El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.A través de un comunicado, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados manifestó “su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, aunque reconoció que la medida busca “preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”.El retiro de la solicitud de imputación fue adoptado por la fiscal 295 de la seccional de Bogotá luego de advertirse un conflicto de competencias dentro de la Fiscalía General de la Nación.La funcionaria había radicado la diligencia contra Rodríguez por presuntamente no haber atendido al menos 23 solicitudes del entonces senador Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad, antes del atentado del 6 de junio de 2025, en el que posteriormente fue asesinado.Según explicó la Fiscalía, el proceso se frenó no por falta de pruebas, sino porque desde el 11 de junio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, había creado un Grupo de Tareas Especiales para concentrar todas las investigaciones relacionadas con el magnicidio.Con la conformación de ese equipo, la fiscal seccional perdió competencia para actuar de manera independiente, razón por la cual decidió retirar la imputación y evitar eventuales nulidades procesales.En ese sentido, Mosquera pidió celeridad para retomar el proceso. En el comunicado, la firma señaló: “esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.Asimismo, expresó respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, destacando que “ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”.También manifestó confianza en el trabajo del equipo especial al afirmar que “confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”.Ahora será el Grupo de Tareas Especiales el encargado de evaluar el material probatorio y definir si se retoma la imputación o se adopta una estrategia jurídica distinta.
El Gobierno nacional abrió una consulta pública para definir la hoja de ruta que orientará la implementación del Acuerdo de Escazú en el país. El proceso, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estará abierto hasta el próximo 19 de febrero y busca que distintos sectores de la sociedad envíen comentarios, observaciones y propuestas.Esta consulta está dirigida a la ciudadanía en general, comunidades locales, pueblos étnicos, organizaciones sociales y ambientales, academia, autoridades territoriales y otros actores interesados.El objetivo, según el Gobierno, es promover una participación informada e incidente que permita definir acciones prioritarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país tras la ratificación del Acuerdo de Escazú.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, explicó que la propuesta plantea medidas específicas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover una participación pública efectiva en decisiones que afectan los territorios y fortalecer el acceso a la justicia ambiental.Entre los ejes prioritarios del documento se encuentra la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, mediante acciones de prevención y coordinación interinstitucional. También se contempla el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad, que impide retrocesos en la protección de los derechos humanos ambientales.Otro de los componentes clave de la hoja de ruta es la prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.La propuesta también enfatiza la necesidad de promover una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente y la incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.La implementación de estas acciones estaría a cargo de la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, una instancia que por ahora se encuentra en proceso de definición.Este proceso se da luego de que la Corte Constitucional avalara, en agosto de 2024, la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. El fallo fue considerado un hito por el Gobierno, al consolidar el carácter vinculante del tratado y reforzar la obligación del Estado de garantizar los derechos ambientales y proteger a quienes defienden la naturaleza.Con la apertura de esta consulta pública, el Ejecutivo busca recoger aportes que permitan ajustar la hoja de ruta y avanzar en una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia, que ha sido registrado como uno de los países de mayor riesgo para los líderes ambientales, de acuerdo con la organización de derechos humanos, Global Witness.
En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
Un total de 39 personas han muerto en el accidente de trenes que sucedió ayer domingo en la localidad de Ademuz (Córdoba, sur de España), según han indicado fuentes de la investigación.Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur de España) a las 18:40 horas de la tarde de este domingo (17:40 GMT) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas (18.39 GMT) e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.En imágenes quedó registrado el impactante accidente de cómo los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.El ministro español de Transportes, Óscar Puente, consideró este lunes, en declaraciones desde la estación de Atocha (Madrid), que este accidente de ferrocarril es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura. Investigación en marchaEl tren Iryo que descarriló había sido revisado el 15 de enero, hace solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la propia compañía, que ha afirmado que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de las pesquisas.El accidente se produjo en un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación finalizaron en mayo, con una inversión de 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares).El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró este lunes que este accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y también se había renovado recientemente la infraestructura.
