La confirmación de que los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo se encuentran en Medicina Legal fue calificada como un hecho histórico para el país. Así lo aseguró en diálogo con Noticias de la Mañana el profesor Rodrigo Torrejano, investigador y especialista en memorias colectivas.Según explicó Torrejano, la aparición de los restos de Camilo Torres tiene un significado profundo al tratarse de una figura emblemática de la historia política, académica y social de Colombia, y porque su muerte estuvo rodeada durante décadas por la incertidumbre propia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado.Para el investigador, el hallazgo de los restos representa un avance en la construcción de verdad, al estar directamente ligado a hechos del conflicto armado y al accionar del Estado en una época marcada por la violencia política.“Permite que la ciudadanía y la comunidad universitaria se reencuentren alrededor de su figura y reflexionen sobre las implicaciones de la violencia, las resistencias y los impactos del conflicto”, señaló Torrejano.Más que el relato del “cura guerrillero”El profesor insistió en que la figura de Camilo Torres ha sido reducida durante años al relato del “cura guerrillero”, desconociendo su aporte académico y social. Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, profesor capellán y una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales en el país.Además, participó en procesos fundamentales como la creación de Juntas de Acción Comunal, impulsó debates sobre la reforma agraria desde el INCORA, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y promovió, junto a Orlando Fals Borda, una visión de la academia comprometida con la transformación social.¿Qué pasará con los restos de Camilo Torres?Torrejano explicó que existe la posibilidad de que los restos de Camilo Torres reposen en la Universidad Nacional, donde ya existen espacios de memoria dedicados a su figura. En la capilla Cristo Rey reposan actualmente los restos de Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, y desde los años 70 hay una urna simbólica dedicada a Camilo Torres.De acuerdo con su investigación, dentro del campus universitario existen al menos 14 lugares de memoria que recuerdan a Camilo Torres, lo que convertiría su eventual sepultura en la universidad en un espacio para el debate, la reflexión y la construcción de paz.“Sería una oportunidad para que la comunidad universitaria dialogue sobre la violencia y la necesidad de transformaciones sociales profundas, algo en lo que Camilo siempre insistió”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Total rechazo e indignación causó en el municipio de Algeciras, Huila, el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán, hallado con impactos de arma de fuego al interior del establo para el ganado, en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santuario de esa localidad.Según información suministrada de manera oficial, la víctima, quien ejercía su función como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en esa jurisdicción rural de Algeciras, salió de su casa a cumplir con sus labores de ordeño y horas después fue encontrado sin vida por sus familiares.El personero de Algeciras, Raúl Forero, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación por el asesinato del dirigente comunitario y por los recientes hechos de violencia que se han registrado en ese municipio del departamento.“Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo”, relató el personero municipal.Entre tanto, las autoridades del orden departamental adelantaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar y tomar acciones urgentes frente a estos hechos de violencia que han afectado no solo al municipio, sino también a otras regiones del Huila.De acuerdo con datos oficiales, en Algeciras, Huila, se contabilizan cuatro homicidios en lo que va del mes de enero de 2026, y el más reciente caso ocurrió en la vereda Las Morras, donde un firmante de paz fue atacado por hombres armados y permanece en estado grave en un centro asistencial de Neiva, mientras que su esposa murió en el lugar tras ser impactada por varios disparos. No obstante, en el Huila va un registro de 40 asesinatos este año, en diferentes circunstancias.A propósito, según información oficial, un hombre identificado como Luis Vargas Zapata fue ultimado con arma de fuego en jurisdicción del centro poblado de Pacarní, en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento.
