El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 14 de enero:¿Apple se rindió en crear inteligencia artificial? La marca anunció una alianza con Gemini para el futuro.Mario Bros, uno de los videojuegos más populares de la historia, cumple 40 años, además Nintendo anunció nuevos juegos de esta franquicia.Alexia de la Morena, directora de Marketing Planificación, para hablar sobre los creadores de contenido.
A dos semanas de haber empezado a regir el nuevo salario mínimo, que subió 23 % y quedó en dos millones de pesos con auxilio de transporte, la discusión ya se siente en los bolsillos. En conjuntos residenciales, entidades públicas y empresas privadas crece la pregunta sobre cuánto subirán las cuotas de administración y los servicios de vigilancia.El debate se avivó luego de un mensaje del presidente Gustavo Petro en el que pidió a las asambleas de propiedad horizontal no ajustar la vigilancia con base en el salario mínimo, sino en el IPC. El tema fue analizado este 14 de enero en Recap Blu, con la participación de Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, el gremio que agrupa a las empresas del sector.¿Se puede subir la vigilancia solo con el IPC en 2026?La respuesta del gremio fue directa. “Lo que se dice no se puede”, afirmó Garavito, al explicar que la tarifa de vigilancia privada es regulada por el Estado desde 2002. Cada año, la Superintendencia de Vigilancia define una fórmula que “está tasada en salarios mínimos”, por lo que aplicar otro criterio “no es posible porque es ilegal”.Garavito también rechazó la idea de que las empresas de seguridad tengan márgenes amplios. “El 85 % de los costos se generan por el factor humano”, explicó, y precisó que las utilidades suelen estar entre el 2 % y el 4 %. “Decir que los dueños ganan el doble por cada vigilante no es cierto”, añadió.Impacto del salario mínimo y la reforma laboral en la seguridad privadaEl aumento del salario mínimo no llegó solo. A esto se suman la reducción de la jornada laboral, el incremento de horas nocturnas y el mayor pago de dominicales y festivos. Según Fedeseguridad, el impacto combinado podría llevar el ajuste total del servicio hasta cerca del 31,5 % en el primer semestre.La alerta no es menor. “Podríamos tener impactados cerca de 15.000 empleos formales”, advirtió Garavito, señalando el riesgo de informalidad si algunos contratantes buscan tarifas por debajo de lo legal. “Si les ofrecen una tarifa más baja, duden, porque eso significa ilegalidad”, recalcó.Cuotas de administración, empleo y el riesgo de la informalidadEl gremio insistió en que el problema no se limita a conjuntos residenciales. Alcaldías, colegios, aeropuertos, centros comerciales y sistemas de transporte también dependen de la vigilancia privada. Por eso, la idea de reemplazar personal por tecnología no siempre es viable.“¿Cómo hace uno para cambiar la vigilancia en un aeropuerto?”, planteó Garavito, al defender el papel del factor humano en un sector que genera cerca de 400.000 empleos en el país.Mientras avanzan las discusiones sobre desindexación, el mensaje del sector es claro: las reglas están definidas por ley y cualquier ajuste debe hacerse dentro de ese marco, con el empleo y la legalidad como líneas rojas.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que en 2023 la capital registró el menor pie de fuerza policial de los últimos 13 años, una situación que, según indicó, comenzó a modificarse con la llegada de 1.004 nuevos uniformados en diciembre. Este refuerzo, señaló, permitirá fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana durante 2026.De acuerdo con el balance presentado, durante 2025 se registraron reducciones en varios delitos de alto impacto. El hurto de bicicletas disminuyó 19 %, el hurto a residencias 2 % y el hurto al comercio 30 %. Asimismo, el hurto de automotores cayó 22 %, lo que equivale a cerca de 900 vehículos menos, mientras que el hurto de motocicletas se redujo 15 %, con alrededor de 800 casos menos. En el mismo periodo, la extorsión presentó una disminución del 20 %, correspondiente a 536 víctimas menos.En materia operativa, las autoridades reportaron 33.689 capturas a lo largo del año. De estas, 4.326 se realizaron por orden judicial y 29.363 en flagrancia, aunque solo el 7 % de estas últimas derivaron en medidas de aseguramiento. Además, se incautaron cerca de ocho toneladas de estupefacientes y 1.564 armas ilegales, 297 más que el año anterior. También se informó sobre la desarticulación de 597 grupos delincuenciales comunes organizados que operaban en la ciudad.Con corte al 12 de diciembre, los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 3,4 % en 2025. El reporte indicó una disminución sostenida