En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
Una fuerte explosión se registró la noche de este jueves en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, luego de que una granada fuera lanzada contra un establecimiento nocturno. El hecho dejó un saldo de 13personas heridas y una persona fallecida, además de daños materiales en la zona.Según información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el artefacto explosivo habría sido arrojado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes huyeron del lugar tras la detonación. Las autoridades acordonaron el sector y activaron los protocolos de seguridad, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.El ataque se produjo en inmediaciones de un burdel ubicado en esta reconocida zona de tolerancia, lo que generó pánico entre residentes, trabajadores y transeúntes del sector. Organismos de emergencia atendieron a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales cercanos.Revelan nuevos detalles de la explosión en barrio Santa FeDe acuerdo con las primeras indagaciones, el establecimiento afectado había recibido llamadas extorsivas meses atrás, un antecedente que ahora será analizado por los investigadores.Las autoridades informaron que las víctimas se encontraban departiendo en el exterior del establecimiento al momento del ataque y que, en su mayoría, serían trabajadores del sector, entre ellos meseros y porteros. Sobre el estado de salud de los lesionados, se indicó que la mayoría permanece estable, aunque uno de los heridos continúa en cirugía. La Policía señaló que las investigaciones continúan para establecer los móviles del ataque y determinar si el atentado estaba dirigido contra personas específicas o contra el establecimiento por "represalias o amenazas", así como para identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho.Por ahora, la posible hipótesis que se maneja es que el ataque estaría relacionado con las llamadas extorsivas que recibió el establecimiento en un momento Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó en su cuenta de X que, tras un nuevo reporte, se confirmó que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial.La Policía confirma que en total fueron 14 personas las valoradas por los servicios de salud. “Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial”.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia contundente frente a las cancelaciones intempestivas de reservas turísticas en Medellín, registradas en los días previos al concierto de Bad Bunny, una situación que ha generado múltiples denuncias de consumidores afectados por incrementos desmedidos en los precios y la pérdida de alojamientos reservados con anticipación.De acuerdo con la autoridad, estas prácticas se habrían presentado en medio de la alta afluencia de visitantes a la capital antioqueña, lo que encendió las alertas sobre posibles incumplimientos a la Ley General del Turismo y vulneraciones a los derechos de los consumidores.Advertencia de la SIC por cancelaciones en plataformas de hospedajeLa superintendente delegada para la Protección del Consumidor, María Carolina Ramírez, explicó en entrevista con Recap Blu que la entidad tuvo conocimiento de los casos a través de redes sociales y medios de comunicación. “Hemos conocido de las denuncias de los consumidores frente a cancelaciones que han hecho los prestadores de servicios turísticos, cancelaciones de manera intempestiva por la alta afluencia de visitantes en la ciudad de Medellín ante el concierto de Bad Bunny”, señaló.Ramírez recordó que los prestadores están obligados a respetar las condiciones pactadas. “Todo prestador de servicios turísticos tiene la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los consumidores”, afirmó, al tiempo que indicó que, ante una cancelación, el prestador debe ofrecer “la prestación de otro servicio de la misma calidad o reembolsar o compensar el precio pactado”.Posibles sanciones para los prestadores turísticosLa funcionaria advirtió que las investigaciones podrían derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Además, se contemplan sanciones como “la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años, la suspensión hasta por 30 días o incluso la prohibición de ejercer la actividad turística durante cinco años”.No obstante, aclaró que cualquier sanción requiere un proceso administrativo. “Cualquier sanción amerita adelantar un procedimiento administrativo, con tiempos y el respeto al derecho de defensa”, explicó.Concejal de Medellín denuncia