La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. En el documento, la entidad sostiene que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía en el documento.De acuerdo con el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo. La Fiscalía aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, además de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser considerado, en su momento, la mano derecha del presidente.El documento también señala que los dineros obtenidos de manera irregular habrían sido objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la acusación por lavado de activos. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas recolectadas permite inferir la participación activa del exfuncionario en los hechos investigados. En el escrito de acusación, el ente acusador relató uno a uno los hechos por los que será acusado González y en los que resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.La audiencia de acusación fue fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito de acusación.No obstante, el avance del caso se da en ausencia del acusado. Carlos Ramón González permanece actualmente en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su equipo de defensa, el exdirector del Dapre no tiene intención de regresar a Colombia, incluso en el escenario de una eventual condena.A pesar de esta situación, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia. La Corte Suprema seguirá adelante con el juicio mientras se definen los escenarios jurídicos relacionados con la permanencia del acusado en el exterior.
Los ataques contra la infraestructura eléctrica en Colombia continúan en aumento. El Ministerio de Minas y Energía denunció que, en los últimos días, se registraron dos nuevos atentados en el suroccidente del país, hechos que agravan la situación de seguridad energética y afectan el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.Según el ministerio, estos nuevos ataques coinciden con la suspensión de las exportaciones de energía hacia Ecuador, un panorama que ha generado presiones adicionales sobre la operación del sistema y ha encendido las alertas en el sector. El Ministerio recordó que desde diciembre de 2025 se vienen presentando ataques constantes a la infraestructura eléctrica, especialmente en el departamento del Cauca, una zona donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN.“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ratificando que las consecuencias de estos actos criminales están afectando directamente a la población y, además, ponen en riesgo derechos fundamentales.Ante este escenario, el Gobierno nacional reforzó la seguridad física y operativa del sistema eléctrico, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, especialmente en Cauca y Nariño, donde se concentran los ataques. A la par, avanzan los procesos de judicialización de los responsables, criminales que ponen en riesgo la continuidad del servicio y la estabilidad energética de toda la región.“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, afirmó el ministro de Minas y Energía.Finalmente, el ministerio reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección del acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura clave para el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades del suroccidente colombiano.
Dos comerciantes fueron secuestrados en la zona rural del municipio de San José de Albán, en el norte de Nariño, por hombres que los intimidaron con armas de fuego cuando Miguel Ibarra y su hermana Rosalina regresaban de la ciudad de Pasto.Cristina Cabrera, esposa de Miguel Ibarra, dijo a Blu Radio que el rapto de los dos hermanos se produjo pasadas las 9:30 de la noche del sábado 24 de enero, en el sector del puente del Quiña, zona rural del municipio de San José de Albán.La mujer asegura que un hombre de la tercera edad que acompañaba a los hermanos Ibarra fue liberado horas más tarde y fue quien dio aviso a la familia.Según la esposa del comerciante, él y su hermana viajaban en una camioneta y, de acuerdo con el relato del testigo, fueron obligados a bajar del automotor y posteriormente los subieron a otro carro que partió con rumbo desconocido en el norte del departamento.Manifestó la señora Cabrera que los dos hermanos, luego de ser amenazados con armas de fuego, fueron obligados a subir a un vehículo que partió por una carretera destapada que conduce al municipio de El Tablón de Gómez, en el norte de Nariño, pero hasta este momento nada se sabe de su suerte ni mucho menos del paradero de los dos hermanos Ibarra.Los familiares de inmediato dieron aviso al Gaula de la Policía Nacional, que dispuso de un vasto operativo para lograr rescatar a los dos comerciantes.“Ellos no tienen enemigos, son trabajadores que siempre han ayudado a la comunidad y no tenemos los recursos para pagar un rescate si eso es lo que van a pedir”, dijo otro de los allegados a Miguel Ibarra, quien prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato por temor a represalias.La angustia y el temor se apoderaron de los familiares de Miguel y Rosalina Ibarra, quienes pidieron a sus captores que les respeten la vida y los liberen inmediatamente sanos y salvos.
Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que, en lo que va corrido del año 2026, se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios del departamento.Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, lo que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.Brote activo en Chaparral y aumento de muertesEl rebrote más reciente se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, indicador clave de circulación del virus, y nuevos contagios en humanos.Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de aparente control.“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.Muertes registradas entre diciembre y eneroDe acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos:Un adulto de 79 años en ChaparralUna persona de 75 años en PradoUn hombre de 63 años en CundayEn enero de 2026, la cifra aumentó a cuatro muertes adicionales, entre ellas:Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en AtacoUna mujer de 32 años en CundayUn hombre de 29 años en CundayUn adulto de 58 años en IcononzoAutoridades insisten en la vacunaciónEl coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:HospitalesColegios y universidadesVeredas y zonas ruralesEmpresas privadasJornadas puerta a puertaPreocupante resistencia a la vacunaEn municipios como Icononzo, las autoridades reportan que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que la resistencia está ligada a:Desinformación en redes socialesMitos surgidos tras la pandemia del COVID-19Creencias religiosas y culturales“El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.Alerta regional y llamado urgenteLos municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y turistas que visitan la región.Pese a la emergencia, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.Antecedente preocupanteCabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con un total de 132 contagios y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Las autoridades de Barrancabermeja emitieron una alerta por la aparición de falsas ofertas de empleo que estarían siendo utilizadas para cometer extorsiones y presuntos secuestros, una modalidad que pone en riesgo a personas que buscan oportunidades laborales en el municipio.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, las víctimas son contactadas a través de llamadas telefónicas o mensajes, en los que se les ofrece trabajo y se les cita a supuestas entrevistas con empresas que aseguran estar ubicadas en corredores viales estratégicos, especialmente en la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga.Una vez las personas aceptan la oferta y se desplazan al punto indicado, son privadas de la libertad, y posteriormente sus familiares reciben llamadas extorsivas en las que se les exige dinero u otros beneficios a cambio de permitir su liberación, hechos que están siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó que esta situación ya es atendida de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, a través de unidades especializadas, con el fin de identificar a los responsables y evitar nuevos casos.“Estamos frente a una nueva modalidad de extorsión que utiliza supuestos procesos de selección laboral para engañar a las personas. Hemos activado comunicación directa con la Fiscalía y la Fuerza Pública para enfrentar esta situación”, explicó el funcionario.Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos para verificar la legalidad de las empresas antes de aceptar cualquier oferta de empleo, confirmar que estén debidamente constituidas y desconfiar de citaciones a lugares apartados o con información poco clara.Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión o situación sospechosa, a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de este delito en Barrancabermeja.
Tras casi un año de seguirle la pista al exdeportista olímpico, Ryan James Wedding, las autoridades internacionales lograron capturarlo en México por ser uno de las personas más buscadas en Estados Unidos por su relación con el tráfico de drogas en América Latina y, además, por ser el presunto responsable de un asesinato en Medellín.Wedding, o mejor conocido como Jesse King, tenía alianzas criminales en Colombia y por ello lo señalan de ser uno de los responsables del homicidio de Jonathan Acevedo García, un colombo-estadounidense que fue baleado en el Mall del Indio por ser un testigo clave del FBI en un proceso contra la red criminal que lideraba el exatleta olímpico.Hay que recordar que el hecho perpetrado en la capital de Antioquia ocurrió el 31 de enero de 2025 cuando Acevedo se encontraba departiendo en un establecimiento, se le acercó un hombre y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.La banda que encabeza Wedding y el asesinato cometido en Medellín provocaron que las autoridades internacionales pusieran sus ojos sobre el extranjero por quien se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares y fue tanto el cerco que el exdeportista viajó a México en donde fue capturado con dos colombianos, un uzbeko, un emiratí y otros extranjeros.Por su parte, hay que recordar que también está vigente una recompensa de 2 millones de dólares por tres hombres que serían responsables de asesinar a Acevedo en Medellín: uno de ellos siguió a la víctima, otro hizo el reconocimiento del lugar del ataque y el último fue quien perpetró el homicidio.Tras conocerse esta noticia tanto el director del FBI, Kash Patel, como la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebraron la captura de Wedding que estaba entre los 10 hombres más buscados en Norteamérica.
En Arauca, las autoridades lograron la captura de Brayan Esmit López, alias 'Guacho', integrante de las disidencias de las Farc, señalado de participar en el brutal asesinato de un líder comunal.Los hechos se registraron el 19 de mayo de 2024 en la zona rural del municipio de Tame. Según las investigaciones, alias 'Guacho' y varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de José Ricardo Calderón, líder comunitario y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes. Los delincuentes se movilizaban en dos camionetas, una gris y otra negra, y sin permiso sacaron a la fuerza al líder comunal de su hogar. Durante el traslado, le propinaron múltiples disparos que acabaron con su vida.El cuerpo del líder fue hallado aproximadamente una hora después por su esposa y otros familiares, en una carretera cercana, dejando conmocionada a toda la comunidad. Según las autoridades, el tesorero podría haber sido atacado por haber suministrado información sobre la presencia de este grupo armado ilegal en la región, una acción que habría desatado la represalia.Tras su captura, alias Guacho fue presentado ante un juez por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación. Se le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos agravados. Aunque no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.Este caso evidencia la amenaza que siguen representando las disidencias de las Farc en Arauca, un departamento que ha sido escenario de múltiples actos violentos en los últimos años. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso de proteger a los líderes comunitarios, garantizar la seguridad en las zonas rurales y desmantelar las estructuras criminales que afectan la convivencia y los derechos de los habitantes.
