La confirmación de que los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo se encuentran en Medicina Legal fue calificada como un hecho histórico para el país. Así lo aseguró en diálogo con Noticias de la Mañana el profesor Rodrigo Torrejano, investigador y especialista en memorias colectivas.Según explicó Torrejano, la aparición de los restos de Camilo Torres tiene un significado profundo al tratarse de una figura emblemática de la historia política, académica y social de Colombia, y porque su muerte estuvo rodeada durante décadas por la incertidumbre propia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado.Para el investigador, el hallazgo de los restos representa un avance en la construcción de verdad, al estar directamente ligado a hechos del conflicto armado y al accionar del Estado en una época marcada por la violencia política.“Permite que la ciudadanía y la comunidad universitaria se reencuentren alrededor de su figura y reflexionen sobre las implicaciones de la violencia, las resistencias y los impactos del conflicto”, señaló Torrejano.Más que el relato del “cura guerrillero”El profesor insistió en que la figura de Camilo Torres ha sido reducida durante años al relato del “cura guerrillero”, desconociendo su aporte académico y social. Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, profesor capellán y una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales en el país.Además, participó en procesos fundamentales como la creación de Juntas de Acción Comunal, impulsó debates sobre la reforma agraria desde el INCORA, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y promovió, junto a Orlando Fals Borda, una visión de la academia comprometida con la transformación social.¿Qué pasará con los restos de Camilo Torres?Torrejano explicó que existe la posibilidad de que los restos de Camilo Torres reposen en la Universidad Nacional, donde ya existen espacios de memoria dedicados a su figura. En la capilla Cristo Rey reposan actualmente los restos de Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, y desde los años 70 hay una urna simbólica dedicada a Camilo Torres.De acuerdo con su investigación, dentro del campus universitario existen al menos 14 lugares de memoria que recuerdan a Camilo Torres, lo que convertiría su eventual sepultura en la universidad en un espacio para el debate, la reflexión y la construcción de paz.“Sería una oportunidad para que la comunidad universitaria dialogue sobre la violencia y la necesidad de transformaciones sociales profundas, algo en lo que Camilo siempre insistió”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Total rechazo e indignación causó en el municipio de Algeciras, Huila, el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán, hallado con impactos de arma de fuego al interior del establo para el ganado, en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santuario de esa localidad.Según información suministrada de manera oficial, la víctima, quien ejercía su función como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en esa jurisdicción rural de Algeciras, salió de su casa a cumplir con sus labores de ordeño y horas después fue encontrado sin vida por sus familiares.El personero de Algeciras, Raúl Forero, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación por el asesinato del dirigente comunitario y por los recientes hechos de violencia que se han registrado en ese municipio del departamento.“Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo”, relató el personero municipal.Entre tanto, las autoridades del orden departamental adelantaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar y tomar acciones urgentes frente a estos hechos de violencia que han afectado no solo al municipio, sino también a otras regiones del Huila.De acuerdo con datos oficiales, en Algeciras, Huila, se contabilizan cuatro homicidios en lo que va del mes de enero de 2026, y el más reciente caso ocurrió en la vereda Las Morras, donde un firmante de paz fue atacado por hombres armados y permanece en estado grave en un centro asistencial de Neiva, mientras que su esposa murió en el lugar tras ser impactada por varios disparos. No obstante, en el Huila va un registro de 40 asesinatos este año, en diferentes circunstancias.A propósito, según información oficial, un hombre identificado como Luis Vargas Zapata fue ultimado con arma de fuego en jurisdicción del centro poblado de Pacarní, en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento.
En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero radicó un derecho de petición en el Dapre para indagar el tiempo que han durado las alocuciones del presidente Gustavo Petro.Tras la respuesta, Forero reveló que las alocuciones del actual presidente han durado más que las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe juntas.El expresidente Iván Duque registra el menor número de horas con un total de 2 horas y 45 minutos en 17 alocuciones que hizo durante su Gobierno.Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones en dos mandatos y se tomó un total de 16 horas con 21 minutos.El expresidente Álvaro Uribe, quien también tuvo dos Gobiernos, hizo 20 alocuciones con un total de 9 horas y 55 minutos.El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha hecho 61 alocuciones en tres años y medio de Gobierno y se ha tomado un total de 48 horas con 33 minutos.“Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, dijo el representante Forero.