afectación “gigantesca” a turistasDesde el ámbito local, el concejal de Medellín Andrés Tobón aseguró que el impacto para los afectados ha sido grave. “La afectación es gigantesca. No fue solamente cancelarles, sino dejarlos tirados en Medellín en un momento en el que tenemos un 90 % de ocupación hotelera”, afirmó.El cabildante señaló que ha recibido más de 30 denuncias directas, muchas de ellas con excusas como fugas de gas, daños por invierno o supuestas remodelaciones. “Decían que había una fuga de gas, que estaban en remodelación o que el invierno había afectado el inmueble, pero luego lo volvían a publicar”, explicó, agregando que en algunos casos los precios pasaron de valores cercanos a $250.000 por persona a cifras de $1,7 millones por noche, e incluso reportes de apartamentos ofertados por hasta 160 millones de pesos.Tobón indicó que estas denuncias están siendo canalizadas hacia la SIC y que, por instrucción del alcalde, se adelantan gestiones con Airbnb para identificar los inmuebles involucrados. “Esto no puede quedar en la impunidad. Vamos a hacer seguimiento caso por caso para que haya sanciones efectivas”, sostuvo.Precios elevados y posibles prácticas anticompetitivasSobre los precios excesivos, Ramírez precisó que la SIC no regula tarifas de forma directa, pero sí puede actuar desde la óptica de la competencia. “La Superintendencia como autoridad de competencia tiene la facultad de revisar el comportamiento de los precios y si esto obedece a prácticas anticompetitivas”, indicó.Proyecto normativo en cursoFinalmente, la superintendente confirmó que “está cursando un proyecto de decreto que busca establecer obligaciones más reforzadas para las plataformas que operan el servicio de vivienda turística”, actualmente en fase de comentarios.Escuche la entrevista completa acá:
La Lotería de Bogotá volvió a concentrar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2830, celebrado la noche del jueves 22 de enero de 2026. Esta edición, considerada una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en distintas regiones del país.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2830El gran protagonista de la noche fue el número 0377 de la serie 412, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premios secos de la Lotería de BogotáAdemás del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.Premios SecosPremio Trébol Mágico – $1.000 millones4375 – Serie: 163Premios Duendes de los Deseos – $500 millones7504 – Serie: 1728675 – Serie: 409Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0974 – Serie: 2011026 – Serie: 0911714 – Serie: 200Premios Alcañías de los Sueños – $50 millones0604 – Serie: 1564115 – Serie: 3726988 – Serie: 4452011 – Serie: 2615537 – Serie: 1269615 – Serie: 060Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0602 – Serie: 2661805 – Serie: 2132929 – Serie: 2403515 – Serie: 4485457 – Serie: 4526123 – Serie: 4548730 – Serie: 2528849 – Serie: 3079811 – Serie: 4069835 – Serie: 076Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0119 – Serie: 1008208 – Serie: 4037623 – Serie: 4526990 – Serie: 4204519 – Serie: 1883681 – Serie: 0942381 – Serie: 0680221 – Serie: 2469367 – Serie: 3927767 – Serie: 0057018 – Serie: 4044691 – Serie: 4453795 – Serie: 4442402 – Serie: 4410626 – Serie: 3539595 – Serie: 0147936 – Serie: 0777104 – Serie: 1225494 – Serie: 2533821 – Serie: 3762439 – Serie: 2961233 – Serie: 3449714 – Serie: 2797936 – Serie: 2097108 – Serie: 3096139 – Serie: 4214227 – Serie: 4673290 – Serie: 3181588 – Serie: 0749770 – Serie: 079Video Lotería de Bogotá¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?La Lotería de Bogotá recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso garantiza transparencia, seguridad y el pago oportuno de los premios.Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil a través de las siguientes opciones:Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.Premios mayoresEn el caso de los premios de mayor valor, el trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas autorizadas por la entidad:Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridosPara efectuar el cobro de un premio, el ganador debe presentar la siguiente documentación:Billete original firmado.Fotocopia de la cédula de ciudadanía.Certificación bancaria vigente.Formulario de identificación de ganadores, debidamente diligenciado.Como recomendación general, la entidad invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores o inconvenientes y asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa vigente.
