Diciembre es sinónimo de primas, compras y retiros constantes de dinero en efectivo. Sin embargo, también se convierte en el mes preferido para los delincuentes, que aprovechan el afán y la congestión en los cajeros automáticos para vaciar cuentas bancarias. En medio del aumento de transacciones, una modalidad de hurto conocida como la “trampa del billete” volvió a encender las alertas de las autoridades y de las entidades financieras en todo el país.Este tipo de estafa, que no es nueva, suele pasar desapercibida entre los usuarios, especialmente en temporada de fin de año, cuando las filas son largas y la presión por retirar rápido juega en contra de la seguridad.Cómo funciona la estafa de la trampa del billete en cajerosDe acuerdo con lo revealedo por las autoridades, el engaño inicia cuando la persona llega a un cajero automático y nota un billete aparentemente atascado en la ranura por donde sale el efectivo. Al intentar retirarlo o manipularlo, el cajero presenta una falla, se bloquea o no entrega el dinero solicitado.En medio de la confusión, muchos usuarios optan por cancelar la transacción o se retiran del lugar creyendo que el retiro no se completó. Sin embargo, el billete fue colocado de manera intencional por los delincuentes para distraer a la víctima y dejar la sesión abierta. En cuestión de minutos, los estafadores regresan al cajero y realizan retiros sin necesidad de la tarjeta.Las autoridades advierten que este método es especialmente efectivo cuando la persona no espera el cierre total de la operación ni verifica que la sesión haya finalizado correctamente.Por qué diciembre es el mes con más riesgo de estafasLas entidades financieras han insistido en que esta modalidad se incrementa en diciembre debido al mayor flujo de dinero. El pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia por el afán, las largas filas o la congestión en los cajeros.A esto se suma que muchos usuarios no revisan de inmediato los movimientos de su cuenta, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante varias horas. Además, los cajeros ubicados en vías principales o en zonas alejadas de oficinas bancarias suelen ser más vulnerables para este tipo de delitos.Recomendaciones para evitar la trampa del billeteLas entidades bancarias reiteran una serie de recomendaciones básicas para no caer en esta estafa:No tocar ni retirar billetes que sobresalgan del cajero.Cancelar completamente la operación ante cualquier anomalía.Retirar siempre la tarjeta antes de abandonar el cajero.Revisar de inmediato los movimientos de la cuenta.Preferir cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales.Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
En su reciente reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a los creyentes a cultivar una actitud de gratitud profunda, basándose en el Salmo 103. Destaca cómo el salmista David desafiaba a su propia alma para mantener presentes todas las bendiciones recibidas, recordándonos que somos seres tripartitos compuestos por espíritu, alma y cuerpo.Según Castellanos, es vital evitar la queja constante que mostró el pueblo de Israel en el desierto y, en cambio, declarar con convicción: "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios". La reflexión también aborda la capacidad de Dios para restaurar las heridas más profundas, no solo físicas sino también emocionales.Enfatiza que el perdón divino es total y que debemos imitarlo perdonando "de todo corazón" para poder avanzar. Al respecto, el pastor cita la promesa bíblica: "Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias". Este poder restaurador se ilustra con testimonios de superación tras traiciones matrimoniales y la propia experiencia del pastor, quien sobrevivió milagrosamente a un atentado de cinco disparos por la protección divina.Finalmente, el pastor motiva a la audiencia a reconocer los favores inmerecidos de Dios, como la familia y la provisión diaria, que permiten que el ser humano se rejuvenezca "como el águila". La enseñanza concluye con un llamado a visualizar el sacrificio en la cruz para recibir los beneficios de la redención. En una oración final, Castellanos guía a los oyentes a declarar: "Acepto mi sanidad. Acepto mi liberación, acepto mi restauración, acepto mi prosperidad, porque tú me lo diste a través de la obra en la cruz del calvario".
