El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
En medio de críticas de autoridades regionales para mejorar el tránsito desde y hacia el Suroeste de Antioquia, ya entraron en funcionamiento tres nuevas casetas de cobro en el peaje Amagá. Aseguraron que se trata de una medida temporal mientras avanzan en las obras de fondo para solucionar dificultades de movilidad en el corredor.Luego de diferentes solicitudes de autoridades gobierno y el sector transportador en Antioquia, la concesión Covipacífico anunció importantes avances para mejorar el tránsito desde y hacia el Suroeste del departamento con la ampliación temporal del peaje Amagá.Se trata de la puesta en servicio desde el lunes 12 de enero de tres carriles adicionales para el cobro, lo que, según la concesión, permitirá una operación más eficiente del peaje, especialmente en el sentido Medellín – Amagá, contribuyendo a la reducción de los tiempos de espera.Esta precisamente ha sido una de las principales críticas a esta vía que registra alto flujo especialmente durante los fines de semana y temporadas de vacaciones. Hace un año la solicitud fue planteada así por el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón.“Que la ANI, el Invías tomen la decisión pronta de ampliar ese peaje a las ocho casetas con las que está diseñado. Lamentablemente, hemos tenido que padecer durante más de 5 años ese trancón por el embotellamiento cuando llegamos de doble calzada a una calzada”, aseguró.Covipacífico destacó que esta medida adoptada como una solución temporal a la problemática de movilidad en la zona contará con uno de los carriles para pago exclusivo con medios electrónicos.Finalmente, invitaron a los usuarios de la vía a optar por alternativas como el tiquete retorno, evitar realizar compras a vendedores informales y, en lo posible, llevar el valor exacto en efectivo.
El Regiotram de Occidente comienza a tomar forma como una de las apuestas de movilidad para Cundinamarca y Bogotá más importantes. Con una fecha ya definida para el inicio de las obras en la capital, le proyecto se perfila para convertirse en una alternativa real al transporte tradicional, lo que reducirá tiempos de viaje y aspotándole a un sistema limpio y moderno.Actualmente, el Regiotram registra un avance general del 37 % y su objetivo es claro: conectar municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá en un trayecto de al rededor de 39,6 kilómetros que pasará de más de dos horas en tan solo apenas 68 minutos. La primera fase entraría en operación en octubre de 2027, entre Facatativá y el sector de Catam, en Fontibón.Regiotram de Occidente: definen fecha de inicio de obras en BogotáEl gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que en junio comenzarán las obras del Regiotram dentro de Bogotá. En esta etapa se iniciarán trabajaos clave como lo es la remoción de rieles existentes, la construcción de terraplenes y la cimentación tanto del trazado como de las estaciones.“En el mes de junio se empezarán los trabajos de cimentación y se empezarán a remover los rieles. También se iniciará la construcción de los terraplenes y la cimentación de las estaciones. Viene un cronograma serio”, aseguró el mandatario departamental.Adicionalmente, se avanza en la cimentación de la estación de Mosquera y el patio taller El Corzo alcanza un 45 % de ejecución, un punto crucial para al operación futura del sistema.Estas serán las estaciones del Regiotram dentro de la capitalEl ingreso del Regiotram a Bogotá se llevará cabo por el corredor férreo en Fontibón. En total, el trazado tendrá nueve estaciones en la ciudad, misma que permitirán la conexión con otros sistemas del transporte:Catam (carrera 129)FontibónAvenida Ciudad de CaliAvenida BoyacáCarrera 68Carrera 50Carrera 40NQSCalle 26El recorrido llegará hasta las cercanías de la estación Central del metro de Bogotá, en la avenida Caracas con calle 26, lo que permitirá una integración directa entre ambos sistemas.Estos serán los puentes que tendrá la obraEl paso del Regiotram implicaría importantes intervenciones viales. En Bogotá se construirán puentes elevados con cruces estratégicos como lo son la avenida Boyacá, la avenida 68, la avenida de Las Américas y la NQS. En otros puntos, como las carreras 40 y 50 y la avenida Ciudad de Cali, se contemplan pasos a nivel con semaforización.Cabe destacar que El tren será 100 % eléctrico, movilizará más de 130.000 pasajeros diarios y permitirá mitigar cerca de 165 toneladas de CO2 en sus primeros 20 años de operación, consolidándose como un eje clave de movilidad sostenible para la región.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente a la denuncia sobre un posible espionaje a través del software Pegasus contra el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y aseguró que ya sostuvo una conversación directa con él para aclarar el alcance de la situación. Según explicó, desconoce los detalles del hecho denunciado, pero expresó total disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de esclarecer el caso.Sánchez afirmó que el señalamiento es “muy grave y delicado” y subrayó que resulta inaceptable que en el país pueda llegar a ocurrir un episodio de espionaje ilegal como el que se ha puesto en conocimiento público. En ese sentido, recalcó que cualquier uso irregular de herramientas de inteligencia debe ser investigado a fondo y con absoluta transparencia.El ministro de Defensa también informó que se comunicó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, así como con el contralor y el procurador, con el objetivo de articular esfuerzos institucionales y colaborar plenamente con las investigaciones que se adelanten desde los organismos de control y judiciales.De manera paralela, Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes y avanzar con la mayor celeridad posible para esclarecer la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado.Además, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, instancia en la que se impartirán las directrices específicas para el manejo y seguimiento de este caso.
