El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.
La Alcaldía de Envigado inyectó 5 mil millones de pesos para aliviar la crisis financiera del Hospital Manuel Uribe Ángel, por falta de pago de las EPS intervenidas del Gobierno Nacional. Sin embargo, estos recursos alcanzaron únicamente para completar los pagos del mes de diciembre de lo adeudado a sus colaboradores.El Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado en medio de la difícil situación económica que está atravesando aún tenía pendiente el pago de la prima de servicios de diciembre de sus colaboradores. Para subsanar este inconveniente la Alcaldía de Envigado inyectó $5.000 millones para realizar dicho pago que ya tenía casi 20 días de retraso.Sin embargo, este sustento económico que hoy recibe el hospital por parte de la Administración Municipal, es solo un pequeño respiro. De acuerdo con su gerente, mensualmente la institución requiere de unos $16.000 millones para cubrir todos sus gastos.Así lo aclaró la gerente del Hospital Martha Lucía Vélez Arango: “Es más o menos lo que cada mes, digamos, involucra todo lo que tiene que ver con nómina, que es de 7 a 8 mil millones, todo lo que tiene que pagar de los especialistas, más o menos unos 3.500 millones, y lo que tiene que pagar en cuotas de préstamos que hizo para salir de esta situación, impuestos y los medicamentos e insumos”, explicó la funcionaria.Claro que esta no es la primera vez que la Alcaldía de Envigado apoya económicamente al Principal hospital de este municipio, durante el mes de diciembre ya habían transferido $2.000 millones y en total durante los últimos dos años una inversión cercana a los $25.000 millones.“El municipio ha apoyado en esta administración con 25.500 millones. El hospital es municipal. Nosotros entendemos que la salud es lo más importante, y nosotros por eso hacemos esfuerzos. Nos restringimos, no hacemos algo, una obra, aplazamos, movemos cosas”, indicó el alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona González.De acuerdo con la gerente, el principal motivo de la crisis financiera de Manuel Uribe Ángel se debe a la falta de pagos por parte de las EPS al Hospital por la prestación de sus servicios. Las EPS que a la fecha más les deben son, La Nueva EPS que adeuda $51.000 millones, Savia Salud debe en total $39.000 millones y Coosalud $8.500 millones.Recordemos que este hospital presta servicios de salud a pacientes de distintas EPS del departamento y de acuerdo con la gerente Vélez solo el 40% de sus pacientes son envigadeños, y por su ubicación geográfica, el otro 60% corresponde a usuarios del resto de los municipios del departamento, incluyendo Medellín.
Las llamadas para pedir servicios a zonas apartadas de Antioquia y que terminaron en que pidieran altas sumas de dinero a los familiares de quienes lo prestaban fueron el pan de cada día en Antioquia durante 2025, por lo que las autoridades están en alerta por esta y otras modalidades de extorsión que sufrieron aumentos.Y es que no han sido pocos casos, durante el recién terminado año 2025 el Gaula del departamento investigó más de 1.254 casos de extorsión y la denuncia aumentó en un 5%, si se compara con el 2024.Según expuso el secretario de Seguridad, Luis Martínez, si bien los grupos armados ilegales en el territorio también llevan a cabo esta clase de actividades, se presenta un incremento importante en el departamento que tiene que ver con la extorsión carcelaria. A la par, el comandante de la Policía, coronel Luis Muñoz, habló de la evolución que han tenido las estadísticas en los últimos tres años."353 casos denunciados en el 2023, 508 casos en el 2024 y 550 casos en el 2025. Tenemos un incremento frente a la extorsión. Se continúan con esas campañas de prevención, pero también esto ha motivado a que la gente tenga más confianza al momento de denunciar", aseguró. El Gaula de la Policía de Antioquia logró realizar 99 capturas por el delito de extorsión durante el año anterior, 17 capturas por el delito de secuestro y 9 más por otros delitos, por lo que las denuncias deben hacerse a través de la línea 165.Martínez reiteró la petición a la ciudadanía de que informe de manera inmediata y oportuna cualquier situación que atente contra la seguridad de los ciudadanos, para poder actuar a tiempo. Ante todo este panorama, la Policía reiteró que no es una opción pagar y luego denunciar, sino que informar a tiempo también ayuda a que no hayan más víctimas.