La Procuraduría pide a las entidades públicas el cumplimiento de la Ley de Garantías, esto en medio de la polémica por el decreto del Gobierno nacional que anuncia la creación de 1.141 nuevos empleos temporales en el Ministerio de Trabajo. El organismo de control recordó que la norma prohíbe contrataciones estatales durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales y legislativas, período que empezó a regir desde el 8 de noviembre por los comicios para Congreso.“Estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del período de aplicación de la Ley de Garantías, y la autonomía y discrecionalidad de los nominadores deben ejercerse conforme a la Constitución y la ley, sin afectar indebidamente la gestión del talento humano”, insistió la entidad.En este sentido, el ente de control solicitó a las entidades públicas, especialmente a los jefes de control interno, fortalecer las acciones de verificación y acompañamiento con el fin de evitar posibles sanciones que podrían desencadenar investigaciones y sanciones a la administración actual.Cabe resaltar que fuentes del Ministerio de Trabajo dijeron a Blu Radio que el objetivo es lograr el nombramiento de 300 a 500 personas antes del 31 de enero, cuando empieza a regir la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales. Sin embargo, la postura es polémica porque, de acuerdo con actores políticos, el Gobierno podría estar buscando “prebendas” ad portas de las elecciones, aunque la cartera insiste en que esta no es una decisión política.
Migración Colombia negó el ingreso al país a una mujer de nacionalidad costarricense que llegó a Colombia por medio del Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de San José, capital de Costa Rica, tras detectar que representaba una grave amenaza para la seguridad nacional y para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.De acuerdo con información de investigación e intercambio internacional, la mujer tiene dos procesos penales abiertos en Costa Rica por los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas. Además, registra antecedentes relacionados con el reclutamiento de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Las autoridades establecieron que realizaba constantes viajes internacionales con el objetivo de captar víctimas, no para explotarlas en su país de origen, sino en el exterior.Según explicó la subdirectora de Control Migratorio, Juliana Rodríguez, los análisis adelantados por oficiales de Migración Colombia permitieron concluir que su ingreso al país constituía una amenaza grave para la convivencia ciudadana y, especialmente, para la garantía de los derechos de la niñez.Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que la entidad mantiene una posición firme frente a la trata de personas y reiteró que Colombia no será plataforma, refugio ni tránsito de redes criminales que vulneren la dignidad humana.Finalmente, la mujer fue inadmitida por razones de soberanía y seguridad nacional y no logró ingresar al país. La entidad reiteró que no existe margen de tolerancia frente al uso de la migración para cometer delitos y ratificó su compromiso con la protección de la niñez, los derechos humanos y la seguridad nacional.
Las autoridades investigan el asesinato de una familia dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, norte del Tolima, ocurrido durante la noche del viernes 23 de enero de 2026, un hecho que llamó la atención por las circunstancias en las que dos menores no se encontraban en el lugar.Según información preliminar de las autoridades, varios hombres armados ingresaron de forma violenta a la casa ubicada en el barrio Resurgir durante la madrugada. Una vez dentro, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, quienes dormían en sus habitaciones. Cuando la Policía llegó al lugar tras el aviso de vecinos que escucharon los múltiples disparos, encontró a tres personas heridas. Aunque se intentó trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud de las heridas de bala sufridas. Las autoridades identificaron a los fallecidos como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; su esposa, Marta Zúñiga; y su hijo, Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años, todos integrantes de la misma familia. La Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, asumió la investigación del caso. Equipos especializados adelantaron labores de inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos con el objetivo de esclarecer los motivos y responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas implicadas ni la ruta de escape utilizada por los agresores, aunque se presume que contaron con apoyo externo para planear y ejecutar el ataque sin ser interceptados. Entre las hipótesis que se manejan se considera la posibilidad de que el crimen esté relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión aún no ha sido confirmada y se mantiene como parte de las líneas de investigación iniciales. Un dato clave que surgió durante las indagaciones es que dos menores de edad que también vivían en la vivienda no estaban presentes al momento del ataque, ya que se encontraban en otro lugar acompañados por compañeros de colegio, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.El caso motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda por parte de las autoridades en distintos sectores del municipio y zonas cercanas, con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.
