El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
La Corte Suprema de Justicia tomó una importante decisión relacionada con Arturo Char: el alto tribunal resolvió acusarlo por presunta corrupción y compra de votos.La decisión de hoy tiene un contexto. Los hechos por los cuales Arturo Char es investigado se relacionan con un supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual, posiblemente, se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido varias personas.Entre ellos, Arturo Char y la excongresista Aída Merlano, quien fue condenada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se fraguaron desde la sede política Casa Blanca.En septiembre de 2023, la propia Sala de Instrucción ordenó la captura de Char, quien posteriormente fue dejado en libertad. El presunto concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, buscaba conseguir la elección de Aída Merlano en el Senado, de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la reelección del propio Arturo Char en el Senado.Presuntamente, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. Esta fue una agitada discusión, en la que dos magistrados salvaron su voto, es decir, tuvieron una posición contraria al resto de sus colegas.
La adopción de animales se ha convertido en una práctica recurrente en Medellín, no obstante, las autoridades le han puestos los ojos a varios casos específicos en donde hogares sobrepasan su capacidad y entran en el fenómeno de la acumulación compulsiva de animales, misma situación que ocurre en los lugares de paso en donde perros y gatos esperan encontrar una familia.Según la Personería de Medellín se ha podido determinar que hay un incremento sostenido en la acumulación de animales, por lo que se emitió una alerta institucional para atender la situación que podría causar graves peligros para la salud pública, la salud mental, la convivencia y el bienestar de los animales que en muchas ocasiones no son tenidos en condiciones salubres.La personera delegada Caterine Vélez, explicó que entre 2023 y 2025 se lograron atender más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación y con riesgos estructurales o deficiencias de atención sanitaria."A pesar de que no ha finalizado el año 2025, ya se conocen dieciséis casos en el que están involucrados más de trescientos animales. Es por esto que esta entidad hace un llamado a la administración para que se cree una mesa interinstitucional", explicó Vélez.Lo que explican desde el Ministerio Público es que entre las visitan que pudieran hacer se determinó que el 90 % de los hogares de paso tenían problemas de acumulación y el 86 % de las personas que fueron identificadas con la problemática no tenían una red de apoyo que les permitiera darle mejores condiciones a los animales.Finalmente, la Personería de Medellín advirtió que muchas veces la acumulación deriva en maltrato por omisión y que, además, la respuesta institucional tendría una fragmentación que genera que haya un subregistro y falta de protocolos de atención a los animales afectados.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) respaldó la decisión de Copa Airlines, Wingo y la aerolínea Satena de suspender sus vuelos hacia y desde Venezuela, en medio del aumento de la tensión y la militarización en zonas cercanas al espacio aéreo del vecino país.Cabe recordar que una de las primeras aerolíneas en tomar esta decisión fue Avianca, situación que generó complicaciones. La semana pasada el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y el mismo presidente Petro aseguraron que no existe riesgo para volar en Venezuela, el mandatario indicó que ninguna aerolínea del país debía seguir las indicaciones internacionales y que tenían que restablecer la operación de inmediato. Sin embargo, la alerta de la FAA fue sustentada y por eso otras aerolíneas se sumaron a esta determinación.Según la asociación, la medida es coherente con el “riesgo real y comprobado” que enfrenta la aviación civil en la región. Las aerolíneas sustentaron la suspensión en fallas recientes en las señales de navegación y en las advertencias emitidas por organismos internacionales como la FAA y la EASA, que han alertado sobre amenazas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones.ACDAC señaló que la interrupción de vuelos debe mantenerse de acuerdo con la evaluación de riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y basadas en criterios técnicos que confirmen un retorno a condiciones normales en el espacio aéreo venezolano.La asociación también invitó a las aerolíneas a mantener y reforzar sus protocolos de riesgo siguiendo las recomendaciones internacionales, con el fin de proteger tanto a las tripulaciones como a los pasajeros mientras persista la incertidumbre en la zona.
