La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
Luego de más de ocho días de la muerte del cantante de éxitos como Destino final, Aventurero y Vete, entre otros, Yeison Jiménez, se siguen conociendo detalles de sus últimas horas de vida. El artista perdió la vida el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, departamento de Boyacá, tras un siniestro aéreo.En el accidente también fallecieron varios integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. En honor a su memoria, el 14 de enero, cientos de personas y reconocidos artistas de la música popular que compartieron carrera con Jiménez se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá para rendirles un sentido homenaje.Días después, comenzó a circular un video en el que se ve a Yeison Jiménez junto a su equipo en el municipio de Belén, Boyacá. En entrevista con La Red de Caracol Televisión, Vanessa Velandia y Leidy Ramos relataron que el cantante pasó por una tienda del sector, donde compró productos típicos y se tomó una fotografía con ellas. “Compró un queso campesino, queso con bocadillo y un bloque de queso doble crema. Dijo que tenía afán, nos regaló la foto y se fue”, contaron.Aunque en redes sociales se viralizó esa imagen como la supuesta última fotografía del artista, posteriormente se conoció que, tras salir de ese lugar, Jiménez se dirigió a un restaurante, donde quedó registrado a las 2:56 de la tarde.En ese sitio, Yeison Jiménez y su equipo almorzaron. Según relataron los trabajadores del establecimiento, inicialmente pidió seis aguas de panela y luego ordenó trucha para todos los acompañantes, solicitando que estuviera bien asada, sin importar el tiempo de espera.Edgar Araque, uno de los empleados del lugar, aseguró que mientras esperaban el almuerzo, el cantante entonaba una canción cuyo mensaje hacía referencia a la muerte. “Mientras le servían el almuerzo, cantaba la canción sobre la muerte, la canción decía que 'cuando yo me muera, no quiero que lloren', se tocaba la cabeza y se pegaba en el momento”., relató.Por su parte, Eliana Araque, otra trabajadora del restaurante, afirmó que el artista consumió dos truchas y agua de panela, y que cantaba junto a Jefferson Osorio, uno de sus acompañantes.A raíz de estos testimonios, en redes sociales han surgido especulaciones sobre cuál habría sido la canción que interpretaba Yeison Jiménez en ese momento. Una de las versiones más mencionadas por sus seguidores es Cuando yo muera, interpretada por el Charrito Negro. Su letra dice: Cuando yo me muera no quiero que lloren Ni quiero ramos ni adornos en mi tumba Quiero me canten mis más lindas canciones
La Procuraduría General de la Nación pidió acciones urgentes de protección para los habitantes de la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras conocerse el reporte de múltiples muertes producto de enfrentamientos armados en el sector.Ante el riesgo que enfrentan las comunidades, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales activar de manera inmediata los mecanismos de atención humanitaria, con el fin de responder oportunamente ante posibles desplazamientos forzados o escenarios de confinamiento de la población civil.De acuerdo con información preliminar, al menos 30 personas habrían muerto en choques violentos entre estructuras disidentes de las Farc que se disputan el control territorial en esta región estratégica. Los enfrentamientos estarían relacionados con una confrontación directa entre los grupos ilegales comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.El Ejército Nacional indicó que las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas. Desde la noche del viernes, tropas de la Brigada 22 se desplazaron al área para verificar la situación, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y labores de inteligencia militar, ante la complejidad del terreno y la persistencia de la amenaza armada.Mientras avanzan las operaciones militares para esclarecer lo ocurrido y recuperar el control de la zona, las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente por la posible presencia de artefactos explosivos cerca de los caseríos, una situación que incrementa el riesgo para los habitantes de El Retorno.Las autoridades continúan evaluando el impacto humanitario de estos hechos, mientras el Guaviare vuelve a quedar en el centro de la disputa armada entre grupos ilegales que buscan imponer su control en el sur del país.