a lo largo del año, con 89 casos menos en los últimos cuatro meses frente al mismo periodo de 2024. Septiembre de 2025 se ubicó como el mes con el menor número de homicidios desde que existen registros oficiales, mientras que diciembre se situó entre los más bajos de los últimos 15 años. La tasa de homicidios cerró en 13,9 casos por cada 100.000 habitantes.En cuanto a la extorsión, aunque se evidenció una reducción en el número de casos, la tasa se mantiene por encima del promedio nacional, con 24,1 casos por cada 100.000 habitantes. La administración distrital señaló que para 2026 se busca sostener esta tendencia mediante el fortalecimiento de la denuncia y acciones focalizadas contra los grupos dedicados a este delito.El balance también incluyó los homicidios asociados a atraco, que mostraron una disminución en 2025, aunque continúan siendo un foco de atención. El año cerró con 68 casos, la cifra más baja de los últimos siete años, si se excluye 2020, cuando se reportaron 58 durante la pandemia. En comparación, en 2021 se registraron 138 homicidios por esta causa.Finalmente, el análisis de los homicidios de 2025 evidenció que, pese a la reducción total de casos, aumentó la proporción de asesinatos cometidos bajo la modalidad de sicariato, mientras que disminuyeron los asociados a hechos de intolerancia, un comportamiento que seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades en 2026.
La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional informó que las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N25 fueron víctimas de un ataque terrorista, al parecer, perpetrado por el Frente Ernesto Che Guevara del ELN que utilizó drones equipados con explosivos para atentar contra la Fuerza Pública en el departamento de Chocó.La información que se ha dado a conocer hasta el momento es que los hechos ocurrieron en la vereda Alto del Oso del municipio de San José del Palmar, en donde los uniformados estaban realizando labores rutinarias cuando fueron sorprendidos por el ataque teledirigido que afectó a varios uniformados.El reporte que entrega el Ejército Nacional es de un suboficial y nueve soldados heridos producto de las explosiones que los dejaron aturdidos durante varios segundos y, además, les generó algunas lesiones por las esquirlas de los artefactos usados para realizar el atentado.Una vez se produjo el hecho, los soldados recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate y posteriormente con la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se realizó la extracción de los uniformados en dos aeronaves.Mientras avanzan las investigaciones para determinar con exactitud si es el ELN quien está detrás del ataque terrorista, la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguró que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar y capturar a los responsables del hecho.Hay que recordar que ya hace un par de meses se habían usado drones para atacar la Estación de Policía del municipio de Sipí en donde no hubo heridos pero sí daños de consideración a la infraestructura física del inmueble.
El presidente Gustavo Petro anunció que la reunión con el presidente de EE. UU., Donald Trump, será el 3 de febrero. “Ya veremos los resultados, es determinante. Mi intención es que el colombiano no sufra y esté tranquilo”, dijo el mandatario durante el consejo de ministros.El mandatario aseguró que durante la reunión con Trump tendrá varios temas sobre la mesa, uno de ellos el fentanilo y otro, el aumento del consumo de cocaína en Australia y Europa.“En la mesa donde estará el gobierno de Trump vamos a analizar rápidamente datos, no creo que sea muy larga la reunion, de si es cierto lo que en ciertas esferas en EEUU, provenientes de información colombiana, otra vez fueron a ver cómo se llevan preso al presidente y destruyen que por fin hay una comunicación con EEUU para que sepan la lucha de este gobierno con los narcóticos, en general la cocaína que se está mezclando con fentanilo en EEUU”, agregó.Cabe mencionar que este encuentro se va a dar tras una llamada que tuvo el mandatario la semana pasada con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esta conversación duró casi una hora y terminó con el compromiso de un encuentro en Washington.A nivel de embajadas se está preparando este encuentro y, para ello, el presidente Petro convocó ayer a la comisión asesora de relaciones exteriores, a la que asistieron los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Los ausentes fueron los exmandatarios Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Como conclusión, el presidente, según congresistas, se comprometió a evitar manejar las relaciones diplomáticas por redes sociales.