Cinco de los siete aspirantes que harán parte de la lista de candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por el Atlántico se inscribieron este jueves en la sede de la Registraduría que está en el centro de Barranquilla y allí estuvieron acompañados del líder de este partido, Fuad Char, y su hijo Arturo.Tras ser consultado por una posible candidatura de Arturo, Fuad Char aseguró que ya está definida la lista con una apuesta hacia varios "jovencitos", partiendo de la "reestructuración" que propuso su otro hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. En esa lista, dejó claro, no figura el nombre de Arturo Char.“Fue idea de Alex hacer una restructuracion y metimos a todos estos jovencitos. Hoy Arturo estará acompañándonos. Si estuvimos considerándolo (registrarlo), pero ya la decisión está tomada”, expresó Fuad Char.Eso sí, a Fuad y a Arturo Char se les vio entre abrazos y muestras de afecto, como para acallar los rumores sobre una división o confrontación al interior de la casa política, de hecho, el mismo Arturo reconoció que ha habido "diferencias", pero que nada distinto a lo que suele ocurrir entre las familias y que justamente por querer estar cerca de su padre es que está decidido a acompañar al partido, sin importar si es fuera o dentro de la cancha, lo que dejaría abierta la posibilidad de una inscripción a último minuto."Extrañando mucho estar cerca del viejo y estoy aquí, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador o en la tribuna, donde sea (...) todavía no me han convocado. En la convocatoria no estoy", dijo Arturo.Las cuentas para Cambio Radical todavía siguen moviéndose, pues aún está pendiente la renuncia de Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, para postularse a la lista de Cámara y Senado, respectivamente. Estas, según conoció Blu Radio, se darían el viernes para la posterior inscripción.Las visitas para los próximos días continuarán, siendo que el 5 de diciembre estaría arribando Centro Democrático a las 9 de la mañana y luego a las 11 de la mañana el partido de la U con sus candidatos. También mañana, pero a las 3:00 de la tarde, llegarán los miembros del partido Conservador con su candidato a Cámara y candidato a Senado. Para el sábado asistirán Pacto Histórico y Coalición Verde, en marcha, ASI, renaciente y Vamos Juntos.Lista de candidatosLos aspirantes que este jueves inscribieron formalmente su candidatura a la Cámara de Representantes fueron, en su orden, Doris Ebrat, Samir Radi, Darlys Rodríguez, Yolanda Herrera Peña y Estefanel Gutiérrez.Sin embargo, hubo dos ausentes, quienes tendrán hasta la próxima semana para inscribir oficialmente su candidatura: Welfran Torres y el influencer Andrés Camargo González, este último más conocido en redes sociales como Saruma.
Después de las revisiones realizadas por el grupo antiexplosivos de la Policía, se confirmó que el cilindro abandonado en la vía que comunica a Florida, Valle, con Miranda, Cauca, no contenía explosivos. Aunque el cilindro estaba vacío, en el área cercana fueron hallados 10 kilos de material explosivo.El aviso oportuno de la comunidad permitió que las autoridades llegaran al lugar para iniciar la inspección y evitar posibles riesgos para los usuarios de la vía, donde el cilindro había sido dejado desde las primeras horas de la mañana.“Una persona se acerca a este puesto de control e informa sobre la colocación de un cilindro, al parecer, con una carga explosiva, sobre la vía hacia Miranda. De esta manera, las unidades antiexplosivos se acercan al lugar, se hace la verificación y este cilindro no contiene ningún tipo de carga explosiva. Sin embargo, en la exploración realizada por nuestros técnicos se encuentran dos cajas de PVC, las cuales contenían 10 kilos de carga explosiva de nitrato de amonio”, informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.El personal especializado llevó a cabo una detonación controlada del material hallado para prevenir una posible tragedia, teniendo en cuenta que los explosivos habían sido dejados sobre una vía principal que comunica a los dos municipios.“Nuestros técnicos realizaron la detonación controlada y, de esta manera, estamos garantizando la seguridad en los corredores viales. Solicitamos a la ciudadanía informar cualquier situación que ponga en riesgo las vías del Valle del Cauca”, agregó la oficial.La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se adelantaban las inspecciones, lo que afectó el flujo vehicular. Esta tarde se restableció la movilidad y mientras personal del Ejército y de la Policía mantiene controles en la zona.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