Hay polémica en Antioquia tras la venta vía subasta de La Manuela, finca que perteneció a Pablo Escobar en el embalse de El Peñol. Mientras que algunos sectores cuestionan el valor inferior de la transacción, víctimas del Cartel de Medellín dudan que con recursos las vayan a reparar. La Manuela es una finca de más de 7.800 metros cuadrados a las orillas de la represa de El Peñol que fue adquirida por un particular por 7.700 millones de pesos.Estos recursos, según la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, serán destinados para la reparación de las víctimas de Escobar y el Cartel de Medellín, acciones que justamente esta población percibe con desconfianza.Así lo aseguró Carlos Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado por el cartel, indicó que, durante más de 30 años, ningún Gobierno nacional ha llevado a cabo alguna acción similar o reparado a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia impartida por Escobar y sus secuaces.“Todos los gobiernos, desde López, Turbay, Belisario, Uribe, Santos, Duque y el actual gobierno en cabeza del presidente Petro, nunca se han acercado a las víctimas ni a la reparación ni a la verdad ni a la justicia. Ojalá esos dineros sirvan para reparar alguna de las víctimas, porque creo que son muchísimas y nunca nadie ha hecho nada”, aseguró.Sin embargo, la polémica no para allí, pues líderes de la región aseguran que el bien se subastó y terminó vendiéndose muy por debajo del precio comercial de la zona.Yeison Valderrama, exdirector de la Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo y exconcejal de El Peñol, se atrevió a afirmar que el predio de La Manuela cuesta hasta ocho veces más que en lo que se transó.“Los órganos de control deben investigar por qué durante tantos años, después de que los municipios del Peñol, Guatapé, pidieran este bien durante décadas para desarrollos turísticos, ¿por qué hoy se vende a un particular por apenas 7.700 millones de pesos, cuando comercialmente cualquier otra propiedad en la misma zona vale 7 u 8 veces más?”, aseveró.Tras el anuncio de la venta del inmueble, la SAE explicó que se trató de una subasta altamente competitiva por la condiciones de la zona y la misma propiedad. La Manuela había cobrado gran valor turístico por sus paisajes y la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos.
La familia de Yeison Jiménez continúa compartiendo mensajes de tristeza en medio del profundo dolor que dejó su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá. El artista se dirigía hacia Marinilla, junto a su equipo de trabajo, cuando la avioneta en la que viajaban sufrió el siniestro.En horas de la tarde de este lunes 13 de enero, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que ya fueron plenamente identificados los cuerpos del cantante y de las demás personas que lo acompañaban en el vuelo.Cabe recordar que en el accidente ocurrido en Paipa, Boyacá, perdieron la vida:Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.En medio de la conmoción y mientras se espera la entrega de los cuerpos a sus familiares, el hermano menor del artista envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram, Alejo Jiménez compartió una serie de fotografías de algunos viajes junto a Yeison, incluyendo recuerdos de su infancia."No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte. TE EXTRAÑO MÁS DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDAN DECIR, PERO TE AMO MÁS DE LO QUE EL TIEMPO PODRÁ BORRAR", escribió Alejo.Además, agregó: "Desde que te fuiste, el silencio pesa más; los días se sienten incompletos y el corazón aprende a latir con ausencia. El dolor de no tenerte aquí es inmenso, pero más grande aún es el amor que sembraste en mi vida. Fue un hasta luego lleno de lágrimas y amor.Hasta que el tiempo nos vuelva a unir y pueda abrazarte una vez más".Por último, Alejo recordó los planes que tenía junto a su hermano y expresó la frustración por los proyectos que quedaron inconclusos: "Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías. Voy a extrañar tus consejos y tus regaños. TE AMO POR SIEMPRE".
