Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Gonzalo Valle, portero de Liga Deportiva Universitaria de Quito y de la selección de Ecuador, fue detenido el viernes por conducir excediendo los límites de alcohol permitidos y, según medios nacionales, pasará veinte días en un centro de retención de infractores de tránsito en Quito, capital del país.Además, el juez ecuatoriano Víctor Romero sentenció a Valle una multa equivalente a tres salarios básicos unificados, cuyo monto total es de 1.446 dólares y la suspensión de su licencia de conducir durante sesenta días.Valle se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo alejó de las canchas desde octubre pasado y recién en enero volvió a entrenar con normalidad con su equipo.Aunque desde Liga de Quito no confirmaron la noticia de forma oficial, sí emitieron un comunicado donde explicaron que Valle "se encuentra afrontando una situación de carácter personal, derivada de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo".También reseñaron que actuarían "conforme a la normativa interna y a los valores que la rigen", además de que brindarán "el apoyo institucional correspondiente, con responsabilidad y respeto, a fin de que la actividad profesional de Gonzalo se vea lo menos afectada posible hasta que se resuelva esta lamentable situación".Por su parte, Valle utilizó sus redes sociales para pedir disculpas al club y sus aficionados y dijo asumir "con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven".Añadió, también, que lamentaba "profundamente haber generado un situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución".El Rey de Copas, como también le dicen a la LDU, se encuentra en plena pretemporada, bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes.
Ubicado a cerca de 82 kilómetros en Medellín, el municipio de Guatapé se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más llamativos de Antioquia gracias a su identidad visual única. Sus calles están marcadas por fachadas llenas de color y relieves que convierten cada recorrido en una experiencia fotográfica para quienes visitan este municipio, ubicado en el Oriente antioqueño, y a donde llegan cientos de extranjeros durante todo el año.El principal sello de Guatapé son los zócalos, elementos decorativos que narran historias de la vida cotidiana, la naturaleza y las tradiciones locales, llenando el casco urbano del municipio de color. Cada casa es distinta y refleja el orgullo de sus habitantes por preservar esta expresión artística. Este detalle arquitectónico ha convertido al pueblo en un referente cultural del departamento.¿Qué hace tan atractivo a Guatapé?En ese mismo sentido, de acuerdo con el portal de turismo 'Antioquia es Mágica', "la estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad coqueta y alegre al municipio". Además, resalta que "las casas están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se dibujan, esculpen, tallan y pintan figuras geométricas, siluetas, momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña".En este destino, la Plaza de los Zócalos es uno de los puntos más visitados, rodeada de edificaciones coloridas, cafés y comercios artesanales. Allí, el color no es solo un elemento estético, sino parte de la memoria colectiva del municipio. El espacio se ha transformado en un símbolo del turismo en Antioquia.Pero más allá de su arquitectura, Guatapé ofrece un entorno natural privilegiado gracias al embalse Peñol-Guatapé. Las actividades náuticas, los miradores y los recorridos en lancha complementan la experiencia urbana, brindando así una combinación entre paisaje y color que potencia su atractivo turístico.Otro ícono del municipio es la Piedra del Peñol, un monolito de más de 200 metros de altura que recibe miles de visitantes cada semana. Desde su cima se obtiene una vista panorámica del embalse y los islotes que rodean la zona. Este atractivo ha posicionado a Guatapé como uno de los destinos más fotografiados de Colombia.Todos estos elementos han contribuido al auge turístico del municipio, que ha impulsado la economía local y fortalecido la identidad cultural del pueblo. Restaurantes, hoteles y emprendimientos creativos han surgido alrededor de su estética colorida, que le da el apelativo de 'El pueblo de los 1000 colores' a Guatapé, un destino que demuestra que la arquitectura y el arte popular también pueden ser motores de desarrollo económico.
