La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
Una de las redes sociales más reconocidas es Facebook, allí, además de compartir fotos y videos, también se ven noticias, denuncias ciudadanas, reportajes, columnas de opinión y hasta enlaces guardados para leer después. Para millones de personas, no solo es una red social, es la puerta de entrada a la información, el puente entre los medios y sus audiencias, y una herramienta clave para creadores de contenido.Además, los usuarios también comparten enlaces y, por medio de un clic, llegaban a un sitio en específico. Pero esta acción, que parece tan natural, está en la mira de Meta, compañía matriz de famosa la red social.Ahora, compartir información ya no es solo una decisión personal, para algunos empieza a ser una cuestión de pago.Facebook cobraría por compartir enlaces externosFacebook está probando un sistema que limita la cantidad de enlaces externos que pueden compartir algunos usuarios si no pagan una suscripción mensual llamada Meta Verified, según mencionó el diario The Guardian.En esta prueba, ciertos perfiles y páginas que utilizan el Modo Profesional, una herramienta común entre creadores de contenido, solo pueden publicar dos enlaces externos al mes de forma gratuita. Para compartir más, deben pagar una suscripción que comienza en 9,99 euros, unos $43.700 al mes y puede llegar a cifras mucho más altas según el nivel del perfil.Aunque las organizaciones de noticias no están incluidas directamente en esta prueba, el impacto podría recaer sobre ellas de forma indirecta, ya que buena parte de su tráfico depende de que los usuarios compartan sus contenidos.Lo que significa para las personas y los mediosPara los usuarios, el cambio significa algo simple, compartir información deja de ser un derecho implícito y se convierte en un privilegio. Recomendar un artículo, difundir una investigación o enlazar una nota relevante podría quedar limitado por un contador mensual.Para los medios de comunicación, especialmente los pequeños, el escenario es más preocupante. En los últimos años, ya han sufrido una caída drástica del tráfico desde Facebook, luego de que la plataforma priorizara videos cortos y contenido viral por encima de las noticias. En 2024, ese tráfico se redujo hasta en un 50% interanual, según indicadores de Meta, Marfeel, entre otras herramientas analíticas para medios y redes sociales.Lea también: (Políticas de uso de WhatsApp cambiarán en 2026: Meta prohibirá importante "servicio" a sus usuarios).Expertos señalan que la empresa de Mark Zuckerberg lleva tiempo alejándose del contenido informativo. “Tras eliminar pagos a editores, bloquear enlaces de noticias en países como Canadá y reducir la visibilidad de artículos periodísticos”.El objetivo de Meta, con la prueba beta que ya está en curso, es monetizar la visibilidad, por lo que los usuarios tendrán que pagar no solo por verificación y seguridad, sino por algo que antes solo requería un clic, alcanzar a otros con enlaces.Por ahora, Meta ha indicado que se trata de una prueba limitada para evaluar si publicar más enlaces agrega valor adicional a los suscriptores de Meta Verified, pero esto podría cambiar en un futuro no muy lejano.
La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
Un delicado accidente de tránsito se registró en una carretera nacional cuando un carro familiar, que se desplazaba rumbo a un destino turístico, terminó involucrado en un fuerte choque con una tractomula. El hecho generó momentos de tensión entre los ocupantes, afectó la movilidad en la vía y dejó varias personas lesionadas que requirieron atención médica inmediata.Según el testimonio entregado a La Kalle por Víctor Ortiz, uno de los ocupantes del vehículo particular, la familia avanzaba por la carretera cuando el conductor de la tractomula intentó adelantarlos. De acuerdo al relato de Ortiz, el accidente ocurrió cuando una tractomula, que circulaba por la misma vía, sufrió el estallido de una de sus llantas y esto ocasionó que el vehículo de carga se desviara hacia un costado de la carretera; al intentar reincorporarse al carril, el conductor perdió el control, volcándose y chocando contra el carro familiar que quedó en pérdida total.Fuerte accidente vial involucra tractomula y familia que viajaba por vacaciones“Fue un impacto muy fuerte, pero gracias a Dios estamos vivos”, relató Víctor en diálogo con La Kalle. Actualmente, él y sus familiares avanzan en su proceso de recuperación y permanecen bajo observación médica, sin que se reporten complicaciones de gravedad.Según relató el ocupante del carro particular, viajaba acompañado de su madre, su hermano, quien estaba al volante, y dos perritos que afortunadamente salieron ilesos. Su destino era Cali donde residen su esposa e hija y con quienes se reunirían para pasar las fiestas de fin de año. Aunque los lesionados fueron atendidos y trasladados a un hospital aún no se define quién responderá por los daños materiales.En contraste con la versión del ocupante del carro, según Víctor, un empleado de una estación de gasolina cercana que aseguró haber