El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 13 de enero:Aumento de administración e IPC: Raquel Garavito, de Fedeseguridad, explicó que es ilegal ajustar las cuotas de administración solo por el IPC, pues las tarifas de vigilancia están reguladas por ley en salarios mínimos.Llamada Trump-Delcy Rodríguez: El presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una conversación sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.Suspensión de visas de inmigrante: Estados Unidos congelará el trámite de visas de inmigrante para 75 países, incluido Colombia, para evitar que los nuevos residentes se conviertan en una carga pública para el sistema.Homenaje a Yeison Jiménez: El tributo póstumo al cantante en el Movistar Arena terminó con disturbios y la intervención de la policía debido a que el aforo se completó rápidamente.Índice de pasaportes 2026: Según el ranking de Henley & Partners, Singapur posee el pasaporte más poderoso del mundo, mientras que Colombia ocupa el puesto 38 con acceso a 130 países sin visa.Cambios en el gabinete ministerial: El presidente Petro solicitó la renuncia del Ministro de Igualdad y del director de la DNI, sumado a la salida de Angi Rodríguez de la dirección del DAPRE.Escuche el progrma completo aquí:
El consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño fue el escenario para que el Gobierno nacional presentara sus críticas en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a Washington para discutir el tema más álgido con su homólogo Donald Trump: lo que está haciendo el Gobierno para frenar la producción de cocaína.Según el Sistema integrado de monitoreo de antinarcóticos, hay 15.159 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca en Colombia. “En el 2018 los nuevos cultivos estaban en 44399, este año, en la misma época, se han reducido. No están creciendo, más bien hay una disminución del -56.9%”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.Por su parte, el ministro (e) de defensa, Javier Andrés Vaquero, aseguró que se han hecho medio millón de operaciones de todas las fuerzas contra el narcotráfico. “Hemos llegado a 2.8 millones de kilogramos de cocaína incautada, le hemos quitado 91 billones de dólares a esta economía y 47.000 millones de dosis hemos retirado”.Unas cifras que contrastan con los datos presentados el informe de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual, Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Justamente estos datos fueron tenidos en cuenta a la hora de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro.
La espera terminó y, finalmente, Luis Fernando Muriel fue confirmado por el Junior de Barranquilla como nuevo jugador de cara a la temporada 2026. El delantero llegó a la capital del Atlántico a sus 34 años con la ilusión de hacer historia con el equipo que siempre soñó.El delantero llegó provenientes de Orlando City de la MLS como agente libre y con una extensa experiencia en el exterior en grandes clubes de Europa, siendo protagonista en muchos de ellos y con pasado en la Selección Colombia teniendo minutos en encuentros de gran importancia.Los números de Luis Fernando MurielAunque su corazón es barranquillero, la historia profesional de este delantero colombiano no comenzó en el estadio Metropolitano, sino en el estadio de Palmaseca. Fue en 2009 cuando debutó en la primera división con el Deportivo Cali, iniciando una carrera que lo llevaría por las principales ligas del fútbol europeo.Con apenas 19 años, en 2010 dio el salto al Granada de España, y desde entonces construyó una hoja de vida que pocos compatriotas pueden igualar: jugó en Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina y Atalanta, además de una etapa final en el Orlando City de la MLS.Con una trayectoria que abarca 553 partidos, 168 goles y 81 asistencias, este delantero se ha consolidado como uno de los jugadores colombianos más regulares del fútbol internacional en la última década. Pero a pesar de su experiencia, su palmarés es modesto: solo dos títulos, aunque uno de ellos es de gran peso: la UEFA Europa League con el Atalanta en la temporada 2023/24.¿Cuándo podría debutar Muriel en el Junior?El delantero podría debutar en el duelo de vuelta de la SuperLiga BetPlay el próximo miércoles, 21 de enero, en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, podría sumar sus primeros minutos, sin embargo, si Alfredo Arias considera que se encuentra apto podría hacerlo antes en la Liga BetPlay vs. Deportes Tolima.