En la noche del jueves 22 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 472 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar con mayor crecimiento en el mercado colombiano. Tras la validación de las balotas, la entidad organizadora confirmó que el premio mayor, que para esta edición ascendía a 120 millones de pesos, no tuvo ganadores con los cinco aciertos reglamentarios.Debido a esto, el sistema ha anunciado que el nuevo acumulado para el próximo sorteo se situará en 200 millones de pesos, una cifra que ha despertado el interés de los apostadores en todo el territorio nacional.Resultados y números ganadores del sorteo 472La combinación ganadora del sorteo realizado este jueves fue la siguiente: 01 - 06 - 09 - 16 - 39.A pesar de que nadie logró acertar la totalidad de las cifras para reclamar el gran acumulado, la jornada dejó un balance positivo en términos de premiación secundaria. De acuerdo con el reporte oficial, un total de 10.629 personas resultaron ganadoras en las diversas categorías de aciertos, distribuyéndose una bolsa de premios total de $90.330.000 pesos.Desglose de la premiación por categoríasLa estructura de premios de MiLoto permite que los jugadores obtengan retornos económicos desde los dos aciertos. El comportamiento de la premiación en el sorteo 472 se dividió de la siguiente manera:5 aciertos: 0 ganadores (Premio vacante).4 aciertos: 36 personas lograron esta combinación, recibiendo un premio individual de $523.250, para un total de $18.837.000 distribuidos en esta categoría.3 aciertos: Un total de 1.020 apostadores ganaron $32.550 cada uno, sumando una bolsa de $33.201.000.2 aciertos: Esta fue la categoría con mayor volumen, registrando 9.573 ganadores que obtuvieron $4.000 cada uno, totalizando $38.292.000.Contexto del juego y su impacto en ColombiaMiLoto es una modalidad de juego operada bajo la vigilancia de Coljuegos, diseñada para ofrecer una alternativa más accesible y con mayores probabilidades de acierto en comparación con las loterías tradicionales o el Baloto. Los jugadores deben elegir cinco números en un rango del 1 al 39, lo que reduce significativamente el espectro de combinaciones posibles frente a otros sorteos de mayor escala.Este juego ha ganado popularidad gracias a su dinámica de "acumulado", donde el premio principal se incrementa sorteo tras sorteo si no hay un ganador de los cinco números. Con el salto de los 120 millones a los 200 millones de pesos, MiLoto se consolida como una de las opciones más atractivas para el cierre de la semana.
El pasado jueves 22 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 151 de ColorLoto, una de las modalidades más dinámicas operadas por Baloto en Colombia. Tras el cierre de la jornada, la entidad informó que el premio mayor no fue otorgado, lo que genera un incremento automático en el pozo acumulado para el próximo compromiso.La combinación ganadora de la jornadaEl sorteo, que genera gran expectativa entre los apostadores tras el cierre de la temporada de inicio de año, arrojó la siguiente combinación de números y colores:6 (Amarillo)3 (Azul)1 (Rojo)4 (Blanco)2 (Negro)3 (Negro)A pesar de que ningún jugador logró acertar la totalidad de la combinación (6 aciertos exactos de número y color), la mecánica de ColorLoto permitió que cientos de personas en todo el territorio nacional obtuvieran premios en las categorías inferiores.Análisis de la premiación: 324 ganadores en todo el paísDe acuerdo con el reporte oficial compartido por la organización, el total de premiación entregado en este sorteo ascendió a $6.114.300 pesos. Un total de 324 apostadores lograron registrar aciertos suficientes para reclamar una parte del fondo de premios.Nuevo acumulado millonarioDado que la categoría principal de 6 aciertos quedó vacante, el acumulado que inició la jornada en $1.460 millones ha experimentado un ajuste al alza. Para el próximo sorteo, los colombianos podrán jugar por un nuevo acumulado de $1.470 millones de pesos.Contexto y mecánica de ColorLotoColorLoto se ha consolidado como una alternativa atractiva dentro del portafolio de Baloto debido a su bajo costo de entrada y su mecánica visual. A diferencia de otras loterías tradicionales, en este juego el usuario debe seleccionar seis números (del 1 al 6) y asociar cada uno a uno de los seis colores disponibles (amarillo, azul, rojo, blanco, negro y verde).Este juego permite ganar no solo por la combinación exacta, sino también por acertar únicamente los números o únicamente los colores, lo que aumenta las probabilidades estadísticas de retorno para el jugador. La transparencia de estos sorteos está garantizada por la supervisión de Coljuegos, asegurando que cada proceso cumpla con los estándares legales de los juegos de suerte y azar en Colombia.