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.
Para el 2026, Colombia enfrentará una combinación de factores que presionan el sistema eléctrico: precios al alza, un estrecho margen entre generación y demanda, una deuda sectorial que supera los $4 billones, el atraso en proyectos clave y una creciente dependencia del gas importado. Ante este escenario, la tecnología emerge como una herramienta decisiva para evitar un eventual desabastecimiento de energía.Según datos del sector, el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación es crítico. De los 3.517 megavatios que debían entrar en operación hasta octubre de 2025, apenas lo hizo menos del 2 %, de acuerdo con cifras de Acolgen. A esto se suma la pérdida de soberanía gasífera, que obligará a importar cerca del 25 % del gas natural que consume el país, elevando los costos de generación térmica y aumentando la vulnerabilidad del sistema, especialmente si se materializa un fenómeno del Niño en 2026, cuya probabilidad es alta según la NOAA.Frente a una demanda que no cede y una oferta cada vez más tensionada, la adopción de tecnologías de eficiencia energética proyecta un crecimiento de entre el 20 % y el 40 % en 2026, impulsada por empresas que buscan blindarse ante posibles racionamientos y aumentos tarifarios. Alternativas para generar energíaEn ese contexto, la autogeneración solar fotovoltaica se consolida como una de las principales soluciones. Lo que antes era una apuesta por sostenibilidad hoy se convierte en una necesidad financiera, al permitir que industrias y comercios reduzcan su dependencia de la red nacional y su exposición a las tarifas del mercado regulado.Otra tecnología clave serán los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que ganarán protagonismo como respaldo crítico para procesos sensibles. Estas soluciones permiten almacenar excedentes de energía solar y utilizarlos en momentos de alta demanda o ante fallas del sistema.La gestión de datos también jugará un papel determinante. Colombia presenta niveles de ineficiencia energética cercanos al 65 %, lo que significa que solo se aprovecha productivamente el 35 % de la energía consumida, según la Unidad de Planeación Minero Energética. El monitoreo en tiempo real y el análisis de datos permitirán identificar fugas, corregir malos hábitos de consumo y reducir la facturación energética sin afectar la producción.Finalmente, la electrificación de procesos de calentamiento y la expansión de la movilidad eléctrica marcarán la agenda energética. Con más del 25 % del gas natural importado y sujeto a la volatilidad de la TRM, muchas industrias optarán por sustituir el gas por sistemas eléctricos de alta eficiencia.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de todas las víctimas del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez, siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este procedimiento, la entidad dio por concluida su intervención en el caso.De acuerdo con el comunicado, Medicina Legal informó que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales, logrando la plena identificación de los seis cuerpos que ingresaron a la entidad tras la tragedia aérea. Posteriormente, todos fueron entregados a sus familias en coordinación con las autoridades competentes.Las personas fallecidas en el accidente fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. El instituto también expresó un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con celeridad y diligencia en este tipo de casos.Cuándo fue el accidente de Yeison JiménezEl 10 de enero del 2026 será una de las fechas más tristes para la música colombiana, pues este siniestro enlutó al país y cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, y considerado uno de los principales exponentes del género en la última década. La avioneta, que tenía como destino la ciudad de Medellín, se accidentó en una zona rural de Boyacá y quedó completamente calcinada, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.La Aeronáutica Civil lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente, el país despide a una figura clave de la música regional colombiana y acompaña el duelo de las familias de las demás víctimas de esta tragedia aérea.