En entrevista exclusiva con Blu Radio, el alcalde del municipio de Vistahermosa, Juan Andrés Gómez, confirmó que los combates presentados recientemente entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Calarcá, han dejado un saldo de dos muertos y tres desaparecidos. Estos enfrentamientos se vienen produciendo desde el día de ayer en la vereda Laurel, sector de La Cooperativa en zona rural de Vistahermosa.“Al parecer es por el control del territorio, por cultivos ilícitos, así que hoy estamos muy preocupados porque la comunidad está en medio de este conflicto, los campesinos”, afirmó el alcalde.Gómez también confirmó que, para protegerse de los ataques del Ejército, las disidencias están utilizando a la población civil como escudo humano. “Eso prácticamente se volvió una metodología que vienen utilizando las disidencias y es coger prácticamente a los campesinos en la mitad del conflicto. Los campesinos siempre son utilizados en la mitad del conflicto para que hagan presencia y presión para que las tropas no puedan hacer su trabajo, y no es posible que hoy tengamos que vivir esas situaciones”.El alcalde le solicitó al Gobierno Nacional ayuda para que estos combates donde se está afectando la población civil cesen, y también confirmó que la comunidad se encuentra encerrada en sus casas. “Por eso le pedimos en este caso al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, que nos ayude a que este conflicto cese en un municipio que tanto ha sufrido el conflicto como es Vistahermosa durante tantos años”.
En medio de la guerra arancelaria iniciada por Ecuador al imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta de X, que el Gobierno está abierto a reunirse con Ecuador, con la condición de analizar una política bilateral para el control de los puertos marítimos.“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, aseguró el mandatario.Petro afirmó que la prioridad de Colombia ha sido la seguridad en la frontera y en los puertos, y recordó que se han capturado varios líderes de grupos criminales ecuatorianos. El presidente indicó que el crecimiento de las rutas de la cocaína por los puertos genera un problema de contrabando que puede desencadenar un dilema aún peor en términos de transporte hacia Estados Unidos.En este sentido, Petro informó sobre la instalación de un radar ultramoderno de seguridad aérea en Ipiales, Nariño, para detectar rutas aéreas de contrabando. De acuerdo con el mandatario, en su reunión con la delegada del Gobierno ecuatoriano, durante la inauguración del Centro de Coordinación de Inteligencias en Manaos, Ecuador aceptó la política “antimafiosa” que él propuso.La condición del presidente se conoce luego de que Ecuador informara este viernes, 23 de enero, que no podrá asistir a la reunión planteada por Colombia por compromisos con una misión de seguridad extranjera.
La confirmación de que los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo se encuentran en Medicina Legal fue calificada como un hecho histórico para el país. Así lo aseguró en diálogo con Noticias de la Mañana el profesor Rodrigo Torrejano, investigador y especialista en memorias colectivas.Según explicó Torrejano, la aparición de los restos de Camilo Torres tiene un significado profundo al tratarse de una figura emblemática de la historia política, académica y social de Colombia, y porque su muerte estuvo rodeada durante décadas por la incertidumbre propia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado.Para el investigador, el hallazgo de los restos representa un avance en la construcción de verdad, al estar directamente ligado a hechos del conflicto armado y al accionar del Estado en una época marcada por la violencia política.“Permite que la ciudadanía y la comunidad universitaria se reencuentren alrededor de su figura y reflexionen sobre las implicaciones de la violencia, las resistencias y los impactos del conflicto”, señaló Torrejano.Más que el relato del “cura guerrillero”El profesor insistió en que la figura de Camilo Torres ha sido reducida durante años al relato del “cura guerrillero”, desconociendo su aporte académico y social. Torres fue uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, profesor capellán y una figura clave en el desarrollo de las ciencias sociales en el país.Además, participó en procesos fundamentales como la creación de Juntas de Acción Comunal, impulsó debates sobre la reforma agraria desde el INCORA, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y promovió, junto a Orlando Fals Borda, una visión de la academia comprometida con la transformación social.¿Qué pasará con los restos de Camilo Torres?Torrejano explicó que existe la posibilidad de que los restos de Camilo Torres reposen en la Universidad Nacional, donde ya existen espacios de memoria dedicados a su figura. En la capilla Cristo Rey reposan actualmente los restos de Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, y desde los años 70 hay una urna simbólica dedicada a Camilo Torres.De acuerdo con su investigación, dentro del campus universitario existen al menos 14 lugares de memoria que recuerdan a Camilo Torres, lo que convertiría su eventual sepultura en la universidad en un espacio para el debate, la reflexión y la construcción de paz.“Sería una oportunidad para que la comunidad universitaria dialogue sobre la violencia y la necesidad de transformaciones sociales profundas, algo en lo que Camilo siempre insistió”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