presenciado el accidente, la tractomula sufrió la explosión de una llanta, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Este relato proviene de lo que Víctor compartió y forma parte de los testimonios que pueden ser evaluados dentro del proceso de investigación.Sin embargo, Víctor menciona que el conductor de la tractomula al parecer tendría otra versión sobre cómo ocurrieron los hechos, aunque hasta el momento no se conocen detalles específicos de su relato.Las autoridades de tránsito serán las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer cómo se presentó el accidente, lo que podría incluir análisis técnicos, revisión del estado mecánico de ambos vehículos, evaluación de las condiciones de la vía y recopilación de testimonios de las personas involucradas y de posibles testigos. Se espera que sean las autoridades quienes determinen de manera oficial, las causas del accidente y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 27 de diciembre de 2025:Se debatió sobre: si existe realmente la etiqueta en los viajes o si podemos relajarnos un poco y los protocolos de viaje. En 'Cinema travel', se comentó sobre El Paseo 8: la luna de hiel, la tradicional comedia familiar de Dago García que se estrena cada fin de año, una historia ligera y divertida pensada para disfrutar en familia en temporada decembrina.Rawdy Reales, influencer, internista, endocrinólogo, mencionó la importancia de viajar preparados, de contar con un botiquín básico para prevenir molestias habituales en los desplazamientos y de cómo la prevención resulta clave para evitar complicaciones durante los viajes.Escuche el programa completo aquí:
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que su país ha respondido con producción y distribución alimentaria interna ante lo que calificó como asedio y amenazas por parte de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un despliegue militar en el sur del mar Caribe.Durante un balance del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo que, mientras desde Estados Unidos "se planificó asediar, amenazar", en Venezuela se respondió con un despliegue logístico que "nunca se ha visto" en el que "se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos" a la población."Ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe, como nunca se había visto. El pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se ha visto: un despliegue logístico de esta naturaleza", declaró.La también ministra de Hidrocarburos indicó que, en el marco de este programa alimentario, en cinco semanas se han distribuido 158.000 toneladas métricas de alimentos para, aseguró, "atender a casi cinco millones de personas".Asimismo, Rodríguez señaló que el país suramericano también avanza en crecimiento económico."Venezuela (sigue) liderando el crecimiento económico en nuestra región a pesar del acoso económico, financiero, comercial, a pesar del bloqueo contra nuestra patria", declaró.A juicio de la vicepresidenta, este crecimiento expresa "la determinación a ser libres" y que "nada pueda doblegar" el sentimiento de libertad e independencia del país.El viernes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, en medio de las crecientes tensiones con el Gobierno dirigido por el presidente estadounidense, Donald Trump.Washington mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.
Con esta adquisición, el país inicia formalmente el proceso de reemplazo de los Kfir, la flota de origen israelí que ha operado por más de tres décadas y que ya alcanzó su límite técnico. El contrato suscrito incluye 15 aeronaves Gripen E monoplaza y dos Gripen F biplaza, además de equipos, armamento, entrenamiento y servicios asociados para garantizar la entrada en operación del sistema.Saab también firmó con el Gobierno colombiano dos acuerdos de compensación industrial (Offset) que permitirán desarrollar proyectos militares, tecnológicos y sociales de los que ya se había hablado previamente.Estos acuerdos contemplan cooperación en sectores como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y sistemas de purificación de agua y otros. Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab, se refirió a este anuncio y aseguró que la llegada de Colombia a la “familia Gripen” marca el inicio de una relación de largo plazo.Cabe mencionar que Estados Unidos había presentado su propuesta, que incluía aviones F-16 de última generación. Francia también mostró interés, promoviendo su caza Rafale, que opera actualmente en varias fuerzas aéreas de Europa. Finalmente, la oferta sueca fue seleccionada.El presidente Gustavo Petro se refirió a este acuerdo desde Cali, anunciando que el contrato se firmó por más de 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares). "Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas", dijo durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).El mandatario agregó que estas aeronaves cuentan con superioridad aérea con la más alta tecnología y le permitirán al país fortalecer la seguridad y defensa. “Tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", concluyó.