El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está denunciando que se están presentando casos masivos de declaratoria de insubsistencia a auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá.Algo que estaría afectando, según la denuncia, el servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería.“Esta medida impacta la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”, señala el sindicato.Para Unidiplo la situación es aún más grave pues se presenta antes de las elecciones en el exterior, un momento en el que los consulados cumplen funciones esenciales gestionando documentación y garantizando que los connacionales puedan votar.“A la fecha el ministerio no ha informado un plan de contingencia claro, inmediato y viable, ni se ha explicado de manera transparente el criterio técnico que fundamentó esta decisión en esta coyuntura. Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, agrega el sindicato.Por último hacen algunas exigencias a la Cancillería, entre ellas está la explicación clara y pública sobre las razones que se tuvieron en cuenta para realizar las declaratorias de insubsistencia, la suspensión inmediata de nuevos casos, la presentación de un plan provisional de personal y la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen el mérito, la transparencia y la legalidad.Este es el comunicado completo de Unidiplo:
La Procuraduría General de la Nación informó que instalará una mesa de trabajo con gremios del sector eléctrico, empresas generadoras de energía y también comercializadoras, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto con el fin de examinar el contenido y alcance del decreto 044 de 2026.Es importante mencionar que este decreto hace parte de otros que han sido expedidos en el marco de la emergencia económica que dictó el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras no haber sido aprobada la reforma tributaria que pretendía recaudar 16.3 billones de pesos para tapar el hueco fiscal con el que cuenta el país.El decreto busca, entre otras cosas, generar una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de las empresas generadoras de energía antes de los impuestos del 2025. Asimismo, también obligan a los generadores a entregar el 12% de la energía en bolsa para distribuirla entre empresas intervenidas para liquidarse mensualmente.Según lo expuesto en el decreto, todo ese recaudo iría al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de sostener empresas eléctricas intervenidas, como el caso de la empresa Air-e, intervenida en septiembre del 2024.
Un juez penal especializado profirió sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) del ELN y otros cabecillas de esa guerrilla por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación ocurrido en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre los años 2016 y 2017. La decisión se adoptó tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.De acuerdo con el fallo, los hechos investigados afectaron tanto a comunicadores colombianos como a periodistas extranjeros, y obedecieron a una directriz impartida por la cúpula del grupo armado ilegal con el propósito de ejercer control territorial en el municipio de El Tarra y zonas aledañas, así como restringir el ejercicio profesional de informar en una región estratégica para el ELN.Entre las víctimas se encuentra la periodista Salud Hernández Mora, secuestrada el 21 de mayo de 2016 mientras realizaba labores periodísticas en el Catatumbo. Dos días después, el 23 de mayo de 2016, fueron secuestrados el periodista Diego Alonso D’Pablos Aranda, su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera. Ese mismo día, también fueron retenidos Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero.A estos casos se sumó el secuestro de los periodistas de Países Bajos Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, ocurrido el 17 de junio de 2017, también en el Catatumbo, cuando adelantaban un trabajo periodístico en la zona.La investigación fue dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien logró demostrar que las retenciones, así como otros actos de violencia e intimidación, respondieron a una política definida por los máximos jefes del ELN para imponer censura armada, limitar la presencia de la prensa y enviar un mensaje de control a la población y a los medios de comunicación.Con base en ese acervo probatorio, el juez declaró responsables por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas las conductas agravadas, a los integrantes del Coce Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito'.Asimismo, fueron hallados responsables los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar, quienes habrían tenido participación directa en la ejecución de las órdenes en terreno.