Los llamados ‘pinchallantas’ volvieron a encender las alertas en Bogotá. Un nuevo caso registrado durante el fin de semana en la localidad de Fontibón terminó con el cierre de un montallantas, luego de que un conductor denunciara un cobro superior a los $3 millones por la reparación de las llantas de su vehículo.El procedimiento fue realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras verificar irregularidades en el establecimiento y recibir el testimonio del afectado, quien conducía un carro eléctrico.Según el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, el conductor sufrió inicialmente el pinchazo de una sola llanta mientras transitaba por el sector de la calle 13 con carrera 128. Tras el incidente, fue dirigido a un taller cercano, donde, en un primer momento, le indicaron que la reparación tendría un costo cercano a los $80.000.Sin embargo, la situación cambió minutos después. De acuerdo con el relato del afectado, tras revisar el vehículo nuevamente, los trabajadores del lugar aseguraron que las cuatro llantas estaban pinchadas, situación que el conductor consideró irregular, ya que el daño inicial solo se presentaba en una.El monto exigido por el taller ascendió a más de $3 millones, argumentando que se habían instalado 44 parches en total y que el cobro se realizaba de manera individual por cada uno.Para dimensionar la cifra, un juego completo de llantas nuevas para carros citycars, como el BYD, puede costar entre $3.120.000 y $3.440.000. Es decir, el valor exigido por la reparación era equivalente a comprar las llantas completamente nuevas.Ante la inconformidad, el conductor se negó a pagar y solicitó la intervención de las autoridades.Por qué cerraron montallantas en FontibónTras acudir al lugar, la Policía de Bogotá constató que el establecimiento no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre ellos la documentación necesaria para operar. Por esta razón, se ordenó el cierre inmediato del negocio, como parte de los operativos que se vienen adelantando contra prácticas abusivas en talleres y montallantas de la ciudad.Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan proteger a los conductores frente a cobros excesivos, daños intencionales y engaños, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado casos de ‘pinchallantas’.El cierre del taller se da en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, los reportes relacionados con pinchallantas aumentaron más de un 124 % en lo corrido del 2025, con alrededor de 140 llamadas registradas a la línea 123.Este incremento llevó a las autoridades a reforzar los controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad, con especial atención en localidades como Fontibón, donde se han concentrado varias denuncias recientes.
Una serie de incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile este domingo dejan al menos 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo al último balance oficial.En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos combatían 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.Las dos regiones se mantienen bajo alerta roja.En el último reporte oficial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, actualizó a 19 la cifra de muertos."El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble", afirmó.Más temprano, al reportar 18 víctimas, el presidente Gabriel Boric aseguró que tenía "la certeza de que ese número va a aumentar".Boric anunció, además, el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco."Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.En Lirquén, militares resguardaban las calles al caer la noche.Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados sólo por linternas, constató un periodista de la AFP en el lugar.El presidente Boric viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que el lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia."En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el Presidente electo trabajaremos juntos", afirmó el mandatario."No quedó nada parado"El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas."A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco.La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados", agregó.El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador.El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relató a la AFP Alejandro Arredondo, un habitante de Lirquén de 57 años."No quedó nada parado", añadió frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aún ardiendo.Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.Incendios recurrentes Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos.El lunes se esperaban condiciones similares.En el combate del fuego participan unos 3.700 bomberos.Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de "catástrofe" tras un orden del presidente Boric. La medida implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ambos lugares.En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.Aquel siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por esos incendios que, de acuerdo a la investigación judicial, fueron iniciados intencionalmente por bomberos y brigadistas forestales.