La Contraloría General de la República solicitó a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia un amplio paquete de documentos y explicaciones sobre el proceso de contratación de vigilancia y seguridad privada para todas sus sedes, un proceso cuyo valor asciende a $98.614 millones y que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. La petición formal se realizó mediante un oficio enviado el 12 de noviembre, en el que la entidad requirió detalles de cada fase del proceso, actas, cronogramas, criterios de evaluación, modificaciones realizadas y soportes técnicos que hayan sustentado las decisiones administrativas.El llamado de la Contraloría se da luego de que múltiples denuncias advirtieran presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato, adelantado bajo la modalidad de negociación global de precios. Entre los señalamientos se encuentran posibles modificaciones indebidas a documentos oficiales, falta de publicidad en la plataforma SECOP II, exigencias desproporcionadas a los oferentes y eventuales actos de favorecimiento hacia una unión temporal, hechos que comprometerían los principios de transparencia, libre concurrencia y legalidad que rigen la contratación estatal.Uno de los puntos más delicados tendría que ver con la modificación del acta de cierre del proceso, publicada inicialmente el 17 de octubre de 2025 a las 12:46 de la tarde y sustituida horas después, a las 3:06 de la tarde, sin que mediara una resolución, adenda o aviso público. La sustitución coincidió con una solicitud de ajustes por parte de la Unión Temporal EAC, que habría modificado su propuesta económica y la garantía de seriedad, lo que según denunciantes constituye una vulneración al debido proceso y un favorecimiento directo a un proponente. El periodista Melquisedec Torres advirtió públicamente que se habría alterado una propuesta por más de $27.000 millones, hecho que también fue denunciado formalmente por el representante profesoral Diego A. Torres ante la Procuraduría.En su oficio, la Contraloría solicitó además a la Universidad Nacional remitir todas las actas de propuestas, los criterios utilizados para asignar puntajes, las observaciones recibidas y las respuestas emitidas. También recalcó que la información no debe enviarse por medios como Google Drive, recordando el cumplimiento obligatorio del artículo 99 de la Ley 42 de 1993, que establece sanciones en caso de omisión o entrega incompleta de datos requeridos para procesos de vigilancia fiscal.Los denunciantes también señalan que el proceso habría excluido de manera injustificada a varias empresas debido a exigencias que consideran desproporcionadas o ajenas al objeto contractual. Entre ellas mencionan certificaciones ISO no esenciales, visitas técnicas obligatorias, acreditaciones propias de empresas integradoras de tecnología —lo cual iría en contra del Decreto 356 de 1994 que regula la vigilancia privada— y obligaciones contractuales sin contraprestación económica, contraviniendo la Circular 445 de 2024 de la Supervigilancia. Estas condiciones, sumadas a que el proceso se adelantó en temporada vacacional y recibió una única propuesta, han encendido alertas sobre la pluralidad y transparencia del proceso.¿Qué dice la Universidad Nacional?A través de un comunicado, la institución reconoció que se cometieron algunos errores en los soportes recibidos, así como en la transcripción del acta de cierre publicada, pero que estos fueron ajustados en "concordancia con los principios de eficacia y publicidad" el 17 de octubre."A la fecha, el acta continúa publicada en la plataforma oficial del proceso", añade la institución en el documento.La Universidad Nacional enfatizó que ha actuado dentro del marco legal para preservar la objetividad y transparencia en sus procesos administrativos.
Una operación militar en zona rural del Guaviare desató una nueva polémica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', al afirmar que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.Desde Indepaz, su director, Leonardo González, calificó como un error la posición del ministro: “Ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo de menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar siempre por encima de cualquier estrategia militar. Antes de autorizar un bombardeo, la Fuerza Pública está obligada a verificar con certeza que no hay menores de edad reclutados en el grupo armado objetivo”, dijo.Además, cuestionó si en operaciones pasadas se verificaron las edades de las víctimas. “Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, deben actuar sin emplear armamento letal, utilizando otros métodos de control militar. No se debe proceder a un bombardeo indiscriminado”.Por su parte, Gerson Arias, investigador de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del Gobierno Petro.“Lastimosamente, en ningún proceso de la paz total, excepto el reciente con el Ejército Gaitanista de Colombia, el Gobierno ha exigido o puesto como condición la desvinculación de los niños y niñas para seguir avanzando en los procesos. Esto muestra cómo, en particular, este tema sigue siendo uno de los grandes vacíos adicionales que tiene la paz total”.Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia completa que determine si murieron menores durante el bombardeo en el Guaviare.