Una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia católica recorrieron varias zonas del Catatumbo para constatar en terreno el impacto que están teniendo los enfrentamientos armados sobre la población civil.Durante el recorrido por los corregimientos, la misión evidenció en Versalles, que desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está restringida, las familias permanecen encerradas y no entra comida, ni gas. En Pacelli no hay transporte y la economía está paralizada. Ademas, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico.En Filogringo, en El Tarra, las organizaciones señalan que los habitantes han huido, ya que los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Adicionalmente, en el casco urbano de El Tarra y en sectores como el kilómetro 16, se registró la llegada de familias desplazadas que aun no reciben ayuda humanitaria.“Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.Por su parte, Brigitta Von Messling, de la Misión de Verificación de la ONU Norte de Santander, hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos de los colombianos. “Hacemos un llamado a todos los grupos armados a cesar las afectaciones y las violencias contra la población civil, a respetar el Derecho Internacional Humanitario”.Desde la Iglesia Católica, el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, pidió frenar la confrontación armada y escuchar a las comunidades. “Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos que claman por la paz en este territorio, quieren movilizarse por las diferentes vías, quieren educación para sus hijos, quieren vivir en paz y quieren recuperar la tranquilidad en sus casas”, afirmó.Finalmente, las organizaciones le hicieron un llamado urgente al estado para que adopte las medidas necesarias que protejan a la población, además de presencia permanente en el Catatumbo.
Preocupación en Antioquia por cuatro casos de cuerpos asesinados y hallados en contenedores en el inicio de 2026. El caso más reciente ocurrió en zona rural de Támesis donde la víctima estaba envuelta en un costalUn inicio de año violento prende las alarmas en las autoridades de Antioquia, pues varios de los crímenes que se han registrado en la primera semana de 2026 guardan un mismo patrón: las víctimas han sido halladas en diferentes tipos de contenedores.El caso más reciente ocurrió en la vía que comunica al casco urbano del municipio de Támesis con el corregimiento de San Pablo donde habitantes de la zona dieron aviso sobre la presencia de un costal extraño.Tras la verificación de autoridades locales y la Policía se pudo determinar que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre en posición fetal y ya con un avanzado estado de descomposición.El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, indicó a Blu Radio que los hechos estarían relacionados con las dinámicas violentas que sostienen algunos grupos en esta zona del Suroeste antioqueño y que el cuerpo de la víctima ya está en Medicina Legal en Medellín para establecer plenamente su identificación."En lo que va el gobierno llevamos dos homicidios, tristemente, y lo que se presume es que obedece pues como a un tema de ajustes de cuentas entre bandas que se dedican al microtráfico en esta subregión del suroeste", señaló el mandatario local.Este caso se conoció con pocas horas de diferencia de otro similar en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Allí, en la calle 50 con carrera 23, las autoridades confirmaron la presencia de un cadáver envuelto en bolsas negras, con papel vinipel y cubierto con una cobija.Este es el al menos en cuarto caso de personas asesinadas y encontradas en contenedores en lo corrido de 2026 en el departamento, pues durante las primeras horas del año, el paso 1 de enero, los cuerpos de dos hombres también fueron hallados cerca a una canalización en el barrio Cinco Estrellas del municipio de Bello.
La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 16 de enero de 2026, retomando así una de las rutas internacionales más solicitadas entre Colombia y Venezuela tras una pausa de más de un mes. Esta decisión se tomó luego de un monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de seguridad para sus viajeros y tripulaciones.La suspensión temporal de esta ruta había sido anunciada el 4 de diciembre de 2025, cuando Wingo decidió detener sus operaciones hacia y desde Caracas mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. En aquel momento, la aerolínea enfatizó que se trataba de una medida preventiva enfocada en la seguridad, tras la advertencia de Estados Unidos de sobrevolar el territorio Venezolano, antes del ataque y operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.Durante la pausa en la operación, según informó la aerolínea, los pasajeros con tiquetes programados en las fechas afectadas recibieron notificaciones a través de los canales registrados en sus reservas. La compañía ofreció opciones de protección que permitieron a los viajeros autogestionar reembolsos o cambios de vuelo sin penalidades, facilitando así la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.La reanudación proyectada para el 16 de enero representa una señal de normalización en la conectividad aérea entre ambas capitales, que había sufrido interrupciones en los últimos meses. Wingo informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo en conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.Este anuncio llega en un momento en que otras aerolíneas también ajustan sus itinerarios hacia Venezuela, reflejando una recuperación gradual de los vínculos aéreos bilaterales. Esto, tras la aparente calma que se vive luego de la intervención de Estados Unidos en el vecino país.