El Estadio Nemesio Camacho El Campín se posicionó como el segundo escenario con mayor venta de boletas para conciertos en Sudamérica durante 2025, según el más reciente ranking de Pollstar. El resultado ratifica el papel de Bogotá como una de las plazas estratégicas para los grandes espectáculos internacionales y consolida al estadio como un referente regional en la música en vivo.De acuerdo con el informe, El Campín vendió 329.015 entradas y generó ingresos por USD 35,4 millones en taquilla a lo largo del año, cifras que lo ubicaron solo por debajo del Allianz Parque de São Paulo y por encima del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Este desempeño se dio en un contexto de alta demanda por eventos de gran formato y refleja el crecimiento sostenido del mercado colombiano del entretenimiento.Durante 2025, el escenario bogotano fue sede de 19 conciertos masivos que reunieron a más de 720.000 asistentes y cerca de 140 artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que pasaron por el estadio figuran Shakira, Dua Lipa, Andrea Bocelli, J Balvin, System of a Down, Silvestre Dangond y Maluma, presentaciones que no solo convocaron audiencias multitudinarias, sino que también generaron un impacto económico relevante para la ciudad.El ranking de Pollstar también destaca la presencia de otros escenarios colombianos entre los más relevantes del continente, como el Vive Claro de Bogotá, el Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Barranquilla, lo que refuerza la posición del país como uno de los mercados más dinámicos de la región.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la reunión que tendrá con el mandatario Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.Petro aseguró que la idea que él tiene de ese encuentro es no hablar de misiles ni de bombardeos a seres humanos.“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, dijo Petro.Las declaraciones de Petro se dieron en el departamento de Nariño, donde, según dijo, la directora del programa de sustitución de cultivos, PNIS, Gloria Miranda, se reunió con autoridades estadounidenses.“Aquí se reunieron ayer la compañera Gloria Miranda con los gringos y ellos no creen que seamos capaces de sustituir voluntariamente. Yo me he puesto a mirar los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca, a ver si lo que me decían es cierto o no y cómo me defiendo. Pero he aprendido a leer a través de esos cuadros y encuentro una tendencia, cada vez que imponen la palabra forzada hay más hoja de coca”, dijo Petro.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al informe trimestral sobre Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó duras críticas a la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.Las advertencias fueron hechas por Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tienen conversaciones productivas, pero insistió en que persisten preocupaciones por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos.“Estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, aseguró Locetta.La delegada estadounidense hizo énfasis en el incremento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos” afirmó.En su intervención, Locetta también se refirió de manera directa a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y cuestionó que algunas decisiones del gobierno colombiano, lejos de fortalecer la seguridad, podrían haber contribuido a un escenario contrario.“Pedimos a Colombia que priorice el hacer frente a la violencia y al terror que realizan estos grupos y que garantice la seguridad y la justicia para las víctimas. Condenamos a todos aquellos que socavan la paz y que realizan actividades terroristas”, agregó.La representante estadounidense recordó además que uno de los grupos armados ha sido designado por su país como organización terrorista extranjera, con el fin de restringir su acceso a recursos y financiación.Locetta también prendió las alarmas frente a la seguridad de las próximas elecciones, advirtiendo que los grupos armados ilegales no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil.Finalmente, la delegada estadounidense cerró su intervención haciendo un llamado a esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato del Senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana” concluyó.
La transición minero-energética en el norte de Colombia ha dado un paso definitivo hacia la digitalización y la justicia climática. Con la puesta en marcha del Hub Ambiental del Caribe, los territorios históricamente vinculados a la extracción de carbón ahora cuentan con herramientas de alta precisión para medir el impacto ambiental en sus comunidades. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo (BiOReD) y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca que la descarbonización del país no sea solo un cambio de matriz técnica, sino un proceso respaldado por datos científicos y participación popular.Tecnología AIoT para el monitoreo en tiempo realEl núcleo técnico de este proyecto es la implementación de la tecnología AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas). A través de una red de luminarias inteligentes y sensores estratégicamente ubicados, se capturan datos constantes sobre la calidad del aire, temperatura, humedad y niveles de ruido. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial para generar pronósticos ambientales semanales, permitiendo una gestión del riesgo mucho más eficiente."La transición no es solo tecnológica; debe ser profundamente social y territorial", afirmó John Alexander Taborda Giraldo, director del proyecto Hub Ambiental del Caribe. Según el directivo, el objetivo primordial es que la ciencia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de decisión pública para los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico (Cesar), Albania (La Guajira) y Algarrobo (Magdalena).Ciencia ciudadana y veeduría en el corredor mineroMás allá de los sensores, el proyecto establece las Escuelas de Ciencia Ciudadana. Este componente educativo busca que los habitantes de los municipios piloto no sean sujetos pasivos del monitoreo, sino veedores activos. Al democratizar el acceso a la información a través de una plataforma de datos abiertos, el Hub permite que la comunidad comprenda y utilice los indicadores para exigir el cumplimiento de normativas ambientales.El corredor minero del Caribe enfrenta actualmente diversos momentos del ciclo extractivo, desde la operación intensa hasta el cierre de minas. Por ello, el modelo desarrollado en estos tres departamentos se proyecta como un piloto replicable en otras regiones de Colombia que enfrentan desafíos similares.Con una hoja de ruta trazada hasta el año 2026, el Hub Ambiental del Caribe pretende consolidarse como un eje de consulta obligatoria para la política pública nacional. Al integrar universidades, autoridades ambientales y comunidades, la iniciativa busca subsanar deudas históricas relacionadas con la contaminación y la exclusión social derivadas del modelo extractivo tradicional.Los interesados en consultar los indicadores en tiempo real y conocer los avances de esta red de monitoreo pueden acceder al portal oficial de la iniciativa en hubambientaldelcaribe.co, donde se centraliza la evidencia técnica que guiará el futuro sostenible de la región.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.
