La situación fiscal del país volvió al centro del debate público tras una serie de denuncias hechas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, en entrevista con Blu Radio este 29 de diciembre de 2025. Aunque el diálogo abordó varios temas políticos y económicos, uno de los puntos más sensibles fue el manejo de los recursos del Fondo del Magisterio y las decisiones de gasto del Gobierno en medio de lo que denomina una “emergencia económica”.Forero sostuvo que, pese a las confrontaciones políticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ese choque no ha tenido un impacto real en la popularidad del mandatario colombiano. Sin embargo, advirtió que el verdadero riesgo está en la economía, especialmente si se toman decisiones que terminen afectando directamente a los ciudadanos.Traslado de recursos del FOMAC genera alarma entre maestrosEl congresista confirmó que recibió respuesta oficial de la Fiduprevisora sobre el traslado de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC). “Lo que me confirma hoy la Fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos (…) que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros”, dijo Forero, al señalar que ese dinero se usó para cubrir un faltante en el sistema de salud.Según explicó, el problema se originó por falta de planeación en el nuevo modelo de salud del magisterio. “En lugar de ver mejorías, lo que hemos visto es que tristemente se ha deteriorado sensiblemente”, afirmó, recordando que incluso Fecode ha salido a criticar el modelo.“Es como tapar un hueco abriendo otro”, afirmó Andrés Forero Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Forero usó una metáfora doméstica para explicar la situación. “Esto es como hacerse un préstamo dentro de la misma casa”, señaló, y luego remató: “Están tapando un hueco con otro, abriendo otro hueco dentro de su misma casa”.El representante alertó que, cuatro meses después del traslado, el Ministerio de Hacienda aún no ha repuesto los recursos. “La preocupación que uno tiene es que estos recursos (…) posiblemente se van a evaporar”, advirtió.Gastos del Gobierno bajo la lupa en plena emergencia económicaForero también cuestionó otros gastos del Ejecutivo, como el pago de una residencia diplomática en Arabia Saudita. “Son más o menos 1.000 millones de pesos al año”, dijo, al considerar incoherente ese tipo de erogaciones mientras miles de contratistas no reciben su salario. “Si el gobierno habla de una emergencia económica, lo primero que tiene que hacer es ajustarse el cinturón”, concluyó.Las denuncias dejan abierto un debate de fondo sobre prioridades fiscales y el impacto real de las decisiones económicas en sectores clave como la educación y la salud.
En la mañana de este lunes 29 de diciembre se conoció nueva información sobre la definición del salario mínimo en Colombia. Según reveló Blu Radio, el Ministerio del Trabajo le habría propuesto al presidente Gustavo Petro un incremento del 23 %, lo que llevaría el salario mínimo mensual a $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. La propuesta tendría como objetivo reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el salario vital estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Este planteamiento marca un giro en las negociaciones de este año, ya que por primera vez se incluyó como variable el concepto de salario vital. De acuerdo con el documento citado, la estimación parte del principio de que la remuneración laboral debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias, garantizando condiciones mínimas de bienestar.Propuesta del Gobierno: salario mínimo en 2026Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que, si Colombia adoptara plenamente los estándares de la OIT, el salario mínimo debería fijarse en $1.826.190, sin auxilio de transporte. No obstante, aclararon que este sería un ajuste progresivo y no una medida que se implemente en un solo año.Según el Ejecutivo, la mejora en los indicadores de crecimiento económico y la reducción del desempleo serían factores clave para avanzar hacia ese objetivo. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por sectores empresariales ni por voces opositoras, que advierten sobre los posibles impactos en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.Pese a las críticas, el Ministerio del Trabajo insiste en que el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y acercar el salario mínimo a un ingreso que permita cubrir gastos esenciales.¿Quiénes recibirían el auxilio de transporte en 2026?En caso de que el salario mínimo se fije en $1.746.882, el auxilio de transporte también tendría una modificación importante. Aunque aún no se ha decretado oficialmente su valor, se espera que el incremento sea proporcional al aumento del salario mínimo legal vigente.Actualmente, el auxilio de transporte es de $200.000. Expertos estiman que podría ubicarse entre $220.000 y $280.000, a la espera del anuncio oficial del Gobierno. Este beneficio se entrega a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, por lo que, con el nuevo ajuste, las personas que ganen menos de $3.493.764 tendrían derecho a recibirlo.Esto implica que trabajadores que en 2025 no accedían al auxilio por superar el tope ($2.847.000), en 2026 podrían empezar a recibir este ingreso adicional, lo que representaría un alivio inesperado para su presupuesto mensual.Cuándo se anunciará el aumento del salario mínimoDesde el viernes 27 de diciembre se ha mencionado que el presidente Gustavo Petro confirmará el incremento del salario mínimo entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre. No obstante, en la mañana de este lunes se conoció que el mandatario realizaría una alocución a las 7:00 de la noche, momento en el que se espera que revele oficialmente el aumento que regirá para 2026.