Ingrid Betancourt detalló en Recap Blu cómo fue la reunión que sostuvo recientemente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, encuentro que, según ella, marcó un paso importante en la búsqueda de una gran coalición para las elecciones presidenciales de 2026. En ese sentido, hubo una mención especial sobre Sergio Fajardo.Betancourt aseguró que la cita con el exmandatario fue “muy buena, sobre todo para Colombia”, pues se centró en cómo organizar un frente común para lograr un resultado a favor en la primera vuelta del próximo año.“Lo más importante es que el mejor candidato, entre todos los que representan una opción democrática, pueda ganar desde la primera vuelta”, afirmó.Durante la conversación, Betancourt explicó que uno de los principales acuerdos fue no excluir a nadie dentro de esta alianza. Señaló que todos aquellos que compartan “un compromiso patriótico” deben tener cabida en la coalición, sin importar sus estilos o antecedentes políticos.¿Guiño a Sergio Fajardo?Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se produjo cuando Betancourt se refirió a Sergio Fajardo, con quien compartió espacio político en la coalición Centro Esperanza en 2022. La excandidata presidencial sorprendió al afirmar que “Fajardo habla mucho con Uribe” y que espera que el exalcalde de Medellín “se defina” frente al panorama político actual. "Yo creo que Colombia necesita que estemos todos los que somos demócratas de un lado y espero que Sergio Fajardo decida dónde va a estar", añadió.Betancourt también invitó a Fajardo a asumir lo que denominó “su responsabilidad histórica”. Aseguró que el país enfrenta un momento decisivo entre “avanzar hacia una narcodictadura” o defender la democracia. Resultados elecciones Pacto HistóricoPor otro lado, reveló que en la reunión con Uribe analizaron los resultados de la consulta del Pacto Histórico -en la que ganó Iván Cepeda- donde, según ella, se presentaron irregularidades que podrían anticipar posibles fraudes en los próximos comicios. “Nos preocuparon los resultados por su inconsistencia. Vamos a investigar para que esto no se repita”, afirmó.
Luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogara hasta el 31 de octubre de 2026 el mandato de la Misión de Verificación de la ONU para el acuerdo de paz en Colombia, anunciando que eliminaba la verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP y el componente étnico, el presidente Gustavo Petro reaccionó.Lo hizo a través de su cuenta de X cuestionando esta decisión y lanzando críticas al gobierno de Estados Unidos que se abstuvo de votar.“Que se quite el capítulo étnico, demostración de racismo y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del Gobierno actual de los EEUU con la verdad en Colombia. Tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EEUU”, escribió.El mandatario incluso mencionó su inclusión y la de su círculo cercano a la lista Clinton de la OFAC, anunciada la semana pasada en medio de la crisis diplomática con EEUU. “Me mete en la lista OFAC no como narco, es imposible probar eso, sino como enemigo de los genocidios y del consumo del petróleo. Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”, añadió el jefe de Estado.Está misión se creó en 2017 con el propósito de supervisar el proceso de reincorporación política, económica y social de los exintegrantes de las antiguas Farc, además de verificar las garantías de seguridad para ellos y las comunidades impactadas por el conflicto armado.Tradicionalmente, la renovación de su mandato se aprueba por consenso, pero en esta ocasión la votación estuvo marcada por un tono crítico que ha adoptado Washington frente a la gestión del presidente Petro.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que continuará verificando el cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pese a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no renovar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en los puntos específicos sobre el monitoreo de sanciones propias y el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.La JEP precisó que cuenta con un sistema autónomo de monitoreo y verificación, liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva, con capacidades técnicas y tecnológicas para hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de las sanciones propias.Dicho sistema permite supervisar en terreno las labores restaurativas ordenadas en las sentencias, como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado y las acciones de reparación a las víctimas.“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo ni la verificación de las sanciones propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, señaló el presidente de la JEP..En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz celebró la renovación por un año más del mandato general de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al tiempo que agradeció el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad a los avances de la justicia transicional y a la expedición de sus primeras condenas, dictadas en septiembre de 2025.Por último, este tribunal de justicia transicional señaló que la cooperación internacional y el acompañamiento de las Naciones Unidas han sido claves desde 2017 para fortalecer la implementación del Acuerdo Final de Paz y los estándares de seguimiento y transparencia en el cumplimiento de las sanciones.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza durante los enfrentamientos con estudiantes de la Universidad del Atlántico, ocurridos el pasado 30 de octubre tras la elección del nuevo rector de la institución.De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos habrían involucrado el uso de gases lacrimógenos y el sobrevuelo de un helicóptero en medio de las manifestaciones, actuaciones que podrían representar una vulneración a la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.La investigación, adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si hubo excesos por parte de los uniformados.La designación del nuevo rector que causó controversiaEl abogado Leyton Barrios fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico, luego de la puja que, durante 17 días, mantuvo en suspensión esta elección que enfrentó a la casa Char con el Gobierno, y que finalmente se resolvió a favor del grupo local.Los ánimos estuvieron caldeados en la Universidad del Atlántico, donde los estudiantes paralizaron sus actividades académicas, se tomaron los edificios de la sede norte, bloquearon con mesas y pupitres los accesos a las oficinas administrativas, causaron destrozos y hasta se enfrentaron a golpes entre ellos mismos.Con esta indagación, la Procuraduría busca establecer si hubo o no un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía en el marco de estas protestas.