Mientras muchas familias celebran unidas esta temporada decembrina, Camila Rapalino, una joven madre de 25 años, libra una batalla por su vida desde una habitación del Hospital Internacional de Colombia (HIC). Desde hace cinco años enfrenta la leucemia y hoy atraviesa una recaída que la mantiene hospitalizada desde hace más de tres meses. Su tratamiento, al igual que el de cientos de pacientes en Santander, depende de un recurso que no se puede fabricar, la sangre.Camila necesita transfusiones constantes, especialmente de plaquetas. Su hija de dos años la espera en Ocaña, Norte de Santander, y anhela estar con su mamá este fin de año y darle un fuerte abrazo, por lo que hace un llamado a los buenos corazones. “Cada donación me permite seguir adelante; en mi caso, son las plaquetas que se me bajan mucho, que se pongan la mano en el corazón y que en esta temporada que es tan difícil nos colaboren y nos den ese regalito porque es la única manera que lo podemos conseguir mi mayor motivación es poder estar con mi hija, volver a abrazarla”, afirmó. Como ella, niños, adultos y pacientes críticos necesitan una transfusión o la continuidad de sus tratamientos, en medio de una situación que se agrava en diciembre y enero, cuando las donaciones caen cerca del 50 %.El HIC requiere alrededor de 2.000 donantes mensuales para cubrir cirugías, tratamientos oncológicos y urgencias, y aun así realiza más de 2.500 transfusiones al mes entre sus sedes de Piedecuesta y Floridablanca, beneficiando directamente a más de 500 pacientes.A esta alerta se suma el Hospital Universitario de Santander (HUS), único hospital público de alta complejidad de la región y centro de referencia para pacientes provenientes de otros departamentos, que también advirtió una preocupante disminución en las reservas de sangre.“El problema es crítico porque la sangre no se fabrica, solo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas”, explicó el doctor Cristian Daniel Sánchez Tapias, del Banco de Sangre del HIC. Actualmente se requieren todos los grupos sanguíneos, con especial urgencia A positivo y negativo, así como O y B, fundamentales para atender emergencias, cirugías y tratamientos oncológicos.Donar sangre es un proceso seguro, rápido y vital. El Banco de Sangre del HIC en Piedecuesta atiende 24 horas, mientras que la sede cardiovascular de Floridablanca recibe donantes de lunes a sábado. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas. En estas fiestas, cuando los hospitales trabajan al límite, Camila y cientos de pacientes esperan un regalo que no se compra ni se envuelve la oportunidad de seguir viviendo.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Las preocupaciones en el municipio de Anorí no solo pasan por el complejo panorama de seguridad que viven hace varios meses y que ha generado homicidios, desplazamientos y confinamientos. La misma problemática ahora también está afectando la inversión social.Así lo denunció el alcalde de esta localidad, Gustavo Silva, quien expresó su inquietud por la invasión que persiste de unas 300 familias de un predio en el sector Las Lomas, cerca a la Plaza de Ferias, donde está planeado construirse una pista de patinaje.Para esta obra la Gobernación de Antioquia ya tiene destinados 6.200 millones de pesos, que podrían perderse en caso de no ser ejecutados ante la negativa de estas personas provenientes del sector Anorí Dos Bocas para retirarse del lugar, reconociéndose como víctimas de desplazamiento forzado.El mandatario aseguró que tienen conocimiento sobre muchas personas que no requieren de un terreno y en muchos casos ni siquiera son del municipio."Nosotros que somos de acá del pueblo sabemos la realidad. Cuando hablo de realidad es que hay personas que tienen su casa, hay personas que tienen sus fincas, hay personas que habitan aquí en el pueblo, hay personas que no son ni del municipio, personas que no tienen esa condición de desplazados", indicó.De igual manera, Silva comentó la preocupación latente sobre la disponibilidad de recursos para la obra que, según reveló, solicitarán a la administración departamental que puedan continuar asegurando."Hemos pedido a la Gobernación que nos sostenga los recursos hasta el otro año, a ver si logramos llegar a algún acuerdo. En caso, el gobernador ya determinará si más adelante, al no lograr nada, ya tomen otra decisión con ese dinero, pero esperamos que la Gobernación nos lo está respetando en este momento", aseguró. Hay que recordar que sobre el terreno en disputa ya a inicios de octubre la Secretaría de Seguridad de Antioquia había ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos para identificar a los promotores de esta acción ilegal, sobre la que no se descartó que estuvieran detrás las disidencias de las Farc.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