Diciembre es sinónimo de primas, compras y retiros constantes de dinero en efectivo. Sin embargo, también se convierte en el mes preferido para los delincuentes, que aprovechan el afán y la congestión en los cajeros automáticos para vaciar cuentas bancarias. En medio del aumento de transacciones, una modalidad de hurto conocida como la “trampa del billete” volvió a encender las alertas de las autoridades y de las entidades financieras en todo el país.Este tipo de estafa, que no es nueva, suele pasar desapercibida entre los usuarios, especialmente en temporada de fin de año, cuando las filas son largas y la presión por retirar rápido juega en contra de la seguridad.Cómo funciona la estafa de la trampa del billete en cajerosDe acuerdo con lo revealedo por las autoridades, el engaño inicia cuando la persona llega a un cajero automático y nota un billete aparentemente atascado en la ranura por donde sale el efectivo. Al intentar retirarlo o manipularlo, el cajero presenta una falla, se bloquea o no entrega el dinero solicitado.En medio de la confusión, muchos usuarios optan por cancelar la transacción o se retiran del lugar creyendo que el retiro no se completó. Sin embargo, el billete fue colocado de manera intencional por los delincuentes para distraer a la víctima y dejar la sesión abierta. En cuestión de minutos, los estafadores regresan al cajero y realizan retiros sin necesidad de la tarjeta.Las autoridades advierten que este método es especialmente efectivo cuando la persona no espera el cierre total de la operación ni verifica que la sesión haya finalizado correctamente.Por qué diciembre es el mes con más riesgo de estafasLas entidades financieras han insistido en que esta modalidad se incrementa en diciembre debido al mayor flujo de dinero. El pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia por el afán, las largas filas o la congestión en los cajeros.A esto se suma que muchos usuarios no revisan de inmediato los movimientos de su cuenta, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante varias horas. Además, los cajeros ubicados en vías principales o en zonas alejadas de oficinas bancarias suelen ser más vulnerables para este tipo de delitos.Recomendaciones para evitar la trampa del billeteLas entidades bancarias reiteran una serie de recomendaciones básicas para no caer en esta estafa:No tocar ni retirar billetes que sobresalgan del cajero.Cancelar completamente la operación ante cualquier anomalía.Retirar siempre la tarjeta antes de abandonar el cajero.Revisar de inmediato los movimientos de la cuenta.Preferir cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales.Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.
La Gobernación de Antioquia firmó un convenio con el Inpec para trasladar 100 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía y unidades militares hacia establecimientos carcelarios. La medida busca descongestionar los Centros de Detención Transitoria y liberar pie de fuerza, cumpliendo la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional.60 de los sindicados provienen de estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 más saldrán desde el Urabá antioqueño y los últimos tres se encuentran en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército Nacional. Para el primer semestre del año 2026 se espera que sean reubicados 80 internos bajo este mismo esquema.Hay avances en MedellínDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, la apuesta para lograr el descongestionamiento en los centros de detención transitorios y las unidades militares, se viene trabajando en la construcción de una mega cárcel para darle solución a esta problemática."Hay que destacar la gestión de la mano del Inpec para ir descongestionando varias de las estaciones. El Inpec viene recibiendo unos sindicados que estaban en las estaciones de Policía de Medellín, mientras que avanza la construcción de la cárcel. El día de ayer, yo personalmente estuve visitando la cárcel, va, conforme al cronograma, un 6 % de ejecución de la cárcel", precisó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.A pesar de los avances en infraestructura local, la administración municipal fue enfática en que la nueva cárcel no será suficiente por sí sola para resolver el problema de fondo, requiriendo un mayor apoyo para lograr un verdadero deshacinamiento y un cambio en el sistema penitenciario del país.
Sala de Prensa presenta una edición especial este domingo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, un espacio para analizar la actualidad nacional e internacional desde la historia, la política, el humor y la cultura, con miradas críticas y reflexivas sobre un año marcado por tensiones, narrativas mediáticas y cambios sociales.Hernán Olano, historiador y experto en derecho canónico: explicó el origen histórico y religioso del Día de los Inocentes, desde las Saturnales romanas hasta la conmemoración bíblica de los niños asesinados por Herodes. Analizó el renovado interés de los jóvenes por la espiritualidad, los símbolos religiosos y las nuevas canonizaciones.Gabriel Cifuentes, analista político: cuestionó el Consejo de Ministros televisado, al que calificó como una “inocentada política” que dejó al descubierto las fracturas internas del Gobierno. También advirtió sobre la debilidad de la oposición y la aparición de candidaturas con propuestas económicas poco viables.Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington: analizó el significado cultural del April Fools en Estados Unidos y cómo Donald Trump volvió a sacudir la agenda global con anuncios sobre aranceles y deportaciones. Comentó además el impacto de la inteligencia artificial en la política y la sociedad estadounidense.Daniel Samper Ospina, periodista y humorista: habló del éxito de su show Petroverso y de cómo los errores y frases del poder se han convertido en materia prima del humor político. Reflexionó sobre el humor como una forma de resistencia frente a la solemnidad del discurso oficial.Luis Carlos Rueda, experto en cine y entretenimiento: recomendó las producciones más destacadas del año en cine y series. Analizó las tendencias del consumo audiovisual y el papel de las plataformas de streaming en la industria cultural.Escuche el programa completo aquí:
Una menor de edad murió en un reconocido restaurante campestre del corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, en medio de un accidente. De manera preliminar se pudo conocer que la niña se encontraba compartiendo con su familia en el establecimiento cuando participaba de una actividad recreativa que incluía un recorrido a caballo, bajo el acompañamiento de un guía del lugar. Durante la actividad, el encargado habría perdido el control del caballo, lo que provocó la caída de la menor y, posteriormente, su fallecimiento. El hecho ha generado profunda consternación en la comunidad vallecaucana."La Policía Nacional informa que en el corregimiento La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el que una menor de cuatro años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle.", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía Valle.Por este lamentable hecho, las autoridades acudieron al sitio para iniciar la respectiva investigación y establecer las responsabilidades, mientras las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de seguridad en actividades recreativas, especialmente cuando involucran a menores de edad.
