, C y D. Esta clasificación se construye a partir de variables como las condiciones de la vivienda, el nivel educativo, la situación laboral, los ingresos y el acceso a servicios públicos, entre otros indicadores sociales.Grupo A: hogares en situación de pobreza extrema.Grupo B: hogares en pobreza moderada.Grupo C: población vulnerable, con riesgo de caer en pobreza.Grupo D: personas que no se consideran pobres ni vulnerables.Cada grupo cuenta con subcategorías que permiten una segmentación más precisa. En general, los hogares ubicados en los grupos A y B tienen prioridad en los programas de Prosperidad Social, debido a sus mayores carencias económicas.Desde el Gobierno se ha insistido en que no actualizar el Sisbén puede derivar en la suspensión o pérdida de beneficios. Por eso, revisar periódicamente la información y reportar cualquier cambio se ha convertido en una tarea indispensable para no quedar por fuera de los apoyos del Estado.