Luego de reunirse con delegados del Ministerio del Interior, el gobernador Yeison Rojas expresó su preocupación por la ausencia de medidas concretas que garanticen la protección de los mandatarios locales en medio del aumento de la violencia en la región.“Yo quiero como gobernador hacer un llamado muy especial a los entes de control, al señor procurador, a la Defensoría. Y hoy hago públicamente responsable de la vida de los señores alcaldes del departamento y del gobernador a la Unidad Nacional de Protección, porque hemos en muchas ocasiones solicitado el acompañamiento que nos garantice las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta alguna”, señaló el mandatario.El pronunciamiento se dio días después del atentado con dron que sufrió el alcalde de Calamar, Farid Castaño, hecho que reavivó las alertas sobre la situación de orden público en el Guaviare. Según Rojas, el riesgo para los mandatarios locales ha crecido por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona.“Venimos recibiendo amenazas desde el primer momento que asumimos el rol como alcaldes y nos pasó a todos los colegas del departamento y sé que a varios colegas del país. Desde el primer momento somos amenazados y somos objeto de riesgo y hoy lo que se ve es la materialización de estas amenazas”, manifestó Castaño.Los mandatarios locales hicieron un llamado al Gobierno nacional para que los eventuales acuerdos con los grupos armados se hagan de manera responsable y no mientras estas estructuras continúan delinquiendo en el territorio.
Se siguen sumando las voces a favor del Procurador General Gregorio Eljach, recientemente se conoció que la Corte Suprema de Justicia en medio del congreso anual de la Asociación Pro Obras de la Justicia, evento que tuvo lugar en Valledupar, la Corte en pleno respaldó al jefe del Ministerio Público por los señalamientos que ha hecho durante la última semana el jefe de la cartera de justicia producto de la indagación en su contra por presunta participación en política.Esto se suma a la constancia que fue firmada por varios senadores, en donde dejan constancia que rechazan de manera categórica las afirmaciones del ministro de Justicia, quien dijo que denunciaría al procurador Gregorio Eljach por prevaricato.En el documento, los congresistas califican las declaraciones del ministro como “calumniosas e injuriosas”, y aseguran que lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida y es que según la constancia, las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país y desconocen la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control independiente.Esa misiva fue firmada por al menos 30 congresistas, entre ellos, el presidente del Senado Lidio Garcia y senadores como Carlos Motoa y Julio Elias Chagüi, ahora, si bien el procurador no ha querido hacer un pronunciamiento oficial tras la arremetida del ministro Montealegre, en al menos dos ocasiones en donde se le ha preguntado por el tema ha respondido que su deber es concentrarse en las funciones que tiene como Procurador General de la Nación, pero sí dijo una frase que llamó mucho la atención: ”Colombia sabrá lo que hay detrás”, dijo Gregorio Eljach ante la pregunta sobre un choque con el Ministro de Justicia.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes publicó un comunicado en el que piden garantías de seguridad para la representante Catherine Juvinao, la senadora Paloma Valencia y el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, lo anterior, tras la información de las autoridades sobre un presunto plan para atentar contra ellos.“Frente a este panorama, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes exhorta a las autoridades competentes, bajo la dirección del Gobierno nacional, a adoptar de manera inmediata medidas efectivas, urgentes y articuladas que garanticen la seguridad de las personas mencionadas y de todos los actores políticos del país”, señala el comunicado de la Mesa Directiva de la Cámara.En el mismo sentido, señalaron que es alarmante el aumento de la violencia política, pero también mostraron su rechazo a los hechos violentos que se presentan en los territorios.“Un ejemplo grave fue el asesinato, hace pocos meses, de un Senador de la República, miembro de la oposición y precandidato presidencial, un hecho que conmocionó a la nación y sentó un peligroso precedente para la democracia. Este crimen se inscribe en un historial doloroso que ha cobrado la vida de grandes líderes nacionales y territoriales. La violencia, además, no se limita al ámbito central: en los territorios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes políticos siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados, lo que pone en riesgo la estabilidad institucional y el ejercicio legítimo de la política”, dice el comunicado.
La investigación por parte del Ministerio Público se da por el presunto incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira.Incluso el alto tribunal declaró el “bajo” el nivel de cumplimiento de la orden tercera de dicha sentencia, que exigía la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la crisis humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.Entre los nombres que resaltan en el auto de apertura de esta investigación de la Procuraduría están el del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual director de la UNGRD Carlos Carillo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y varios exfuncionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.Ahora, como el tema de las comunidades vulnerables en la Guajira no es nuevo, en esa investigación también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque como por ejemplo, el exministro de la Salud Fernando Ruiz, y es que la Procuraduría ve con preocupación que el presunto incumplimiento de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud, tres gobernadores de La Guajira y dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia.La Procuraduría señala que, el cumplimiento de esa sentencia sigue siendo de carácter obligatorio y que el Estado debe cumplir a cabalidad la sentencia.