Total rechazo e indignación causó en el municipio de Algeciras, Huila, el asesinato del líder comunal Héctor Salazar Gaitán, hallado con impactos de arma de fuego al interior del establo para el ganado, en la finca de su propiedad ubicada en la vereda Santuario de esa localidad.Según información suministrada de manera oficial, la víctima, quien ejercía su función como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en esa jurisdicción rural de Algeciras, salió de su casa a cumplir con sus labores de ordeño y horas después fue encontrado sin vida por sus familiares.El personero de Algeciras, Raúl Forero, en diálogo con Blu Radio, expresó su preocupación por el asesinato del dirigente comunitario y por los recientes hechos de violencia que se han registrado en ese municipio del departamento.“Para la personería municipal es de gran preocupación estos hechos de violencia que han venido afectando la seguridad y la tranquilidad de los algecireños. No cabe más sino rechazar profundamente estos homicidios y, por supuesto, el hecho de sangre contra la humanidad del señor Héctor. Lo que nos han informado es que el señor salió a hacer sus labores de campo, que no regresó a desayunar a su casa; luego fueron a buscarlo y lo encontraron tendido en el suelo”, relató el personero municipal.Entre tanto, las autoridades del orden departamental adelantaron un consejo de seguridad en Algeciras para analizar y tomar acciones urgentes frente a estos hechos de violencia que han afectado no solo al municipio, sino también a otras regiones del Huila.De acuerdo con datos oficiales, en Algeciras, Huila, se contabilizan cuatro homicidios en lo que va del mes de enero de 2026, y el más reciente caso ocurrió en la vereda Las Morras, donde un firmante de paz fue atacado por hombres armados y permanece en estado grave en un centro asistencial de Neiva, mientras que su esposa murió en el lugar tras ser impactada por varios disparos. No obstante, en el Huila va un registro de 40 asesinatos este año, en diferentes circunstancias.A propósito, según información oficial, un hombre identificado como Luis Vargas Zapata fue ultimado con arma de fuego en jurisdicción del centro poblado de Pacarní, en zona rural del municipio de Tesalia, en el occidente del departamento.
En la noche de este viernes se reportaron fuertes combates entre el Ejército y disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ en zona rural de Vistahermosa, Meta. El reporte preliminar de la Fuerza de Tarea Omega habla de dos disidentes abatidos y varios heridos. Por esta situación, varias familias están confinadas en sus casas y la Fuerza Aérea traslada más tropas para reforzar la operación.Pero la crítica situación también se registra en el departamento del Guaviare. En medio de ráfagas de fusiles quedaron varias familias confinadas en zona rural de Calamar.En imágenes que circulan en grupos de WhatsApp de estos departamentos quedó registrado el momento en que una líder narra cómo quedó encerrada en su casa durante el intercambio de disparos. La situación afecta a menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.“Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, dice la mujer en un video.El Ejército confirmó que, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, llegan más tropas para controlar la situación.
Luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) manifestó su preocupación por las grandes diferencias en las reglas de financiación entre las consultas presidenciales realizadas el 26 de octubre de 2025 y las programadas para el 8 de marzo de 2026, respecto a los topes y el valor de la reposición de votos, el Consejo Nacional Electoral explicó los criterios técnicos con los que se definieron estos valores.Mediante un comunicado, el CNE explicó que para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 se adoptó una regulación especial mediante la Resolución 12111 de 2025, fijando el valor de reposición del voto en $8.287 y un tope de gastos de $18.555 millones, como resultado de tomar los costos de la campaña de 2022 y actualizándolos con base en el IPC certificado por el Dane.La entidad precisó que para las consultas realizadas en 2025 no se estableció una regulación específica para las consultas presidenciales, sino un régimen general aplicable a todas las consultas, razón por la cual el valor de reposición por voto a nivel nacional fue fijado en $2.555 y el tope máximo de gastos en $6.080 millones.No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que este tratamiento diferenciado genera una brecha sustancial entre procesos que persiguen la misma finalidad democrática: la escogencia de candidatos presidenciales. Según el anexo técnico presentado ante la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la diferencia entre ambos regímenes implica un incremento del 224 % en el valor de reposición por voto y de más del 200 % en los topes de gasto para las consultas de 2026 frente a las de 2025.La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido que obtienen, siempre y cuando hayan cumplido las reglas de gasto y reportado sus cuentas ante el CNE.En la práctica, la reposición de votos cumple dos objetivos clave: primero, realizar la financiación de la campaña de forma transparente y posterior a cumplir unos requisitos, y segundo, garantizar condiciones mínimas de competencia entre organizaciones políticas con distintas capacidades económicas.