Colombia recuperará en 2026 uno de los puentes festivos más simbólicos de su calendario. Luego de varios años sin este día feriado como fin de semana largo, la conmemoración del Día de la Independencia, el 20 de julio, volverá a convertirse en puente, un hecho que no ocurría desde 2019, antes de la pandemia. La confirmación ya figura en el calendario oficial de festivos y despertó expectativas entre trabajadores y sectores económicos que tradicionalmente se dinamizan durante estas fechas.El anuncio llega en un momento clave, cuando muchas familias planean con anticipación viajes y descansos, ante el regreso de un puente que representa un impulso para el turismo, el comercio y el transporte, actividades que suelen registrar mayor movimiento en estas temporadas.Día de la Independencia vuelve a ser puente festivo en 2026La razón detrás del regreso de este festivo está en el calendario. En 2026, el 20 de julio caerá un lunes, lo que permite que el Día de la Independencia se convierta automáticamente en un puente festivo, sin necesidad de traslado. Esta situación se ajusta a lo que establece la Ley Emiliani, cuyo objetivo es concentrar los festivos al inicio de la semana para incentivar el descanso y la actividad turística y económica del país.Este escenario no se presentaba desde hace siete años, cuando en 2019 la fecha también coincidió con un lunes. Desde entonces, el aniversario patrio se celebró en días intermedios o durante fines de semana, lo que le restó atractivo turístico a la fecha.Siete años sin puente por el 20 de julio en ColombiaLa última vez que los colombianos disfrutaron de un puente completo por el Día de la Independencia fue en 2019. Entre 2020 y 2025, la fiesta patria cayó en martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, lo que redujo su impacto festivo a una sola jornada.Por eso, el regreso del puente en 2026 tiene un valor especial. Representa la vuelta de una tradición que históricamente ha marcado los tiempos de descanso de muchas familias colombianas y ha impulsado una mayor participación ciudadana en los actos conmemorativos.Festivos y puentes confirmados en Colombia para 2026El calendario de 2026 contará con varios puentes a lo largo del año, entre ellos el del 20 de julio. Estas son algunas de las fechas clave confirmadas:12 de enero: Reyes Magos (puente).23 de marzo: San José (puente).18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente).8 de junio: Corpus Christi (puente).15 de junio: Sagrado Corazón (puente).20 de julio: Día de la Independencia (puente).12 de octubre: Día de la Raza (puente).16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).Con este panorama, 2026 se perfila como un año con varias oportunidades para el descanso y la reactivación económica, marcado por el regreso de un puente que muchos colombianos esperaban desde hace años.
Mientras que, producto de la vacancia judicial, la Corte Constitucional inició hasta este martes 13 de enero de 2026 el estudio del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declara el estado de emergencia económica y social, el debate de este decreto sigue estancado en el Congreso de la República.Aunque desde sectores de oposición se buscó adelantar un debate de control político a todos los ministros el pasado 29 de diciembre en la plenaria del Senado, ningún integrante del gabinete se hizo presente, argumentando que se debía permitir responder el cuestionario de 26 preguntas, con fecha límite del 31 de diciembre.Sin embargo, según datos entregados por la Secretaría del Senado a BLU Radio, el pasado 31 de diciembre, 13 de los 17 ministerios presentaron una solicitud de prórroga para entregar la respuesta a este cuestionario, argumentando en varios oficios la necesidad de terminar de compilar la información por parte de las distintas dependencias del gabinete nacional.Pero llama la atención que el pasado 9 de enero, 10 de los 17 ministerios solicitaron nuevamente una prórroga para responder dicho cuestionario, lo que retrasa aún más la posibilidad de llevar a cabo el debate de control político.El senador de Cambio Radical y citante del debate, Carlos Fernando Motoa, criticó esta dilación por parte del Gobierno y recordó que, luego de que no se pudiera realizar el control político al decreto el 29 de diciembre, presentó una solicitud a la mesa directiva del Senado para convocar nuevamente a la plenaria de forma extraordinaria, solicitud en la que insistió este martes 13 de enero.“El control político no es un ‘favor’ que el Gobierno Nacional le hace al @SenadoGovCo, es una OBLIGACIÓN que continúa eludiendo (de diferentes maneras). Por eso, vengo insistiendo en la necesidad de realizar el debate por la declaratoria de la inconstitucional e INCONVENIENTE emergencia económica... porque no puede ser que estén manejando impuestos vía decreto sin rendir cuentas ni ofrecer ningún tipo de explicación”, señaló Motoa en su cuenta de X el pasado 5 de enero.El senador y cabeza de lista de Cambio Radical aseguró que, ante estas dilaciones, presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra todos los ministros del gabinete por no responder en el tiempo que establece la ley.