Tras esta reunión, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones gripen con la empresa sueca Saab.En ese sentido, el jefe del órgano de control; aseguró que tuvo que firmar una especie de “acuerdo de confidencialidad” para acceder a esa información.“Lo primero que tuve que hacer fue firmar un documento en el cual yo me comprometo a conservar unos temas de reserva, porque sí hay unos temas de seguridad nacional que dependen de ello”, dijo el contralor.Incluso, el contralor señaló que la adquisición de los aviones en reemplazo de los K-fue era necesaria tras esta reunión que sostuvieron en la Contraloría.“Considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya varios o bastantes años frente al tema. Se le han hecho un poquito más de 40, 50 años. Y se le han hecho varias actualizaciones y con todo respeto no aguantan una actualización más”.Las claves de la reunión entre el contralor y MindefensaEl contralor General explicó que formuló una serie de preguntas, como por ejemplo, el estudio operacional que sustentó la elección de los Gripen frente a otras alternativas evaluadas, así como los criterios técnicos aplicados, las ponderaciones utilizadas y las matrices comparativas entre las distintas ofertas, incluidas las presentadas por otros países.Rodríguez precisó que varias de estas preguntas ya cuentan con respuestas preliminares, pero advirtió que no se pronunciará hasta contar con toda la documentación por escrito y realizar la valoración técnica correspondiente.‘Si hay las condiciones para realizar algún tipo de advertencia, la Contraloría lo va a hacer’: Contralor General sobre contrato de aviones Gripen• Ministerio de Defensa deberá entregar por escrito respuesta a cuestionario formulado por la Contraloría General de la República en la mesa técnica desarrollada este jueves por solicitud de la entidad.• El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato, estudios previos que conllevaron a tomar la decisión, entre otra serie de condiciones técnicas.• El contralor General manifestó que la información será retroalimentada con la Procuraduría General de la Nación, entidad que también solicitó información sobre el contrato.El contralor aseguró que si hay las condiciones para realizar alguna advertencia sobre la compra de estos aviones, lo hará.
Por unanimidad, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, la solicitud de fusión del Partido Progresistas al movimiento político del Pacto Histórico.Con este hecho, el movimiento político de la senadora María José Pizarro, que hace pocos días había obtenido su personería jurídica luego de su escisión del partido MAIS, se disolverá en el nuevo movimiento político del presidente Gustavo Petro y podrá participar en la lista única de este partido para el Congreso de la República, luego de qué se haga el cambio en el registro único de partidos y movimientos políticos.Asimismo, en la decisión se ordena incluir a la senadora Pizarro, a los representantes David Racero y Heráclito Landinez, y al exministro de Minas Omar Andrés Camacho, como integrantes de la Coordinación Nacional Provisional del Pacto Histórico.Quedaría faltando la decisión frente al partido Colombia Humana, partido del presidente Petro, y que no ha podido fusionarse, al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.
Copa Airlines, Satena y Wingo se suman al grupo de aerolíneas colombianas que cancelaron su operación desde y hacia Venezuela. El anuncio, que se conoció este jueves 4 de diciembre, fue respaldado por la Asociación Colombiana de Aviadores, ACDAC, quienes aseguraron que la suspensión de vuelos debe mantenerse hasta que "existan garantías verificables y soportadas en criterios técnicos" que confirmen un retorno en condiciones seguras y normales en ese espacio aéreo.A través de comunicaciones oficiales, Wingo y Copa Airlines anunciaron que la suspensión la mantendrán hasta el 12 de diciembre teniendo en cuenta que continúan evaluando la situación de riesgo que persiste en territorio venezolano.“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”, indicó la aerolínea.Por el lado de Copa Airlines, la compañía informó que ofrecerá alivios a los pasajeros que se puedan ver afectados por esta situación:Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.comCada viajero podrá elegir la opción que más le favorezca con el fin de resarcir los daños ocasionados por las cancelaciones.Por su parte, Wingo propuso a sus viajeros reembolsar el 100 % del valor del tiquete, ya sea en el medio de pago original o a través de ‘voucher Wingo’, un estilo de beneficios con la aerolínea para redimir servicios en otra oportunidad. También ofreció el cambio de vuelo, según disponibilidad, sin penalidad ni diferencia en la tarifa.Con el panorama aún incierto y sin claridad sobre cuándo podrán restablecerse plenamente las operaciones, las aerolíneas mantienen abiertos sus canales de información mientras avanzan los análisis técnicos sobre el riesgo en el espacio aéreo venezolano. Por ahora, los viajeros deberán acogerse a los alivios ofrecidos y estar atentos a nuevas decisiones en los próximos días.
