Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.
El Valle del Cauca se encuentra en máxima alerta ante las fuertes lluvias registradas en el departamento, las cuales han provocado emergencias en más de diez municipios en las últimas 72 horas.La situación más compleja se registró en el centro del departamento, específicamente en el municipio de Buga, donde la creciente súbita de un río obligó a cuatro familias de la comunidad del corregimiento de La María a evacuar sus viviendas, debido al riesgo que estas corrían."El desbordamiento del río ocasionó la pérdida de una vivienda. Una delegación del consejo municipal de gestión del riesgo estuvo presente en la zona entregando recomendaciones preventivas a la comunidad y se ha solicitado la evacuación de sectores con alto riesgo de nuevas afectaciones. De igual manera en la vereda, Las Frías registró un derrumbe que bloqueó el paso vehicular. Nuestros obreros están allí presentes para habilitar la vía y restablecer la movilidad.", indicó Karol Martínez, alcaldesa de Buga.Otros municipios que han reportado afectaciones por las fuertes precipitaciones han sido Ginebra, El Cerrito, Riofrío Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, Cartago, Buenaventura y Dagua."Tenemos alrededor de seis municipios con declaratoria de calamidad pública, para atender las emergencias en los diferentes municipios. Según el sistema de información geográfico y el IDEAM, lo que se prevé es que continuemos con las lluvias en el mes de enero, con un incremento del 20% comparado al histórico", explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.
El uso de cámaras de seguridad en viviendas y negocios se ha convertido en una tendencia cada vez más común en Colombia, especialmente ante la falta de vigilancia permanente o de recursos para contratar seguridad privada. Estos dispositivos no solo cumplen una función preventiva, también pueden convertirse en piezas clave dentro de una investigación judicial, un aspecto que muchos ciudadanos desconocen.Si bien se trata de equipos de carácter privado, la ley colombiana establece deberes claros para quienes los instalan. La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que las grabaciones captadas por cámaras de seguridad pueden ser solicitadas por las autoridades y que, en determinados casos, su entrega no es opcional.Fiscalía advierte deber legal por cámaras de seguridadDe acuerdo con la Fiscalía, grabar entradas, fachadas o espacios públicos es completamente legal cuando el objetivo es proteger un inmueble. Sin embargo, estas grabaciones deben regirse por el Código de Procedimiento Penal y por la Ley 1581 de 2012, que protege los datos personales.En ese orden de ideas, los videos obtenidos por cámaras de vigilancia son considerados elementos materiales probatorios y evidencia física. Por este motivo, los ciudadanos pueden ser requeridos para entregar grabaciones cuando estas resulten relevantes dentro de un proceso judicial.¿Las autoridades pueden pedir videos sin orden judicial?La normativa permite que entidades como la Policía, la Fiscalía o el CTI soliciten imágenes de cámaras privadas sin orden judicial cuando se trate de actuaciones urgentes relacionadas con un hecho delictivo. El objetivo es evitar la pérdida, alteración o eliminación del material probatorio.En situaciones que no sean de urgencia, la solicitud puede estar respaldada por una orden de un fiscal delegado. Aun así, la colaboración del ciudadano sigue siendo obligatoria. Negarse a entregar las grabaciones puede interpretarse como una obstrucción a la justicia, especialmente si la información es clave para la investigación.Así debe entregar las grabaciones a las autoridadesLa Fiscalía también ha entregado orientaciones prácticas para quienes deban suministrar videos de seguridad. Entre las principales recomendaciones están:No borrar ni modificar las grabaciones.Entregar una copia en un medio físico o digital.Solicitar constancia formal de la entrega.De igual manera, se advierte que difundir imágenes en redes sociales o entregarlas a particulares sin autorización puede vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad. La entrega de estos videos debe realizarse únicamente a autoridades judiciales competentes y bajo solicitud formal.Con más de 26.000 cámaras de videovigilancia instaladas en el país y miles más en manos de particulares, la Fiscalía insiste en que tener cámaras no solo implica un beneficio en seguridad, sino también responsabilidades legales que los ciudadanos deben conocer y cumplir.