Luego de que el ELN asegurara que tiene conocimiento de que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres habría sido encontrado y “verificada su identidad”, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pronunció y confirmó que ya están realizando análisis forenses a muestras óseas para establecer si corresponderá Torres Restrepo.La entidad explicó que estas labores hacen parte del trabajo conjunto que se desarrolla con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), según Medicina Legal, las muestras óseas están siendo examinadas mediante un abordaje técnico y científico de carácter interdisciplinario, con el fin de obtener resultados concluyentes sobre su posible identidad.“Actualmente se están realizando análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, señaló Medicina Legal.La guerrilla del ELN hizo el anuncio a través de un comunicado en el que aseguran: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.Camilo Torres y el ELNEl sacerdote murió en 1966 en Patio Cemento, Santander, durante el primer combate en el que participó como miembro del ELN contra el Ejército colombiano.Su cadáver fue enterrado en un lugar que nunca se desveló y desde entonces se ha convertido en uno de los íconos de esa guerrilla y de los movimientos izquierdistas en América Latina a raíz de que el cantautor chileno Víctor Jara le dedicó una canción.
El comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, aseguró que gran parte de los resultados contra el narcotráfico logrados por Ecuador se sustentan en información de inteligencia compartida de manera permanente, esto en medio del anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos.La cooperación naval entre Colombia y Ecuador ha sido constante y silenciosa, pero decisiva. Así lo afirmó el almirante Juan Ricardo Rozo, al revelar que buena parte de los resultados antidrogas reportados por la Armada del Ecuador tienen origen en información de inteligencia producida por autoridades colombianas y compartida de forma directa para operaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.Según explicó el alto oficial, existe una comunicación permanente entre las dos armadas, tanto a nivel de comandantes como de los equipos operativos y de inteligencia que trabajan en el seguimiento de rutas, embarcaciones y estructuras criminales ligadas al narcotráfico que operan en el Pacífico y en zonas fronterizas.“Gran parte de los resultados que da la Armada del Ecuador son con base a información de inteligencia que produce la inteligencia de la Armada colombiana, compartida con ellos para que juntos podamos avanzar contra el crimen organizado transnacional”, afirmó el almirante Rozo.El comandante de la Armada subrayó que esta coordinación no es esporádica, sino permanente, y que incluye intercambio de datos, análisis de amenazas y planeación de acciones operacionales contra redes criminales que no reconocen fronteras. “Nuestros hombres y mujeres de inteligencia y de operaciones están compartiendo información de manera continua”, señaló.Estas declaraciones se conocen días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a partir del primero de febrero, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.Rozo insistió en que la colaboración ha sido real, técnica y efectiva, y que los resultados operacionales obtenidos por Ecuador en incautaciones y desarticulación de estructuras criminales son una muestra concreta del trabajo conjunto basado en inteligencia compartida.
Pablo Bustos, abogado y en representación de la Red de Veedurías, le está pidiendo al Consejo de Estado a través de una demanda que declare la pérdida de investidura de 9 congresistas por su presunta vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).La demanda fue interpuesta en contra de los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como de los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.Según Pablo Bustos, los congresistas habrían incurrido en las causales de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.Otro de los argumentos es que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público.Los hechos se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país.El documento también advierte que varios de los congresistas ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y que algunos de estos procesos se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos con exfuncionarios del Gobierno.El alto tribunal deberá determinar si admite o no para su estudio esta demanda que busca la “muerte política” de los parlamentarios.