Pese a las alertas por la situación económica y fiscal del país, el Gobierno nacional decidió ampliar la nómina estatal en el Ministerio de Trabajo, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por elecciones presidenciales, que prohíbe la contratación estatal y el gasto público a partir del 31 de enero de 2026 y hasta el 7 de agosto. A través del Decreto 052 del 22 de enero de 2026, el Gobierno autorizó la creación de una planta temporal de 1.141 nombramientos en esta cartera, una medida que ha generado cuestionamientos por su impacto sobre el gasto público.Según el decreto, los nuevos empleos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y se concentran principalmente en el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas laborales, en el marco de la implementación de la reforma laboral.“Ante la carga de trabajo que implica la implementación de la reforma laboral consagrada en la Ley 2466 de 2025, se hace necesaria la creación de una planta temporal encaminada al fortalecimiento de las funciones en materia de prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo”, se lee en el documento.Fuentes del Ministerio de Trabajo le confirmaron a Blu Radio que el Gobierno esperaba poder realizar 500 nombramientos, pero por el poco tiempo que hay estiman que al menos 300 cargos sean ocupados antes del 31 de enero, cuando entra en vigencia la Ley de Garantías, con el fin de ir fortaleciendo la planta laboral para vigilar la implementación de la reforma.De acuerdo con la información conocida por este medio, no se aclara si la implementación de este decreto tiene tinte político. Lo que sí está confirmado es que el dinero para este fin ya estaba contemplado dentro del presupuesto del Ministerio para 2026. Se espera que el próximo gobierno realice los nombramientos faltantes según lo que deje esta administración.Del total de cargos creados, 1.000 corresponden a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que 123 serán profesionales especializados y otros puestos adicionales de nivel universitario. No obstante, la provisión de los empleos será gradual y dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada por el Ministerio de Hacienda.El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Trabajo para implementar la reforma laboral y cumplir estándares internacionales, como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de contar con al menos un inspector por cada 10.000 trabajadores ocupados. Es decir que, teniendo en cuenta la última cifra de personas ocupadas anunciada por el DANE para el cierre de noviembre de 2025, se requieren 2.450 inspectores en el Ministerio de Trabajo para cumplir las recomendaciones de la OIT.Sin embargo, la medida se adopta en una coyuntura de emergencia económica, la caída de la reforma tributaria en el Congreso y un presupuesto de 2026 con un déficit superior a los 16 billones de pesos, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de disciplina fiscal y el crecimiento del empleo estatal.Por esto, figuras políticas criticaron la medida. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el decreto, asegurando que esto evidencia un crecimiento de la burocracia sin beneficios visibles en áreas como salud, educación o seguridad. En la misma línea, el exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas señaló que, lejos de aplicar recortes al gasto en un contexto de crisis fiscal, el Gobierno estaría inflando la nómina con miras al escenario electoral.Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que los 1.141 cargos se crean justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que “refuerza la percepción de una burocracia militante, marcada por la politiquería, en medio de una emergencia económica y un deterioro de las finanzas públicas”.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció que vuelve a ser candidato a la Presidencia. Así lo confirmó en una carta que envió a la Convención Nacional del Centro Democrático. Precisamente, Uribe Londoño cuestionó fuertemente a ese partido político, pues recordemos que lo expulsaron del proceso de selección de candidato presidencial."Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas", dijo Uribe Londoño.Uribe Londoño señaló que su hijo fue asesinado mientras defendía las ideas del Centro Democrático y que en el partido su magnicidio no tuvo trascendencia."Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar", se lee en la carta.Uribe Londoño había sido expulsadoEs importante recordar que Uribe Londoño fue expulsado del proceso de selección de candidato presidencial del Centro Democrático pues el abogado Abelardo de la Espriella dijo que Uribe Londoño le había dicho que iba a renunciar a su aspiración presidencial para adherirse a su campaña."Le entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. No voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombiano", agregó Uribe Londoño en la carta que envió a la Convención del Centro Democrático.Uribe Londoño aún no ha dicho qué partido va a avalar su candidatura, sin embargo, es importante recordar que el pasado mes de diciembre el partido Demócrata Colombiano le ofreció al aval."Hemos enviado misiva al doctor Miguel Uribe Londoño reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir", señaló en su momento el partido Demócrata Colombiano.