En diálogo con Mañanas Blu, Lester Toledo, abogado y estratega político vinculado a la causa de María Corina Machado, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de Venezuela tras los eventos del 3 de enero.Toledo afirmó con contundencia que "Nicolás Maduro es el pasado" y que el país atraviesa actualmente una fase de transición hacia un futuro democrático.El control factual de Estados Unidos y la "transición" de Delcy RodríguezToledo explicó que, en la práctica, es el gobierno de los Estados Unidos quien hoy ejerce el mando sobre los pilares fundamentales de Venezuela, incluyendo el petróleo, las finanzas y el control de entradas y salidas del país. Según el estratega, esta situación es necesaria para la estabilización y recuperación del país, bajo un plan que incluye el retorno de exiles y la liberación de presos políticos.En este contexto, calificó a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, a quien denominó "Delcy la breve", señalando que su posición es insostenible debido a que carece de respaldo popular y está sancionada por Washington.La legitimidad de María Corina MachadoRespecto a las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de respaldo de Machado para gobernar, Toledo aclaró que se trató de un comentario pragmático referido exclusivamente a la fuerza militar y el control de las armas, y no a su apoyo popular. Destacó que Machado cuenta con más del 80% de respaldo ciudadano y obtuvo el 91% de los votos en las primarias.Asimismo, defendió el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", el cual contempla la apertura del mercado y acciones concretas para la industria petrolera. Toledo confirmó que este plan es conocido y ha sido elogiado por autoridades estadounidenses, subrayando que Machado será recibida próximamente en la Casa Blanca por el presidente Trump.Escuche aquí la entrevista:
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
El pasado sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, integrantes de su equipo de trabajo, en el departamento de Boyacá, tras sufrir un accidente aéreo.El artista y su equipo se desplazaban en una aeronave tipo Piper Navajo, cuando se presentaron complicaciones durante la operación en el aeródromo de Paipa.Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado interrogantes es la ausencia de registros de voz y datos del vuelo. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), reveló detalles sobre el curso de las indagaciones técnicas que buscan esclarecer los hechos.Sobre la caja negra, el coronel fue enfático al aclarar que este tipo de dispositivos no son obligatorios para todas las categorías de aviación en Colombia. “Ese avión en específico no presenta registradores de datos de vuelo ni registrador de voz”, explicó el director.Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje. Según Bello, esta ausencia responde a la normativa vigente para la aviación privada: “Estamos hablando de un área de aviación privada, el poseedor o dueño de sus aeronaves puede determinar qué tipo de tecnología o qué tipo de equipos puede tener a bordo”.“No es un requisito que limite la operación”, enfatizó el oficial, señalando que, en estos casos, la autoridad aeronáutica debe apoyarse en otros elementos probatorios cuando dichos equipos no están disponibles.Otra de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza, tras el análisis de videos captados por testigos en el aeropuerto de Paipa, es la posibilidad de que la avioneta hubiera excedido su capacidad de carga.Al respecto, el coronel Bello confirmó que el factor humano y operacional es una prioridad dentro de la metodología actual. “En ese peso y balance es donde nosotros empezamos a hacer ese seguimiento y evaluación, referenciado en términos de peso de la aeronave, términos de peso de combustible, términos de peso de los pasajeros y las maletas que llevaban a bordo”, detalló.La investigación también busca establecer por qué la aeronave continuó con la maniobra pese a las condiciones presentadas. Según Bello, se están realizando cálculos para determinar “si la distancia no fue correcta, si hay una imprecisión en el cálculo inicial, si la velocidad de abortaje estaba calculada dentro de estos parámetros”.Aunque el Piper Navajo es un modelo que dejó de fabricarse hace varias décadas, la Aerocivil defendió la seguridad de este tipo de aeronaves, siempre que cumplan con los protocolos de aeronavegabilidad. El coronel Bello explicó que la antigüedad de un avión no es un impedimento para operar en el espacio aéreo colombiano, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes.“Son aeronaves que, a pesar de tener diferente edad, están en condiciones de desarrollar operación aérea”, afirmó el oficial. No obstante, reconoció que, como cualquier máquina, pueden presentarse fallas inesperadas, razón por la cual la investigación también analiza el historial y los procedimientos de mantenimiento técnico de la aeronave.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no asistirá a la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) a causa de la actual agenda política comunitaria y "la escasa participación" de otros líderes, informaron este martes fuentes comunitarias."A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre", indicaron a EFE estas fuentes sobre la cita prevista para el domingo 9 en Santa Marta (Colombia).No obstante, aseguraron que la política alemana mantiene en cualquier caso "su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y la CELAC". "En un momento de desafíos y divisiones geopolíticas, la próxima cumbre confirma la importancia y el impulso de las relaciones entre la UE y la CELAC", subrayaron.Las fuentes explicaron que la Comisión "coordinará estrechamente" con el Consejo y con el presidente de esa institución, el portugués António Costa, "los resultados bajo su responsabilidad".Según dijeron, Von der Leyen ha pedido a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, que además es vicepresidenta de la Comisión, que asista a la cumbre en nombre del Ejecutivo comunitario.El canciller alemán, Friedrich Merz, tampoco asistirá finalmente a la cumbre UE-CELAC y la razón que argumentó un portavoz fue también la "poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno".El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró esta semana, en su cuenta de X, que "fuerzas ajenas a la paz de América" quieren que fracase la cumbre.Petro, como presidente pro tempore de la CELAC, y Costa copresidirán la reunión, a la que están convocados los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.La última cumbre de estas características tuvo lugar en Bruselas hace dos años, tras ocho años sin haberse organizado. Costa dijo en un comunicado que, "en un momento en que el mundo corre el riesgo de encerrarse en sí mismo, esta cumbre reafirma la fuerza y la vitalidad de la asociación de la UE con América Latina y el Caribe"."Mientras otros pueden recurrir a los aranceles y al proteccionismo, nosotros optaremos por más comercio, más inversión y más cooperación", agregó.La agenda, que contempla dos sesiones de trabajo, abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones ecológica y digital, y la lucha conjunta contra la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas y personas, además de explorar nuevas vías de colaboración para promover la paz, la seguridad y la prosperidad.Con más de mil millones de personas, la CELAC y la UE representan juntas el 14 % de la población mundial, el 21 % del PIB global y un tercio de los miembros de las Naciones Unidas.Las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe (ALC) como asociación estratégica se remontan a 1999, cuando se celebró en Río de Janeiro la primera cumbre birregional UE-ALC. Desde la creación de la CELAC en 2010, se han celebrado tres cumbres UE-CELAC en 2013, 2015 y 2023.El comercio bilateral total de bienes y servicios entre las dos regiones ascendió a 395.000 millones de euros en 2022-2023 (un aumento del 45 % desde 2013), según datos de la UE, que es además el tercer socio comercial de América Latina y el Caribe y su principal fuente de inversión en la región, con más de 741.000 millones de euros de inversión extranjera directa en 2022.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente el atentado perpetrado por sicarios en motocicleta contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, cuando se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en el sur de Neiva.Asimismo, la entidad condenó el fallecimiento del menor de 11 años, quien fue alcanzado por un disparo en la cabeza durante el ataque criminal. En el mismo hecho resultó gravemente herido el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, de 50 años de edad, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva.De igual manera, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para reforzar los esquemas de seguridad de directivos y funcionarios del sector penitenciario en el país, teniendo en cuenta los ataques de los que han sido víctimas dragoneantes del Inpec en varias ciudades.En efecto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila también brinda acompañamiento institucional a la familia del menor Ismael Rodríguez, de 11 años, víctima del atentado.Asimismo, mediante un comunicado oficial, los personeros del Huila rechazaron el ataque sicarial contra los directivos del centro de reclusión de Neiva, ubicado en jurisdicción de Rivera, y pidieron a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones que permitan ubicar y capturar a los autores materiales de este lamentable hecho que ha conmocionado a Neiva y al Huila.Por su parte, la Policía, con su equipo de investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, continúa recopilando evidencias y testimonios con el fin de identificar a los responsables, capturarlos y llevarlos ante la justicia. No obstante, las autoridades administrativas y de policía adelantaron un consejo de seguridad para tomar decisiones frente al atentado que hoy cobra la vida de un menor de edad, hijo del director de la cárcel de Rivera, en el Huila.
El Ministerio de Minas y Energía posesionó a Adriana Jiménez como la nueva experta comisionada en la Comisión de Energía y Gas. Una profesional que cuenta con más de 26 años de experiencia en política pública y en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas en el sector de regulación energética. Ahora se enfrenta a grandes retos y labores.La nueva comisionada es una economista con maestría en Economía y Políticas Públicas, y especializaciones en Gestión de Proyectos y en Derecho de la Competencia y Libre Comercio, lo que permitirá un amplio desarrollo en técnico este momento clave de la transición energética.Hasta el momento, ha sido Asesora y Comisionada encargada en el Departamento Nacional de Planeación, en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – Creg. Además, ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – Anla, entidad en la que lideró el Grupo de Transición Energética Justa; a la par, ha tenido cargos en Fedepalma y la Unidad de Restitución de Tierras.A las afueras del país también ha hecho parte del equipo de infraestructura en Argentina. Razones por las cuales fue escogida, debido a su amplia trayectoria en entidades públicas y firmas consultoras que se han especializado en el sector energético.Su llegada se da en el marco de un proceso en marcha orientado a fortalecer la confiabilidad del sistema, avanzar en la actualización de metodologías regulatorias, acompañar la transición energética y reforzar la protección de los usuarios de los servicios públicos. Con esta designación, la entidad busca dar continuidad a las reformas y lineamientos que vienen consolidándose en el sector.La Creg funciona como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía y está conformada por los ministros de Minas y Energía, quien la lidera, y de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación y seis expertos en asuntos energéticos designados por el presidente de la República para periodos de cuatro años.Con la incorporación de la nueva comisionada, queda completo el Comité de Expertos de la Creg, órgano colegiado responsable de la toma de decisiones regulatorias, integrado por William Mercado, director ejecutivo (e), junto a los expertos comisionados Antonio Jiménez, Fanny Guerrero, Orlando Velandia (e) y Ángela Álvarez.