Un hecho de intolerancia por el consumo de alcohol se registró en el barrio Santa Margarita, comuna de Robledo, en la ciudad de Medellín, cuando un hombre en aparente estado de embriaguez llegó de manera violenta a una reunión familiar y agredió a los asistentes con arma blanca.De acuerdo con las autoridades, como resultado del hecho, cinco hombres y una mujer, con edades entre los 31 y 34 años y un adulto mayor de 78 años, presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas cuello, rostro, región costal y extremidades, por lo que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. "Se presentó un caso que nos obliga a alzar la voz. Fuimos alertados sobre una riña en medio de una celebración familiar. Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Por eso insistimos en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida", indicó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Tras lo sucedido, el presunto agresor fue capturado en el lugar por las patrullas de vigilancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el proceso de judicialización correspondiente.Para Castaño, este no es un hecho aislado si se tiene en cuenta las cifras de hechos de intolerancia, que solo en las celebraciones de Navidad dejaron más de 1.600 incidentes registrados a través de la línea 123, además de cuatro personas muertas en riñas.De momento y a propósito de las celebraciones de fin de año, las autoridades reiteraron la importancia de consumir licor de manera responsable, pero más allá de eso, que haya diálogo como mecanismo de solución de conflictos.
Una polémica escena desató rechazo y debate en redes sociales a nivel mundial luego de la difusión de un video grabado al interior de un hospital. En las imágenes se observa cómo un médico residente agrede físicamente a un paciente que se encontraba postrado en una camilla, minutos después de un procedimiento médico. El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el trato digno en los centros de salud y los límites en la relación médico-paciente.El hecho ocurrió en la Facultad de Medicina Indira Gandhi, ubicada en el estado de Himachal Pradesh, en India. La víctima fue identificada como Arjun Singh, un hombre de 36 años que acudió al hospital para someterse a una endoscopia debido a problemas respiratorios. De acuerdo con su relato, la situación se originó cuando le pidió al médico que se dirigiera a él con mayor respeto, tras sentirse incómodo por lo que consideró un trato informal.Sin embargo, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. En el video, que habría sido grabado por un asistente del mismo médico, se observa al residente Raghay Narula golpeando y pateando al paciente, quien intenta cubrirse sin posibilidad de defenderse debido a su condición en la camilla. Las imágenes generaron indignación inmediata y múltiples cuestionamientos sobre los protocolos dentro del centro médico.Hospital tomó medidas contra el médico residenteTras la viralización del material audiovisual, las directivas del hospital confirmaron la suspensión inmediata del médico involucrado y la apertura de una investigación interna. Además, se evalúa la responsabilidad del asistente que grabó la escena y que, según algunos testigos, también habría participado en el altercado.Las autoridades del hospital señalaron que el caso será analizado bajo los protocolos disciplinarios vigentes, mientras se recopilan testimonios y se revisa el contexto en el que ocurrieron los hechos. La Policía, por su parte, confirmó que ya recibió la denuncia formal presentada por Arjun Singh y que adelanta las diligencias correspondientes.Entre las acciones que se encuentran en evaluación están:La responsabilidad individual del médico residente.El papel del asistente que grabó el video.El cumplimiento de los protocolos de atención al paciente.Protestas y huelga de médicos agrandan el conflictoLa situación se complicó aún más cuando asociaciones de médicos residentes iniciaron una huelga indefinida en respaldo al profesional suspendido. Los manifestantes aseguran que el proceso no ha sido transparente y exigen garantías para el personal de salud frente a posibles sanciones arbitrarias.Como consecuencia de la protesta, varios servicios del hospital se han visto afectados. Se suspendieron consultas externas, cirugías programadas y servicios de rutina, manteniéndose únicamente la atención de urgencias. Mientras tanto, familiares del paciente y ciudadanos realizaron manifestaciones a las afueras del hospital, exigiendo sanciones ejemplares y la intervención de las autoridades judiciales. El caso sigue abierto y continúa generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera del sector salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.