En distintos operativos coordinados entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fueron capturadas cuatro personas e incautados dispositivos electrónicos que contenían vídeos y fotografías con evidencia de actividades sexuales contra varios menores de edad.Aunque los hechos ocurrieron en diferentes regiones y bajo modalidades similares, se trata de casos aislados sin vínculo entre sí. Dos de los hechos investigados ocurrieron en Bogotá, donde fue judicializada una niñera acusada de abusar sexualmente de dos niños que estaban bajo su cuidado, de 2 y 8 años. Según el ente investigador, la mujer grababa las agresiones y posteriormente compartía los vídeos.En el segundo caso fue capturada una mujer señalada de someter a sus propias hijas, de 4 y 9 años, a vejámenes sexuales que eran transmitidos a través de una aplicación virtual. De acuerdo con la Fiscalía, estas transmisiones se realizaban a cambio de pagos efectuados por un contacto residente en Estados Unidos, que oscilaban entre los 600 y los 2.000 dólares.La tercera detenida es una adulta mayor señalada de explotar sexualmente a su nieta de 15 años en Medellín. La investigación indica que la mujer presuntamente obligaba a la adolescente a sostener relaciones íntimas con adultos y grababa los encuentros a cambio de dinero.El cuarto proceso se adelantó en Ibagué (Tolima), donde fue capturado Albeiro Martínez Quevedo, quien sería responsable de obtener, acopiar y distribuir material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes a través de sistemas de mensajería instantánea entre marzo y junio de 2025. En este caso, las autoridades señalaron que el capturado no tenía contacto directo con las víctimas, pero sí facilitaba la circulación del material ilegal.Los cuatro capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). De acuerdo con su presunta responsabilidad individual, les fueron imputados delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.
Los peajes en Colombia volverán a registrar un incremento total en sus tarifas a partir del 16 enero de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.Según la entidad, 15 peajes tendrán, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. En estos casos, el aumento final corresponde a la suma del IPC y un porcentaje adicional definido de manera individual para cada peaje mediante resoluciones del Ministerio de Transporte. Los peajes que tendrán este ajuste adicional son:El Placer (Rumichaca Pasto).Cisneros (VINUS).Aburra (Autopistas Mar 1).Machetá (Transversal del Sisga).El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso).La Pintada (Pacifico 2).Fusca, Andes, Unisabana (Accesos Norte).Supia (Pacifico 3).Puerto Berrío (Autopista Rio Magdalena).Boquerón I, Boquerón II, Naranjal, Pipiral (Chirajara Fundadores).La ANI también señaló que algunos peajes ya aplicaron el incremento antes del 16 de enero, debido a disposiciones contractuales. Es el caso de los proyectos Devimed, Armenia–Pereira–Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso, cuyas tarifas comenzaron a actualizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026.De otro lado, los peajes correspondientes a los proyectos Pacífico 1 y Santana–Mocoa–Neiva tendrán un incremento compuesto por el IPC y un porcentaje gradual, el cual está vinculado a la entrega de unidades funcionales previamente pactadas en los contratos de concesión.En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, siete peajes tendrán un aumento adicional del 2 % sobre el IPC, con el fin de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de transporte público y privado. Los peajes incluidos en este ajuste son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, estos incrementos buscan garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de los proyectos de infraestructura vial.
En operaciones desarrolladas contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en el sur del país, durante el año 2025 el Ejército y la Policía incautaron, en los diferentes corredores viales del Huila, alrededor de 35 toneladas entre pasta base coca, cocaína y marihuana, en su mayoría provenientes del Cauca.De acuerdo con el balance de las autoridades, las incautaciones tuvieron un valor aproximado de 35 mil millones de pesos afectando enormemente las finanzas y las economías ilícitas de las bandas criminales y de los grupos armados ilegales incluyendo las disidencias de las Farc.El teniente coronel, Oscar Cárdenas Peña, subcomandante de Policía en Huila, en diálogo con Blu Radio, destacó las incautaciones en grandes cantidades que se lograron en operativos y puestos de control en los municipios de Pitalito, Timaná, Garzón, Paicol y La Plata.“Este año 2025, que acaba de terminar, tuvimos unas incautaciones muy importantes en el departamento, alrededor de 35 toneladas de estupefacientes fueron arrebatadas de los grupos al margen de la ley; puntualmente en clorhidrato de cocaína 1.5 toneladas y en marihuana más de 33 toneladas y son más de 38.000 millones de pesos que dejaron ingresar a las finanzas de estos grupos criminales” argumentó Cárdenas.El teniente coronel señaló que las rutas donde se incautaron grandes cantidades de marihuana fueron en la vía La Plata, Huila – Inzá, Cauca, en la vía La Plata – Paicol – Tesalia y entre Paletará, Cauca – Isnos sur del Huila, estupefacientes que pretendían ser llevados hacia el centro del país y otros cargamentos hacia el extranjero.Asimismo, en operativos desarrollados de manera articulada por tropas de la Novena Brigada del Ejército, en el año 2025 se inmovilizaron 116 vehículos que transportaban estupefacientes, se incautaron más de 7.000 kilos de insumos químicos para la producción de alcaloides y el decomiso de 1.600 millones de pesos en efectivo producto del narcotráfico en las carreteras del Huila.