Las autoridades en el departamento de Antioquia atendieron dos graves incidentes de tránsito que dejaron tres personas muertas. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Marinilla, en donde lastimosamente fallecieron dos adultos mayores que fueron atropellados por un vehículo particular.La situación ocurrida en la vía Medellín - Bogotá se registró cuando ambos adultos estaban esperando un bus de transporte público y fueron embestidos por un hombre que habría perdido el control de su automóvil al estar, presuntamente, bajo los efectos del alcohol.Daniel Castrillon, secretario de Tránsito y Transporte de Marinilla, expresó que el hombre implicado en el siniestro vial se encuentra siendo atendido en un centro asistencial en donde prontamente se definirá su futuro, luego de practicarle los exámenes correspondientes."Dos adultos que se dirigían hacia su eucaristía y esperaban el transporte público fueron atropellados por una persona. A la persona se le realiza prueba de alcoholemia médico pericial, encontrándose que es el tercer y último grado de alcoholemia", destacó el funcionario.Hay que destacar que las autoridades en el Oriente antioqueño buscarán esclarecer con plenitud cómo ocurrieron los hechos a la espera que se haga la captura en los próximos días del responsable del accidente de tránsito que hoy enluta al departamento de Antioquia.Sin embargo, no fue la única situación reportada en las vías de la región, ya que en la variante Las Palmas dos motos de alto cilindraje chocaron a gran velocidad, provocando el incendio de uno de los vehículos y la muerte de una mujer.Este hecho generó el cierre de la vía durante aproximadamente dos horas, mientras que las autoridades realizaban los procesos técnicos correspondientes y por ahora se espera que se avancen en las investigaciones para poder determinar con claridad si alguna de la dos motocicletas fue la causante del siniestro vial.
La elección atípica de alcalde en Girón, Santander, estuvo marcada por una alta abstención ciudadana, pese al amplio despliegue logístico dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil.De los 131.355 ciudadanos habilitados para votar, únicamente 37.071 acudieron a las urnas, lo que equivale a una participación cercana al 28,22 % del censo electoral, dejando en evidencia el bajo interés de la ciudadanía en esta jornada democrática.Aunque el proceso se desarrolló con normalidad y permitió el regreso de Campo Elías Ramírez Padilla a la Alcaldía del municipio, tras la nulidad de su elección anterior, los resultados reflejan que más de siete de cada diez gironeses optaron por no ejercer su derecho al voto.La cifra de abstención se convierte así en uno de los principales protagonistas de estos comicios.La jornada electoral contó con 39 puestos de votación, 357 mesas y la participación de 2.596 jurados, además de la implementación de biometría en nueve puntos para garantizar la plena identificación de los electores.Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para motivar una mayor asistencia a las urnas, ni siquiera en la cabecera municipal, donde se concentraba la mayoría de los puestos.El proceso fue convocado mediante el Decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por la Gobernación de Santander, luego de que se declarara la nulidad de las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.
El Registrador nacional Hernán Penagos señaló que se mantiene la consulta interna del Pacto Histórico para este 26 de octubre tal y como estaba previsto y que por ahora no habrá modificación al calendario electoral.Informó que el censo electoral es de más de 39 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.Las declaraciones fueron hechas en medio de su participación en el Congreso Colombiano de la Construcción que se realiza en Barranquilla, en el que explicó que tanto el Ministerio de Defensa como la Fuerza Pública ya tienen listo el operativo de seguridad, así como el material electoral y la logística.“Cerca de 20.000 mesas de votación se abrirán el próximo domingo. La registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información, más de 110.0000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa y después de las 4 de la tarde los jurados contarán los votos, definirán los resultados a través de las actas electorales y la registraduría llevará el proceso de difusión y de consolidación de la información”, señaló.El registrador enfatizó en que no se reportan alertas que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.“El pasado domingo se instalaron todas las mesas y puestos de votación sin dificultades de orden público, esperamos que este domingo sea igual. El sábado tendremos reunión del Puesto de Mando Unificado y el domingo recorreremos algunos departamentos junto con el ministro de Defensa”, señaló.En cuando al costo de la consulta indicó que esta convocatoria está dividida en dos valores, los costos operativos que están cerca de $140.000 millones y otros $60.000 millones en gastos administrativos.Finalmente, hizo un llamado al sector privado para que cumpla con el deber de entregar los listados de empleados entre 18 y 60 años, con el fin de realizar sorteos más amplios y transparentes para la selección de jurados de votación.