En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero radicó un derecho de petición en el Dapre para indagar el tiempo que han durado las alocuciones del presidente Gustavo Petro.Tras la respuesta, Forero reveló que las alocuciones del actual presidente han durado más que las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe juntas.El expresidente Iván Duque registra el menor número de horas con un total de 2 horas y 45 minutos en 17 alocuciones que hizo durante su Gobierno.Juan Manuel Santos hizo 91 alocuciones en dos mandatos y se tomó un total de 16 horas con 21 minutos.El expresidente Álvaro Uribe, quien también tuvo dos Gobiernos, hizo 20 alocuciones con un total de 9 horas y 55 minutos.El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha hecho 61 alocuciones en tres años y medio de Gobierno y se ha tomado un total de 48 horas con 33 minutos.“Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos. ¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, dijo el representante Forero.
El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está denunciando que se están presentando casos masivos de declaratoria de insubsistencia a auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá.Algo que estaría afectando, según la denuncia, el servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería.“Esta medida impacta la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”, señala el sindicato.Para Unidiplo la situación es aún más grave pues se presenta antes de las elecciones en el exterior, un momento en el que los consulados cumplen funciones esenciales gestionando documentación y garantizando que los connacionales puedan votar.“A la fecha el ministerio no ha informado un plan de contingencia claro, inmediato y viable, ni se ha explicado de manera transparente el criterio técnico que fundamentó esta decisión en esta coyuntura. Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, agrega el sindicato.Por último hacen algunas exigencias a la Cancillería, entre ellas está la explicación clara y pública sobre las razones que se tuvieron en cuenta para realizar las declaratorias de insubsistencia, la suspensión inmediata de nuevos casos, la presentación de un plan provisional de personal y la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen el mérito, la transparencia y la legalidad.Este es el comunicado completo de Unidiplo:
Un juez penal especializado profirió sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) del ELN y otros cabecillas de esa guerrilla por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación ocurrido en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, entre los años 2016 y 2017. La decisión se adoptó tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.De acuerdo con el fallo, los hechos investigados afectaron tanto a comunicadores colombianos como a periodistas extranjeros, y obedecieron a una directriz impartida por la cúpula del grupo armado ilegal con el propósito de ejercer control territorial en el municipio de El Tarra y zonas aledañas, así como restringir el ejercicio profesional de informar en una región estratégica para el ELN.Entre las víctimas se encuentra la periodista Salud Hernández Mora, secuestrada el 21 de mayo de 2016 mientras realizaba labores periodísticas en el Catatumbo. Dos días después, el 23 de mayo de 2016, fueron secuestrados el periodista Diego Alonso D’Pablos Aranda, su camarógrafo Carlos Alberto Melo Calderón y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera. Ese mismo día, también fueron retenidos Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero.A estos casos se sumó el secuestro de los periodistas de Países Bajos Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, ocurrido el 17 de junio de 2017, también en el Catatumbo, cuando adelantaban un trabajo periodístico en la zona.La investigación fue dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien logró demostrar que las retenciones, así como otros actos de violencia e intimidación, respondieron a una política definida por los máximos jefes del ELN para imponer censura armada, limitar la presencia de la prensa y enviar un mensaje de control a la población y a los medios de comunicación.Con base en ese acervo probatorio, el juez declaró responsables por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo, todas las conductas agravadas, a los integrantes del Coce Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito'.Asimismo, fueron hallados responsables los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental Leinner José Franco Pérez, alias Marcos o Barbas, y José Yuli Ávila Fierro, alias Cuyo o Jaguar, quienes habrían tenido participación directa en la ejecución de las órdenes en terreno.
La Procuraduría General de la Nación informó que instalará una mesa de trabajo con gremios del sector eléctrico, empresas generadoras de energía y también comercializadoras, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda y con la Superintendencia de Servicios Públicos. Esto con el fin de examinar el contenido y alcance del decreto 044 de 2026.Es importante mencionar que este decreto hace parte de otros que han sido expedidos en el marco de la emergencia económica que dictó el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras no haber sido aprobada la reforma tributaria que pretendía recaudar 16.3 billones de pesos para tapar el hueco fiscal con el que cuenta el país.El decreto busca, entre otras cosas, generar una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad de las empresas generadoras de energía antes de los impuestos del 2025. Asimismo, también obligan a los generadores a entregar el 12% de la energía en bolsa para distribuirla entre empresas intervenidas para liquidarse mensualmente.Según lo expuesto en el decreto, todo ese recaudo iría al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de sostener empresas eléctricas intervenidas, como el caso de la empresa Air-e, intervenida en septiembre del 2024.