Tras más de cinco años y medio al frente del cargo, Jorge Arturo Jiménez Pájaro dejó la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal, que ahora será liderado por Ariel Emilio Cortés Martínez, quien tomó posesión como director ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.Durante la ceremonia, el nuevo director manifestó su compromiso de fortalecer la capacidad institucional mediante la implementación de técnicas avanzadas de análisis y el uso de herramientas tecnológicas que optimicen el abordaje de los procesos de competencia del Instituto. “Seguiremos incorporando los avances científicos y tecnológicos más rigurosos consolidando la investigación forense como herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad y la garantía de los derechos constitucionales”, aseguró el nuevo director.En su discurso destacó la relevancia de continuar impulsando la formación académica de los funcionarios y equipos, un factor que consideró esencial para responder a las crecientes demandas de un entorno judicial “cada vez más complejo y dinámico”.El nuevo director es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con formación académica en administración pública, economía y salud pública. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos directivos en hospitales y entidades públicas, además de haber sido consultor del Ministerio de Salud, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial y la Dirección de Sanidad Policial.La fiscal general de la Nación resaltó la necesidad de dar respuestas oportunas a las víctimas: “Me alegra mucho escuchar las palabras del director que pone a las víctimas en el centro de las actividades del Instituto. Considero que ese es un muy buen punto de partida porque estamos y somos por y para ellas”.El saliente director en encargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, continuará en la entidad y se desempeñará como director de la Regional Bogotá.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la reunión que tendrá con el mandatario Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.Petro aseguró que la idea que él tiene de ese encuentro es no hablar de misiles ni de bombardeos a seres humanos.“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, dijo Petro.Las declaraciones de Petro se dieron en el departamento de Nariño, donde, según dijo, la directora del programa de sustitución de cultivos, PNIS, Gloria Miranda, se reunió con autoridades estadounidenses.“Aquí se reunieron ayer la compañera Gloria Miranda con los gringos y ellos no creen que seamos capaces de sustituir voluntariamente. Yo me he puesto a mirar los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca, a ver si lo que me decían es cierto o no y cómo me defiendo. Pero he aprendido a leer a través de esos cuadros y encuentro una tendencia, cada vez que imponen la palabra forzada hay más hoja de coca”, dijo Petro.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al informe trimestral sobre Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó duras críticas a la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.Las advertencias fueron hechas por Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tienen conversaciones productivas, pero insistió en que persisten preocupaciones por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos.“Estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, aseguró Locetta.La delegada estadounidense hizo énfasis en el incremento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos” afirmó.En su intervención, Locetta también se refirió de manera directa a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y cuestionó que algunas decisiones del gobierno colombiano, lejos de fortalecer la seguridad, podrían haber contribuido a un escenario contrario.“Pedimos a Colombia que priorice el hacer frente a la violencia y al terror que realizan estos grupos y que garantice la seguridad y la justicia para las víctimas. Condenamos a todos aquellos que socavan la paz y que realizan actividades terroristas”, agregó.La representante estadounidense recordó además que uno de los grupos armados ha sido designado por su país como organización terrorista extranjera, con el fin de restringir su acceso a recursos y financiación.Locetta también prendió las alarmas frente a la seguridad de las próximas elecciones, advirtiendo que los grupos armados ilegales no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil.Finalmente, la delegada estadounidense cerró su intervención haciendo un llamado a esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato del Senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana” concluyó.