El periodista Germán Santamaría, desde las páginas de El Tiempo, narró al mundo la historia de Omaira Sánchez, la niña que permaneció atrapada durante tres días bajo los escombros tras la tragedia de Armero en noviembre de 1985. Cuatro décadas después, Santamaría recordó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu aquel cubrimiento que transformó su vida y se convirtió en una de las crónicas más estremecedoras del país.“Yo no quise verla morir”, confesó Santamaría, conmovido, al recordar los últimos instantes de Omaira.Un cronista en medio del desastreEl 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y arrasó con el municipio tolimense de Armero: dejó más de 23.000 víctimas. Para entonces, Germán Santamaría ya era un reportero experimentado. Había cubierto guerras y terremotos internacionales, pero ninguna tragedia lo marcaría tanto como esta.“Yo salí del periódico El Tiempo esa noche, y a las cinco y media de la mañana un helicóptero me recogió en Niza. Desde el aire vi que Armero había desaparecido del mapa”, relató. El periodista, oriundo del Líbano (Tolima), conocía bien la región. Su infancia transcurrió en esos pueblos cafeteros y areneros, llenos de vida, que desaparecerían bajo toneladas de lodo y piedra. “Era el pueblo más vital del Tolima”, recordó. Al llegar a la zona, lo primero que encontró fue un paisaje desolador: “Vi cuerpos desnudos que emergían del barro, gente que pedía auxilio. Fue como una escena de película de horror”.El encuentro con Omaira SánchezFue el viernes 15 de noviembre, dos días después de la avalancha, cuando Germán Santamaría halló a Omaira Sánchez. “Un hombre me dijo: ‘Aquí cerca hay una niña atrapada’. Caminamos entre el lodo hasta que la vimos”, narró. La niña, de 13 años, permanecía aprisionada por los restos de su casa, con el agua al pecho.“Solo le pregunté cómo se llamaba. Me dijo: ‘Omaira Sánchez’. No quise hacerle más preguntas, porque cualquier pregunta sería una canallada”, recordó Santamaría. Durante horas, observó cómo los socorristas intentaban sin éxito liberarla. “Pedían una motobomba para sacar el agua, pero era como intentar vaciar el mar”, dijo. Aun así, el periodista regresó a Bogotá decidido a conseguir una. Incluso le pidió al entonces subdirector de El Tiempo, Juan Manuel Santos, que lo ayudara: “Le dije, ‘vaya a conseguir una motobomba’. Y la consiguió”, relató entre risas y nostalgia.La crónica que conmovió al mundoEl sábado por la mañana, Santamaría volvió a Armero con la motobomba. Pero al llegar, comprendió que ya era demasiado tarde. Omaira estaba exhausta, apenas podía hablar. “Cuando vi que se estaba deteriorando, el médico me dijo: ‘Se va a morir’. Yo le respondí: ‘No quiero verla morir’, y me alejé unos metros”, relató con voz entrecortada.“Yo no soy Dios, ni soy médico. No podía decidir si amputarle las piernas. Solo dije: ‘Suéltenla’”, contó el periodista. Omaira murió pocos minutos después, frente a los socorristas y periodistas que intentaban salvarla. Santamaría, junto al fotógrafo Carlos Caicedo, la cubrió con piedras y escombros. “Lloramos los dos. Fue el periodismo más duro que he hecho en mi vida”, confesó.La crónica publicada en El Tiempo dio la vuelta al mundo. Las fotografías de Jorge Parga y las palabras de Santamaría se convirtieron en símbolo de la tragedia y en un llamado global a la solidaridad. Los diarios de Europa, Asia y América reprodujeron el relato. Armero, 40 años despuésCuarenta años después, la imagen de Omaira Sánchez continúa viva en la memoria colectiva. Su serenidad, su fe y su valentía en medio del dolor transformaron a la niña en un emblema de resistencia humana. Para Germán Santamaría, aquel cubrimiento fue más que un ejercicio periodístico: fue una experiencia que lo marcó para siempre.“Pensé en mi hija, que tenía casi la misma edad. Lloré mucho después, no allá, sino en mi casa. Me quité la ropa cubierta de barro y sangre, y lloré al verla dormir”, recordó. Hoy, Santamaría es considerado uno de los grandes cronistas del periodismo colombiano, autor de obras memorables y testigo de los momentos más duros del país. Pero ninguna historia, dice, ha tenido el peso emocional de aquella niña de Armero.Reviva en el siguiente video la entrevista completa con Germán Santamaría