El abogado Germán Eduardo Castro Marín anunció el retiro de la demanda de nulidad que había presentado contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, pese a que esta ya había sido admitida por el Consejo de Estado.La decisión, según explicó, obedece exclusivamente a razones de seguridad, luego de recibir amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo a su familia.En un comunicado, Castro Marín negó que su actuación tuviera motivaciones políticas o que buscara afectar a los trabajadores. “Quiero ser enfático en que la acción de nulidad radicada no obedeció a intereses políticos ni personales, ni buscó jamás afectar el bienestar de los trabajadores colombianos”, afirmó, al tiempo que explicó que la demanda fue “el resultado de un estudio juicioso, técnico y riguroso de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado”.Castro sostuvo que su actuación se dio dentro del marco profesional del ejercicio del derecho, orientado a la defensa institucional. “Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”, indicó.Sin embargo, advirtió que el debate jurídico derivó en una situación personal crítica. “En las últimas horas, he recibido múltiples mensajes de odio y amenazas que desbordan el debate jurídico y ponen en riesgo mi tranquilidad y, lo más importante, la integridad física y emocional de mi familia”, aseguró. Por ello, anunció: “he tomado la difícil decisión de apartarme del proceso y retirar la demanda de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado”.La demanda había sido admitida y notificada a los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que cuentan con 30 días para pronunciarse. El Consejo de Estado también solicitó al Gobierno los documentos previos a la expedición del decreto.El proceso coincidió con cuestionamientos de los gremios empresariales, agrupados en el Consejo Gremial Nacional y respaldados por Fenalco, Andi, Acopi, Camacol y Anif, que expresaron preocupación por la falta de criterios técnicos para fijar un incremento del 23,7 % el salario mínimo para el 2026 y advirtieron impactos sobre el empleo y la sostenibilidad empresarial.
La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el inicio de 2026 tras la realización de su sorteo número 4938, llevado a cabo el miércoles 14 de enero, una jornada que renovó la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país.En esta edición, el tradicional juego de azar dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su vigencia dentro del panorama de las loterías colombianas y su impacto social gracias al respaldo que brinda a programas de salud.Premio Mayor del sorteo 4938El Premio Mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 6379 de la serie 023, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la jornada.Premios secos del sorteo 4938Además del premio principal, el sorteo incluyó una completa estructura de premios secos, lo que amplió de forma significativa las posibilidades de ganar para los participantes:Gana Siempre (sin serie) – $1.500.000Número: 61432 secos de $300 millones5916 – Serie: 230 – Despachado a: Bogotá1671 – Serie: 254 – Despachado a: Popayán3 secos de $200 millones5217 – Serie: 1424470 – Serie: 2281061 – Serie: 0045 secos de $100 millones7916 – Serie: 3347847 – Serie: 1425070 – Serie: 2820036 – Serie: 0724395 – Serie: 01610 secos de $80 millones4724 – Serie: 1539054 – Serie: 3100852 – Serie: 3265477 – Serie: 2019079 – Serie: 0394965 – Serie: 1795066 – Serie: 0874450 – Serie: 1310012 – Serie: 0791519 – Serie: 00910 secos de $60 millones5287 – Serie: 3295848 – Serie: 1406684 – Serie: 1434909 – Serie: 0907490 – Serie: 1664557 – Serie: 0030805 – Serie: 1193649 – Serie: 1933899 – Serie: 2940563 – Serie: 32310 secos de $50 millones2295 – Serie: 0429364 – Serie: 1483024 – Serie: 3076914 – Serie: 3105330 – Serie: 0282817 – Serie: 0028063 – Serie: 1741079 – Serie: 2748212 – Serie: 1445046 – Serie: 27210 secos de $40 millones5725 – Serie: 3249842 – Serie: 0877868 – Serie: 1168296 – Serie: 2919107 – Serie: 1151668 – Serie: 2486234 – Serie: 1192640 – Serie: 3441325 – Serie: 2466473 – Serie: 220Horario y verificación de resultadosLos sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.Valor del billete y la fracciónBillete completo: $12.000Fracción: $3.000Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo el carácter social de este histórico sorteo.Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones la extensión por un año del mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Sin embargo, sucumbió a la presión de la delegación de Estados Unidos, que exigió recortar la supervisión de las sanciones impuestas por Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capo étnico del acuerdo de paz.La Misión, creada en 2017 para monitorear la implementación del acuerdo de Paz de Colombia, verá reducido su alcance a partir de esta prórroga. Según el informe del Security Council Report, Estados Unidos condicionó su apoyo a la resolución si se mantenían funciones que considera sensibles.El embajador de los Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que el Gobierno colombiano “ha socavado el progreso hacia una paz duradera” y advirtió con un posible veto si la verificación de sanciones propias de la JEP y el capítulo étnico no eran revisados.Aunque la continuidad de la Misión contaba con respaldo mayoritario, el hecho de que funcione con menos poderes esenciales abre interrogantes: ¿puede seguir cumpliendo su rol de verificación integral del acuerdo de paz con recortes clave?Aprobado el nuevo periodo, la octava extensión de la Misión desde 2017, en un contexto en el que la violencia contra excombatientes y líderes sociales permanece alta y la credibilidad del acompañamiento internacional cobra más peso.
El país se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. En medio de la segunda temporada de lluvias, las autoridades del sector transporte desplegaron un amplio operativo en carreteras, terminales y aeropuertos para acompañar a los millones de viajeros que se movilizarán durante el puente festivo de Todos los Santos.El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que ya se han atendido 880 emergencias viales en todo el territorio nacional, ocasionadas principalmente por deslizamientos de tierra, caída de material vegetal, pérdida de banca e inundaciones.De estas emergencias, 417 han generado cierres totales y 463 cierres parciales durante todo el año, afectando especialmente a los departamentos de Boyacá, Nariño, Santander, Caquetá, Chocó, Huila y Cauca. Sin embargo, son 15 los puntos críticos y activos, con cierres totales en sectores de Antioquia, Chocó, Cauca y Huila, y cierres parciales en Cundinamarca, Casanare y Norte de Santander. Los equipos de la entidad trabajan en la recuperación de bancas, nivelación de taludes, instalación de puentes metálicos y control hídrico, para garantizar la movilidad en las vías nacionales durante el puente.Por su parte, la Supertransporte estima que 1,4 millones de vehículos se movilizarán por las terminales terrestres, en cerca de 139 mil vehículos, mientras que 900 mil viajeros lo harán por vía aérea. Para garantizar seguridad y acompañamiento, el Gobierno dispuso un operativo nacional con la participación de la Superintendencia de Transporte, la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Invías.En total, más de 6.000 funcionarios y operativos estarán desplegados en terminales, peajes y aeropuertos, apoyados por 3.100 equipos tecnológicos de monitoreo y control en tiempo real. Además, habrá presencia de grúas, ambulancias y carro taller en los principales corredores viales.La viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, señaló que el compromiso del Gobierno es que “cada familia llegue bien a su destino y regrese a casa con tranquilidad”, e hizo un llamado a los viajeros a planear sus desplazamientos, revisar sus vehículos y acatar las indicaciones de las autoridades.En el transporte aéreo, la Aeronáutica Civil proyecta la movilización de más de 865 mil pasajeros entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, de los cuales 525 mil viajarán en rutas nacionales y 340 mil al exterior. Las terminales de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Santa Marta serán las de mayor movimiento, y contarán con refuerzo operativo y monitoreo constante.La entidad también recomendó a los usuarios llegar con antelación a los aeropuertos (3 horas para vuelos nacionales y 4 para internacionales), revisar documentos, consultar las condiciones climáticas y estar atentos a los anuncios de sus aerolíneas.Con estos planes, el sector transporte busca garantizar que, pese a las lluvias y al alto flujo de viajeros, el puente de Todos los Santos transcurra con seguridad, fluidez y responsabilidad en las carreteras y aeropuertos del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como compleja la situación de vulneración de derechos humanos en el occidente y sur del Huila. La funcionaria fue enfática al expresar su preocupación por el aumento del reclutamiento forzado de menores, fenómeno que, según indicó, se viene presentando desde 2024.Durante su visita al departamento, donde se reunió con el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y con los alcaldes de municipios como La Plata y Pitalito, Marín Ortiz rechazó el constreñimiento e instrumentalización de líderes comunales por parte de las disidencias de las Farc.