Antes del inicio del encuentro se vivieron momentos de incertidumbre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en Bogotá. Las precipitaciones afectaron el estado del terreno de juego y obligaron a ejecutar el drenado del agua del campo.Sin embargo, la cancha logró recuperarse a tiempo y el partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla pudo disputarse con normalidad.En el encuentro de la fecha II de la Liga Betplay, Junior se impuso 2-1 a Millonarios, en condición de visitante. El conjunto barranquillero abrió el marcador al minuto 27 por intermedio de Teófilo Gutiérrez, mientras que Jermein Peña amplió la ventaja al 45’, justo antes del descanso.Millonarios descontó en la segunda parte con anotación de Rodrigo Nicolás Contreras al minuto 38, pero no le alcanzó para rescatar puntos.Las estadísticas reflejaron un duelo muy parejo. Ambos equipos registraron 14 remates, aunque Junior fue más efectivo al disparar 7 veces al arco, frente a 5 del conjunto embajador.Millonarios tuvo mayor posesión del balón (55%), pero Junior supo ser más directo. En cuanto al juego físico, los locales cometieron 12 faltas, mientras que la visita registró 9. No hubo expulsiones, aunque sí un alto número de tarjetas amarillas: 3 para Millonarios y 5 para Junior.Con este resultado, Junior se lleva una valiosa victoria en Bogotá, mientras que Millonarios dejó un sinsabor por la falta de efectividad frente al arco, aunque hay que agregar que a los embajadores les anularon un gol debido a una posición adelantada.
La historia de Zunduri Pérez es uno de los casos más duros de explotación y violencia registrados en México. Proveniente de un entorno familiar marcado por el maltrato, la joven aceptó mudarse con Leticia, una vecina y madre de una excompañera de primaria, quien le prometió protección y cuidado “como a una hija”. No obstante, esa aparente ayuda se convirtió en un infierno.Zunduri, según contó en Pepe y Chema Podcast, fue obligada a trabajar el negocio familiar de sus captores, donde pasó de ser acogida a convertirse en víctima de explotación laboral. Según su testimonio, tras cometer un error en la entrega de unas prendas, Leticia le impuso una supuesta deuda de 25.000 pesos, que calificó como “impagable”. Este argumento fue utilizado como justificación para iniciar las agresiones físicas. “Una madre corrige a sus hijos, yo te estoy corrigiendo por el error que acabas de cometer”, le dijo su captora al propinarle el primer golpe.Con el paso de los meses, la situación se agravó de manera alarmante. El encierro se volvió total y la violencia escaló "a niveles inhumanos". Zunduri denunció que toda la familia participaba en los maltratos, incluidos menores de edad que eran “entrenados” para golpearla.La joven fue obligada a dormir en el piso, pasó días enteros sin comer, al punto de buscar alimento entre la basura, y fue marcada con una plancha caliente en brazos y cabeza, dejándole secuelas permanentes. El episodio más extremo ocurrió durante los últimos seis meses de cautiverio, cuando fue encadenada del cuello y la cintura para impedir que dejara de planchar.Tras lograr escapar en 2015 y presentar la denuncia, el estado de salud de Zunduri impactó incluso a los médicos forenses. “Me contaron más de 600 cicatrices y heridas en todo mi cuerpo”, relató la víctima, quien también perdió varios dientes debido a los golpes recibidos con piedras y tubos.Ese mismo año, Leticia, su esposo y sus hijas fueron condenados a 30 años de prisión. Sin embargo, para Zunduri la justicia no fue suficiente. Según denunció, después del proceso judicial fue entregada por la fiscal de su caso a una asociación civil que se presentaba como defensora de víctimas, pero que terminó explotándola nuevamente.De acuerdo con su testimonio, esta organización lucró con su historia, cobró por conferencias y utilizó su imagen sin entregarle los recursos obtenidos. Zunduri calificó este episodio como una “segunda trata”, esta vez disfrazada de activismo.Actualmente, trabaja de manera independiente en una fundación desde la que acompaña y reeduca a otras sobrevivientes de violencia y explotación.