Más de 32.300 docentes han recibido actividades de seguridad y salud en el trabajo a través de los Equipos para el Cuidado Integral de la Salud del FOMAG, según el balance presentado en Medellín por Herman Bayona Abello, vicepresidente de Fiduprevisora para Fomag.La estrategia, que hace parte del acuerdo 003 de 2024 y constituye el eje del nuevo modelo de atención para los maestros del país, inició operación en noviembre con cuatro IPS en Antioquia, Caquetá, La Guajira y Meta. En esta primera fase se pusieron en marcha 54 equipos conformados por 216 profesionales, alcanzando cerca del 10% de los establecimientos educativos contratados. Bayona señaló que “estas acciones han beneficiado a 32.370 docentes en 753 establecimientos educativos”.El plan continuará su expansión el 15 de diciembre, cuando se incorporarán 19 IPS privadas y 6 Empresas Sociales del Estado en 15 departamentos adicionales. Con esta ampliación se sumarán 191 equipos que cubrirán un 34% más del territorio, alcanzando 2.665 establecimientos educativos y 114.488 docentes. Entre los departamentos que entran en esta fase están Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca.La proyección para enero de 2026 incluye la contratación de 36 IPS y Empresas Sociales del Estado adicionales, con lo que se garantizará la cobertura total del modelo de atención en salud laboral para todos los docentes afiliados al Fomag. En total, la estrategia cubrirá 7.840 establecimientos educativos, 39.886 sedes, 336.828 docentes y activará 562 equipos distribuidos en todo el país. La inversión destinada por el Gobierno asciende a 132.000 millones de pesos, con el fin de consolidar un modelo de atención integral, oportuno y territorializado.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró este jueves, 4 de diciembre, su petición al Gobierno de Ucrania de que permita la salida de soldados colombianos que, según dijo, fueron reclutados como mercenarios en ese país, y aseguró que se encuentran en condición de "esclavitud"."Ahí están los videos de los muchachos en Ucrania tratando de salir y no los dejan, son esclavos", afirmó el mandatario durante una ceremonia militar en Bogotá, donde defendió la prohibición del mercenarismo y cuestionó que exmiembros de las Fuerzas Armadas pongan sus conocimientos al servicio de actores privados en conflictos internacionales.Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos."Le pedí a la canciller que le oficie a Zelenski para que libere a los mercenarios colombianos de esos ejércitos porque esa no es nuestra guerra", expresó el mandatario, quien agregó que Colombia "no tiene por qué" involucrarse en otras guerras, al asegurar que ni Ucrania ni Rusia han causado "daño" a su país.Esta es la segunda vez esta semana que Petro se refiere a los mercenarios colombianos en Ucrania, pues hace dos días expresó en X que esos soldados están "secuestrados" en ese país.La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado miércoles en último debate un proyecto de ley para adoptar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, suscrita en Naciones Unidas en 1989.Con ello, el Gobierno busca tipificar delitos asociados a esta práctica, reforzar la cooperación judicial y reafirmar el rechazo a la "comercialización de la violencia".Hace un mes, la Justicia rusa condenó a 13 años de prisión a José Aarón Medina y Alexander Ante, dos colombianos acusados de participar como mercenarios en las filas del Ejército ucraniano y extraditados a este país desde Venezuela.Ambos bandos han contado desde el comienzo de la guerra con mercenarios extranjeros en sus filas y decenas de colombianos han muerto peleando en el lado ucraniano, según la prensa internacional.Decenas de mercenarios colombianos participan también en otros conflictos, como el de Sudán, donde hacen parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que combate en la región de Darfur.Un comando de 26 mercenarios colombianos también participó en julio de 2021 en el asesinato en Puerto Príncipe del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.