“Con preocupación seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a toda la población, pero especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes están siendo víctimas de múltiples afectaciones, como la vulneración del derecho a la educación, situación que ha conllevado al incremento del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. También hay múltiples casos de constreñimiento a líderes y lideresas comunales, que, pese a los riesgos, siguen resistiendo”, señaló la defensora.La funcionaria manifestó su preocupación por la expansión sostenida de las disidencias de las Farc y del ELN, a pesar de las siete alertas tempranas emitidas por la entidad en el departamento.“Hoy hacen presencia las disidencias del Estado Mayor Central, de la línea de ‘Mordisco’, que hasta hace unos meses, o tal vez un año, decíamos: están viniendo del Cauca y se devuelven. Pero hoy en día estamos viendo que hay un frente que hace presencia permanente en el Huila. No es solo un paso intermitente, es un proceso de consolidación de su presencia en el territorio. También está la nueva presencia del ELN, que era algo que no se había visto en el departamento del Huila, así como las disidencias de la línea de ‘Calarcá’ y también de la Segunda Marquetalia”, explicó Marín Ortiz.Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas urgentes, con inversión social y acciones efectivas que frenen la expansión de los grupos armados ilegales.
Un conjunto de audios incautados a integrantes del Clan del Golfo y hallados en memorias USB incautadas durante una operación militar en Chocó, pone al descubierto la estructura operativa, las prioridades administrativas y una modificación táctica en los canales de comunicación de la organización criminal. Según declaró uno de los capturados a las Fuerzas Militares, la organización comenzó a circular mensajes mediante dispositivos físicos para evitar la intercepción electrónica y dificultar las labores de inteligencia.El material contiene largas instrucciones de mando dirigidas a un comandante identificado con el alias de ‘Oviedo’ y abarca tres ejes: formación y especialización militar, gestión económica con montos precisos para incentivos y advertencias sobre seguridad y secreto organizacional. En la transcripción aparecen referencias técnicas relativas a maniobras y dispositivos, y detallan referencias explícitas sobre el empleo de minas, artefactos explosivos y a la necesidad de personal especializado (zapadores) para su manejo.Los interlocutores hablan de capacitación: proponen cursos y entrenamiento para que grupos pequeños aprendan labores técnicas relacionadas con la colocación y el mantenimiento de esos dispositivos. En el plano de la capacitación, las conversaciones insisten en la creación de cursos para pequeños grupos (de tres a cinco personas) destinados a funciones especializadas.Además, se ordena la formación de zapadores, la coordinación entre instructores y armeros, y la creación de escuelas mixtas entre frentes para estandarizar el adiestramiento. Además, los interlocutores recomiendan reclutar personal joven y físicamente apto, descartando a quienes presentan problemas de salud o consumo de sustancias, con el argumento de mantener “profesional” la imagen y la efectividad del frente.El hallazgo en USB, y la confesión del detenido en Chocó sobre el uso de esos dispositivos muestra un cambio deliberado en la práctica comunicacional del grupo: pasar de transmisiones por radio o canales susceptibles a monitoreo, a envíos físicos de archivos. La respuesta del grupo con memorias USB pone de manifiesto una carrera entre técnicas de vigilancia y tácticas de ocultamiento. Al mismo tiempo, convierte a las memorias en pruebas físicas valiosas que pueden ser peritadas para determinar metadatos, autorías y rutas de distribución.En materia financiera y administrativa, los audios describen un esquema organizado de incentivos. Se mencionan montos concretos asignados a comandantes de zona, segundos de zona, políticos del frente, personal de comunicaciones y quienes ocultan armas (“caleteros”), entre otros. Los interlocutores justifican esos pagos como medidas para garantizar la lealtad, mantener la moral y cubrir necesidades familiares del personal. Esa concreción de cifras, según analistas consultados, facilita el rastreo de flujos financieros y la identificación de beneficiarios por parte de las autoridades.Las