El excanciller y exembajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, hizo un llamado urgente a frenar la confrontación diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, luego de los recientes intercambios de declaraciones entre altos funcionarios de ambos países. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el diplomático advirtió que este tipo de choques “solo traerá costos altos para los colombianos y una parte de la población americana”.Reyes, quien ha sido una de las voces más respetadas en el manejo de las relaciones exteriores del país, calificó el vínculo bilateral como “un bien público” que se ha consolidado gracias a décadas de trabajo y cooperación. “Eso que es un bien público, la relación con EE. UU. en sus múltiples aspectos, muy importante el económico y comercial, se ha construido gracias a un esfuerzo muy grande y un esfuerzo del cual yo hice parte, orgullosamente”, afirmó Reyes, pidiendo "una pausa, mucha serenidad, objetividad, tranquilidad y control del lenguaje".El exembajador insistió en que esa relación representa el interés de los colombianos y que debe protegerse de los efectos de las tensiones políticas: “Me atrevo a pedir que paremos esa confrontación, porque realmente eso no va a tener sino costos altos”, dijo al referirse al deterioro del diálogo entre los Gobiernos.Reyes también rechazó los términos y el lenguaje con los que se ha llevado el reciente intercambio entre las dos administraciones. Aunque evitó profundizar en los motivos de la disputa, subrayó que “lo que hace daño es cuando las instituciones encargadas de manejar esos temas se ven afectadas”.Finalmente, recordó que, en su concepto, la relación Colombia – Estados Unidos se apoya en cuatro pilares fundamentales: el vínculo bipartidista, la cooperación militar y de seguridad, la relación económica y la cooperación humanitaria: “Son bases que deben cuidarse, no deteriorarse”, concluyó Reyes, insistiendo en que la diplomacia y el respeto deben primar sobre la confrontación política.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la solución definitiva de la vía Bogotá - Villavicencio, al anunciar el avance en la estructuración del primer tercio de la nueva ruta entre Boquerón y El Tablón, una obra clave para superar los puntos críticos que históricamente han afectado este corredor.El proyecto contempla la construcción de 32 kilómetros de nueva calzada, junto con intersecciones y mejoramientos viales que permitirán una conexión más moderna, segura y permanente entre el centro del país y los Llanos Orientales.De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el plan está siendo liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) y comprende cuatro fases: debida diligencia; actualización técnica, ambiental y social; aprobación integral; y promoción, adjudicación y cierre financiero.La Fase II ya está culminada y corresponde a la entrega de estudios técnicos y ambientales, que ya se encuentran en revisión y trámite de aprobación.“Este corredor no puede depender más de la suerte del clima ni de respuestas temporales. Avanzamos en la solución estructural que la región lleva años esperando. Esta nueva ruta es un paso decisivo hacia una conectividad segura y permanente para los Llanos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De manera paralela, el Ministerio de Transporte continúa ejecutando intervenciones en los puntos críticos del corredor actual, garantizando movilidad y atención logística mientras el nuevo proyecto avanza hacia su etapa definitiva.El Gobierno reiteró que la movilidad de los Llanos Orientales es prioritaria, no solo por su impacto en la seguridad vial, sino también por su relevancia para la economía campesina, el turismo y el transporte de carga en el país.
A los colombianos les llegó una buena noticia que mejorará su tiempo de descanso en una de las fiestas más esperadas de fin de año. Es así como en diciembre de 2025, el país volverá a tener un puente festivo en la celebración de la Inmaculada Concepción, una coincidencia que no ocurría desde hace más de una década. ¿Cuándo será el nuevo puente festivo?El lunes 8 de diciembre será festivo, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre, complementando a la perfección la celebración del Día de Velitas del 7 de diciembre.El Día de la Inmaculada Concepción es una fecha religiosa fija que se celebra cada 8 de diciembre en Colombia. Sin embargo, este festivo solo genera un puente cuando el calendario hace coincidir la fecha con un lunes, algo que no sucedía desde 2014. En esta ocasión, la coincidencia permitirá que millones de trabajadores disfruten de tres días consecutivos de descanso justo en el arranque de la temporada navideña.La noticia ha sido bien recibida por los empleados y por el sector turístico, que ve en este fin de semana largo una oportunidad para impulsar el movimiento económico.El papel de la Ley Emiliani en los festivos colombianosEste hecho trae nuevamente a consideración la Ley Emiliani, que genera que algunos de los festivos que caen en fin de semana se trasladen al lunes siguiente, no obstante, el Día de la Inmaculada Concepción no se beneficia de esta disposición al ser una conmemoración religiosa fija.La Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani, fue creada para trasladar ciertos festivos al lunes siguiente y así promover los fines de semana largos. El objetivo de esta norma fue fortalecer el turismo interno y ofrecer a los trabajadores un equilibrio entre la vida laboral y el descanso.Sin embargo, no todos los festivos se pueden mover de su fecha original. Entre los días que permanecen fijos están:1 de enero: Año Nuevo7 de agosto: Batalla de Boyacá8 de diciembre: Inmaculada Concepción25 de diciembre: NavidadPor eso, el puente de diciembre de 2025 no proviene de un cambio legal, sino de una coincidencia del calendario que, por sí sola, genera el descanso extendido.Día de Velitas se extiende para los colombianosEl 7 de diciembre, víspera del festivo, se celebra el tradicional Día de las Velitas, una de las costumbres más queridas por los colombianos. Familias, vecinos y amigos llenan calles, balcones y parques con faroles y velas que simbolizan la luz, la fe y la esperanza. Esta festividad marca oficialmente el inicio de la Navidad en Colombia.Con el festivo del lunes 8, la celebración se extenderá, permitiendo a muchas familias viajar, reunirse o simplemente disfrutar de tres días de descanso. Además, las ciudades se preparan para recibir a turistas nacionales e internacionales atraídos por los alumbrados navideños y las actividades culturales que acompañan esta fecha.