Cuarenta años después de la tragedia de Armero, Colombia sigue sin conocer con precisión el número de víctimas que dejó la erupción del volcán Nevado del Ruiz y que arrasó la ciudad colombiana, reconoció este miércoles la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz."Hoy en día desconocemos las cifras precisas del desastre", admitió Marín durante la presentación del estudio 'Armero ¿40 años de vulneración de derechos?', un informe sobre las persistentes vulneraciones de derechos humanos derivadas de aquel desastre.La rueda de prensa se llevó a cabo en el municipio de Honda, a pocos kilómetros de las ruinas del antiguo Armero, la ciudad del departamento del Tolima que desapareció bajo una avalancha de lodo y escombros tras la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.En diálogo con Mañanas Blu, Mauricio Cuéllar, alcalde de Armero, contó detalles de la tregedia de ese, cuando él apenas tenía unos seis años; perdió a su hermano mayor y junto a su madre tuvieron que luchar contra ese lodo que les había cubierto el cuerpo. "Cada uno buscaba salvarse como fuera. Yo estuve enterrado casi que día y medio", contó. "Eran muchos cuerpos. Siempre se habla de cerca de 25 mil, pero el censo total de la población no era un eje claro, hoy tomamos estadísticas. La cifra se queda corta, yo creo que va por encima de los 30 mil", dijo con nostalgia el alcalde del municipio que ahora se llama Armero - Guayabal. El municipio de Armero - Guayabal, donde hoy es la cabecera municipal por ordenanza de 1986, se prepara para los actos de conmemoración, que incluyen humilías cada dos horas y la tradicional lluvia de pétalos de rosas. Cuellar, quien coordina la logística desde Guayabal, enfatizó el dolor persistente que sienten los sobrevivientes, quienes fueron disgregados por todo el país tras la reconstrucción.El censo de personas muertasLa dificultad para establecer un censo exacto se debe a que, después de la avalancha, no existía un plan claro ni preparación para manejar la catástrofe. Debido a la emergencia sanitaria y el riesgo de infecciones, fue necesario disponer de los cuerpos rápidamente. Cuellar relató que muchos cadáveres fueron depositados en fosas comunes en el cementerio de Guayabal, en un proceso donde un cargador "llenaba su balde de cadáveres" para luego descargarlos y taparlos.Para llegar a las cifras de población de la extinta Armero, se recurrió a estadísticas como el directorio telefónico o los recibos de energía de Enertolima, buscando un promedio de cuántas casas y personas habitaban el municipio, que en su momento era el más grande en población del norte del Tolima. A pesar de los esfuerzos, el alcalde sostiene que la magnitud de la tragedia se subestima con la cifra de 25.000.Experiencia personalMauricio Cuellar, de 47 años, tenía solo seis años cuando ocurrió la tragedia. Vivía con su madre y su hermano en el barrio Santander de Armero. Su madre, tras escuchar ruidos y sentir arena en lugar de lluvia, los sacó de la casa justo antes de que el lodo los alcanzara.Cuellar relató la odisea que vivió al quedar "enterrado cerca de día y medio" hasta el pecho, mientras que el lodo los arrastró cerca de dos cuadras. Su madre quedó inmersa junto a él, y ella siempre ha tenido la sensación de que su hermano perdido se movía bajo sus pies. Fue rescatado por su tío y su padre. Además de estar atrapado por paredes y escombros, Cuellar sufrió una luxofractura en su rótula derecha, por lo que tuvo que ser cargado hasta Guayabal. Cuarenta años después, el alcalde describe este recuerdo como una fuente de frustración y un día "doloroso", intentando superarlo y asegurar que la historia no muera.La pérdida de niñosEl dolor personal del alcalde es profundo, pues la avalancha le arrebató a su hermano, quien tenía cerca de ocho años. Su madre, hoy de 85 años, sigue buscando a su hijo, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Este caso resuena con otros niños sobrevivientes de la tragedia.El alcalde confirmó que la tragedia fue un escenario de rapiña donde se utilizó la situación para vender o intentar vender niños huérfanos a ciudadanos extranjeros. Relató el caso de una prima que fue rescatada y que su tía encontró en un hospital de Bogotá, a punto de ser entregada a dos extranjeros. Incluso la hermana de la esposa de Cuellar fue casi raptada bajo la excusa de un tema de adopción.Además de la venta de niños, se observó rapiña sobre los muertos, donde supuestos socorristas buscaban las cadenas, anillos o calzas de oro de las personas enterradas. Este tipo de insensibilidad no solo provino del Estado, sino de otras personas que se aprovecharon del dolor.Escuche aquí la entrevista:
Colombia registra una esperanza de vida de 77,5 años, una de las más bajas entre los más de 40 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe 'Panorama de la Salud 2025', divulgado este jueves.Ese dato está 3,6 años por debajo del promedio de la Organización, señala el documento.El estudio advierte que aunque el país ha logrado una cobertura sanitaria casi universal (el 99 % de la población), su desempeño general en salud continúa rezagado frente al promedio de la OCDE, especialmente en mortalidad prevenible y tratable; recursos humanos en salud, y gasto sanitario, así como en la satisfacción con los tratos médicos recibidos.Según la OCDE, Colombia registra 304 muertes prevenibles por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio de 145 en los países miembros, y 115 muertes tratables, frente al promedio de 77.Además, el país gasta 1.877 dólares per cápita en salud, muy por debajo de la media de 5.967 dólares, pero solo el 46 % de la población colombiana estuvo satisfecha con los servicios recibidos, un 18 % menos que la media de la OCDE.El informe destaca que el país dispone de 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio de la OCDE es de 3,9 y 9,2, respectivamente.A pesar de las limitaciones, el documento subraya algunos avances: la tasa de suicidios en Colombia (seis por cada 100.000 habitantes) es una de las más bajas entre los países analizados y solo el 1,3 % de los colombianos declara tener mala o muy mala salud, frente al 8 % de la media de la OCDE.En cuanto a los factores de riesgo, Colombia tiene una prevalencia de tabaquismo del 9,8 % y un consumo anual de 4,2 litros de alcohol por persona, cifras inferiores a los promedios de 14,8 % y 8,5 litros.Sin embargo, el sedentarismo alcanza al 35 % de la población adulta, cinco puntos por encima de la media.El informe, que constituye una de las principales radiografías comparativas de los sistemas de salud del mundo, muestra que los países de la OCDE enfrentan crecientes desafíos de sostenibilidad tras la pandemia, con presiones sobre el gasto, el personal médico y la atención preventiva.En este contexto, la organización insta a reforzar las políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso, la prevención y la eficiencia en el uso de los recursos.
La agonía de la niña Omaira Sánchez, de 13 años, enterrada hasta el cuello entre el lodo y los escombros, se convirtió hace 40 años en símbolo de la tragedia del pueblo colombiano de Armero en cuyas ruinas sobresale una escultura suya, rodeada de centenares de placas de agradecimiento, y transformada en objeto de culto popular.Como los más de 25.000 habitantes de Armero, una localidad agrícola del departamento colombiano del Tolima, en el centro del país, los Sánchez Garzón, familia de la pequeña Omaira, fueron sorprendidos la noche del 13 de noviembre de 1985 cuando una avalancha de piedras y lodo causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó el pueblo en la mayor catástrofe natural de Colombia.Al día siguiente, el país y el mundo vieron atónitos como socorristas y sobrevivientes trabajando con las uñas, porque no había otros medios, trataban de rescatar a personas que habían quedado atrapadas, la mayoría de ellas irreconocibles por la hinchazón causada por el lodo tostado por el sol que hasta les desdibujaba la forma humana.Entre esas personas que quedaron vivas a pesar de haber sido sepultadas por la avalancha estaba Omaira, una niña de ojos negros y cabello corto ensortijado cuya vida se extinguió lentamente ante la mirada del mundo que fue testigo de su drama particular, uno entre los muchos de aquella catástrofe, retransmitido por las televisiones de la época, entre ellas Televisión Española."A la niña Omaira la convirtieron en el símbolo de la tragedia (...) pero situaciones como las de la niña Omaira tuvieron que haber sucedido miles", afirma a EFE José Nova, quien con su hermano Hernán Darío creó el Centro de Visitantes de Armero, una precaria oficina que ofrece visitas guiadas a quienes se detienen en la carretera que lleva a Ibagué, la capital regional, para visitar las ruinas del pueblo desaparecido.Carrera contra el tiempoEl cuerpo de Omaira quedó atrapado en un mar de agua y lodo entre los escombros de su casa en el barrio