Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
El presidente Gustavo Petro le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025. Esta decisión se conoce luego de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable. Se esperan nuevos movimientos en el gabinete a siete meses de terminar el Gobierno.En su carta de renuncia, el ahora exdirector aseguró: “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”.Esta decisión se da en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos cuatro años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el Foro Económico, que está programado para el 19 de enero.El exdirector de la DNI podría terminar en otro cargo dentro del Gobierno nacional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Desafortunadamente, los actos delictivos ocurren todos los días. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes en Colombia son el hurto (a personas, residencias y vehículos), la extorsión, lesiones personales y el homicidio; luego de ello le siguen los delitos informáticos y estafas digitales.No obstante, hay otras conductas que las personas pueden cometer y no saben que están catalogados como delitos. La Fiscalía General de la Nación indicó que seis acciones, algunas muy comunes entre los colombianos, son sancionadas según el Código Penal.El llamado Código Penal en Colombia contiene las normas de carácter penal y son las que definen qué actos están tipificados como delitos y las penas que se pueden determinar según el caso.Las seis conductas que también son delito en ColombiaUn delito es una acción que castiga el Estado y se comete con intensión o imprudencia y pone en peligro un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad y el honor.Según la Fiscalía, estas son las seis conductas que también son delitos en Colombia:1. PerfidiaEsta acción suele ocurrir en conflictos armados cuando alguien engaña al adversario usando símbolos de protección como la bandera blanca, la Cruz Roja o uniformes enemigos para atacar o causar daño.2. Contaminación de aguasLa conducta, además de ser un acto irresponsable, es un delito. Según la Fiscalía, si alguien altera o contamina el agua destinada a consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las personas, puede enfrentar penas de prisión.Lea también: (Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno).3. Perturbación de actos oficialesImpedir una función pública también está catalogado como un delito. Usar engaños, falsas órdenes o hacerse pasar por autoridades para interrumpir o alterar las decisiones de entidades públicas, puede ser castigado por la justicia. En este punto, la Fiscalía aclara que las instituciones deben funcionar sin trampa.4. Pánico económicoDifundir información falsa que afecte la confianza en bancos, inversiones o empresas; o que provoque retiros masivos de dinero o despidos colectivos, es pánico económico. Esta desinformación puede quebrar la economía de un país.5. EspionajeObtener, usar o revelar secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado es considerado un delito de espionaje. No se puede confundir con curiosidad, se trata de seguridad nacional.6. Perturbación de la posesión sobre inmuebleEste acto ocurre cuando alguien, mediante un acto de violencia, interfiere en la posesión pacifica que otra persona tiene sobre un inmueble, así no se trate de una invasión. Sacar a alguien por la fuerza, impedirle usar el lugar que ocupa o intimidar para que salga de allí es delito.Adicionalmente, el Código Penal también sanciona el engaño, la violencia y los abusos. El ente investigador recordó que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de la persona.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de manera inmediata el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional el 22 de diciembre de 2025, así como los efectos de la reforma tributaria adoptada bajo esa figura.El mandatario aseguró que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad e imprevisibilidad y responde, según dijo, a una crisis generada por el propio Gobierno. Indicó que los argumentos utilizados, como lo son la situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios.Gutiérrez cuestionó que el Ejecutivo haya recurrido a la emergencia para expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, entre ellos una reforma tributaria que ya había sido hundida por el Legislativo. Señaló que, desde el 1 de enero, se están cobrando nuevos impuestos que afectan el patrimonio de ciudadanos y empresas, incluyendo incrementos en el IVA de productos de consumo básico."Como alcalde, le he pedido, y le pido a los magistrados y magistradas de la corte constitucional, que frenen ya, que frenen ya este decreto en el que el gobierno nacional nos quiere gobernar, por excepción, lo que perdió en democracia", aseguró.Gutiérrez también advirtió que estas decisiones se estarían tomando en un contexto electoral, lo que, a su juicio, agrava la situación. Según afirmó, el Gobierno estaría buscando financiarse “en plena época de campaña” mediante medidas que golpean el bolsillo de los colombianos y que considera contrarias a la Constitución.Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que son los departamentos los más afectados con estas medidas, porque impacta los tributos propios de los licores, tabacos y los juegos de suerte y azar, por lo que evaluarán en conjunto si se adhieren a esta acción judicial gestada desde el Distrito de Medellín."Aquí todos tenemos que ayudar y pedirle insistentemente no sólo a la Corte Constitucional en el caso del decreto de emergencia económica, sino al Consejo de Estado en el caso del salario mínimo que revise esto, pero las gobernaciones, los departamentos que somos los más afectados fiscalmente, necesitamos a una cumbre de emergencia para este jueves", señaló Rendón.Finalmente, el alcalde también se refirió al alza del pasaje de transporte público y del valor de la vivienda VIS, ante el incremento del salario mínimo del 23%, indicando que sin duda esto causa efectos en la economía y los precios deben subir. La solicitud presentada ante la Corte tiene 48 páginas y fue radicada a las 7:44 de la mañana de este martes 13 de enero. En ella se pide suspender provisionalmente los decretos mientras se adelanta el análisis de fondo.