Colombia entrará en un intenso calendario democrático durante 2026, con elecciones al Congreso, consultas internas de partidos y dos vueltas presidenciales que definirán al próximo jefe de Estado. En medio de este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya activó el mecanismo para la designación de jurados de votación, una responsabilidad clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de las jornadas electorales.De acuerdo con la entidad, cerca de 850.000 ciudadanos serán llamados a cumplir este deber. La selección se realiza a partir de bases de datos suministradas por universidades, colegios, empresas privadas y organizaciones políticas, y se ejecuta mediante un software especializado que garantiza aleatoriedad, equilibrio y pluralidad. Desde el 21 de enero, los colombianos pueden comenzar a consultar si fueron elegidos.¿Cómo consultar si soy jurado de votación en 2026?La forma más rápida y segura de verificar si fue designado como jurado de votación es ingresar a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, y digitar su número de cédula en el módulo de consultas habilitado para este fin. También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la entidad en el país para solicitar la información de manera presencial.Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, el listado definitivo de jurados será publicado el 26 de febrero. En cuanto a las elecciones presidenciales, la Registraduría dará a conocer las listas el 21 de mayo, junto con el censo electoral actualizado, que incluye a quienes inscribieron su cédula recientemente. Además, los ciudadanos seleccionados recibirán notificación a través de correo electrónico.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?La normativa establece que pueden ser jurados los colombianos entre 18 y 60 años que hayan cursado como mínimo décimo grado de escolaridad. Esta labor es de obligatoria aceptación, por lo que la Registraduría insiste en la importancia de consultar oportunamente la asignación para evitar sanciones.Funciones principales de un jurado de votaciónEntre las tareas que deben cumplir los jurados durante la jornada electoral se encuentran:Verificar el documento de identidad de los votantes en el formulario E-10.Registrar los datos de cada sufragante en el formulario E-11.Entregar la tarjeta electoral y custodiar la urna.Diligenciar y entregar el certificado electoral cuando corresponda.Realizar el escrutinio de mesa y registrar los resultados.Entregar los pliegos electorales al delegado de la Registraduría.Estas funciones son fundamentales para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.¿Qué pasa si no se presenta como jurado?No cumplir con esta obligación puede acarrear consecuencias importantes. La Registraduría advierte que los servidores públicos que no asistan o abandonen su puesto podrían enfrentar destitución del cargo, mientras que los ciudadanos particulares podrían ser sancionados con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.
A través de su cuenta en X, el politólogo y consultor de la oposición venezolana Luis Peche Arteaga emitió un nuevo comunicado tras el atentado que sufrió junto al activista de derechos humanos y defensor de la comunidad LGBTIQ+, Yendri Velásquez, el pasado lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá.En su mensaje, Peche destacó que en Venezuela sigue siendo un riesgo pensar diferente al Gobierno, defender los derechos humanos o alzar la voz, incluso cuando se está fuera de las fronteras del país.No obstante, calificó como un milagro el hecho de estar con vida junto a su “hermano de vida”, Yendri Velásquez, y aseguró que ese milagro se lo deben a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. “La abrazamos con gratitud, así como abrazamos con profundo cariño todas las muestras de apoyo y preocupación que hemos recibido en estas horas tan difíciles”, expresó.El politólogo venezolano aprovechó su pronunciamiento para lanzar un llamado urgente: “Los activistas venezolanos necesitamos protección”, afirmó, al recordar que muchos se han visto obligados a buscar refugio en otros países para escapar de la persecución política. Sin embargo, advirtió que la represión ha cruzado fronteras, como lo demuestra el atentado que sufrieron él y Velásquez en la capital colombiana.“Afortunadamente estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones”, expresó Peche.El consultor político hizo un llamado a las autoridades colombianas para que adelanten una investigación rápida y transparente, y pidió que este crimen se convierta en una oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad de los venezolanos exiliados, quienes, según él, no pueden vivir en su país, pero, sin protección legal, tampoco pueden hacerlo en un país como Colombia.