Tras el cierre de las festividades de fin de año y los cuatro puentes festivos que marcaron la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance sobre el estado de las vías en el país y las principales recomendaciones para los viajeros que se movilizan durante este fin de semana.En diálogo con Noticias de la Mañana, el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que, a esta hora, la red vial nacional presenta condiciones estables, aunque se registran afectaciones menores por lluvias en al menos nueve departamentos.El oficial explicó que ninguna de estas situaciones representa cierres de gran magnitud, pero insistió en la importancia de que los conductores consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, especialmente a través del numeral #767, habilitado para informar en tiempo real sobre novedades viales.¿Cómo está la vía al Llano?Sobre la vía al Llano, uno de los corredores con mayor flujo vehicular desde y hacia Bogotá, el coronel Gómez confirmó que se encuentra habilitada y operando con normalidad, aunque recomendó transitar con precaución, puesto que la región ha registrado fuertes lluvias en las últimas horas.Entre los corredores con mayor afluencia durante este puente festivo se destacan las vías Bogotá–Girardot, Bogotá–Tunja y los accesos por la calle 80 desde Villeta y Guaduas. En otras regiones, como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, se espera un alto volumen de vehículos por el retorno tras las festividades locales.También se reporta movilidad significativa en Manizales y en el corredor de La Línea, que, según la Policía, permanece habilitado sin novedades.¿Cómo funcionará el pico y placa regional este puente festivo?La Policía recordó que el lunes festivo aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar vehículos con placa par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar. Además, se mantiene la restricción para vehículos de carga superiores a 3,4 toneladas en los horarios establecidos.Finalmente, el coronel Gómez reiteró el llamado a realizar un chequeo mecánico previo del vehículo, portar la documentación en regla y mantener comportamientos responsables en la vía, como respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.Cabe recordar que durante este puente festivo se espera alta congestión en las vías del país, por lo que el llamado a la prudencia y a la paciencia al volante es clave para los conductores que se movilizarán este fin de semana.“El respeto por las normas de tránsito son clave para garantizar un regreso seguro a casa”, concluyó el coronel.Escuche la entrevista completa aquí:
La difusión de un video atribuido a alias 'Iván Mordisco', en el que convoca a una cumbre entre distintos grupos armados ilegales tras la caída de Nicolás Maduro, ha reabierto el debate sobre los riesgos de seguridad en Colombia y su impacto regional, especialmente en Venezuela. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la viabilidad de un encuentro de este tipo es limitada, pero el mensaje tiene un fuerte peso simbólico y político.Bonilla explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que “la probabilidad depende de cómo se muevan otros actores, como la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”, y advirtió que no se trata de un anuncio fácil de materializar. A su juicio, más que una cumbre concreta, lo que se observa es “un reavivamiento de una narrativa política en grupos armados que buscan legitimarse”, particularmente figuras como 'Iván Mordisco', en un contexto muy distinto al de las décadas pasadas.Narrativas políticas y control territorialSegún la analista, estos grupos ya no cuentan con la legitimidad social que alguna vez tuvieron. “Es muy difícil que hoy se interprete a 'Iván Mordisco' como una guerrilla tradicional”, afirmó, señalando que se trata de organizaciones profundamente vinculadas a economías ilegales. No obstante, subrayó que el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en el narcotráfico, sino en el control territorial. “El gran negocio de los grupos armados es el control del territorio, porque desde ahí acceden a todo: rentas ilícitas, extorsión y dominio social”, sostuvo Bonilla.Este fenómeno, agregó, no es exclusivo de Colombia y se replica en otros países de la región, como México, Brasil y varias zonas de Centroamérica, lo que configura un desafío creciente para los Estados de derecho.Respuesta del Estado y desafíos estructuralesFrente a la postura del gobierno colombiano, que insiste en el debilitamiento de estos grupos y en llamados a la desmovilización, Bonilla expresó preocupación por una lectura estratégica incompleta. “Me preocupa que el Gobierno esté leyendo a los grupos armados solo como un asunto de narcotráfico, porque eso no explica lo que está pasando”, advirtió. Recordó que, incluso sin negociaciones, estas organizaciones crecieron de manera sostenida en años recientes.La experta insistió en la necesidad de fortalecer la justicia, las autoridades civiles y la prevención del reclutamiento forzado, pues las acciones militares aisladas resultan insuficientes ante estructuras que operan inmersas en la población civil.Impacto regional y escenario venezolanoSobre Venezuela, Bonilla anticipó que la crisis de orden público “va a ocurrir sí o sí”, debido a la combinación de corrupción, minería ilegal y presencia de mafias armadas. En ese sentido, alertó que “entre más dificultades tenga Venezuela, nuestra frontera también, y entre más dificultades tenga Colombia, Venezuela también”, lo que obliga a ambos países a actuar con una estrategia regional coordinada.Escuche la entrevista completa acá:
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá."Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social."Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", concluye el breve mensaje del presidente estadounidense.El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.Antes de la primera llamada mantenida entre los dos jefes de Estado, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba "bien" la posibilidad de que EE.UU. enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.Washington no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el Gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el presidente colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir al Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la Administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.