La Contraloría General de la República reveló un estudio sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera de las 34 instituciones que integran el sistema estatal entre 2019 y 2024.El estudio revisó ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además del comportamiento del pasivo pensional, identificado como una de las mayores cargas estructurales del sistema.El funcionamiento del Sistema Universitario Estatal fue evaluado bajo criterios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal.Uno de los principales hallazgos es la alta concentración de recursos públicos en pocas instituciones. La Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.Esta concentración se refleja en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante. Mientras la Universidad Nacional registra $11.426.139 por estudiante y la UNAD $525.777, el promedio nacional es de $4.512.090 en el período analizado.El análisis del gasto muestra un comportamiento similar. A nivel nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos. En el ámbito territorial, la Universidad de Antioquia y la del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones, es decir 25 universidades, presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que refleja una adecuada capacidad para responder por sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 %, correspondiente a 8 instituciones, muestra niveles más bajos y una menor capacidad financiera.El estudio también advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público alcanzó los $10,3 billones en 2024. Esta cifra podría aumentar debido a la falta de actualización de cálculos actuariales en varias universidades.Este pasivo está altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total. Según la Contraloría, esta carga limita la inversión en docencia e infraestructura y restringe el crecimiento institucional.Las consultas realizadas a 31 universidades refuerzan estos hallazgos y señalan problemas recurrentes como la insuficiencia de aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las dificultades para generar ingresos propios.El informe analiza el impacto fiscal del proyecto de ley que reforma la Ley 30 de 1992. Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones entre 2027 y 2040, la Contraloría calcula un impacto de $27,8 billones entre 2027 y 2036. Aunque el organismo de control reconoce avances hacia la gratuidad y mayores niveles de financiación, advierte que cualquier aumento debe contar con fuentes claras, suficientes y sostenibles a largo plazo.El informe fue elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que resulta inquietante que del total del presupuesto asignado al sector de defensa y seguridad, solo el 4.6 % se haya destinado a inversión, lo cual, según dijo, restringe la capacidad del sector para modernizarse.Uno de los hallazgos irregulares tiene que ver con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército, por el cual se podrían perder 13,5 millones de dólares debido al incumplimiento del acuerdo firmado en 2024.“Este tipo de hallazgos nos permiten identificar eventuales pérdidas de recursos públicos que conducen a la afectación en la distribución del presupuesto indispensable de esta área”, señaló.Otro de los hallazgos corresponde al Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, una obra que, tras ocho años de ejecución y una inversión superior a 34.000 millones de pesos, continúa sin ser concluida. El organismo determinó un daño patrimonial de más de 27.000 millones de pesos en este proyecto.También hay bajos avances en la construcción de estaciones de Policía financiadas por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecom). En Montelíbano, Córdoba, el avance es de 35 %; en Alto Baudó, Chocó, el avance es de 11 %; en Livornia, Antioquia, del 15 %, y Carmen de Viboral no tiene avance significativo.Otro de los casos identificados por la Contraloría, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL); entregó 14 predios valorados en más de 540.000 millones de pesos a cambio de un edificio en Bogotá que, cinco años después, aún no ha sido recibido. El proceso avanza en etapa de responsabilidad fiscal y bajo medidas de embargo.Además, la Contraloría alertó sobre el hallazgo de municiones y explosivos vencidos por mala administración, con inventarios que superan los 9.500 millones de pesos sin control adecuado, lo que “representa un riesgo directo para la seguridad del personal militar y para la capacidad operativa de la Fuerza.”El contralor reiteró que el país necesita una renovación profunda en su política de defensa, basada en ciencia, tecnología e innovación: “Nuestro país necesita con urgencia una transformación profunda de la estrategia de defensa y seguridad que posicione sobre todo al componente de ciencia y tecnología y a la innovación, como herramientas fundamentales para garantizar la soberanía y la protección de la ciudadanía que promueva un desarrollo económico sostenible”.