Se abre un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el procurador General Gregorio Eljach, o más bien las acusaciones que lanzó el jefe de la cartera de justicia contra el procurador Eljach en días pasados.Blu Radio conoció una carta firmada por varios senadores en donde dejan constancia que rechazan de manera categórica las afirmaciones del ministro de Justicia quien dijo que denunciaría al procurador Gregorio Eljach por prevaricato todo esto por la indagación que abrió la Procuraduría por la presunta participación en política de Montealegre.En el documento, los congresistas califican las declaraciones del ministro como “calumniosas e injuriosas”, y aseguran que lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida.Según la constancia, las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país y desconocen la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control independiente.“Esta constancia constituye un llamado a la sensatez y al respeto entre las instituciones del Estado, y una invitación a reafirmar que la democracia se fortalece con argumentos, no con agravios; con diálogo, no con ataques personales; y con la defensa de la institucionalidad, no con su deslegitimación”, se lee en la misiva.Allí se ve la firma del presidente del Senado Lidio García y de senadores como Carlos Motoa y Julio Elías Chagüi, por ahora Gregorio Eljach no ha querido pronunciarse sobre este episodio que lo involucra a él con el ministro de Justicia.
En un encuentro estratégico entre los procuradores y los comandantes de Policía de todo el país, las autoridades consolidaron una hoja de ruta para fortalecer la vigilancia institucional de cara a las próximas elecciones. El objetivo central del plan es mitigar riesgos y garantizar que los comicios en 2026 se desarrollen en condiciones de seguridad y transparencia.Como parte de este plan, se presentó un mapa de prevención electoral construido con la participación de 15 instituciones y basado en 36 variables que permiten identificar alertas tempranas. De acuerdo con este análisis, 104 municipios del país registran algún tipo de preocupación en materia de seguridad electoral.El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, explicó que la estrategia incluye esquemas de protección para candidatos y un grupo especializado de investigación criminal. “Para determinar que hay 104 municipios que tienen, de una u otra forma, alguna preocupación, estamos trabajando para mitigar las preocupaciones y los riesgos de cara a las elecciones que se aproximan”.El general agregó que “todo lo anterior incluye el esquema o los esquemas colectivos de los candidatos, los aspirantes a candidatos a partir de la Dirección de Protección, la investigación criminal cuando hay amenazas, y la conformación de un equipo especial contra delitos electorales, que lo integran 150 investigadores criminales preparados para investigar cualquier eventualidad que se presente en el marco de delitos electorales que se llegaran a presentar”.Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach destacó la articulación de la institucionalidad en todo el territorio nacional. “Sobre la estructura del trabajo, es sencilla. En Colombia hay procuradores regionales de instrucción y de juzgamiento en cada capital del departamento, pero se llaman procuradores regionales”, explicó.Eljach detalló que “en cada región hay procuradores provinciales, así como procuradurías provinciales de juzgamiento y de instrucción. Tenemos un equipo grande que llega a todo el territorio”. Además, enfatizó que este despliegue se refuerza con las personerías municipales y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.“Creemos que vamos a estar llegando primero con pedagogía, segundo con prevención y, al final, con cubrimiento total para vigilar. Ojalá podamos tener al menos una persona del Ministerio Público en cada puesto electoral —no en cada mesa, sino en cada puesto— para que allí se brinde tranquilidad. La Policía Nacional nos va a ayudar a garantizar esa tranquilidad con seguridad, y podamos entonces entregarle al país unos resultados obtenidos de forma legítima, con participación abundante, libre y transparente, en el momento adecuado y con votaciones a conciencia”, concluyó.Con este plan articulado, las autoridades buscan anticiparse a posibles escenarios de riesgo, proteger a los aspirantes y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Tras la negativa del Gobierno nacional a la propuesta del Tren de Aragua de ingresar al proceso de paz total, el abogado Gustavo Moreno, defensor de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, insistió en que el planteamiento de esta organización criminal no busca impunidad, sino un sometimiento a la justicia dentro del marco legal vigente.