Un juez penal municipal con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete presuntos integrantes de una red de corrupción judicial que, según la Fiscalía, exigía pagos de hasta 1.000 millones de pesos para intervenir de manera ilegal en procesos de lavado de activos y frenar decisiones judiciales clave.La decisión fue adoptada por el Juzgado 72 Penal Municipal, que avaló la solicitud del ente acusador tras considerar que existen elementos suficientes para inferir la posible participación de los procesados en una estructura criminal organizada. Entre los enviados a prisión están el capitán de la Dijín Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y el exfuncionario de la policía ,Rosember Gil Ramírez.Adicionalmente, el juez impuso medida de aseguramiento domiciliaria al exfuncionario del Inpec Luis Eduardo Riveros García, al considerar que es víctima de amenazas por parte de la misma organización ilegal.Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó el presunto modus operandi de la red, que habría exigido sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos al exnarcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Manicomio, y a miembros de su familia. A cambio, los implicados ofrecían direccionar investigaciones, impedir órdenes de captura y bloquear medidas cautelares de extinción de dominio.Al sustentar la medida, el juez advirtió que la investigación permitió establecer una dinámica de presión y amenazas directas. En su decisión señaló que se evidenció cómo los implicados condicionaban el acceso a la información judicial al pago de dinero“Déjenos acceder a la investigación, manténganos al tanto de la investigación y se le da dinero, y cuando se niega dice: ‘ah, pero es que hay un compañero con una oficina de sicarios’”. Para el despacho, ese comportamiento constituye “un elemento de convicción bastante diciente” que permite inferir la autoría y participación de los procesados en los delitos imputados.El juez también resaltó que la actuación de la red no fue improvisada, sino producto de una organización estructurada. “Se hizo de manera confabulada, organizada, con precisión, con roles claramente definidos en cada una de las personas que intervinieron”, afirmó, al señalar que los implicados participaban en reuniones donde exigían dinero, desplegaban actos intimidatorios y mostraban fotografías de familiares y piezas procesales reservadas para presionar los pagos.Según lo expuesto en audiencia, la investigación también reveló que los procesados, aprovechando su rol como policías judiciales, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de forma deliberada para afectar el curso normal de los procesos penales.El juez advirtió, además, que tras las denuncias de los familiares de alias Manicomio, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones e intimidaciones adicionales. “Es grave que se pretenda acceder al contenido de la denuncia formulada por la víctima, porque se desconoce la reserva legal que protege una indagación preliminar y se compromete la seguridad del denunciante”, sostuvo, al advertir que estas conductas profundizan la obstrucción a la justicia.Finalmente, el despacho hizo un llamado sobre el impacto institucional de este tipo de redes, al señalar que no solo se intimidó a las víctimas y a su defensa, sino también a servidores judiciales. “Se deteriora severamente la imagen de una institución tan importante como la Policía Nacional, y más grave aún, de la Policía Judicial, que debe apoyar a la Fiscalía y no convertirse en un instrumento para hacer exigencias dinerarias multimillonarias”, concluyó el juez al justificar la medida de aseguramiento.
El Juzgado 27 de Ejecución de Penas negó por improcedente la acción de tutela presentada contra el decreto de emergencia económica expedido el pasado 22 de diciembre, mediante el cual el presidente de la República quedó habilitado para expedir impuestos con fuerza de ley. En su decisión, el despacho judicial advirtió que no es posible utilizar la tutela como un atajo jurídico para suspender una medida de este tipo , ni para reemplazar el control constitucional que le corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional.La acción fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, el director del partido Centro Democrático Gabriel Jaime Vallejo, Alain David Bustos, Carlos Edward Osorio Aguiar, Elkin Darío Meriño y otros demandantes, quienes buscaban frenar la vigencia inmediata de los impuestos decretados durante el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.La estrategia pretendía aprovechar la imposibilidad temporal de la Corte Constitucional de ejercer el control automático e inmediato que le asigna la Carta Política frente a los estados de excepción.En su análisis, el juez fue enfático en señalar que “en ese contexto, resulta evidente que la acción de tutela no puede ser utilizado como un mecanismo paralelo, alternativo o sustituto del control de constitucionalidad atribuido de manera expresa a la Corte Constitucional”, se lee en el fallo. Para el despacho, acceder a la solicitud de suspensión del decreto implicaría desconocer el modelo institucional previsto por el constituyente.El juzgado advirtió que aceptar la pretensión de los accionantes significaría una alteración grave del equilibrio entre las ramas del poder público. En ese sentido, sostuvo que una decisión favorable “desplazaría las competencias que la Constitución asignó de manera exclusiva a la Corte Constitucional, alterando de forma indebida el equilibrio funcional y constitucional entre las ramas del poder público”.La providencia también enfatiza que la tutela no puede convertirse en una herramienta para revisar, suspender o dejar sin efectos decretos de emergencia, pues ello desnaturalizaría su carácter excepcional y residual. “Acceder a las pretensiones de los accionantes orientadas a la suspensión provisional del decreto implicaría desconocer tanto en el plano fáctico como en el sustancial el diseño institucional y procedimental que el constituyente previó”, indicó el juez.Finalmente, el despacho concluyó que conceder la medida solicitada no solo carece de sustento jurídico, sino que comprometería la arquitectura constitucional del control del poder.Con esta decisión, el juzgado reiteró que será la Corte Constitucional, una vez finalice la vacancia judicial el próximo martes y avoque conocimiento del caso, la única autoridad competente para evaluar la legalidad del decreto de emergencia económica y de las medidas adoptadas en su desarrollo.