Un nuevo hecho relacionado con la presencia de artefactos explosivos se registró en la vereda Miramontes, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Un menor de 17 años de edad, identificado como Anderson Jesús Moreno, resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado, lo que le ocasionó la pérdida de parte de sus extremidades.Tras la explosión, fueron los propios habitantes del sector quienes auxiliaron al adolescente y lograron sacarlo del área afectada, marcada por el riesgo de nuevos artefactos. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.Luego del hecho, y gracias a información suministrada por la comunidad, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron alertadas sobre la posible presencia de más explosivos en la zona. Técnicos antiexplosivos se desplazaron hasta la vereda Miramontes y confirmaron la existencia de dos artefactos adicionales, que fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones a viviendas cercanas y a la población civil.Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia con explosivos en el Catatumbo. En zona rural del municipio de El Tarra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó una víctima mortal. Se trató de Yorfran Camilo Quintero, de 18 años, quien se encontraba en una finca de la vereda 20 de Julio. El joven vivía con su padre, Rubén Quintero Contreras, una persona en condición de discapacidad, a quien apoyaba en las labores del campo.Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades rurales para que informen de manera inmediata sobre la presencia de objetos sospechosos y eviten transitar por zonas no señalizadas, mientras continúan las operaciones de control y desminado en esta región del país.
La Fundación Universitaria San José informó que atendió los requerimientos de las autoridades competentes frente a hechos que han sido de conocimiento público y que fue la propia institución la que identificó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero.Según indicó la universidad, una vez detectadas las irregularidades, se procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos necesarios para sustentar el caso y solicitar su avance en el proceso de esclarecimiento.Sobre este proceso, Francisco Pareja, fundador de la Fundación Universitaria San José, señaló: “Hemos sido víctimas”, al referirse a las irregularidades detectadas en el caso de Juliana Guerrero.La institución explicó que estas actuaciones se realizaron en el marco de su responsabilidad institucional y de conformidad con los procedimientos legales vigentes, con el objetivo de que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes.La Fundación Universitaria San José reiteró que continuará colaborando con las entidades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas derivadas de este caso.
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la reunión que tendrá con el mandatario Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.Petro aseguró que la idea que él tiene de ese encuentro es no hablar de misiles ni de bombardeos a seres humanos.“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, dijo Petro.Las declaraciones de Petro se dieron en el departamento de Nariño, donde, según dijo, la directora del programa de sustitución de cultivos, PNIS, Gloria Miranda, se reunió con autoridades estadounidenses.“Aquí se reunieron ayer la compañera Gloria Miranda con los gringos y ellos no creen que seamos capaces de sustituir voluntariamente. Yo me he puesto a mirar los mapas satelitales de cultivos de hoja de coca, a ver si lo que me decían es cierto o no y cómo me defiendo. Pero he aprendido a leer a través de esos cuadros y encuentro una tendencia, cada vez que imponen la palabra forzada hay más hoja de coca”, dijo Petro.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al informe trimestral sobre Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó duras críticas a la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.Las advertencias fueron hechas por Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro y Donald Trump tienen conversaciones productivas, pero insistió en que persisten preocupaciones por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos.“Estamos preocupados por la falta de estabilidad, por la violencia, por el cultivo de estupefacientes y el tráfico de drogas. La administración Petro y el enfoque de la administración Petro con algunos grupos puede generar muchas preocupaciones y plantea también dudas sobre la impunidad para el terrorismo y otros crímenes graves”, aseguró Locetta.La delegada estadounidense hizo énfasis en el incremento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras armadas ilegales.“Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos” afirmó.En su intervención, Locetta también se refirió de manera directa a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, y cuestionó que algunas decisiones del gobierno colombiano, lejos de fortalecer la seguridad, podrían haber contribuido a un escenario contrario.“Pedimos a Colombia que priorice el hacer frente a la violencia y al terror que realizan estos grupos y que garantice la seguridad y la justicia para las víctimas. Condenamos a todos aquellos que socavan la paz y que realizan actividades terroristas”, agregó.La representante estadounidense recordó además que uno de los grupos armados ha sido designado por su país como organización terrorista extranjera, con el fin de restringir su acceso a recursos y financiación.Locetta también prendió las alarmas frente a la seguridad de las próximas elecciones, advirtiendo que los grupos armados ilegales no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil.Finalmente, la delegada estadounidense cerró su intervención haciendo un llamado a esclarecer y judicializar a los responsables del asesinato del Senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.“El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana” concluyó.