La transición minero-energética en el norte de Colombia ha dado un paso definitivo hacia la digitalización y la justicia climática. Con la puesta en marcha del Hub Ambiental del Caribe, los territorios históricamente vinculados a la extracción de carbón ahora cuentan con herramientas de alta precisión para medir el impacto ambiental en sus comunidades. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo (BiOReD) y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca que la descarbonización del país no sea solo un cambio de matriz técnica, sino un proceso respaldado por datos científicos y participación popular.Tecnología AIoT para el monitoreo en tiempo realEl núcleo técnico de este proyecto es la implementación de la tecnología AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas). A través de una red de luminarias inteligentes y sensores estratégicamente ubicados, se capturan datos constantes sobre la calidad del aire, temperatura, humedad y niveles de ruido. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial para generar pronósticos ambientales semanales, permitiendo una gestión del riesgo mucho más eficiente."La transición no es solo tecnológica; debe ser profundamente social y territorial", afirmó John Alexander Taborda Giraldo, director del proyecto Hub Ambiental del Caribe. Según el directivo, el objetivo primordial es que la ciencia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de decisión pública para los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico (Cesar), Albania (La Guajira) y Algarrobo (Magdalena).Ciencia ciudadana y veeduría en el corredor mineroMás allá de los sensores, el proyecto establece las Escuelas de Ciencia Ciudadana. Este componente educativo busca que los habitantes de los municipios piloto no sean sujetos pasivos del monitoreo, sino veedores activos. Al democratizar el acceso a la información a través de una plataforma de datos abiertos, el Hub permite que la comunidad comprenda y utilice los indicadores para exigir el cumplimiento de normativas ambientales.El corredor minero del Caribe enfrenta actualmente diversos momentos del ciclo extractivo, desde la operación intensa hasta el cierre de minas. Por ello, el modelo desarrollado en estos tres departamentos se proyecta como un piloto replicable en otras regiones de Colombia que enfrentan desafíos similares.Con una hoja de ruta trazada hasta el año 2026, el Hub Ambiental del Caribe pretende consolidarse como un eje de consulta obligatoria para la política pública nacional. Al integrar universidades, autoridades ambientales y comunidades, la iniciativa busca subsanar deudas históricas relacionadas con la contaminación y la exclusión social derivadas del modelo extractivo tradicional.Los interesados en consultar los indicadores en tiempo real y conocer los avances de esta red de monitoreo pueden acceder al portal oficial de la iniciativa en hubambientaldelcaribe.co, donde se centraliza la evidencia técnica que guiará el futuro sostenible de la región.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.
Luego de que el ELN asegurara que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pronunció y confirmó que ya están realizando análisis forenses a muestras óseas para establecer si corresponderá Torres Restrepo.La entidad explicó que estas labores hacen parte del trabajo conjunto que se desarrolla con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), según Medicina Legal, las muestras óseas están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario, con el fin de obtener resultados concluyentes sobre su posible identidad.“Actualmente se están realizando análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, señaló Medicina Legal.La guerrilla del ELN hizo el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.
El comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, aseguró que gran parte de los resultados contra el narcotráfico logrados por Ecuador se sustentan en información de inteligencia compartida de manera permanente, esto en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos.La cooperación naval entre Colombia y Ecuador ha sido constante y silenciosa, pero decisiva. Así lo afirmó el almirante Juan Ricardo Rozo, al revelar que buena parte de los resultados antidrogas reportados por la Armada del Ecuador tienen origen en información de inteligencia producida por autoridades colombianas y compartida de forma directa para operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.Según explicó el alto oficial, existe una comunicación permanente entre las dos armadas, tanto a nivel de comandantes como de los equipos operativos y de inteligencia que trabajan en el seguimiento de rutas, embarcaciones y estructuras criminales ligadas al narcotráfico que operan en el Pacífico y en zonas fronterizas.“Gran parte de los resultados que da la Armada del Ecuador son con base a información de inteligencia que produce la inteligencia de la Armada colombiana, compartida con ellos para que juntos podamos avanzar contra el crimen organizado transnacional”, afirmó el almirante Rozo.El comandante de la Armada subrayó que esta coordinación no es esporádica, sino permanente, y que incluye intercambio de datos, análisis de amenazas y planeación de acciones operacionales contra redes criminales que no reconocen fronteras. “Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de operaciones están compartiendo información de manera continua”, señaló.Estas declaraciones se conocen días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del primero de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.Rozo insistió en que la colaboración ha sido real, técnica y efectiva, y que los resultados operacionales obtenidos por Ecuador en incautaciones y desarticulación de estructuras criminales son una muestra concreta del trabajo conjunto basado en inteligencia compartida.