“Estas mesas no implican impunidad. Los silencios, por el contrario, sí favorecen la impunidad y nos alejan de la paz. Estas mesas de diálogo, incluso, implican escuchar las voces de las víctimas”señaló Moreno.El abogado aseguró que su defendido fue designado como vocero de la organización, con presencia transnacional, para solicitar la instalación de mesas de diálogo bajo la Ley 2272 de 2022 en el marco de la política de paz total.“Implican un sometimiento a la justicia de esta organización criminal y de sus máximos responsables y líderes. Por eso es importante que el Gobierno nacional y el Comisionado de Paz atiendan esta solicitud y escuchen a sus voceros”, agregó el abogado, quien reiteró que cerrar los espacios de diálogo dificulta el camino hacia la paz.La declaración de Moreno surge luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazara la solicitud del Tren de Aragua, advirtiendo que el Gobierno no permitirá que organizaciones criminales utilicen los procesos de paz para burlar la justicia o evadir extradiciones.Pese a la postura oficial, la defensa de ‘Larry Changa’ mantiene su llamado a que el Ejecutivo reconsidere la apertura de espacios de diálogo, en los que, según su versión, la organización estaría dispuesta a asumir responsabilidades penales, colaborar con la justicia y reconocer a las víctimas.
El Gobierno Nacional se está despachando contra XM en medio del estrés que supuso para el sistema el mantenimiento de la planta de importación de Cartagena e, incluso, está acusando a la compañía de no estar actuando con neutralidad en el sistema.XM es el cerebro del Sistema Interconectado Nacional y es la encargada de operar el sistema eléctrico del país. Los informes internos de XM llevaron, por ejemplo, a la decisión de priorizar el gas para las plantas térmicas y evitar un apagón durante el mantenimiento de la planta SPEC en Cartagena. Sin embargo, al Gobierno parecen molestarle esa clase de informes.“Nunca había visto tan activo a XM advirtiendo apagones, prendiendo alarmas, no lo hizo en los años anteriores, no lo hizo en los gobiernos anteriores, ahora aquí toda la semana nos sacan estudios. Insisto, al margen de eso hay personas, hay funcionarios, hay líderes allí que hacen un muy buen trabajo, que nos han acompañado, por ejemplo, durante todos estos cinco días, a ellos nuestro reconocimiento. Pero sin duda alguna, como lo dijo el presidente de Ecopetrol, cosa que secundo, pues pareciera también que hay intereses políticos de alimentar los discursos de la oposición”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.XM es una filial de ISA, que a su vez es propiedad mayoritariamente de Ecopetrol. Técnicamente pertenece al Gobierno, aunque hay acuerdos para mantener una autonomía técnica por su papel en el sistema eléctrico. En la petrolera tampoco están conformes con las alertas de XM.“Desde allá estamos percibiendo señales, especulando y haciendo anuncios que no producen una realidad, señor ministro. Nos toca hacer un gran esfuerzo con ISA para que, aun respetando ese marco de independencia y autonomía, se siga aportando como venía comportándose hasta hace unos años, como un actor independiente, neutral, frente a las situaciones de caos y crisis del mercado”, dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.Durante el mantenimiento, Ecopetrol ha afectado sus propios intereses para evitar cortes de suministro a otros usuarios de la industria.“Hemos estresado nuestros activos como nunca antes, reduciendo la producción, apagando unidades en nuestras refinerías para no consumir gas y haciendo esfuerzos importantes para abastecer de electricidad campos que en otros momentos se abastecían de gas para asegurar la producción. Entonces, todavía no podemos hacer el parte de victoria, pero seguimos trabajando con la expectativa, ministro, de que rápidamente resolvamos la situación”, agregó Roa.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la reunión que tendrá con el mandatario Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.Petro aseguró que la idea que él tiene de ese encuentro es no hablar de misiles ni de bombardeos a seres humanos.“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, dijo Petro.Las declaraciones de Petro se dieron en el departamento de Nariño, donde, según dijo, la directora del programa de sustitución de cultivos, PNIS, Gloria Miranda, se reunió con autoridades estadounidenses.“Aquí se reunieron ayer la compañera Gloria Miranda con los gringos y ellos no creen que seamos capaces de sustituir voluntariamente. Yo me he puesto a mirar los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca, a ver si lo que me decían es cierto o no y cómo me defiendo. Pero he aprendido a leer a través de esos cuadros y encuentro una tendencia, cada vez que imponen la palabra forzada hay más hoja de coca”, dijo Petro.