Once meses después de su última aparición en las mesas de diálogo, el Gobierno decidió quitarle el reconocimiento como negociador de paz a 'Iván Márquez', jefe de la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia.La decisión fue adoptada mediante una resolución presidencial que deja sin efecto su condición de delegado en los procesos de paz con ese grupo. Según el Gobierno sustentó la medida en la ausencia prolongada de Márquez y en su permanencia en actividades armadas.Márquez no participaba en las conversaciones desde noviembre de 2024, cuando se registró su última intervención en las mesas. Desde entonces, su paradero ha sido incierto y las comunicaciones con los equipos negociadores se interrumpieron por completo.Con la medida, el Gobierno le retira los beneficios y garantías jurídicas asociadas a su condición de negociador y lo excluye oficialmente de los diálogos de paz. La decisión se da en medio de una revisión del proceso con la Segunda Marquetalia, que atraviesa divisiones internas y pérdida de presencia en varios territorios.'Iván Márquez' fue uno de los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pero regresó a la clandestinidad en 2019, argumentando incumplimientos del Estado. Su retiro como negociador marca un nuevo punto de quiebre en la estrategia de “paz total” impulsada por el Gobierno.
El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó el secuestro de los ocho trabajadores del sector salud en el municipio de La Plata, Huila. Recordemos que entra las víctimas, se encuentran cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera jefe, una médica y dos conductores, fueron retenidas mientras se desplazaban hacia diferentes veredas para realizar jornadas de atención a la comunidad.El ministerio le hizo un llamado urgente al grupo armado responsable para que respete la vida, la integridad y la libertad de estos profesionales, también expresó su solidaridad con las familias de los secuestrados, sus compañeros de trabajo y la comunidad de la E.S.E. de La Plata.Asimismo, afirmó que la Misión Médica está amparada por el Derecho Internacional Humanitario y por las normas nacionales que garantizan la seguridad del personal y los recursos destinados a la atención en salud.Finalmente, el ministerio aseguró que continuará acompañando a las autoridades en las acciones necesarias para lograr el pronto y seguro retorno de los profesionales de salud a sus hogares y lugares de trabajo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió al Tribunal para la Paz la resolución de conclusiones del subcaso Casanare, dentro del Caso 03, que investiga los llamados “falsos positivos”. En este expediente, 22 comparecientes, entre ellos el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 2005 y 2008, cuando la Brigada XVI del Ejército Nacional utilizó su estructura institucional para asesinar y desaparecer civiles, presentándolos falsamente como bajas en combate.Torres Escalante, comandante de la Brigada XVI entre diciembre de 2005 y julio de 2007, admitió su participación directa en la consolidación del patrón macrocriminal que dejó 318 víctimas fatales. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, durante su mando se implementó un sistema de incentivos, presiones y recompensas —ascensos, condecoraciones, permisos y cursos en el exterior— para los uniformados que reportaran más resultados operacionales. Estas dinámicas derivaron en ejecuciones extrajudiciales sistemáticas que la JEP calificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad.Junto a Torres Escalante, el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante del Batallón Ramón Nonato Pérez (Birno), también reconoció su papel en la ejecución y expansión de este patrón criminal. El subcaso incluye además a oficiales y suboficiales del Gaula Casanare y del Birno, entre ellos el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexander Suancha Florián, el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz, entre otros.También fueron remitidos el exdirector seccional del extinto DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, y dos civiles, Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes actuaron como falsos informantes y participaron en el engaño y reclutamiento de víctimas. En algunos casos, la JEP comprobó que los civiles señalados fueron torturados antes de ser asesinados, lo que llevó a la imputación de crímenes de tortura y tratos inhumanos a seis de los comparecientes.Durante las audiencias, los comparecientes reconocieron públicamente su responsabilidad ante las víctimas y el país, en un proceso restaurativo que permitió esclarecer cómo las unidades del Ejército en Casanare convirtieron los resultados operacionales en una competencia interna, llegando a describirse por uno de los implicados como “una masacre contra el pueblo casanareño”.El proceso documentó que mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad fueron víctimas de estas acciones, y que el daño causado fue diferenciado y desproporcionado. Además, la JEP estableció que recursos públicos del Fondo Libertad (Fondelibertad) se usaron indebidamente para financiar las operaciones ilegales.Los 22 imputados fueron postulados para recibir sanciones propias, un tipo de sanción restaurativa que implica restricción de libertades y trabajos de reparación bajo supervisión de la ONU y la JEP, pero no cárcel. Estas medidas se aplicarán en proyectos acordados con las víctimas, entre ellos:El Parque Memoria y Paz, en Yopal.La Universidad de la Memoria y la Justicia, propuesta por asociaciones de víctimas.Un homenaje al campesino, con actividades culturales y simbólicas.Un programa de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.Con esta decisión, la JEP da un paso clave en el esclarecimiento del patrón macrocriminal de la Brigada XVI, que entre 2005 y 2008 transformó la misión del Ejército en un mecanismo de exterminio de población civil, bajo el liderazgo de altos mandos como el general (r) Henry Torres Escalante y el teniente coronel (r) Henry Acosta Pardo.