Las autoridades investigan tres crímenes de mujeres registrados en las últimas horas, en distintos municipios de Antioquia, hechos que han generado preocupación.Uno de los casos corresponde al hallazgo sin vida de Luisa Fernanda Hernández Montiel, una menor de 17 años reportada como desaparecida desde el viernes 9 de enero en Zaragoza. La joven fue vista por última vez en el sector del Jardín Botánico, según cámaras de seguridad y tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un sector cercano al municipio de Santa Fe de Antioquia y posteriormente trasladado a la morgue de Medellín, donde fue identificada por sus familiares. Las autoridades no han confirmado los móviles del crimen, aunque de manera preliminar se indaga si estaría relacionado con el hurto de su motocicleta y otras pertenencias.Otro de los casos se registró en Rionegro, donde una mujer identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero, de 26 años y madre de dos hijos, fue hallada muerta al interior de un establecimiento comercial. De acuerdo con las autoridades, la víctima recibió varios disparos y el presunto agresor huyó del lugar en una bicicleta. Las hipótesis preliminares apuntan a una posible vinculación con estructuras ilegales o a un hecho relacionado con una ruptura sentimental, versiones que aún están en verificación.El tercer caso se registró en el municipio de Salgar, Suroeste antioqueño, donde en la vereda Chaquiro Arriba fue encontrado el cuerpo sin vida de María Consuelo Vélez Montoya, de 52 años, quien presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante. Los móviles del crimen siguen siendo materia de investigación.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Medellín causaron estragos en la comuna 8, Villa Hermosa, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas ,y se activó la búsqueda de José Miranda, de 19 años, quien desapareció luego de ser arrastrado por la creciente de la quebrada La Castro.El director del Dagrd, Carlos Quintero, manfiestó que luego de un recorrido y labores de búsqueda por parte de los organismos de gestión del riesgo, se logró ubicar al hombre."Una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía, se lleva a esta persona ocasionándole la muerte. En este momento nos encontramos en las labores de recuperación del cuerpo y posteriormente entregar a fiscalía para la identificación del mismo", aseguró el director.El caso del joven que se estaba bañando en un balneario lo convierte en la primera víctima de las luvias que se vienen registrando en el inicio del año en Medellín. Según el Dagrd, ya van por lo menos 54 emergencias relacionadas con estas precipitaciones. "Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial. Desde el Dagrd estamos 24-7 atendiendo todos los llamados de la comunidad", agregó Quintero.Persisten afectaciones en UrabáPor su parte, en el Urabá antioqueño el incremento de las lluvias tiene afectadas a 1.270 familias en los municipios de Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá y Carepa.A estas dificultades se suman las afectaciones en la vía que comunica a Medellín con Urabá. De acuerdo con la concesión vial, hay paso controlado a un carril en el sector Godó, la variante de Fuemia y en jurisdicción de Dabeiba, debido a socavaciones y trabajos de atención en curso.