La transición minero-energética en el norte de Colombia ha dado un paso definitivo hacia la digitalización y la justicia climática. Con la puesta en marcha del Hub Ambiental del Caribe, los territorios históricamente vinculados a la extracción de carbón ahora cuentan con herramientas de alta precisión para medir el impacto ambiental en sus comunidades. Esta iniciativa, liderada por el Instituto Bioceánico en Desarrollo Regenerativo (BiOReD) y respaldada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca que la descarbonización del país no sea solo un cambio de matriz técnica, sino un proceso respaldado por datos científicos y participación popular.Tecnología AIoT para el monitoreo en tiempo realEl núcleo técnico de este proyecto es la implementación de la tecnología AIoT (Inteligencia Artificial de las Cosas). A través de una red de luminarias inteligentes y sensores estratégicamente ubicados, se capturan datos constantes sobre la calidad del aire, temperatura, humedad y niveles de ruido. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial para generar pronósticos ambientales semanales, permitiendo una gestión del riesgo mucho más eficiente."La transición no es solo tecnológica; debe ser profundamente social y territorial", afirmó John Alexander Taborda Giraldo, director del proyecto Hub Ambiental del Caribe. Según el directivo, el objetivo primordial es que la ciencia deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una herramienta de decisión pública para los habitantes de municipios como La Jagua de Ibirico (Cesar), Albania (La Guajira) y Algarrobo (Magdalena).Ciencia ciudadana y veeduría en el corredor mineroMás allá de los sensores, el proyecto establece las Escuelas de Ciencia Ciudadana. Este componente educativo busca que los habitantes de los municipios piloto no sean sujetos pasivos del monitoreo, sino veedores activos. Al democratizar el acceso a la información a través de una plataforma de datos abiertos, el Hub permite que la comunidad comprenda y utilice los indicadores para exigir el cumplimiento de normativas ambientales.El corredor minero del Caribe enfrenta actualmente diversos momentos del ciclo extractivo, desde la operación intensa hasta el cierre de minas. Por ello, el modelo desarrollado en estos tres departamentos se proyecta como un piloto replicable en otras regiones de Colombia que enfrentan desafíos similares.Con una hoja de ruta trazada hasta el año 2026, el Hub Ambiental del Caribe pretende consolidarse como un eje de consulta obligatoria para la política pública nacional. Al integrar universidades, autoridades ambientales y comunidades, la iniciativa busca subsanar deudas históricas relacionadas con la contaminación y la exclusión social derivadas del modelo extractivo tradicional.Los interesados en consultar los indicadores en tiempo real y conocer los avances de esta red de monitoreo pueden acceder al portal oficial de la iniciativa en hubambientaldelcaribe.co, donde se centraliza la evidencia técnica que guiará el futuro sostenible de la región.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.No obstante, la entidad aclaró que, por ahora, no existe confirmación plena sobre su identidad y que el proceso continúa en etapa de verificación técnico-científica.La UBPD recordó que la solicitud formal de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida en 2019 y que, desde entonces, se adelanta una investigación que ha tenido progresos significativos, especialmente en los últimos dos años.La entidad explicó que los avances alcanzados son el resultado de una investigación sustentada en la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos y testimonios, así como en la aplicación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.“Hay hipótesis muy fuertes que nos señalan y son las que estamos ahora verificando de manera técnico-científica”, señaló la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero, al explicar que existe una alta acumulación de información contextual y testimonial que permite aproximarse a la identidad del cuerpo.Frente a la versión difundida por el ELN, que aseguran que el cuerpo del sacerdote ya habría sido encontrado y “verificada su autenticidad”, la directora fue enfática en señalar que la Unidad no sabe cómo ese grupo armado llegó a tales conclusiones.“No tenemos ninguna información de como el ELN llega a estas conclusiones y obviamente nosotros, al igual que como lo señala el comunicado del Instituto Nacional de Medicina Legal, seguimos en procesos de verificación de la información”, sostuvo.La directora insistió en que se trata de un caso ocurrido hace más de seis décadas, lo que implica complejidades y grandes limitaciones. “La información tiene que ser triangulada, verificada, contrastada, enriquecida con otras fuentes”, afirmó, al advertir que no es posible establecer plazos sobre cuándo podría haber una conclusión definitiva.