Santander. Logró sobrevivir tres días porque su cabeza sobresalía en aquella zona convertida en pantano, como lo muestra una escultura instalada en la tumba de la niña, rodeada de centenares de placas de granito con mensajes de agradecimiento "por los favores recibidos", puestos por personas, en su mayoría anónimas, que le atribuyen milagros.Lo que siguió tras el hallazgo de la niña -cuyos ojos vivaces se fueron tornando vidriosos con el paso de las horas, y los dedos de las manos y los labios, arrugados por estar mucho tiempo en el agua-, fue una carrera frenética para tratar de salvarla que involucró a socorristas y numerosos espontáneos.Los socorristas pedían a gritos una motobomba para tratar de evacuar el agua que rodeaba a la pequeña, pero en aquellos años y en esas condiciones todo era imposible.Vaciar parte del agua y del lodo en que estaba hundida la pequeña era fundamental para tratar de rescatarla porque su cuerpo estaba atorado por lo que, en medio de la desesperación, alguien sugirió la posibilidad de cortarle las piernas, a ciegas y sin los instrumentos apropiados, para sacarla."En ese sitio había muchos escombros y parece ser que algo muy pesado, digo parece ser, porque no se veía siquiera (...) qué era lo que la tenía atrapada a nivel de la cintura. Se habla de una placa de concreto, de una columna, de una viga y el tema más complejo es que no había ninguna manera de llevar algún tipo de herramienta, de máquina para poderla liberar de eso", agrega Nova.Entereza en la despedidaTodos los esfuerzos fueron en vano y Omaira murió en la tarde del 16 de noviembre de 1985, después de permanecer más de 60 horas en esas dramáticas condiciones, durante las cuales conversó por momentos con quienes trataban de ayudarla o de mojarle con agua los labios agrietados por la deshidratación."Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude... Mami, te quiere mucho mi papi, mi hermano y yo... Adiós, madre", fueron las conmovedoras palabras con las que se despidió y que el mundo siguió por la televisión.Por la entereza que demostró en esos momentos de angustia, a pesar de su corta edad, Omaira ganó fama de persona virtuosa y en el imaginario popular se convirtió en digna de veneración, como lo demuestran las numerosas placas que le agradecen su intercesión en los más diversos asuntos.Según testigos, el cuerpo de Omaira, con autorización de su madre, que sobrevivió a la tragedia, fue cubierto con escombros y cuando el lodo se solidificó, su tumba se convirtió en una especie de santuario y lugar de visitación de quienes van a las ruinas de Armero.En el lugar, además de la escultura, una cruz parcialmente tapada por las placas de granito, flores, fotografías y juguetes, y una lápida decorada con pinturas de ángeles recuerdan que Omaira nació el 28 de agosto de 1972 y murió el 16 de noviembre de 1985.
El presidente Gustavo Petro ha matizado la instrucción que dio, hace 24 horas, de suspender la entrega de información de inteligencia a agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos.Aunque en su primera publicación señaló que la medida iría mientras ese país continuara con los ataques contra embarcaciones con droga en el Caribe y el Pacífico, en nuevos pronunciamientos ha cambiado el sentido de la instrucción.En la publicación más reciente en X, Petro aseguró que Colombia respeta el derecho internacional y por ello, la información compartida, debe ir en esa línea.“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", escribió el jefe de Estado.Es decir, sí habrá intercambio de información reservada de inteligencia siempre y cuando se garantice que será usada para operaciones de interdicción con capturas y no bombardeos que dejen muertos.“Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas”, agregó Petro.Con esto, se confirma que no habrá una especie de ruptura total entre las fuerzas y agencias de inteligencia de ambos países, una relación que ya ha afectado en varias ocasiones por la inclusión de Petro en la Lista Clinton y las declaraciones del mandatario colombiano donde ha pedido que el país trabaje de manera conjunta con la inteligencia de Venezuela, una posición que no ha sido bien recibida en Estados Unidos.Petro, por ahora, mantienen su crítica a el presidente Donald Trump por los bombardeos y el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico.“De nuevo, solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, han sido sus declaraciones.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.