comunicaciones también contienen instrucciones sobre la interacción con la población civil: la inclusión de “políticos” en los cursos para enseñar trato y respeto hacia los civiles, y la advertencia de no vulnerar derechos por parte de los miembros de la organización. Sin embargo, en otro tramo del diálogo se discute el manejo de quienes son considerados “no simpatizantes” o presuntos informantes; aunque se recomienda planear las medidas punitivas con cautela para evitar “desapariciones” que perjudiquen la legitimidad del grupo, las referencias apuntan a la existencia de prácticas represivas que entrañan riesgos para la comunidad.El material también aborda actividades económicas y logísticas: debates sobre la conveniencia de “cocinas” (operaciones productivas), las dificultades para movilizar mercancías por rutas como Turbo y Necoclí, y referencias a monopolios de transportadores y coyotes que afectan el paso de migrantes y mercancías. Asimismo, se ordena la organización de reservas de armamento y la rotación de personal entre frentes para fines de instrucción y control territorial.La combinación entre evidencia física (las memorias USB) y la declaración del detenido en Chocó otorga a las autoridades una vía concreta de investigación: los dispositivos pueden someterse a peritajes forenses, cruzarse con registros de detenciones y vincularse a rutas y nombres mencionados en las conversaciones.
Este viernes, 31 de octubre, Emilio Tapia fue recapturado en la ciudad de Barranquilla por parte de agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, con apoyo de la Fiscalía. La detención es para que cumpla una condena pendiente de 17 años de prisión por hechos relacionados con el escándalo de Centros Poblados y manipulación de pólizas en contratos de Emcali.Esta nueva detención se da semanas después de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional que había sido otorgada al contratista.Cabe recordar que esa decisión judicial, fechada en octubre de 2025, dejó sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025, por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.Así, el reciente fallo ordenaba al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y a las autoridades competentes que Tapia Aldana fuera puesto bajo custodia del Inpec, lo que apenas se está concretando este viernes en horas de la tarde. De acuerdo con el juzgado de Bogotá, el tratamiento penitenciario para Emilio Tapia "debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La condena de Emilio Tapia por corrupciónEn diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).Tapia, quien también era conocido por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, se adjudicó un contrato por 70.000 millones de pesos para llevar internet a colegios de zonas rurales del país.Sin embargo, las investigaciones correspondiente revelaron un entramado que evidenció que los documentos para garantizar dicho proyecto eran falsos.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.
Blu Radio conoció en primicia un documento de 13 páginas en donde Asocapitales le pide al alto tribunal suspender el decreto de emergencia económica.En su intervención ante la Corte sostienen que las razones invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia, entre ellas la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, entre otras, corresponden a problemas estructurales y previsibles, que deben atenderse dentro de la normalidad institucional.Para la asociación, ninguno de esos hechos constituye una situación excepcional o imprevisible, como lo exige la jurisprudencia constitucional para habilitar poderes extraordinarios al Ejecutivo.En su petición Asocapitales advierte que el cumplimiento de órdenes judiciales, como las relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, o la obligación de garantizar la seguridad y proteger a líderes sociales, son deberes permanentes del Estado y no justifican un estado de excepción.“En efecto, la ausencia absoluta de hechos sobrevinientes en las motivaciones del decreto evidencia que el Gobierno Nacional pretende utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir los límites democráticos y constitucionales que rigen la actividad del Ejecutivo en condiciones de normalidad”, señaló Asocapitales.Por estas razones, Asocapitales pide a la Corte suspender el decreto como una medida cautelar, y la solicitud también cobija el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno adoptó medidas tributarias para financiar la emergencia, así como cualquier otro decreto legislativo que se expida bajo ese mismo amparo.