Este sábado, 15 de noviembre, se podría dar apertura a uno de los carriles afectados tras el derrumbe del pasado 7 de septiembre en el kilómetro 18 de la vía al Llano. De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, se realizaron trabajos de señalización y remoción para garantizar que la habilitación se haga de la manera más segura, mitigando los riesgos.Sin embargo, la Veeduría Vial del Meta advirtió que la reapertura del carril se haría bajo un alto nivel de riesgo, pues la masa inestable no ha sido completamente estabilizada y, ante fuertes lluvias, podría volver a desplazarse e invadir nuevamente la vía.“Se estima que, de continuar el buen clima que ha acompañado esta labor, el 15 de noviembre es posible dar al servicio, el carril prometido, con la expectativa que puedan ser dos carriles, dada el área intervenida. Sin embargo, debemos hacer claridad que es una apertura con alto riesgo, en virtud a la no estabilización de la masa inestable”, alertó Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría Ciudadana del Meta.Cabe resaltar que el gremio realizó una visita técnica al kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio, junto a ingenieros de la Gobernación del Meta adscritos a la AIM, el pasado 6 de octubre, con el propósito de verificar los trabajos ejecutados por Invías y Coviandina para restablecer la movilidad en este punto afectado por la caída de material desde una ladera.Según el reporte de la veeduría, el contratista de Invías logró despejar parcialmente dos de los cuatro carriles, aunque el material removido fue depositado sobre los otros dos debido a la falta de un lote para su disposición definitiva. Por su parte, Coviandina, ha trabajado en la rehabilitación del sistema de captación y manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, mediante la recuperación de canales con geomembrana, instalación de drenes y mantenimiento de pozos de abatimiento, labores indispensables para reducir la influencia del agua en la inestabilidad del corredor. No obstante, aún quedan pendientes varios tramos de canalización debido a que los propietarios de algunos predios no han permitido el ingreso a sus terrenos.El organismo ciudadano insistió en la necesidad de definir con urgencia un sistema de estabilización y contención basado en un diseño geotécnico detallado, del cual aún no se conocen los lineamientos propuestos por el concesionario y, asignar los recursos necesarios para ejecutar estas obras durante la temporada seca que se aproxima.Así mismo, recordaron que el mantenimiento solicitado para las vías alternas en Ubaque y Une no se ha ejecutado, pese al deterioro que sufrieron por el aumento del tráfico trasladado a estas rutas, afectando directamente a las comunidades de la zona.Blu Radio pudo establecer que, el sábado 15 de noviembre, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunciará con el fin de comunicar una decisión y los trabajos que se han realizado en el corredor.
En conversación con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, entregó detalles sobre el atentado contra el senador Temístocles Ortega, ocurrido en la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Rodríguez reconoció que la seguridad en esa región es especialmente compleja y que, según la información preliminar, el hecho podría estar relacionado con un intento de robo.“Estamos ante una reacción violenta de grupos armados en varias regiones del país, como Arauca, donde la presión de la fuerza pública ha generado caos y miedo en la población”, reconoció.El jefe de esta entidad señaló que el contexto electoral ha aumentado de manera sustancial el número de personas que requieren protección: precandidatos presidenciales, aspirantes al Congreso, líderes sociales y dirigentes regionales.Sin embargo, la UNP enfrenta un déficit crítico de vehículos blindados. Dos procesos recientes para contratar arrendadores de estos automotores quedaron desiertos, lo que limita la capacidad de respuesta.“Hay parlamentarios que, aunque están en riesgo, tienen mejores condiciones que líderes sociales o precandidatos que no cuentan con esquemas. Y ante la escasez de vehículos, debemos apelar a la solidaridad y priorizar con los recursos que tenemos”, afirmó.Como alternativa, la UNP está reforzando esquemas ligeros (escoltas sin blindado) y entregando apoyos económicos para que algunos protegidos gestionen su propio transporte, siempre que el nivel de riesgo lo permita.Rodríguez advirtió que el reciente caso del senador Temistocles Ortega es grave y se encuentra bajo investigación. Una de las hipótesis preliminares es que pudo tratarse de un intento de robo, debido a que el área del Cauca donde ocurrió el ataque es actualmente una de las zonas con mayor número de robos de vehículos en el país.El director explicó que el senador tuvo complicaciones con su vuelo hacia Popayán y debió desplazarse por carretera desde Cali en horas de la madrugada, “un momento poco aconsejable para transitar por esa vía”, dijo. Mencionó tres factores principales: alta incidencia de hurto de vehículos blindados en esa zona del Cauca; el horario del desplazamiento, que incrementa el riesgo de asaltos en carretera y el tipo de armamento empleado.“No hubo armas largas. Los impactos observados en el vehículo corresponden más a armas cortas, no a fusiles que suelen dejar los vidrios totalmente pulverizados”. Cabe mencionar que la conclusión definitiva dependerá de la Fiscalía y las autoridades competentes.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.