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al informe trimestral sobre Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó duras críticas a la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.Las advertencias fueron hechas por Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tienen conversaciones productivas, pero insistió en que persisten preocupaciones por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos.“Estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, aseguró Locetta.La delegada estadounidense hizo énfasis en el incremento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos” afirmó.En su intervención, Locetta también se refirió de manera directa a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y cuestionó que algunas decisiones del gobierno colombiano, lejos de fortalecer la seguridad, podrían haber contribuido a un escenario contrario.“Pedimos a Colombia que priorice el hacer frente a la violencia y al terror que realizan estos grupos y que garantice la seguridad y la justicia para las víctimas. Condenamos a todos aquellos que socavan la paz y que realizan actividades terroristas”, agregó.La representante estadounidense recordó además que uno de los grupos armados ha sido designado por su país como organización terrorista extranjera, con el fin de restringir su acceso a recursos y financiación.Locetta también prendió las alarmas frente a la seguridad de las próximas elecciones, advirtiendo que los grupos armados ilegales no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil.Finalmente, la delegada estadounidense cerró su intervención haciendo un llamado a esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato del Senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana” concluyó.
La transición minero-energética en el norte de Colombia ha dado un paso definitivo hacia la digitalización y la justicia climática. Con la puesta en marcha del Hub Ambiental del Caribe, los territorios históricamente vinculados a la extracción de carbón ahora cuentan con herramientas de alta precisión para medir el impacto ambiental en sus comunidades. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo (BiOReD) y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca que la descarbonización del país no sea solo un cambio de matriz técnica, sino un proceso respaldado por datos científicos y participación popular.Tecnología AIoT para el monitoreo en tiempo realEl núcleo técnico de este proyecto es la implementación de la tecnología AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas). A través de una red de luminarias inteligentes y sensores estratégicamente ubicados, se capturan datos constantes sobre la calidad del aire, temperatura, humedad y niveles de ruido. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial para generar pronósticos ambientales semanales, permitiendo una gestión del riesgo mucho más eficiente."La transición no es solo tecnológica; debe ser profundamente social y territorial", afirmó John Alexander Taborda Giraldo, director del proyecto Hub Ambiental del Caribe. Según el directivo, el objetivo primordial es que la ciencia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de decisión pública para los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico (Cesar), Albania (La Guajira) y Algarrobo (Magdalena).Ciencia ciudadana y veeduría en el corredor mineroMás allá de los sensores, el proyecto establece las Escuelas de Ciencia Ciudadana. Este componente educativo busca que los habitantes de los municipios piloto no sean sujetos pasivos del monitoreo, sino veedores activos. Al democratizar el acceso a la información a través de una plataforma de datos abiertos, el Hub permite que la comunidad comprenda y utilice los indicadores para exigir el cumplimiento de normativas ambientales.El corredor minero del Caribe enfrenta actualmente diversos momentos del ciclo extractivo, desde la operación intensa hasta el cierre de minas. Por ello, el modelo desarrollado en estos tres departamentos se proyecta como un piloto replicable en otras regiones de Colombia que enfrentan desafíos similares.Con una hoja de ruta trazada hasta el año 2026, el Hub Ambiental del Caribe pretende consolidarse como un eje de consulta obligatoria para la política pública nacional. Al integrar universidades, autoridades ambientales y comunidades, la iniciativa busca subsanar deudas históricas relacionadas con la contaminación y la exclusión social derivadas del modelo extractivo tradicional.Los interesados en consultar los indicadores en tiempo real y conocer los avances de esta red de monitoreo pueden acceder al portal oficial de la iniciativa en hubambientaldelcaribe.co, donde se centraliza la evidencia técnica que guiará el futuro sostenible de la región.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.