El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución del Consejo de ministros, mencionó que la idea de la conexión de un cable submarino desde China a Colombia continúa sobre la mesa. Este proyecto busca que el cable que tiene su punto de partida desde China y que luego pasa a Sídney- Australia, a futuro llegue a Buenaventura, pues permitirá la conexión con toda América del Sur.El objetivo del gobierno es conectar a “Colombia, desde la Amazonía, con el mundo”, para ello se requiere avances en la conexión de la Fibra Óptica en las regiones del Amazonas y el Putumayo que tiene una inversión de 683.170 millones que busca conectar los departamentos de Amazona y Putumayo. Por lo que en medio de la alocución exigió a la ministra de TIC, Carina Murcia que se avanzara en este proyecto e insistió en desarrollar la conexión entre Puerto Asís y Buenaventura, para permitir la conexión en Amazonas en los municipios de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia; mientras que en Putumayo se conectarán Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.La ministra de TIC, sin embargo, argumentó que se han desarrollado las primeras bases y se ha avanzado en la “construcción del Conpes, porque el ministerio no había priorizado este proyecto y no se contaba con los recursos, pues fueron destinados a otros proyectos estratégicos dentro del ministerio”. Por lo que el presidente mencionó que el anterior ministro de las TIC, Mauricio Lizcano los había engañado.Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Declaratoria de Importancia Estratégico, proyecto que busca conectar a los departamentos de Amazonas y Putumayo con el resto del mundo, es un paso fundamental hacia la realización de la visión del presidente Gustavo Petro de convertir a la Amazonia en un eje de conectividad global.El Departamento de Planeación presentó el CONPES en dónde se establece un cronograma e informa los avances se verán reflejados en 3 fases, desde el 2025 al 2026 se realizaría la ingeniería detalle, entre el 2027 y mediados del 2028 comienza la implementación del proyecto y para el segundo semestre del año 2028 las familias de la región ya se verán beneficiadas.“Recibimos con gran satisfacción esta declaratoria, porque sin duda se trata de un proyecto de importancia no solo para el país, sino para toda Suramérica, si tenemos en cuenta el plan del presidente Petro de conectar la Amazonia con China con fibra óptica a través de ríos y el Pacífico”, mencionó Carina Murcia, ministra TIC.En esta acción se busca beneficiar alrededor de 227.000 personas que residen en nueve municipios del Amazonas y Putumayo, llevando conectividad y oportunidades a los lugares que más lo necesitan.“Es importante la conectividad con propósito. Lograr que esos 100.000 hogares en la Amazonía tengan una conectividad, un servicio esencial para la educación, creo que es la misión que tiene ahora el Ministerio TIC. Si logramos conectar a los colombianos, logramos también tener un país más competitivo”, afirmó la ministra de las TIC.Al adelantar estas labores, se comienza con un proceso contractual y da inicio a la ejecución de este proyecto, además, comienza el desarrollo de las 3 frases del proyecto, para en el 2028 comience con su operación.
La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.