El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más complejas, marcada por un profundo desbalance financiero y por efectos visibles en la atención a los pacientes. Así lo advirtió el exministro de Salud y fundador del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que expuso cifras y reflexiones basadas en diagnósticos recientes del sector.Galán explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo. “Las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a la EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal y eso es lo que estamos viendo”, afirmó.Según el exministro, la raíz del problema está en la insuficiencia de recursos para financiar el actual plan de beneficios. “Por cada $100 que reciben, en promedio se están teniendo que gastar $108,6”, precisó, al explicar que ese desfase genera el hueco financiero que hoy afecta a hospitales, clínicas y pacientes.Insuficiencia de recursos y efectos en la atenciónGalán advirtió que, además de ser insuficientes, los recursos no están llegando de manera adecuada a los prestadores. Esto se traduce en retrasos en pagos, dificultades para cubrir nóminas y suspensión de servicios. “Es muy doloroso, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida, en sufrimiento y en enfermedad”, señaló, al referirse a los testimonios de directivos hospitalarios y usuarios.Intervenciones a EPS y el caso de la Nueva EPSSobre la situación de la Nueva EPS, Galán fue enfático en que las intervenciones no han sido una solución. “Las intervenciones en materia de salud no han funcionado nunca y eso estaba advertido”, aseguró. A su juicio, concentrar la administración en una sola persona, sin controles, ha agravado los problemas: “Manejar $2,4 billones anuales con una sola persona que no tiene experiencia en aseguramiento es una visión errada”.Aumento del gasto de bolsillo y llamado al diálogoOtro de los efectos señalados es el incremento del gasto de bolsillo de los colombianos. Galán recordó que este indicador había bajado al 14 % del gasto total en salud, pero ahora “se está incrementando y se está aproximando más al 20 %”, lo que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.Pese al panorama, el exministro expresó un moderado optimismo y llamó a un cambio de rumbo. “Se requiere un liderazgo claro, compasivo, que respete la evidencia y promueva el diálogo”, concluyó, al insistir en que aún es posible corregir el rumbo del sistema de salud en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
La música popular colombiana atraviesa un momento de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, uno de sus máximos exponentes, quien falleció a los 34 años. Además de su trayectoria artística, Jiménez se había consolidado como empresario, con cerca de nueve compañías activas y un patrimonio significativo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del género en el país.El artista perdió la vida el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá, cuando se movilizaba en su avioneta. En el siniestro también fallecieron cinco integrantes de su equipo de trabajo, identificados por Medicina Legal como Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, manejando 3 líneas de investigacón, según confirmó el Ministerio de Transporte. Yeison Jiménez fue reconocido no solo por su éxito musical, sino por marcar hitos históricos en la industria, como convertirse en el primer cantante de música popular en llenar el estadio El Campín de Bogotá. Su figura también era cercana a sus seguidores, con quienes mantenía comunicación constante a través de redes sociales. Horas antes del accidente, el artista envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos vía WhatsApp, texto que hoy es recordado como su último contacto público.En cumplimiento de su última voluntad, las exequias del cantante incluyeron varios actos simbólicos. El pasado 14 de enero se realizó un homenaje multitudinario en el Movistar Arena de Bogotá, donde familiares, colegas y seguidores le rindieron tributo.Posteriormente, el sábado 17 de enero, sus cenizas fueron trasladadas a su finca y criadero La Cumbre, ubicada en Fusagasugá. Allí, en medio de una caravana, sus caballos acompañaron el cofre funerario, tal como el artista lo había expresado en la letra de su canción 'Destino final'.La letra de esta canción diceQue el último beso sea el de mi madreQue la virgencita me los acompañeQue sean mis caballosLos que a mí me llevenAl destino final
El debut de Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla no fue el esperado. El delantero de 34 años, uno de los fichajes más destacados para la Liga BetPlay 2026-I, sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol colombiano durante la derrota 0-2 frente a Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, por la primera jornada del campeonato.Muriel ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Teófilo Gutiérrez, en un intento del técnico Alfredo Arias por cambiar la dinámica del encuentro. No obstante, el equipo barranquillero ya estaba en desventaja tras los goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Jersson González, anotados en los primeros 20 minutos, que reflejaron la efectividad del conjunto tolimense en ataque y las dificultades defensivas del local.Durante los 45 minutos que estuvo en cancha, el atacante mostró movilidad y participación ofensiva. Incluso llegó a marcar en una de sus primeras intervenciones, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Posteriormente, probó con remates de media distancia y un tiro libre que terminó impactando en la barrera, sin lograr vulnerar el arco defendido por Volpi.Uno de los momentos más polémicos del partido se presentó al minuto 79, cuando el árbitro central expulsó a Muriel tras una fuerte infracción. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, la decisión fue rectificada y la tarjeta roja fue cambiada por amarilla, permitiendo que el delantero continuara en el terreno de juego hasta el final.El cierre del compromiso estuvo marcado por el juego fuerte, las interrupciones y varias decisiones disciplinarias. Deportes Tolima terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Moncada y de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien debutaba con el equipo ‘pijao’ y fue sancionado por un golpe de codo.En Junior, además de la derrota, hubo preocupación por el estado físico de algunos jugadores. Lucas Monzón sufrió una luxación en el hombro izquierdo, mientras que Jean Carlos Pestaña presentó una herida en el pómulo. El equipo barranquillero ahora deberá enfocarse en su próximo reto, cuando viaje a Bogotá para disputar el partido de vuelta de la Superliga frente a Independiente Santa Fe.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a las víctimas acreditadas en el caso 10 a presentar sus observaciones frente a las versiones entregadas por los comparecientes de las extintas Farc-EP. Este caso investiga graves violaciones a los derechos humanos como homicidios, masacres, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal y desplazamientos forzados, entre otros hechos que no están siendo analizados en otros procesos de la jurisdicción.La mayoría de los exintegrantes de la guerrilla ya rindieron su versión voluntaria ante la JEP, y ahora se abre la etapa para que las víctimas expresen sus reacciones, preguntas y demandas de verdad frente a esas declaraciones. Según explicó la JEP, este es un momento clave para reconocer la resiliencia de quienes sobrevivieron a la guerra y honrar la memoria de quienes no regresaron.Las observaciones podrán realizarse de forma presencial, virtual o escrita, y también se aceptarán audios o videos enviados por las víctimas o sus representantes legales. Una vez recibidas, la JEP las trasladará a los comparecientes para que respondan.La convocatoria se desarrollará por bloques y estructuras regionales de las antiguas Farc-EP, según el siguiente cronograma:2025Bloque Oriental:4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre (presencial)1 al 5 de diciembre (presencial)Bloque Sur:19, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre (presencial)9 al 12 de diciembre (presencial)Comando Conjunto Central:31 de octubre, 6 y 7 de noviembre (virtual)10 de noviembre (presencial)2026Bloque Oriental y Bloque Sur: 20 de enero (escrito)Comando Conjunto Central: 6 de febrero (escrito)Con esta fase, la JEP busca fortalecer el principio de centralidad de las víctimas y avanzar hacia una verdad judicial completa, construida con sus voces y experiencias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves que la decisión de Estados Unidos de retirar su ayuda al país no cambia "nada", más allá de "problemas puntuales" con los recursos militares, y acusó a la derecha colombiana en Miami (EE.UU.) de hacer 'lobby' contra su Gobierno."¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada (...) Nunca he visto en el presupuesto de Colombia un solo dólar de ayuda", dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara que su país ya suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia en medio de una nueva escalada de tensiones por la guerra contra las drogas.Petro insistió en que la ayuda estadounidense "no es para el Gobierno" colombiano, sino para "las ONGs que maneja USAID" (la desaparecida Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), es decir "para ellos mismos".También cuestionó si esa cooperación realmente beneficia a la sociedad colombiana, al considerar que la guerra antidrogas de Washington ha fracasado por basarse durante décadas en la erradicación forzada de cultivos de coca, lo que, según dijo, ha condenado a Colombia "a la violencia".El mandatario reconoció, sin embargo, que en la ayuda militar sí hay "algunos problemas" relacionados con "armas que sí se necesitan" y con helicópteros de combate que Estados Unidos ahora podría llevarse, lo que, según él, "sería el mayor punto de problema"."En mi opinión, y es la directriz que yo he dado a las Fuerzas Militares que comando, es que reemplazamos la ayuda por el presupuesto nacional. Es decir, Colombia compra sus armas", declaró, tras afirmar que la suspensión de la ayuda estadounidense llega cuando "mejor" le va al país en materia de incautaciones de droga.Según Petro, el último informe de la ONU sobre los cultivos de coca en Colombia es erróneo porque no incluyó en sus cálculos las zonas donde esos cultivos fueron abandonados, y eso fue, según afirma, el motivo que "desató la crisis" con Estados Unidos, que en septiembre retiró a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico.El jefe de Estado defendió que su Gobierno ha sido el "más eficaz en la incautación de cocaína de la historia del mundo", con una estrategia que, explicó, "no golpea al campesinado" mediante la erradicación forzada de cultivos de coca, sino que lo convierte en "aliado del Estado".La extrema derecha de MiamiA los ojos de Petro, en Estados Unidos existe un "'lobby' ideológico que ha penetrado en la oposición política" colombiana "de extrema derecha", la misma que, aseguró, ha gobernado en Colombia "dos siglos" en alianza con el narcotráfico."La extrema derecha colombiana que vive en Miami es narcotraficante y está haciendo trabajo de 'lobby' que tiene como objetivo aprovechar la amistad con Trump para que se dañe la cooperación antinarcotraficantes y los beneficiantes van a ser los narcotraficantes y ellos", declaró.Agregó que también está en juego "la codicia sobre Venezuela", y que ese sector busca además impedir que la izquierda vuelva a ganar en Colombia en las elecciones de 2026 para volver "al pasado" con el expresidente de derechas Álvaro Uribe (2002-2010) que, según Petro, "ya lo tienen listo”.Trump declaró el miércoles que su Administración suspendió "todos los pagos a Colombia", tras referirse a Petro como "un matón, un tipo muy malo".