El Ejército destruyó cinco dragas y 38 unidades de producción minera que pertenecerían al Clan del Golfo en zona rural de Quibdó, Chocó. Las autoridades estiman una afectación de por lo menos 1.000 millones de pesos que dejan de ingresar a este grupo ilegal.Tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional, adscritas a la Séptima División, realizaron una operación conjunta con la Policía Nacional en la vereda Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó, donde se desarrollaban actividades de minería ilegal por parte del Clan del Golfo.De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, la acción se llevó a cabo en un sector en el que operaban estructuras dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros. Durante el procedimiento fueron intervenidas 38 Unidades de Producción Minera (UPM), así como cinco dragas tipo buzo que eran utilizadas para la explotación ilegal de oro en la zona. En el lugar también fueron hallados e inutilizados 13 motores y 20 motobombas, equipos empleados de manera permanente para estas actividades.Según el balance oficial, la maquinaria incautada y neutralizada estaba siendo utilizada por este grupo armado. Según las autoridades, la intervención representa una afectación económica considerable para esta estructura ilegal, con pérdidas que superan los 330 millones de pesos en maquinaria. Además, se estima una reducción de ingresos ilícitos cercanos a los 1.000 millones de pesos mensuales, producto de la explotación de aproximadamente 2.000 gramos de oro.El ejército destacó que este resultado impacta de manera directa las finanzas de las organizaciones armadas que se lucran de la minería ilegal en el Chocó, una actividad que ha generado múltiples afectaciones en el territorio. La operación no solo busca debilitar las economías criminales, sino también frenar el uso indiscriminado de maquinaria pesada en zonas rurales.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 13 de enero de 2026:Lester Toledo, abogado asesor de María Corina Machado, dio detalles sobre la reunión que tendrá María Corina con el presidente Trump.Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Octavio Cardona, representante a la Cámara, hablaron sobre las Autopistas del Café.Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, se pronunció sobre la denuncia del presidente a Néstor Gregorio Vera Fernández.Yolanda Reyes, escritora y columnista de El Tiempo, comentó sobre el fallecimiento de Beatriz González.Escuche el programa completo aquí:
Tras varios encuentros y consultas con líderes locales, distintos sectores políticos de Antioquia anunciaron coincidencias programáticas en torno a la protección de la niñez y el fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en el debate público de cara al panorama electoral nacional.En este contexto, la exconcejal y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, confirmó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando que el punto de unión radica en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas para garantizar los derechos de los menores de edad.De acuerdo con Vélez, el acuerdo político se sustenta en la convicción de que la protección de la niñez debe trascender las diferencias partidistas y convertirse en una prioridad nacional. La propuesta busca impulsar reformas que fortalezcan las sanciones por delitos de abuso sexual y promuevan mayor eficiencia en las instituciones encargadas del cuidado y atención a las víctimas.“Nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y es momento de poner por encima los intereses superiores de Colombia. Abelardo es coherente con lo que este equipo político ha defendido durante más de 12 años: a la niñez se le cuida y se le protege, y si es necesario, se defiende con acciones cada vez más contundentes”, señaló Vélez.Desde el equipo de Abelardo de la Espriella se resaltó la importancia de esta articulación política en Antioquia, que agrupa a concejales, alcaldes y líderes locales que comparten una agenda basada en la defensa de la niñez y la coherencia ideológica. Entre ellos se encuentra el concejal de Medellín Miguel Iguarán, junto con varios ediles y representantes municipales que acompañarán este proceso en distintas subregiones del departamento.“Tomamos la delantera con un candidato coherente. Somos los primeros en sumarnos a Abelardo porque creemos que las decisiones más importantes se toman por coincidencias ideológicas y no por transacciones políticas”, concluyó Vélez.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra Angie Rodríguez, tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su llegada al Fondo Adaptación. Carrillo calificó como “una infamia” y “muy bajo” lo que, según él, fue una actuación de Rodríguez en su contra y contra la entidad que dirigía de manera encargada.De acuerdo con Carrillo, nunca buscó una confrontación pública y aseguró que su prioridad ha sido cumplir con la misión institucional. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido “fue una mezquindad” y que las acciones de Rodríguez tuvieron como propósito “atornillarse a su puesto”. Según su relato, las denuncias públicas de Rodríguez aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al DAPRE, y en ellas se insinuó una posible relación entre hechos de seguridad ocurridos en la vivienda de sus padres y el Fondo Adaptación.Carrillo rechazó esas insinuaciones y defendió el carácter técnico del Fondo Adaptación, entidad creada mediante decreto de emergencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explicó que, aunque existe cierta duplicidad de funciones con la UNGRD, el Fondo tiene un diseño institucional distinto y moderno. En ese contexto, lamentó que Rodríguez, según dijo, haya hecho afirmaciones falsas en una rueda de prensa que, en su opinión, terminaron afectando la imagen del Fondo.“Ella misma sale a decir cosas que son falsas, a poner como si eso hubiera sido una cueva”, afirmó Carrillo, al tiempo que insistió en que el Fondo Adaptación ha sido una de las entidades que ha funcionado relativamente bien. Según el director de la UNGRD, las declaraciones de Rodríguez no solo lo afectaron personalmente, sino que perjudicaron a la institución que ella misma pasaría a dirigir.En la entrevista también se abordó la supuesta influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en este episodio. Carrillo aseguró que Benedetti lo denunció y que ha habido ataques en su contra, aunque señaló que no quiere profundizar en esa confrontación. No obstante, afirmó que existe un trasfondo político y sostuvo que el Fondo Adaptación habría empezado a ser utilizado para acuerdos políticos, algo que —según él— va en contravía del enfoque del Gobierno.Uno de los puntos más sensibles señalados por Carrillo fue la situación administrativa del Fondo Adaptación. Aseguró que la nueva gerente liquidó el contrato de las oficinas, dejando a la entidad sin sede física, decisión que, en su opinión, podría constituir un detrimento patrimonial. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.
Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.
Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.
En la Casa de Nariño, el Gobierno nacional y distintos sectores políticos analizaron el rumbo de la política exterior colombiana en el marco de la comisión asesora de relaciones exteriores, un espacio que fue convocado y liderado directamente por el presidente Gustavo Petro. Al encuentro asistieron congresistas, expresidentes y excancilleres, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos.Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, también estuvo en esa comisión y en Recap Blu calificó el encuentro como positivo y destacó el tono respetuoso con el que se desarrolló la conversación. Aunque recordó que los detalles de la discusión no pueden hacerse públicos por el carácter reservado de la comisión, subrayó la importancia de que el Gobierno haya reactivado este canal institucional para abordar asuntos estratégicos del país.Desde la oposición, explicó Arbeláez, se insistió en la necesidad de manejar las relaciones internacionales con responsabilidad, mesura y a través de los canales diplomáticos formales, evitando que las diferencias políticas se trasladen a escenarios públicos como las redes sociales. La congresista advirtió que Colombia tiene mucho en juego en su relación con Estados Unidos, un aliado estratégico con el que mantiene vínculos históricos de más de 200 años.Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el impacto de la política exterior en el empleo, la inversión y el comercio. Arbeláez recordó que cerca del 60 % de las exportaciones colombianas dependen del mercado estadounidense, lo que convierte esa relación en un eje clave para la estabilidad económica del país. Además, señaló que la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico sigue siendo un interés prioritario para ambas naciones.La representante también mencionó que Estados Unidos mantiene especial atención sobre el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso, indicó que Colombia no puede enfrentar sola este desafío y que es fundamental preservar la cooperación internacional construida durante décadas."Las relaciones internacionales no pueden tener ideología. Esto se lo dejamos ahí al presidente presente. Yo creo que él es consciente, pues tan así es que hoy vemos un tono cambiante por parte del presidente Petro, pues fue una conversación y un tono un poco más mesurado", concluyó.
El Ejército y la Policía continúan con las investigaciones y los operativos en toda la ciudad de Neiva, con el fin de dar con la ubicación de los dos sicarios motorizados que atentaron contra el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez; el subdirector, Renato Solano Osorio; un dragoneante del Inpec, y un menor de 11 años, hijo del director del penal, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza.El ataque criminal se registró en inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, al sur de Neiva, en la salida hacia el sur del Huila, donde dos hombres armados dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.“La Policía ha dispuesto un plan candado con todas las capacidades operativas e investigativas, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín, con el fin de capturar a los responsables de este hecho. Hago un llamado a la comunidad para que, quien tenga información, la comunique de manera reservada”, expresó el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Este hecho causó rechazo entre las autoridades civiles y de Policía. En el atentado resultó gravemente herido el subdirector del centro carcelario, Renato Solano Osorio, quien permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Neiva, así lo confirmó Juan Diego Fierro, gerente del centro asistencial.“Recibimos en el hospital al señor Renato Solano Osorio, paciente de 50 años de edad, con herida por arma de fuego en el tórax. Actualmente se encuentra en estado crítico y bajo observación estricta por parte del personal médico”, señaló el parte médico entregado por la gerencia del hospital.Posteriormente, en el transcurso del día, se adelantó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los responsables.“En este consejo de seguridad se determinó una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables de este acto criminal. Además, hay una operación tipo candado por parte del Ejército y la Policía, con el apoyo de la comunidad e incluso de los agentes de tránsito”, anotó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Regional Huila rechazó este vil ataque en el que murió el menor Ismael Rodríguez. Además, la entidad brinda acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.