En circunstancias que son materia de investigación se reportó la muerte de un joven de 21 años, identificado como Kevin Ferney Marulanda, al interior de del cantón militar de la Fuerza Aérea de Apiay, en Villavicencio.El joven llevaba apenas 5 meses prestando su servicio militar en esta unidad del departamento del Meta.En conversación con BLU Radio, los padres de Kevin pidieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para establecer los motivos de la muerte de su hijo, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.“Nosotros queremos que esto quede claro sea lo que sea, pero que quede claro, que uno no quede con la incertidumbre, porque es que todas las personas que son cercanas a él, incluyéndonos nosotros, los familiares, incluyendo a nosotros los papás, se nos hace muy extraño que él haya tomado una medida tan drástica, tan determinante”, aseguró Ferney Marulanda, padre del joven.Le puede interesar: Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, AntioquiaOficialmente, la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa con poca información sobre el caso, el cual fue publicado en su cuenta de X.“En hechos que son materia de investigación, el Soldado Marulanda Gallo Kevin Ferney, integrante del segundo contingente del 2025 y quien prestaba el servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, fue hallado sin vida en su puesto de guardia. Tan pronto se conoció el hecho, se realizaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes”, dice el comunicado.Por ahora, la familia está a la espera de una investigación formal sobre lo ocurrido, mientras despiden al joven de 21 años que dejó un vacío en sus corazones.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
El miércoles 26 de noviembre, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de la subteniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro de un vehículo en el Cantón Norte, en Bogotá. El hecho estremeció al país y encendió alertas sobre la violencia que enfrentan las mujeres, incluso dentro de las instituciones armadas.Sobre lo ocurrido, el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, fue enfático al señalar que la subteniente Mora y el capitán Masmela no eran pareja. Habían sostenido una relación sentimental, pero esta había terminado más de tres meses atrás.Según su relato, Mora llegó al Cantón Norte para recoger a una amiga oficial cuando el capitán la interceptó. La oficial testigo indicó que él la obligó a regresar a su vehículo y, minutos después, la joven alcanzó a llamar a su amiga pidiendo auxilio. “La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar. La testigo sale corriendo, pero tiene que dar una vuelta para poder llegar a los parqueaderos. Repito, veía desde su habitación y se escuchan las detonaciones”, describió el representante.Cuando la testigo abrió la puerta del carro, vio el humo del arma de fuego y a ambos militares sin vida. De acuerdo con la versión entregada por la familia, el capitán habría disparado contra Mora y posteriormente se habría quitado la vida.Desde entonces, su familia ha intentado convertir esta tragedia en un símbolo contra la violencia hacia las mujeres. La joven Mora fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas del Ejército Nacional, motivo por el cual la muerte de la joven militar no solo golpea a sus allegados, sino que refleja el drama que viven miles de mujeres en el país.Los hechos de violencia han sido un ciclo lamentable en esta familia, pues su abogado detalló que la subteniente y su hermano quedaron huérfanos desde pequeños tras el asesinato de sus padres. “La familia de la teniente María Camila Mora es una familia reducida por la misma violencia. Hace muchos años también sus padres fueron asesinados vilmente y realmente es el tío quien se hizo cargo de esos dos pequeños, esos dos jóvenes que quedaron huérfanos, tanto la teniente como su hermano”.La familia, aunque reconoce el acompañamiento del Ejército durante estos días, anunció que adelantará acciones para buscar reparación integral. Según Leyva, acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa por fallas en los protocolos de seguridad dentro del Cantón Norte y por la omisión institucional que permitió que el hecho ocurriera. La indemnización, explicó, será destinada en parte a la creación del Premio Nacional María Camila Mora, un reconocimiento anual a mujeres militares destacadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En el ámbito penal, el abogado recordó que, al haber fallecido el presunto agresor, la acción penal se extingue, pero aclaró que esto no implica el cierre total del caso. Señaló que se puede perseguir el patrimonio del responsable fallecido con fines resarcitorios y reiteró que esta posibilidad debe servir para enviar un mensaje de prevención y sanción contundente. “Se debe entender que la persecución del patrimonio del homicida seguirá. No estamos diciendo que los herederos tengan la culpa, pero sí deberá responderse con la herencia. Se pueden perseguir los bienes de quien causó el homicidio y así, entonces, que lo piensen más. No es solamente que la mato, me mato y ya acabó todo. No. Se pueden perseguir los bienes de quien causó la muerte de una persona, como en el caso de la teniente”.Mientras avanzan las gestiones jurídicas, el hermano de la subteniente ha asumido la representación de la familia. La intención, insistió el abogado, no es emprender una retaliación contra la institución militar, sino garantizar que los errores sean reconocidos y reparados. “La vida de María Camila no se recuperará, pero el Estado tendrá que responder por los daños causados, y su memoria será honrada como corresponde a una mujer destacada dentro del Ejército Nacional”, concluyó el abogado Leyva.