Este jueves, en medio de una ruda de prensa en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt, expresó que el presidente Gustavo Petro "es un desquiciado que no está desescalando las tensiones y que Trump no quiere desescalar". Esto, luego de que le preguntaran sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral."No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente, no creo que al presidente le interese eso en este momento. Habló sobre esto ayer y no tengo nada que añadir a sus comentarios".Un día antes, Trump había calificado a Petro de "matón y mal tipo" que "fabrica muchas drogas". En una conversación con reporteros en el Despacho Oval agregó que el presidente colombiano "ha hecho mucho daño a su país".Las declaraciones del republicano coinciden con el anuncio de ataques del Ejército estadounidenses a dos lanchas que al parecer iban cargadas con drogas en el Pacífico, al menos una de ellas cerca de las costas de Colombia, en una expansión de sus operativos militares contra el narcotráfico.Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara el pasado domingo el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusara a su homólogo colombiano de ser un capo del narcotráfico.Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de "grosero e ignorante con Colombia".
La propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de promover una Asamblea Nacional Constituyente sigue desatando controversia entre líderes del sector económico, quienes advierten que la iniciativa podría aumentar la polarización política y generar un clima de incertidumbre institucional.El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la idea como una propuesta que “no tiene ni pies ni cabeza” y que “copia el modelo venezolano”. Restrepo agregó que el Congreso no cuenta con las mayorías ni los tiempos necesarios para aprobar un proyecto de esta magnitud.“Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país, para exacerbar los ánimos y termina siendo más discurso que posibilidad real”, afirmó el exfuncionario.Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que la Constituyente representa una aventura institucional que solo aumentará la incertidumbre.“Confío en que el Congreso estará a la altura de sus responsabilidades y no permitirá que el país se embarque en un proceso que genera mayor inestabilidad”, indicó.En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el cambio de postura del Gobierno y destacó que la actual Constitución colombiana “es una de las más modernas y garantistas del mundo”. Según el dirigente gremial, cualquier intento de modificarla podría poner en riesgo las libertades ciudadanas y la seguridad jurídica del país.Asimismo, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, alertó sobre los riesgos que pueden surgir por esta propuesta.“Un proceso constituyente como el que se propone en el proyecto del Gobierno actual implicaría un cambio estructural total del orden constitucional. Una nueva Constitución solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, no de la imposición de un proyecto parcial”, se lee en el comunicado.Finalmente, aseguraron que los fundamentos para esta propuesta son confusos, pues argumentos como el reconocimiento del campesinado, la protección de los pueblos indígenas y la respuesta al cambio climático, entre otros, ya cuentan con desarrollo expreso en el texto vigente de 1991, donde se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho.
Un conmovedor caso llegó hasta la Corte Constitucional luego de que ‘Sonia,’ una mujer de 62 años que vive en Italia, denunciara que sus dos hermanos no la dejaban ver ni hablar por teléfono a su mamá, una adulta mayor de 98 años.Incluso, le negaban saber el estado de salud de su mamá, y allí fue donde la Corte entró a revisar el caso y encontró que ambas personas vulneraron el derecho de las dos mujeres cortando los lazos familiares.Para la Corte, si bien ‘Blanca’ y ‘Álvaro’ han cuidado de su madre, vulneraron los derechos de ambas mujeres al obstaculizar su relación afectiva y su comunicación, desconociendo los lazos de amor, respeto y solidaridad que las unían.El alto tribunal es claro en señalar que la autonomía implica la capacidad de las personas mayores para tomar decisiones sobre su propia vida, incluso con apoyo de otros, mientras que la independencia supone vivir en sociedad sin quedar sometidas al control o arbitrio de terceros.Por esta razón, la Corte Constitucional le ordenó a los dos hermanos abstenerse de impedir el contacto físico o virtual entre Sonia y sus madre, además de respetar la voluntad y autonomía de la adulta mayor.“Este enfoque orientado hacia la autonomía e independencia promueve que el envejecimiento resulte digno, satisfactorio y saludable”, señaló la Corte.Además, dispuso que ‘Blanca’ deberá compartir toda la información médica de Amelia con Sonia y no podrá obstaculizarle su acceso.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.