Una creciente preocupación embarga al municipio de La Plata, en el departamento del Huila, tras el secuestro de un equipo de misión médica compuesto por seis profesionales de la salud y dos conductores. Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de ningún grupo armado, la información extraoficial sugiere la participación de disidencias de las Farc.El alcalde de La Plata, Camilo Ospina, confirmó la situación en un diálogo con Mañanas Blu, detallando que la comunicación con el personal se perdió en la mañana del día anterior. El incidente pone de relieve la vulnerabilidad del personal que trabaja en la Atención Primaria en Salud en zonas rurales complejas.El incidente se produjo cuando el equipo médico se dirigía a la zona rural del municipio, específicamente hacia el corregimiento de San Miguel y Santa Marta. La misión se desplazaba en dos vehículos de servicio público contratados para el transporte de los integrantes. Uno de los vehículos se dirigía a la vereda Buenos Aires y el otro hacia la vereda Aguabonita; sin embargo, ninguno de ellos llegó a su destino.El alcalde Ospina brindó detalles precisos sobre el momento y las circunstancias en que se perdió el contacto. El equipo de profesionales de la salud está compuesto por seis personas. Según la información proporcionada, esta misión incluía cuatro auxiliares de enfermería (tres mujeres y un hombre), una médico y una jefe de enfermería, además de los dos conductores. El alcalde Ospina reiteró el llamado a los captores para que respeten la vida y la integridad de las ocho personas y procedan a su liberación."Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la protección irrestricta de la misión médica", añadió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.En agosto pasado, disidentes de las FARC atacaron a tiros en La Plata la camioneta en la que se desplazaba el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, quien salió ileso del atentado junto con sus acompañantes. Escuche aquí la entrevista:
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.
Una operación de la fuerza pública para capturar a alias ‘Patepalo’, señalado cabecilla criminal de las disidencias de las Farc, con amplio prontuario, terminó frustrada el pasado fin de semana en zona rural de Vista Hermosa, Meta, luego de que habitantes del sector, presuntamente obligados por un grupo armado ilegal, impidieran el avance de los uniformados.De acuerdo con la información de inteligencia, los hechos ocurrieron cuando tropas se desplazaban por una vía destapada hacia un caserío donde se encontraba el objetivo. En ese momento, varios civiles salieron de sus viviendas, se concentraron sobre el camino y formaron una barrera humana para bloquear el paso de los militares, generando una situación de alta tensión en la zona.Videos muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, haciendo señas, gritando y grabando con teléfonos celulares. La presencia masiva de civiles obligó a frenar la operación, lo que fue aprovechado por alias ‘Patepalo’ para escapar del lugar y evadir su captura.Según las autoridades, la acción de la comunidad no fue espontánea. La población habría actuado bajo presión de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’, que mantiene control e influencia en esta región del sur del Meta, utilizando amenazas y constreñimiento para obstaculizar las operaciones del Estado.
Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump está prevista para las 11:00 de la mañana del 3 de febrero. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad GeorgetownEscuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.