Si usted es uno de los miles de colombianos que planea disfrutar del puente festivo en conmemoración del Día de Todos los Santos, debe saber que la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades de tránsito han implementado un Plan de Operación Vial en el corredor Bogotá–Villavicencio, con importantes restricciones y medidas especiales.Tenga en cuenta que se aplicará una restricción a la movilidad para vehículos con un peso igual o superior a 3,4 toneladas, con el fin de optimizar el flujo vehicular durante el éxodo y retorno de los viajeros.La restricción inició este viernes a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta las 10:00 de la noche en el sentido Bogotá–Villavicencio. El sábado, la restricción irá desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en ambos sentidos. El domingo 2 de noviembre no aplicará la restricción, y el lunes festivo será desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en ambos sentidos.Para el día lunes, que será el plan retorno, las autoridades realizarán un reversible, en el cual la vía operará con prelación en sentido Villavicencio–Bogotá. El cierre se efectuará a la 1:00 de la tarde en el sector conocido como El Uval, y la carretera se habilitará en un solo sentido (Villavicencio–Bogotá) a partir de las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 de la noche.Adicionalmente, pensando en los viajeros de este corredor, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que no aplicará la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital, exclusivamente para los usuarios que provengan de la vía Bogotá–Villavicencio.Además, las autoridades viales, junto con la concesionaria, recomiendan a todos los conductores:Estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito y de los controladores de tráfico de Coviandina. ¡Evite sanciones!No exceder los límites de velocidad y mantener una distancia de seguridad mínima de 50 metros, especialmente en túneles y viaductos.Las obras e intervenciones técnicas que puedan afectar la movilidad serán suspendidas durante el puente festivo.Habrá disponibilidad de servicios gratuitos como baños en puntos estratégicos (zonas de servicio, peajes y la variante del K18+000), además de carro-talleres, grúas y ambulancias disponibles las 24 horas.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.
Blu Radio conoció en primicia un documento de 13 páginas en donde Asocapitales le pide al alto tribunal suspender el decreto de emergencia económica.En su intervención ante la Corte sostienen que las razones invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia, entre ellas la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, entre otras, corresponden a problemas estructurales y previsibles, que deben atenderse dentro de la normalidad institucional.Para la asociación, ninguno de esos hechos constituye una situación excepcional o imprevisible, como lo exige la jurisprudencia constitucional para habilitar poderes extraordinarios al Ejecutivo.En su petición Asocapitales advierte que el cumplimiento de órdenes judiciales, como las relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, o la obligación de garantizar la seguridad y proteger a líderes sociales, son deberes permanentes del Estado y no justifican un estado de excepción.“En efecto, la ausencia absoluta de hechos sobrevinientes en las motivaciones del decreto evidencia que el Gobierno Nacional pretende utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir los límites democráticos y constitucionales que rigen la actividad del Ejecutivo en condiciones de normalidad”, señaló Asocapitales.Por estas razones, Asocapitales pide a la Corte suspender el decreto como una medida cautelar, y la solicitud también cobija el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno adoptó medidas tributarias para financiar la emergencia, así como cualquier otro decreto legislativo que se expida bajo ese mismo amparo.