El presidente Gustavo Petro lanzó una invitación directa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar acciones conjuntas frente a la amenaza del narcotráfico armado y la inestabilidad regional. El llamado fue hecho a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que el mandatario colombiano fijó una postura contra las alianzas criminales que delinquiendo a ambos lados de la frontera.Petro cuestionó de forma explícita la propuesta de una alianza criminal a otros grupos armados de alias ‘Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, al asegurar que no defiende ni a Venezuela ni a Colombia. “La alianza que propone el señor Iván Mordisco no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina; al contrario, son la excusa de la invasión”, escribió el jefe de Estado, al advertir que incluso “dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.En su mensaje, el presidente sostuvo que los grupos dedicados al narcotráfico armado se han convertido en el argumento perfecto para la agresión externa y la desestabilización interna. “Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”, afirmó, al tiempo que propuso una respuesta regional coordinada.El mensaje cerró con una invitación directa a Delcy Rodríguez: “He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en esto”, escribió Petro, dejando claro que su propuesta es una acción conjunta entre Estados y pueblos para derrotar a los narcotraficantes armados y cerrar el paso a quienes, según dijo, utilizan el crimen como pretexto para la intervención y el caos regional.
Tras el anuncio de la Secretaría de Movilidad y de la empresa TransMilenio sobre el incremento a 3.550 pesos del pasaje, que también aplica para los buses del SITP, ya hay varias reacciones por parte del Gobierno nacional. Cabe recordar que al conocerse el proyecto de crédito con este incremento el pasado 1 de enero, tanto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como el presidente, Gustavo, Petro, afirmaron, que si este incremento se realizaba, se ponía en riesgo a la transferencia de por lo -1.5 billones de pesos para la compra y actualización de la nueva flota eléctrica del sistema de transporte.Pues al saber esta alza, que justifica TransMilenio con el incremento del salario mínimo al 23%, el ministro Sanguino reaccionó a través de su cuenta en X asegurando que es una irresponsabilidad del alcalde Carlos Fernando Galán, lo que puede generar poca demanda de ahora en adelante en el servicio.“Irresponsablemente ha puesto el alcalde Galán en riesgo el compromiso de transferencia de la nación de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema de TransMilenio. Con MinHacienda, MinTransporte, Superintendencia de Industria y Comercio y Supertransporte examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del salario mínimo salario” escribió.Por su parte, la gerente de TransMilenio, Maria Fernanda Ortiz, aseguró que los recursos propuestos por el Gobierno nacional no llegarán directamente al Distrito para el año 2026, sino que es una transferencia que se espera se haga para 2027. Asegura que para la discusión del alza del pasaje no es relevante esta cifra.“Esos recursos no empiezan a llegar en 2026, es decir, en esta discusión de 2026 no son relevantes esos recursos empiezan a llegar al distrito en 2027 para un proyecto específico que son 269 de 10.500 lo cual todavía es un porcentaje menor de toda la flota que necesitamos para operar cada día. Entonces aunque agradecemos mucho el esfuerzo del Gobierno nacional y está este hecho histórico que nunca había pasado nunca se habían tenido recursos de la nación para flota de TransMilenio no es un alivio ni para 2026.” Concluyó.Por su parte, se mantiene la decisión de la nueva tarifa de TransMilenio de $3.550 que comenzará a operar en Bogotá desde el próximo miércoles 14 de enero en los buses de TransMilenio y en los buses zonales del SITP.