Once miembros de la la comisión 34 de las disidencias al mando de alias 'Calarcá' se entregaron ante las autoridades en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, luego de varias operaciones que el Ejército Nacional viene adelantando en la zona.Los ilegales hacen parte del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y entre ellos están los cabecillas conocidos con los alias de ‘Andrés’, ‘Jair’ y ‘David’.Este sometimiento a la justicia muestra el alcance y expansión que las disidencias de 'Calarcá' están logrando en este sector, límites entre Antioquia y Chocó, que suele estar bajo el control del ELN y el Clan del Golfo, quienes incluso se disputan el control por los corredores del narcotráfico y la minería ilegal.Con esto, dice el Ejército, buscan evitar ese desarrollo del grupo ilegal en esa zona del país así como Risaralda y Caldas.Durante la operación, integrantes de la Décima Quinta Brigada del Ejército, incautaron ocho armas largas, munición, proveedores, material de intendencia y equipos de comunicación.
Los exjefes de las extintas Farc apelaron la sentencia que les impuso la JEP por los más de 20.000 casos de secuestro que se dieron durante el conflicto. Es importante recordar que la sentencia contempla acciones y trabajos restaurativos por un periodo de ocho años, sin cárcel. Es decir, que durante ese tiempo deben cumplir con obras y labores que reparen a las víctimas.La JEP planteó la idea de monitorear las sanciones por medio de un mecanismo electrónico, algo a lo que se niegan, en esta apelación, los excomandantes de las Farc. El antiguo secretariado de la guerrilla también pide que la sanción contemple un tiempo menor a ocho años para algunos comparecientes, lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que hayan podido estar en la cárcel y las acciones que realizaron una vez dejaron las armas, relacionadas con iniciativas de paz.Clara Rojas fue secuestrada por las Farc en el Caquetá, en el año 2002, y está acreditada como víctima ante la JEP. Rojas se refirió a esta apelación de las extintas Farc, asegurando que, por ejemplo, el monitoreo electrónico es una herramienta mínima de la justicia para garantizar el cumplimiento de las sanciones.“Nótese que la JEP le está dando a un delito de lesa humanidad, que en nuestro Código Penal oscila en sanciones privativas de la libertad entre 40 y 60 años, los está reduciendo a ocho años y no les impone sanción intramural; les impone unos trabajos sociales con un objetivo restaurativo. La manera que la JEP ha encontrado para lograr una verificación del cumplimiento de las sanciones es a través de estos dispositivos, no solo para garantizar que estas personas estén en los sitios de ubicación que les han impuesto, en los horarios que les han impuesto, sino para que la sociedad en su conjunto tenga un mínimo de garantía de que efectivamente están realizando este trabajo”, dijo Rojas.En el mismo sentido, Rojas aseguró que cuando se conocieron las sanciones el antiguo secretariado se comprometió a acatarlas y, por eso, considera que los argumentos de esta apelación generan desazón en las víctimas.“Me parece una falta de respeto, no solo con los magistrados de la JEP, sino con el orden jurídico y la justicia, porque sin duda es lo mínimo que se les pide”, agregó Rojas.En la sentencia, los exjefes de las Farc también le piden a la JEP tumbar la imputación por esclavitud, pues dicen que ese delito no se cometió contra los secuestrados. Además, piden que mientras cumplen las sanciones no sean trasladados de sus hogares.“No podemos justificar que ahora los victimarios pretendan que no van a ser sancionados, además desconociendo que ellos rechazaron ir a un juicio y aceptaron la responsabilidad en los delitos que les fueron imputados en su momento. Sí hay varias falencias que presenta la JEP al momento de la sentencia, pero manifestar que sus actos fueron constituidos a través del derecho de la rebelión lo que hace es revictimizar a las víctimas”, agregó Juan Camilo Sanclemente, quien representa a algunos de los familiares de los diputados del Valle, asesinados en cautiverio por parte de las Farc.En otro apartado de la apelación, el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una estrategia militar y social.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente o presidenta para poner orden”, dijo Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las Farc en 2002.