La Autoridad Aeronáutica de Colombia avanza en una reforma al régimen de asignación de slots —los turnos de despegue y aterrizaje— en los principales aeropuertos del país, con énfasis en El Dorado de Bogotá. Así lo confirmó Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde explicó que el objetivo central es lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas sin afectar la seguridad ni la eficiencia operacional.“Existe la necesidad de generar una distribución más equitativa de los slots entre las diferentes aerolíneas”, afirmó Rivera, al señalar que El Dorado es un bien de uso público y, como tal, debe ser accesible para todos los usuarios: pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Según el funcionario, la reforma no pretende desconocer derechos adquiridos, sino corregir distorsiones históricas derivadas del crecimiento desigual del mercado.Actualmente, la distribución de slots en franjas clave evidencia una alta concentración. De acuerdo con cifras presentadas durante la entrevista, Avianca posee el 51 % de los slots totales y el 58 % de los llamados “slots prime”, que corresponden a los horarios más demandados entre las 5 y 8 de la mañana y entre las 5 y 8 de la tarde. Le siguen Latam con cerca del 19 % y JetSmart con apenas el 5 %.Rivera aclaró que esta concentración no responde a irregularidades, sino a la evolución natural del sector. “Algunas aerolíneas comenzaron primero en el país y obviamente tuvieron acceso primero a una mayor cantidad de slots”, explicó. Además, señaló que las compañías con flotas más grandes requieren más turnos de operación. Sin embargo, el problema surge cuando nuevas aerolíneas o empresas en expansión no encuentran espacios disponibles para crecer.“No pretendemos señalar a nadie en particular, nuestro propósito es dejar una distribución más plana a la cual tengan todos acceso, sin desconocer derechos que alguien haya adquirido previamente”, subrayó el secretario.En cuanto a los estándares internacionales, Rivera precisó que Colombia se rige por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son vinculantes para los Estados. En contraste, las recomendaciones de la IATA —organismo privado de aerolíneas— sirven como referencia, pero no son obligatorias. “No se trata sino de hacer algunos ajustes para permitir esta distribución más equitativa”, añadió.Sobre el proceso regulatorio, Rivera explicó que la Aerocivil ya realizó un estudio técnico y ahora trabaja en un proyecto de resolución que modificará los reglamentos aeronáuticos. Este borrador será publicado en la página web de la entidad y socializado con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. “Aquí no se trata de imponer unilateralmente; se trata de, con criterio eminentemente técnico, establecer estas medidas para lograr esta distribución”, afirmó.
Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión de la ONU en Colombia Miroslav Jenca, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones.“La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos, la expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del acuerdo final de paz, se debería mantener”, aseguró el jefe de la misión.Además alertó, que la persistente presencia de grupos armados ilegales en varios territorios sigue generando graves consecuencias humanitarias. Entre ellas, mencionó amenazas y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades enteras y un preocupante aumento en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estas estructuras armadas.Jenca advirtió que la situación de seguridad continúa siendo frágil. Recordó que desde la deposición de armas, al menos 487 excombatientes han sido asesinados, lo que calificó como un “ataque inaceptable contra la paz”.En el mismo escenario, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se refirió a la muerte de menores de edad durante el bombardeo ocurrido en el Guaviare en noviembre de 2025.“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas”, subrayó Jaramillo.