Iván Colmenares, un abogado defensor de derechos humanos y experto en temas migratorios, regresó a la libertad hace apenas dos meses tras vivir una pesadilla que duró exactamente 360 días. Su detención se produjo en la frontera por Arauca, mientras intentaba sellar su pasaporte para visitar a su familia en Cúcuta. Sin una razón lógica o justa, fue señalado por el régimen venezolano como "terrorista" o "conspirador", debido a su perfil profesional y su anterior trabajo con el Ejército Nacional de Colombia como profesional de defensa.Colmenares fue liberado en octubre pasado junto a otros 17 compatriotas, en lo que se presume es parte de un diálogo político entre el gobierno de Estados Unidos y quienes ostentan el poder en Venezuela.Sin embargo, su retorno a la vida civil ha estado marcado por la necesidad de alzar la voz por los 22 colombianos que aún permanecen detenidos bajo condiciones inhumanas."El Rodeo I"Durante su cautiverio, Colmenares fue trasladado al centro penitenciario El Rodeo I, recientemente renombrado por el régimen como CESMAS (Servicio Especial de Máxima Seguridad). Según el relato del abogado, este lugar es una cárcel de máxima seguridad que el gobierno de Nicolás Maduro adecuó en 2024 para recluir a presos políticos, siendo incluso "peor que el Helicoide".Las condiciones de vida en CESMAS son descritas como totalmente precarias. Los detenidos enfrentan humedad constante, plagas de cucarachas y una higiene inexistente, llegando a pasar días sin jabón y limitados a un solo baño diario con agua. Además, el aislamiento es absoluto: Colmenares denunció que durante los primeros siete meses estuvo totalmente incomunicado, sin que su madre o su hermana supieran si estaba vivo. Las normas internas prohíben estrictamente hablar con otros presos y los reclusos extranjeros son escondidos de la población general venezolana para evitar que se filtre información sobre su estado.Tortura psicológicaMás allá del maltrato físico y las carencias, Colmenares enfatizó la sistemática violación de los derechos humanos y el maltrato psicológico. "En la cárcel nunca hay días buenos, siempre hay días malos y días peores", recordó, señalando que la libertad en Venezuela no depende de la justicia, sino de una autorización vía WhatsApp.Un aspecto particularmente cruel de su detención fue la exposición forzada a programas de propaganda política de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los cuales eran el único medio para obtener alguna información del mundo exterior, convirtiéndose en una forma adicional de tortura.Escuche aquí la entrevista:
Un informe publicado por InSight Crime, una organización que investiga y analiza el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, menciona en su última investigación que la violencia por parte de los grupos criminales en Colombia aumento en 2025.En conversación con Mañanas Blu, Sara García, investigadora de InSight Crime, explicó las cifras del estudio que revelaron los departamentos donde más se presentaron combates entre grupos armados entre el 1 de enero a 1 de diciembre de 2025, en contraste con las cifras expuestas por el Gobierno nacional.Según García, el informe se publica cada año y el análisis va más allá del 2025. La investigadora menciona que una de las afirmaciones que más causó revuelo fue que “Colombia en 2025 experimentó niveles de violencia no vistos en años y es una afirmación que ha sido respalda por la Cruz Roja Internacional” y otras organizaciones.Asimismo, la investigadora explica que “datos como el confinamiento y el desplazamiento forzado aumentaron en 2025 y son las cifras más altas en los últimos 18 años”.No obstante, aclara que lo que busca el informe es “ver qué hay detrás de las dinámicas del conflicto”.García también afirmó que lo que quieren ver con el informe es el estado de los grupos criminales en el país, “son grupos totalmente diferentes a los que había años atrás”.El estado de la Paz TotalFrente a la pregunta de si el estudio alcanzó a medir la Paz Total implementada por el Gobierno, la investigadora explicó que "ha influido en el crecimiento de dinámicas de violencia".“Los ceses al fuego sirvieron de incentivo para fortalecer a los grupos. Lo que menciona el estudio es que la Paz Total no es la única razón del aumento de la violencia, también entran dinámicas de mucho tiempo atrás”.De igual forma, explicó que lo que se vio en 2025 “ocurre en diferentes procesos de desmovilización o negociación, se dan vacíos de poder que generan fragmentaciones criminales y eso trae cambios en la dinámica criminal”.Con respecto a las cifras de homicidios que el Gobierno entregó, y que se observa una reducción, García manifestó que en el informe no mencionan datos, pero en el balance anual de 2025 se hizo un análisis al respecto.“Sí, es cierto que se han reducido las cifras, pero el análisis arroja que estas son una variable muy específica que no permite ver el panorama completo de la dinámica”.Grupos criminales han evolucionado en sus dinámicasLo anterior, debido a que hoy en día los grupos están enfocados en imponer restricciones a la movilidad y manejar otras dinámicas para ejercer su poder, “no solo con homicidios o desplazamiento forzado”.Las cifras de desplazamiento en Colombia entre enero y octubre de 2025 fueron las más altas, con más de 88 mil personas desplazadas, indicó Sara García.A pesar de que las tasas de homicidios han disminuido, “sí hay otros indicadores de violencia que han aumentado, que hablan sobre la sofisticación de los grupos criminales en Colombia”.Escuche la entrevista compelta acá:
El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con Mañanas Blu, entregó un balance detallado sobre el avance del proceso electoral en Colombia, destacando que de los 22 grupos significativos de ciudadanos que radicaron firmas, ya se han tomado decisiones sobre 12 de ellos.Hasta el momento, seis candidatos han sido aprobados (Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Lizcano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero), mientras que otros seis fueron negados. Aún resta definir la situación de 11 aspirantes adicionales antes del inicio de las inscripciones el 31 de enero.Para procesar cerca de 30 millones de firmas, la entidad ha implementado un sistema robusto que combina una herramienta de analítica con inteligencia artificial, el trabajo de 400 supernumerarios para revisión manual y un equipo de grafología.Sin embargo, Penagos denunció preocupantes intentos de fraude, como la entrega de miles de fotocopias, impresiones alteradas para ocultar trazos y formularios con renglones vacíos contabilizados como válidos. Estas acciones están siendo evaluadas para determinar si dan lugar a incidencias disciplinarias o penales.Seguridad y el "plan democracia"Uno de los mayores desafíos para los próximos comicios es el orden público. Según el registrador, existen 104 municipios con alerta roja por riesgos en los derechos políticos y procesos electorales.Ante las denuncias de presiones de grupos ilegales y posibles casos de trashumancia electoral —especialmente en zonas rurales y de circunscripciones de paz—, la Registraduría trabaja de la mano con el Ministerio de Defensa y la nueva cúpula militar en el "Plan Democracia".El objetivo es realizar despliegues operacionales con meses de antelación para proteger no solo a los votantes, sino también a jurados y testigos en los 13.504 puestos de votación definidos en todo el país. "No se trata solamente de garantizar que la ciudadanía ejerza el derecho al voto, sino que lo ejerza libremente", enfatizó el funcionario.Calendario de inscripción y observación internacionalRespecto a la inscripción de cédulas, Penagos aclaró que, aunque el plazo para las elecciones de Congreso venció recientemente, las inscripciones para votar en la elección presidencial permanecen abiertas hasta el 31 de marzo. Esto aplica exclusivamente para quienes hayan cambiado su domicilio electoral. Además, destacó el éxito de la inscripción virtual para colombianos en el exterior, una medida que busca combatir los históricos niveles de abstención en la diáspora, donde usualmente vota menos del 10% del censo.Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades colombianas han puesto en marcha un plan de movilidad para este Puente de Reyes, un fin de semana calificado como "atípico", debido a la coincidencia entre los viajeros que aún salen de vacaciones y la gran masa que inicia el plan retorno. Según el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito, se proyecta que 5 millones de vehículos se movilicen por los principales ejes viales del país, con una concentración de un millón de automotores solo en las entradas y salidas de la capital.Cifras que generan alertaA pesar de un despliegue masivo de 5.000 uniformados en las carreteras, el balance de seguridad vial en lo que va del año arroja datos preocupantes. En apenas ocho días, se han registrado 145 personas fallecidas, 388 siniestros viales y 423 lesionados. "En lo que va corrido el año ya llevamos 145 personas fallecidas, 388 siniestros viales y 423 lesionados. Son cifras que nos generan una alerta y una atención importante", indicó el oficial.Aunque la cifra de víctimas fatales representa una leve disminución frente a las 171 reportadas en el mismo periodo del año anterior, las autoridades mantienen una alerta máxima en nueve ejes viales priorizados por su alto riesgo."Aunque, comparativo con años anteriores ha disminuido un poco, sigue siendo una cifra alta", enfatizó.Los controles de la Policía se centrarán especialmente en motociclistas y conductores de transporte público (intermunicipales y servicios especiales), verificando el estado óptimo de los vehículos y el cumplimiento estricto de la documentación.Restricciones y medidas para el lunes festivoPara mitigar la congestión, se han establecido medidas de tráfico que afectan principalmente al transporte de carga y a los vehículos particulares en Bogotá:Vehículos de carga (más de 3.4 toneladas): Tendrán restricción este viernes desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche. El sábado de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el lunes festivo durante casi todo el día en los principales corredores del país.Pico y placa regionalAplicará únicamente el lunes festivo para el ingreso a Bogotá. Los vehículos con placa terminada en número par podrán entrar de 12:00 del medio día a 4:00 de la tarde., mientras que los de placa terminada en número impar lo harán de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.