El narcotráfico aprendió hace años que el casco de un buque mercante es un escondite ideal. Lejos de las bodegas, de la tripulación y de los controles rutinarios, las organizaciones criminales comenzaron a usar el mar como aliado con cargas adheridas bajo el agua, ocultas en compartimentos técnicos o simuladas como parte de la estructura del barco. Son los “parásitos”, contaminaciones subacuáticas que viajan pegadas al buque sin dejar rastro visible desde la superficie.Uno de los métodos más frecuentes es la contaminación de las cajas de mar, compartimentos por donde ingresa el agua que alimenta los sistemas de refrigeración del motor, generadores y aires acondicionados.Allí, entre rejillas y tornillos, los criminales introducen tulas, cilindros y hasta cajas metálicas imantadas. También fijan cargamentos a las quillas de balance, estructuras metálicas delgadas que reducen el balanceo del buque, o a la parte plana del casco, utilizando imanes de neodimio, capaces de sostener grandes pesos sin moverse incluso en navegación oceánica.Otras modalidades incluyen la simulación de tuberías, compartimentos alterados en la pala del timón o cargas ocultas en zonas técnicas poco visibles. Los métodos evolucionan constantemente, obligando a las autoridades a perfeccionar sus capacidades de detección.En ese escenario entra en acción uno de los componentes más especializados de la Armada de Colombia, los buzos de inspección subacuática de la nueva Estación de Buceo y Salvamento, en Santa Marta, la cuarta en el país.La guerra contra el narcotráfico subacuático comienza en cubierta, antes del primer descenso. Los buzos realizan un chequeo exhaustivo de superficie, verifican que todo el equipo esté correctamente conectado, que los clips y cerrajes estén asegurados, que el regulador funcione sin fallas y que no existan fugas en las mangueras. Cualquier anomalía puede convertirse en una emergencia en el fondo. Solo cuando todo está confirmado, el buzo ingresa al agua.Antes de sumergirse por completo, se dirige al nombre del buque, visible en la proa o en la popa, y realiza un primer registro visual que deja constancia de la inspección. En superficie, el equipo de apoyo asume el control del tiempo, toman la hora exacta de ingreso y cronometran cada minuto de inmersión. Desde ese momento, el buzo queda bajo supervisión permanente.La inspección se realiza siguiendo un patrón definido. El recorrido puede hacerse de proa a popa o de popa hacia proa, dependiendo del plan. El objetivo es revisar la totalidad del casco, pero con énfasis en los puntos históricamente usados por el narcotráfico. La pala del timón, la hélice, el eje, las rejillas de las cajas de mar, las quillas de balance y el plano del buque son examinados centímetro a centímetro.En muchos casos, la droga no se ve de inmediato. El hallazgo comienza con señales casi imperceptibles: un tornillo rayado, una cabeza fuera de su posición original, pintura reciente sin vida marina, óxido distinto al resto del casco. La ausencia de verdín o sedimento marino delata una manipulación reciente. Una rejilla que ya no es equidistante, una marca de palanca o una pieza que no corresponde al diseño original despiertan la alerta.La experiencia del buzo es clave. Con entrenamiento constante, aprenden a “leer” el casco del buque y a detectar cuándo algo no encaja. No buscan solo droga: buscan indicios. A partir de una mínima alteración, se puede descubrir una tula completa adherida con imanes o un compartimento contaminado. Cada inspección es un ejercicio de observación extrema y memoria técnica.El recorrido completo puede tardar entre 30 y 50 minutos, dependiendo del tamaño del buque. Al finalizar, el buzo regresa a superficie y se consolidan los hallazgos. Si se detecta una contaminación, se activa una cadena de procedimientos e investigaciones.Aunque la Armada no define responsabilidades penales, su labor técnica es fundamental para que otras autoridades evalúen la participación del capitán, la tripulación o incluso del puerto donde pudo haberse producido la contaminación.Así, mientras el narcotráfico perfecciona sus métodos bajo el agua, los buzos de la Armada de Colombia afinan su capacidad para detectarlos. Es una guerra silenciosa, librada a varios metros de profundidad, donde una raya en un tornillo puede marcar la diferencia entre un cargamento que cruza el océano y otro que queda al descubierto en el fondo del mar.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno nacional la adopción inmediata de medidas de protección para el sector arrocero, ante las afectaciones que están generando las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador.En una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio manifestó su preocupación por el ingreso de arroz, tanto por vías legales como ilegales, situación que está perjudicando directamente a los productores colombianos.El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, plantea dos solicitudes principales. La primera es que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial que adopte el Gobierno colombiano frente a recientes decisiones del Ejecutivo ecuatoriano.La segunda propuesta es el establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz, con el objetivo de fortalecer los controles y evitar el ingreso de importaciones informales por la frontera terrestre. De acuerdo con Fedearroz, este tipo de prácticas no solo evade los registros oficiales, sino que también representa riesgos sanitarios y facilita fenómenos como el contrabando y el lavado de activos.